Sin Capital Humano No Hay Desarrollo

La baja calificación de Guatemala en materia de capital humano refleja los paupérrimos indicadores en nutrición y calidad educativa

El capital humano (concepto difuso que se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan a lo largo de su vida) ha sido un factor clave para lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en muchos países, pero, por desgracia, no tanto en el caso de Guatemala. Nuestra incapacidad de invertir en la nutrición, la salud y la educación de nuestros niños ha puesto en peligro de estancamiento la productividad sistémica y el crecimiento del PIB per cápita del país.

El jueves pasado, el Banco Mundial publicó su nuevo Índice de Capital Humano -ICH- que intenta medir esta variable para 157 países, incluyendo Guatemala. El ICH combina cinco indicadores de salud y educación, incluyendo tasas de mortalidad, desnutrición y años de escolaridad que se espera sean completados por los niños, con base en los cuales se mide cuánto capital humano será capaz de acumular un infante que nazca hoy.

De los 157 países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 109, con un ICH que no solo es más bajo de lo que cabría esperar dado el nivel de ingresos del país, sino que es el peor de todo el continente (con excepción, claro, de Haití). En comparación, Honduras ocupa el puesto 103, El Salvador el 97, Nicaragua el 92, Panamá el 91 y Costa Rica el 57. El mejor ubicado de Latinoamérica es Chile (46), mientras que los mejor calificados del mundo son Singapur, Corea del Sur y Japón.

Aunque nuestro indicador de mortalidad infantil no está mal (en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo), la baja calificación de Guatemala se debe a los indicadores de escolaridad y de nutrición, en los que mostramos unas brechas escandalosas. En educación, si bien un niño guatemalteco puede esperar completar 9.7 años de escolaridad, cuando este indicador se ajusta por la calidad del aprendizaje (medida mediante pruebas de conocimiento) la expectativa de años de escolaridad de un niño guatemalteco se reduce a 6.3 años. Pero lo más grave está en el indicador de nutrición: 47 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición, cifras subsaharianas que implica un grave riesgo de que nuestros niños sufran limitaciones físicas y cognitivas que afectarán de por vida su capacidad productiva.

Resulta, pues, urgente que las políticas públicas prioricen la mejora en la calidad educativa y la reducción de la desnutrición crónica infantil, pues de ello depende crucialmente la posibilidad de mejorar el capital humano y la capacidad de crecimiento económico del país. Los índices como el ICH no deben ser solo ejercicios académicos, sino que deben servir de herramientas que motiven al gobierno a priorizar acciones urgentes, concretas y medibles para reducir la desnutrición y mejorar la calidad educativa. Cuanto más nos tardemos, mayor será el atraso en el desarrollo económico de Guatemala.

Retrocesos Electorales

Las reformas de 2015 a la Ley Electoral fueron chapuces. Las pocas buenas reformas de 2017 recién las mató la CC. No queda más que insistir y presionar a la próxima legislatura para que haga una verdadera reforma a la LEPP de cara a las elecciones de 2023

 El sistema político del país no está funcionando. En medio de negros nubarrones en el entorno político y en el ambiente económico, los liderazgos están ausentes, sin posiciones ni propuestas, y los partidos políticos incumplen con su rol fundamental de ser intermediarios entre la ciudadanía y los poderes del Estado. La evidente necesidad de una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos se convirtió en una oportunidad desperdiciada con las apresuradas reformas a la Ley Electoral (de “primera generación”) aprobadas por el Congreso en octubre de 2015 y las igualmente precipitadas reformas (de “segunda generación”) dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en diciembre de 2017, sobre las cuales recientemente emitió opinión la Corte de Constitucionalidad -CC-.

Como resultado de las reformas “de primera generación”, el TSE se encuentra ahora mismo dando palos de ciego sin encontrar cómo aplicar la normativa legal ni cómo reglamentar materias tan importantes como ¿pueden los dirigentes y partidos políticos expresar opiniones sobre temas de trascendencia nacional -como ocurre en cualquier país civilizado- sin incurrir en campaña anticipada?, ¿cómo impedir que un contratista del Estado puede postularse como candidato?, ¿cómo regular la propaganda política en las redes sociales?, o ¿cómo distribuir equitativamente los espacios publicitarios durante la campaña?.

