La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas al presupuesto del Estado y al sistema del Servicio Civil
En los últimos días se han dejado sentir las demandas
de aumento presupuestario por parte de varias entidades del Estado. El
sindicato de maestros y el propio gobierno central presionan al Congreso para
que apruebe una ampliación de más de Q960 millones para pagar el aumento de
salarios y prestaciones contenido en el pacto colectivo acordado entre ambos. Los
médicos del Ministerio de Salud Pública iniciaron una huelga para exigir un
incremento salarial que podría significar un aumento de más de Q2 mil millones
en el presupuesto de esa cartera. Y la Universidad de San Carlos solicitó al
Congreso una ampliación presupuestaria de más de Q700 millones para solventar
la enorme crisis financiera que se origina en los crecientes compromisos
salariales de la entidad.
Es probable que, como estas, existan demandas
similares en otras entidades públicas y, por legítimas que puedan ser, constituyen
una carga financiera insoportable para el fisco. El presupuesto del Estado
guatemalteco es especialmente rígido y no permite este tipo de aumentos
casuísticos: casi la tercera parte del total de gastos presupuestados se
destinan al pago de remuneraciones a los empleados públicos y casi la mitad de
ese total ya está comprometida para el pago de las obligaciones que el gobierno
central tiene para transferir recursos a otras entidades y para pagar la deuda
pública. Así, el fisco no puede aguantar incrementos presupuestarios
desarticulados e improvisados como los que ahora se solicitan.
La solución de fondo pasa por emprender reformas
profundas que toquen temas tan álgidos como las asignaciones (muchas de ellas a
nivel constitucional) que obligan a pre-asignar porcentajes del gasto público a
ciertas entidades o destinos específicos, así como por establecer una política
salarial integral que, como parte de la reforma del servicio civil, regule
adecuadamente la forma en que pueden acordarse pactos colectivos de condiciones
de trabajo en el Estado. Por ejemplo, debería existir la obligación legal de
que todo pacto colectivo de las entidades que operan con fondos del presupuesto
deba contar con la no objeción expresa del Ministerio de Finanzas Públicas.
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