Retrocesos Electorales

Las reformas de 2015 a la Ley Electoral fueron chapuces. Las pocas buenas reformas de 2017 recién las mató la CC. No queda más que insistir y presionar a la próxima legislatura para que haga una verdadera reforma a la LEPP de cara a las elecciones de 2023

 El sistema político del país no está funcionando. En medio de negros nubarrones en el entorno político y en el ambiente económico, los liderazgos están ausentes, sin posiciones ni propuestas, y los partidos políticos incumplen con su rol fundamental de ser intermediarios entre la ciudadanía y los poderes del Estado. La evidente necesidad de una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos se convirtió en una oportunidad desperdiciada con las apresuradas reformas a la Ley Electoral (de “primera generación”) aprobadas por el Congreso en octubre de 2015 y las igualmente precipitadas reformas (de “segunda generación”) dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en diciembre de 2017, sobre las cuales recientemente emitió opinión la Corte de Constitucionalidad -CC-.

Como resultado de las reformas “de primera generación”, el TSE se encuentra ahora mismo dando palos de ciego sin encontrar cómo aplicar la normativa legal ni cómo reglamentar materias tan importantes como ¿pueden los dirigentes y partidos políticos expresar opiniones sobre temas de trascendencia nacional -como ocurre en cualquier país civilizado- sin incurrir en campaña anticipada?, ¿cómo impedir que un contratista del Estado puede postularse como candidato?, ¿cómo regular la propaganda política en las redes sociales?, o ¿cómo distribuir equitativamente los espacios publicitarios durante la campaña?.

Si eso es preocupante, más desalentador resulta aún que, como resultado de las reformas “de segunda generación”, la Corte de Constitucionalidad haya emitido una serie de opiniones que ponen en entredicho la posibilidad de que en un futuro podamos aplicar una verdadera reforma del sistema. Por un lado, al hacer su análisis  los magistrados se excedieron de la estricta revisión de la constitucionalidad de las reformas e introdujeron consideraciones que, independientemente de su validez o pertinencia, son de carácter político, materia que no es propia de la función jurisdiccional de la CC.

Por otro lado, y más grave aún, la opinión de la CC entraña un grave retroceso en la modernización del sistema electoral, al avalar el aumento de los requisitos mínimos de afiliados para la creación de los partidos políticos, lo cual implica una barrera adicional a la participación política de los ciudadanos. Y, por si no fuera suficiente, la CC se trae al suelo dos de las pocas reformas positivas que planteaba el dictamen de 2017, al no dar opinión favorable a la creación de subdistritos electorales, ni a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un voto directo, preferente o por medio de los listados cerrados desbloqueados, con lo cual la CC condena al sistema electoral a seguir siendo poco representativo y a alejar cada vez más a los electores de sus representantes electos.

Así, las próximas elecciones se vislumbran llenas de incertidumbre y con pocas posibilidades de un cambio positivo en la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Habrá que insistir y perseverar para impulsar las reformas a la Ley Electoral que de verdad aseguren un mejor sistema electoral en 2023, siempre que los futuros magistrados constitucionales tengan más luces en este tema que los actuales.