Si eso es preocupante, más desalentador resulta aún que, como resultado de las reformas “de segunda generación”, la Corte de Constitucionalidad haya emitido una serie de opiniones que ponen en entredicho la posibilidad de que en un futuro podamos aplicar una verdadera reforma del sistema. Por un lado, al hacer su análisis  los magistrados se excedieron de la estricta revisión de la constitucionalidad de las reformas e introdujeron consideraciones que, independientemente de su validez o pertinencia, son de carácter político, materia que no es propia de la función jurisdiccional de la CC.

Por otro lado, y más grave aún, la opinión de la CC entraña un grave retroceso en la modernización del sistema electoral, al avalar el aumento de los requisitos mínimos de afiliados para la creación de los partidos políticos, lo cual implica una barrera adicional a la participación política de los ciudadanos. Y, por si no fuera suficiente, la CC se trae al suelo dos de las pocas reformas positivas que planteaba el dictamen de 2017, al no dar opinión favorable a la creación de subdistritos electorales, ni a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un voto directo, preferente o por medio de los listados cerrados desbloqueados, con lo cual la CC condena al sistema electoral a seguir siendo poco representativo y a alejar cada vez más a los electores de sus representantes electos.

Así, las próximas elecciones se vislumbran llenas de incertidumbre y con pocas posibilidades de un cambio positivo en la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Habrá que insistir y perseverar para impulsar las reformas a la Ley Electoral que de verdad aseguren un mejor sistema electoral en 2023, siempre que los futuros magistrados constitucionales tengan más luces en este tema que los actuales.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

La Desnutrición No Es un Tema (Solo) de Salud

La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral (una política nacional), no con programas parciales

El Congreso está analizando la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por US$100.0 millones, para la ejecución del proyecto “Crecer Sano (proyecto de nutrición y salud en Guatemala)”. Desde el punto de vista puramente financiero, este préstamo, cuyos desembolsos se harían de forma escalonada en el transcurso de 5 años, no entraña mayores problemas ni impactos macroeconómicos. Sin embargo, desde el punto de vista de su ejecución presenta algunas importantes debilidades que vale la pena puntualizar, ya que ilustran el por qué el Estado guatemalteco ha sido tan ineficaz en atender el gravísimo problema de la desnutrición crónica.

La principal debilidad del préstamo es que su diseño y gobernanza no parecen estar alineados con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, ni con su correspondiente política nacional que, por ley, deben regir en este tema. El proyecto de préstamo le confiere el rol central de ejecución al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuando este se ha caracterizado por su bajo grado de ejecución presupuestaria y su proclividad a politizar sus proyectos. Ante la desconfianza que inspira el MIDES, en el Congreso se discute la opción de otorgarle la ejecución del préstamo al Ministerio de Salud, lo cual tampoco remediaría el problema.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. La desnutrición (que, por mucho, debiese ser la prioridad número uno de las políticas públicas) es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. Se debe apostar por soluciones integrales y de largo plazo.

Es necesario recordar que ya existe un marco legal vigente en el país, específico para el SINASAN, que establece el marco institucional y de políticas para coordinar acciones de entidades gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, en tres niveles de acción: el nivel de decisión política (con el Consejo Nacional -CONASAN-), el nivel de coordinación y planificación técnica (con la Secretaría -SESAN-) y, el nivel de ejecución (que debe ser llevado a cabo por los ministerios y organismos que tengan responsabilidades operativas. Para minimizar el riesgo de que los US$100 millones del préstamo del Banco mundial se conviertan en un nuevo desperdicio de recursos, su ejecución debería enfocarse en fortalecer este sistema de coordinación institucional, en vez de crear nuevas instancias que lo debilitan.

A Más Confrontación, Menos Inversión

Vivimos tiempos difíciles. La transición de una cultura de impunidad y corrupción a otra donde imperen la ley y el estado de derecho es complicada. Se requiere de madurez y disposición a dialogar, cualidades sociales muy escasas estos días.

