Infraestructura, Corrupción e Instituciones

Para salir del rezago de nuestro sistema de infraestructura vial hace falta cambiar completamente el modelo existente (incluyendo un severo programa contra la corrupción). Pero también hace falta un marco institucional que funcione y un capital humano que lo complemente.

La semana pasada publiqué en las redes sociales una idea que, por lo obvia, no imaginé que produjera la cantidad de réplicas que generó: “el colapso del sistema vial del país no se debe a las lluvias; se debe a la corrupción”. También pude haber escrito que el desastre de la red vial no se debe a las restricciones de la Ley de Contrataciones, sino a que el modelo mismo de construcción y gestión de las carreteras es inservible. Ambos asertos fueron reafirmados, de una u otra manera, por los expositores que participaron en el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE-.

Habiéndose demostrado en el ENADE, con cifras contundentes presentadas por Carlos Colom, el terrible atraso de nuestra infraestructura vial, es posible derivar varias conclusiones que, además son respaldadas por diversos expertos en la materia. Entre ellas, que los temas clave para que la inversión en infraestructura sea suficiente y eficiente son, al menos, tres: primero, debe haber un marco institucional que maneje las diversas etapas de la construcción y gestión de la infraestructura; segundo, que los proyectos deben estar bien planificados y estructurados; y, tercero, que todo el proceso debe darse dentro de un estricto marco de transparencia e intolerancia a la corrupción.

Estos tres aspectos clave están ausentes del sistema de infraestructura pública en Guatemala. Se colige que, para superar el tremendo retraso de nuestro país en materia de infraestructura vial –y construir los 45 mil kilómetros de carreteras que se necesitan en los próximos veinte años-, es imprescindible sustituir el modelo imperante por un nuevo modelo que incorpore esos tres aspectos clave y logre integrar coherentemente todas las etapas del proceso (planificación, estructuración, financiamiento, contratación, construcción, supervisión, pago y sanciones).

                      

En el encuentro de empresarios se vieron interesantes coincidencias y afirmaciones por parte de los expositores. Xavier Sala-i-Martin (del Foro Económico Mundial) fue muy explícito al indicar que la etapa de planificación de las obras de infraestructura debe basarse en la utilidad y en la eficiencia de los proyectos: no hay que hacer obras para favorecer a un sector o interés específico, sino buscar beneficiar al conglomerado; no hay que construir por construir, esperando que las obras generarán por sí solas actividades económicas; y, hay que tener claro que los efectos positivos de la infraestructura no se darán si, al mismo tiempo, no existe la institucionalidad adecuada y el capital humano capaz de hacerlas productivas.

Tanto Colom, como Sala-i-Martin y Gonzalo Concke –de la OEA- enfatizaron en que el sector de construcción de infraestructura es particularmente proclive a la corrupción y que una prioridad para volverlo eficiente es la erradicación de las prácticas corruptas que han plagado su funcionamiento. El tema de infraestructura no puede, entonces, separarse del tema del combate a la corrupción, ni del tema del fortalecimiento de las instituciones, ni del tema del fortalecimiento del capital humano.

Esto nos vuelve a llevar a la necesidad de una agenda mínima de país, válida no solo para el sector de infraestructura, sino también para configurar una política de desarrollo económico, de gobernabilidad y de paz social. Los componentes de esa agenda mínima son: el combate a la corrupción (vigilancia ciudadana, fiscalización administrativa y persecución penal), la reforma institucional (sistema de partidos políticos, sistema de justicia, sistema de contrataciones, servicio civil, etcétera), y la inversión en capital humano (priorizando el gasto en salud, nutrición y educación). ¿Por qué insistimos en perdernos, habiendo tantas voces coincidiendo en lo mismo?

¡Recobremos la Sensatez!

