La injustificable incertidumbre post-electoral que estamos viviendo ha puesto al desnudo las debilidades institucionales del TSE. Con lo ocurrido en estas elecciones, no debería caber ninguna duda de que su reforma es imprescindible
Convengamos en
que, dadas las características de nuestro aparato electoral -basado en el
trabajo ciudadano de las Juntas Electorales y las Juntas Receptoras de Votos-,
las posibilidades de que se produzca un fraude en las urnas son casi nulas.
Pero dicho esto (y sin ánimo de hacer leña del árbol caído), convengamos
también en que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral han
venido cometiendo, desde hace meses, una cadena de patéticos errores que ha
llevado al borde del colapso todo el sistema electoral y ha generado un
ambiente de caos e incertidumbre que solo beneficia a los enemigos de la
democracia (incluyendo al crimen organizado).
¿Por qué en
estas elecciones colapsó un sistema que había funcionado durante tres décadas?
En realidad, lo que hoy presenciamos es el resultado de un proceso gradual de
deterioro, determinado por las fallas de diseño institucional del TSE. Cuando
esas fallas se conjugaron con un grupo de magistrados titulares académicamente grises,
jurídicamente débiles y políticamente comprometidos, se reveló la
vulnerabilidad de la institución que, finalmente, cayó víctima del asedio fraguado
desde un régimen de partidos políticos en permanente descomposición. Peor aún,
la mediocridad de los magistrados titulares se contagió a las instancias
técnicas de la institución, dañando gravemente el prestigio y la credibilidad
de una de las pocas reservas morales que quedaban en el aparato público
guatemalteco.
La solución de
fondo a esta tragedia en marcha no radica (como algunos piden) en que renuncien
los magistrados titulares ni, mucho menos, en que se repitan las elecciones.
Para que no vuelva a ocurrir un bochorno como el actual –y podamos rescatar
nuestra frágil democracia-, la solución radica en una reforma institucional
seria. Las dos fallas de diseño institucional más importantes a corregir son la
falta de independencia de los magistrados y la ineficiencia funcional del TSE
como organización.
La independencia
de los magistrados es vital para que el TSE pueda ser el garante de la correcta
aplicación de la ley, fijar jurisprudencia electoral y ejercer su autoridad
fiscalizadora. Una forma efectiva de fortalecerla es aumentando el tiempo en el
cargo de los magistrados y renovando el pleno de forma escalonada, de manera
que las fuerzas políticas representadas en el Congreso no puedan influir en el
nombramiento al unísono de todo el pleno de magistrados (como es el caso
ahora).
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