El clima de polarización y confrontación en el país se ha acentuado peligrosamente. La comunicación entre personas de distinta opinión está rota. Esas son malas noticias para la economía porque un clima de negocios enrarecido por la hostilidad y la desconfianza entre diversos sectores de la sociedad es muy adverso para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, aspectos que, según varias encuestas, son los que más angustian al guatemalteco promedio.

Es preocupante también la forma en que los eventos políticos nacionales se están percibiendo en el exterior, según se recoge en medios tan diversos como el New York Times, The Economist o, incluso, el reciente comunicado de la calficadora Fitch Ratings que alerta sobre los efectos negativos que dichos eventos pueden tener sobre la calificación de riesgo-país. Todo ello perjuicio de los potenciales flujos de inversión (financiera y directa) hacia Guatemala.

Conviene recordar que en la década de los ochenta (la década perdida de nuestra economía) fueron precisamente el conflicto interno y el rompimiento del tejido social las causas principales que incidieron en el desplome de la inversión, la pérdida de la estabilidad económica y la ralentización severa de la actividad productiva.

En este momento crítico, y en aras del bien superior de la Nación, es imprescindible reducir la intensidad del enfrentamiento y restablecer la comunicación entre los grupos en conflicto. Ello requiere madurez por parte de los distintos liderazgos para ceder y aceptar compromisos que eviten el agravamiento de la crisis. Ceder y aceptar.

Aceptar, por ejemplo, que la salida y relevo del comisionado Velásquez (mejor si pronto y voluntario) aliviaría las tensiones (y daría una salida viable a las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad tiene que emitir respecto de su expulsión del país). Aceptar que la CICIG es un experimento clave para la ONU y que su continuidad es necesaria para transferir capacidades y reformar el sector justicia (esencial para la eficiencia económica); pero aceptar también que debe ser reformada (en cuanto a la definición de su mandato, su gobernanza y su obligación de rendir cuentas) para fortalecer su credibilidad y eficacia.

Aceptar que el país estaba podrido de corrupción y que quienes cometieron faltas o delitos deben reconocerlos y redimir el daño causado. Aceptar que se necesitan herramientas jurídicas transicionales para viabilizar tal reconocimiento. Aceptar que si todos los transgresores fueran encarcelados, no alcanzarían todos los estadios de futbol del país convertidos en prisión para albergarlos.

El sistema político corrompió y debilitó al Estado, sus instituciones y sus relaciones con la ciudadanía. La transición necesaria para revertir esa situación no es fácil, pero sin una disposición a ceder y a aceptar madura y responsablemente por parte de los distintos liderazgos nacionales, no habrá una base para plantear la agenda mínima de reformas institucionales que el país y su economía necesitan desesperadamente.

Así no Aguanta el Presupuesto

La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas al presupuesto del Estado y al sistema del Servicio Civil

En los últimos días se han dejado sentir las demandas de aumento presupuestario por parte de varias entidades del Estado. El sindicato de maestros y el propio gobierno central presionan al Congreso para que apruebe una ampliación de más de Q960 millones para pagar el aumento de salarios y prestaciones contenido en el pacto colectivo acordado entre ambos. Los médicos del Ministerio de Salud Pública iniciaron una huelga para exigir un incremento salarial que podría significar un aumento de más de Q2 mil millones en el presupuesto de esa cartera. Y la Universidad de San Carlos solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria de más de Q700 millones para solventar la enorme crisis financiera que se origina en los crecientes compromisos salariales de la entidad.

Es probable que, como estas, existan demandas similares en otras entidades públicas y, por legítimas que puedan ser, constituyen una carga financiera insoportable para el fisco. El presupuesto del Estado guatemalteco es especialmente rígido y no permite este tipo de aumentos casuísticos: casi la tercera parte del total de gastos presupuestados se destinan al pago de remuneraciones a los empleados públicos y casi la mitad de ese total ya está comprometida para el pago de las obligaciones que el gobierno central tiene para transferir recursos a otras entidades y para pagar la deuda pública. Así, el fisco no puede aguantar incrementos presupuestarios desarticulados e improvisados como los que ahora se solicitan.