Se está instalando en Guatemala un ambiente de polarización y enfrentamiento que nos nos conduce a nada útil y que, más bien, nos está desviando de la solución de los problemas de fondo (la corrupción, la ineficiencia del Estado, la ausencia de justicia pronta, el colapso de la red vial). Tenemos que dialogar (incluso, como dijo Serrat, aunque no tengamos nada que decirnos)

A veces los países se sumen, sin percatarse, en crisis artificiales que, casi siempre, son generadas y agravadas por posiciones extremistas. La crisis de Cataluña en España y la crisis gobierno-CICIG en Guatemala son claros ejemplos de este tipo de episodios innecesariamente dramáticos y potencialmente muy peligrosos. Pero en medio de la polarización y la confusión surgen voces moderadas representando a las mayorías silenciosas que, como en Cataluña, al percibir claramente los riesgos engendrados por la confrontación y la violencia, hacen un llamado a la cordura: ¡recuperem el seny! (recobremos la sensatez) es el grito de la sociedad civil catalana que busca reducir la confrontación y propiciar un diálogo sincero.

Un grito similar se ahoga en las gargantas de una mayoría de guatemaltecos que, atrapados en medio de una creciente polarización, buscan una explicación y una salida a la confrontación que hoy amenaza el futuro del país. La transición política que estamos viviendo –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- está siendo más dolorosa de lo necesario debido a la ausencia de liderazgos y a la creciente confrontación entre el bando de los radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y los reaccionarios (que, oponiéndose a toda reforma, quieren retornar al status quo imperante antes de abril de 2015).

Entre los principales peligros que engendra la polarización se cuenta el surgimiento, en medio del desorden y la crisis, de gobiernos populistas que, precisamente, viven de la confrontación, del lenguaje agresivo (cualquier oponente es un enemigo traidor a la patria) y de promesas fantasiosas para solucionar todos los problemas del país. El populismo es el atajo que los países siguen cuando no logran transitar por los caminos (largos, pero efectivos) de la perseverancia y los acuerdos. En 2015 nos libramos, por poco, de tal peligro… pero aún está latente.

Para evitarlo es necesario que recobremos la sensatez para no caer en la trampa de quienes han vivido del sistema corrupto y clientelar que cooptó al Estado desde hace años, y que busca crear un clima de confrontación entre los guatemaltecos a efecto de descarrilar la lucha contra la corrupción que amenaza con destruir su modus vivendi. Esa sensatez implica un acuerdo entre los ciudadanos de bien, alrededor de una agenda realista, acotada y centrada en prioridades.

Si no logramos tal acuerdo mínimo, se profundizará la incipiente parálisis económica y política que aqueja al país. Hay que aprovechar el consenso que existe en cuanto a que la corrupción es el enemigo común en torno a cuya erradicación debemos unificar esfuerzos. También debemos aprovechar el creciente consenso respecto a que la reforma profunda del sistema electoral es la clave, a partir de la cual se pueden derivar otras reformas sustanciales como la del sistema de justicia, la del servicio civil y la del sistema de contrataciones y fiscalización del gasto gubernamental.

Recobrar la sensatez significa comprender que esas reformas institucionales están íntimamente vinculadas con el funcionamiento eficiente de la relaciones económicas y sociales: sin instituciones fuertes y eficientes no puede haber crecimiento económico ni bienestar social sostenibles. Recobrar la sensatez significa aceptar que debemos impulsar hoy los temas que nos unen y posponer aquellos que nos dividen. Significa reconocer que, por muy dolorosa que esté resultando esta transición, de ninguna manera estaríamos mejor con el régimen corrupto que imperaba antes de 2015 y que aún se relame los labios pensando en recuperar el poder.

El Presupuesto 2018: Cuesta Arriba

Defender e impulsar el proyecto de presupuesto del Estad para 2018 ya iba a ser una tarea difícil antes de la crisis política. Ahora, en plena crisis y con la renuncia del Ministro de Finanzas, la cosa se pone aún más cuesta arriba

El presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una herramienta clave de gobierno, pues constituye un resumen explícito de la política fiscal y refleja en gran medida sus intenciones frente a los problemas económicos del país. Por ello, además de sus evidentes implicaciones políticas, el proceso de aprobación del presupuesto 2018 que se sigue en el Congreso de la República es de particular trascendencia. Sin embargo, dicho proceso, que apenas se está iniciando, enfrenta desde ya serios desafíos que lo ponen cuesta arriba.

En primer lugar, la renuncia del ministro y viceministros de finanzas públicas, principales ponentes de la iniciativa, deja prácticamente en orfandad el proyecto, que necesita quién lo defienda e impulse políticamente en el Congreso. Ello en un ambiente de crisis en el que amplios sectores de la población están poniendo en duda la legitimidad y credibilidad del Congreso. Aquí cobra particular importancia la decisión que tome el presidente Morales al elegir a la persona idónea para sustituir al ministro saliente y su equipo de confianza.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto plantea desafíos técnicos importantes. La iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso incluye estimaciones basadas en un escenario macroeconómico muy optimista e incorpora un desequilibrio fiscal estructural (que se agrava si se toma en cuenta que las cifras de recaudación lucen sobreestimadas) y un aumento recurrente del gasto de funcionamiento (incluyendo el crecimiento vegetativo de los costos generados por el sistema de pensiones del Estado y por los pactos colectivos de algunos ministerios y del propio Congreso).

El déficit fiscal propuesto (equivalente a un 2.6% del PIB) resulta significativamente superior al de los seis años previos que, con los ingresos sobrevaluados, implicaría que tal déficit podría ser incluso más elevado, lo cual significaría que se revertiría la tendencia de tener déficits menores al 2% del PIB, como lo recomiendan expertos tales como el Fondo Monetario Internacional. Con ello, la relación de la deuda pública respecto de los ingresos tributarios se elevaría a un 237% en 2018, lo que conllevaría un incremento acelerado que podría perjudicar la calificación de riesgo-país a nivel internacional.

Para complicar más las cosas, el proyecto incluye debilidades evidentes, como el hecho de que parte del financiamiento obtenido con bonos se destina a financiar gasto corriente (Adulto Mayor, Clases Pasivas, Universidad de San Carlos, Fideicomiso de transporte, entre otros), lo cual contraviene lo preceptuado por la Ley Orgánica del Presupuesto (esos gastos deberían ser financiados con ingresos ordinarios). Además, es inaceptable continuar aumentando el gasto en salarios sin que exista aún el tan necesario censo de empleados públicos ofrecido a inicios del gobierno. Y, aunque es bienvenido el aumento previsto en la inversión en infraestructura, es preocupante que el mismo se haga sin una reforma institucional que garantice la transparencia y eficiencia de una cartera tan cuestionada como la de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Estos asuntos complejos deben ser debatidos e, idealmente, corregidos por la Comisión de Finanzas del Congreso, para viabilizar la necesaria aprobación del presupuesto, con las modificaciones correspondientes. Ello requiere de un sentido de responsabilidad y de una visión de Estado por parte tanto de la bancada oficial, como de la oposición. De lo contrario, si no se prueba el presupuesto y queda vigente para 2018 el del año previo, la ejecución del gasto sería aún menos transparente y menos eficiente que en los periodos previos, y el Ejecutivo carecería de un marco que oriente su accionar financiero.

Una Transición Política Ejemplar

Las soluciones a la crisis política actual, quizá podamos encontrarlas en la experiencia de la Transición Española de hace 40 años: cambiar el sistema político de raíz, abrir la participación para nuevos partidos políticos, campañas electorales cortas, financiamiento político mixto... hay que saber leer los signos de los tiempos

Guatemala está viviendo lo que en teoría política se define como una transición: un proceso de cambio en el que el antiguo régimen es sustituido por uno nuevo mediante un cambio en las normas, reglas e instituciones. La mayoría de guatemaltecos aspiramos a que esta transición permita remplazar el moribundo régimen de impunidad, corrupción y política patrimonialista, por uno en el que imperen la ley, la transparencia y legitimidad democrática. Inevitablemente, toda transición política genera incertidumbre y efectos no solo en la esfera política, sino también en la economía y en las instituciones del Estado.

Para encontrarle sentido y salida a la crisis transicional que actualmente atravesamos, conviene recordar y analizar los procesos de transición que fueron exitosos en otros países. Justamente en 2017 se cumplen 40 años de un episodio ejemplar de la transición política que transformó la historia de España y que condujo a ese país de la dictadura a una plena democracia y a un periodo de acelerada prosperidad económica.