La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas que toquen temas tan álgidos como las asignaciones (muchas de ellas a nivel constitucional) que obligan a pre-asignar porcentajes del gasto público a ciertas entidades o destinos específicos, así como por establecer una política salarial integral que, como parte de la reforma del servicio civil, regule adecuadamente la forma en que pueden acordarse pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado. Por ejemplo, debería existir la obligación legal de que todo pacto colectivo de las entidades que operan con fondos del presupuesto deba contar con la no objeción expresa del Ministerio de Finanzas Públicas.

En el corto plazo solo podría accederse (parcialmente) a las múltiples demandas de aumentos presupuestarios a cambio de en los sistemas de control y eficacia del gasto en las entidades solicitantes. Por ejemplo, el incremento de recursos para los maestros debería darse solamente si se implementan sistemas de control de asistencia y de evaluación periódica de sus capacidades docentes. El aumento para los médicos debería condicionarse a la adopción de un sistema de contrataciones y promociones acorde con los grados de especialización de los profesionales. Y los recursos adicionales para la Universidad deberían sujetarse a que esta se comprometa a adoptar de inmediato los sistemas estatales de control del gasto (como el SICOIN y el SIAF) y se someta anualmente a una auditoría externa de sus estados financieros. Cualquier entidad que quiera más recursos del erario debe estar dispuesta a mejorar sustancialmente su rendición de cuentas ante los contribuyentes que la mantienen.

La Desaceleración y Sus Causas

No todas, pero sí la mayoría de esas causas son responsabilidad de los guatemaltecos

Lo normal en las últimas décadas era que la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto) creciera a un ritmo algo arriba del 3.5% anual. Desde hace tres años ese ritmo se ha venido reduciendo y ahora estamos creciendo a uno de solamente 2.5%. Aparentemente no es para tanto, pero en realidad la situación se asemeja a la de un carro que avanzaba a 80 km por hora y, de repente, desacelera a 40: si no tienes puesto el cinturón, te darás un fuerte golpe en la cara.

Hay varias causas que explican esta desaceleración. Se ha producido un choque de términos de intercambio (nuestras principales exportaciones han bajado de precio en los mercados internacionales, mientras que las importaciones han subido) que ha reducido la capacidad de consumo de toda la economía. Nuestra moneda se ha apreciado en relación con las de los países vecinos, lo cual hacer perder competitividad y desincentiva la producción local. Algunas actividades que en años previos solían ser dinámicas se han ralentizado (como la del sector eléctrico) o, incluso, se han desplomado (como la actividad minera, afectada por el retraso de las decisiones judiciales que la tienen paralizada). Además, el gasto público, tanto de funcionamiento como de inversión, se ha mantenido muy restringido desde mediados de 2015, ante el temor y falta de capacidad del aparato gubernamental para ejecutar las compras y contrataciones conforme a las reglas de transparencia que ahora se exigen.

No todas, pero la mayoría de esas causas son culpa nuestra. Quizá la principal causa de la desaceleración económica que es atribuible al propio país, es el generalizado clima de falta de confianza que se refleja en varias encuestas. Las decisiones económicas se ensombrecen en un entorno en el que proliferan las invasiones, las protestas y la conflictividad social; donde se percibe una ausencia de políticas públicas priorizadas; con una agenda legislativa de reformas institucionales paralizada; y, con una peligrosamente creciente polarización política. El pesimismo prevaleciente entre empresarios, inversionistas y consumidores configura un escenario en que los “espíritus animales” generan una profecía que se auto-cumple: si auguro que el escenario económico empeorará, así será.

La situación es difícil, aunque hay salidas. Existen medidas que pueden tomarse para atenuar los efectos de la desaceleración desde el ámbito de las políticas fiscal y monetaria, con las que podría estimularse la demanda agregada de la economía. Pero quizá más importante que eso sería tratar de revertir esa sensación de pesimismo que está imperando en los espíritus animales, lo que implica transfigurar el ambiente de polarización política, de confrontación social y de ausencia de políticas públicas priorizadas.

Superar el bache de la desaceleración es el reto de hoy, el de corto plazo. Sin embargo, el verdadero desafío, el de largo plazo, es el de lograr un crecimiento económico que sostenidamente supere el 5% anual, lo cual implica un esfuerzo mayúsculo en materia de reformas institucionales, aumento de la productividad y eficiencia del gasto público. Palabras mayores.