Todo ello empezó con la reforma radical de su sistema político-electoral, donde convergieron varios elementos: (i) los diputados de las cortes provenientes de la dictadura se reconocieron ilegítimos, supieron leer los signos de los tiempos y emprendieron transformaciones transcendentales: en diciembre de 1976 aprobaron una Ley para la Reforma Política. (ii) Esa ley redujo sustancialmente las barreras de entrada para la creación de nuevos partidos políticos y de un sistema abierto a todas las tendencias ideológicas. (iii) En mayo de 1977 se convocó a elecciones generales para las dos cámaras del Congreso y empezó la campaña electoral, acotada a solamente tres semanas de duración. (iv) El financiamiento de la campaña fue mixto: los simpatizantes y afiliados costearon los gastos de funcionamiento de los partidos, mientras que los tiempos y espacios en los medios de comunicación eran determinados y distribuidos equitativamente por el Estado. (v) La campaña fue una fiesta cívica con amplia participación ciudadana: los partidos y las coaliciones se lanzaron a las calles en busca del voto, organizando mítines y haciendo propaganda a través de megáfonos, carteles y volantes que inundaron las ciudades.

Claro que hubo muchas preocupaciones en una sociedad básicamente conservadora: hubo agonía sobre legalizar el partido comunista (que finalmente se aprobó), se criticó la “sopa de letras” generada por el surgimiento de una enorme cantidad de partidos políticos nuevos y se alertó sobre la supuesta ingobernabilidad que dicha dispersión ocasionaría en el Congreso, y se externó temor de que ocurrieran  actos terroristas por parte de los extremistas de derechas y de izquierdas. Las elecciones se realizaron a mediados de junio de 1977 y ninguno de esos temores se convirtió en realidad.

Las elecciones las ganó la Unión del Centro Democrático (centro-derecha), y el segundo lugar lo obtuvo el Partido Socialista Obrero Español (centro-izquierda). Los partidos extremistas obtuvieron muy pocos escaños. En julio de 1977 se instalaron las dos cámaras del nuevo Congreso, que comenzaron a emitir leyes (incluyendo una nueva Constitución) y a crear instituciones sobre las cuales se basó el acelerado progreso económico y democrático que España vivió en las décadas siguientes.

Quizá esa experiencia ejemplar de transición política pueda darnos luces, o al menos esperanza, para que Guatemala pueda convertir la crisis actual en la oportunidad que hemos estado esperando por décadas; y para aprovecharla hay que empezar con que los líderes del país (como los españoles de hace cuarenta años) sepan leer los signos de los tiempos.

El Sistema de Partidos y la Autoridad Electoral

La madre de todas las reformas, lo hemos dicho varias veces, es la del sistema electoral de partidos políticos, el cual se ha convertido en la fuente y alimento de la corrupción y de la infeficiencia del Estado

 

El sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala muestra tales signos de deterioro, perversidad y desnaturalización que resulta evidente la necesidad de reformarlo profundamente. Esta reforma es incluso más importante que la del sistema de contrataciones del gobierno que, precisamente, se corrompió debido a los métodos patrimonialistas del sistema de partidos políticos, de manera que saneando este se mejoraría aquél.

 

La reforma electoral es también más importante ahora que la del sistema de servicio civil, pues este se volvió clientelar y más ineficiente porque fue cooptado por el sistema de partidos políticos: si se sanea este, mejorará aquél. Y lo mismo puede decirse del sistema de justicia, del sistema de salud, o de cualquiera de las muchas actividades de gobierno que se han visto contagiadas del cáncer de la corrupción. Saneando el sistema político se sanea el Estado.

 

Los síntomas de descomposición del sistema político son patéticos. En medio de la absurda y grave (por sus repercusiones nacionales e internacionales), cuanto innecesaria, crisis generada por el enfrentamiento entre el Presidente Morales y el comisionado de la CICIG, y ante la evidente falta de una agenda de políticas públicas priorizadas, resulta inadmisible que ni un solo secretario general o líder prominente de los partidos políticos haya sido capaz de emitir un manifiesto, una propuesta o, aunque fuera, una crítica que diera alguna luz para superar la crisis. Y cuando lo hicieron (la semana pasada en el Congreso) fue para aprobar de manera precipitada una serie de reformas que descaradamente apoyaban la impunidad y la corrupción.

 

Existe un consenso creciente en al menos tres objetivos prioritarios de una eventual reforma del sistema político. Uno de ello es la necesidad de lograr que los ciudadanos se sientan representados por los funcionarios electos; la falta de representatividad de los electos y la absoluta desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones republicanas son una amenaza terrible para la sobrevivencia de nuestra joven democracia. En segundo lugar, se necesita eliminar el oligopolio que los políticos tradicionales tienen sobre los partidos, reduciendo las barreras de entrada para crear nuevas organizaciones y democratizar el sistema.

 

El tercer consenso se da para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Actualmente los magistrados no son plenamente independientes porque son electos de una manera que les genera deudas y dependencias respecto de los dirigentes políticos, que son precisamente a quienes deben aplicarles la ley y sus sanciones. Prueba de ello es la agonía que vive el TSE cuando tiene que aplicar algún castigo severo a los partidos que reiteradamente violan la ley. Por ello es preciso cambiar la forma en que se eligen los magistrados, empezando porque cada uno se elija de forma individual y la renovación del pleno sea escalonada.

 

Pero cuidado. Esta reforma urgente y necesaria (la madre de todas las reformas) no la van a hacer los políticos por su propio gusto y gana, ni la va a apoyar el actual TSE acomodado en sus poltronas. En el Congreso tienen preparada una reforma a la ley electoral que no sirve y que es un engaño, pues está diseñada para perpetuar el statu quo y favorecer a los partidos grandes. La verdadera reforma debe impulsarla la ciudadanía organizada y sus tanques de pensamiento que llevan años estudiando este tema. La resistencia al cambio será feroz, pero solamente con la presión ciudadana y con el respaldo de la comunidad internacional será posible reformar el actual sistema electoral y de partidos políticos, demostradamente inservible.

Cambiar el Foco del Debate

Para conjurar la incertidumbre y el clima de confrontación de las últimas semanas, conviene un pacto de país que ataje los problemas respecto de los cuales hay una amplio consenso (corrupción en las compras del gobierno, parcialidad de los jueces, sistema electoral deficiente, servicio civil ineficiente)

En las últimas semanas el país se ha sumergido en una espiral de incertidumbre política y en una peligrosa polarización de posiciones y opiniones. El ambiente de discordia generado por la inesperada decisión presidencial de expulsar del país al comisionado de la CICIG se ha reflejado en la conformación de dos bandos –internamente heterogéneos- enfrentados por la permanencia o no de Iván Velásquez y de la propia CICIG.

En el bando que favorece la salida de Velásquez se cuentan personajes que van desde el respetado Doctor Armando De La Torre (un acreditado académico libertario que se muestra genuinamente indignado por la injerencia de un organismo extranjero en los asuntos soberanos de Guatemala) hasta el cuestionable expresidente Otto Pérez Molina (a quien evidentemente le conviene el debilitamiento de la CICIG), pasando por los dirigentes vitalicios de los sindicatos de empleados públicos de la salud y la educación (cuyas motivaciones resultan, cuando menos, cuestionables).

El bando contrario también es muy diverso, con miembros que van desde el controvertido Comité de Desarrollo Campesino (CODECA, especialista en bloqueos de carreteras y en desorbitadas demandas populares) hasta eminentes empresarios y analistas de tendencia conservadora (que acertadamente ven en la corrupción y sus redes a uno de los principales enemigos del progreso nacional), pasando por organizaciones tan influyentes como la Conferencia Episcopal de Guatemala. En ambos bandos hay personas honorables y bien intencionadas, como también las hay oportunistas y malintencionadas.

La confrontación que se vive en diversos ámbitos de la vida nacional se ha visto exacerbada por calculadas acciones de desinformación, rumores bien fabricados y campañas negras que contribuyen a crear un peligroso ambiente de ingobernabilidad y a una sensación generalizada de falta de rumbo y de liderazgo en el país. Este escenario se agrava con las recientes invasiones violentas de plantaciones en el Polochic que desnudan la debilidad de las instituciones gubernamentales y la ausencia del Estado de Derecho.

De prolongarse, esta crisis política va a ocasionar un grave daño a la actividad económica, con los inversionistas (nacionales y extranjeros, pequeños y grandes) posponiendo o cancelando sus decisiones ante la incertidumbre prevaleciente. Por ello es necesario que las élites cobren conciencia de que el país debe cambiar urgentemente el foco del debate y dedicar sus mejores esfuerzos a proponer y aplicar las medidas que complementen la lucha contra la corrupción (que no debe detenerse) y empezar a construir el país que queremos para nuestros hijos.

El primer paso es bajarle la intensidad a la insensata confrontación en que nos han querido envolver (y que solo favorece a las mafias y los corruptos) y luchar porque prevalezca el Estado de Derecho y la paz social. El segundo paso es no cejar en la lucha contra la corrupción. Y el tercero, pactar el impulso de una agenda mínima priorizada para reconstruir las instituciones y el tejido social.

No es difícil identificar una agenda que ataje los problemas respecto de los cuales existe un amplio consenso social: la corrupción en las compras del gobierno, la parcialidad e ineficiencia de los jueces, la falta de representatividad y corrupción de los partidos políticos, el deficiente servicio civil, así como la insuficiencia y el desperdicio de recursos presupuestarios en las áreas prioritarias de salud, nutrición y educación. O logramos pactar e impulsar esta agenda mínima, o el país corre el riesgo de hundirse en un pantano más pestilente incluso que el que imperaba en marzo de 2015.

Efectos Económicos de la Crisis Política

Aunque en el corto plazo la transición que estamos viviendo tiene un costo de ralentizar la economía, en el mediano plazo la erradicación de la corrupción generará certeza e incentivará la inversión y el crecimiento económico 

Aunque hay quienes sostienen que la crisis política desatada en el país raíz de la decisión presidencial de expulsar al Comisionado de la CICIG no debería tener repercusiones en la economía nacional, no puede desecharse el efecto de incertidumbre que dicha crisis está generando en la opinión pública a nivel internacional y -lo que es más relevante- en la evaluación que las calificadoras de riesgo realizan periódicamente a Guatemala.

El episodio es tan relevante que la ampliamente leída revista The Economist lo abordó esta semana en un editorial y un reportaje, espacios que no le dedicaba a nuestro país desde hace muchísimo tiempo, subrayando el probable daño que el presidente Morales habría infligido a su propia gestión con la decisión tomada respecto a Iván Velásquez. Según la revista, con el trabajo de la CICIG Guatemala se había erigido, junto con Brasil, como un ejemplo para otros países de la región en cuanto al combate a la corrupción.

Lejos de apoyar la hipótesis de los simpatizantes de la decisión presidencial, que afirman que el trabajo de la CICIG bajo la dirección de Velásquez ha perjudicado la inversión al crear un clima adverso a los negocios, la prestigiosa revista afirma que, por el contario, cualquier economía liberada del lastre de la corrupción debería atraer más inversión, no menos. Y aunque da validez al argumento de que sería mejor para Guatemala que nuestras propias cortes y fuerzas de seguridad fueran quienes hicieran valer la ley, The Economist estima que el mandato de la CICIG es, precisamente, fortalecer tales instituciones y, hasta que eso ocurra, el tutelaje internacional resulta inevitable.

En efecto, es razonable interpretar que si bien en el corto plazo (como es normal en toda transición política) el cambio de un sistema corrupto e impune a otro donde impere la ley puede generar incertidumbres que, inevitablemente, afectarán las decisiones de inversión, en el largo plazo (y a medida en que, paralelamente, se fortalezcan las instituciones) . Por ello The Economist emplaza  al sector empresarial para que apoye decididamente la labor de la CICIG, en vez de contentarse con respaldar tibiamente la lucha contra la corrupción.

En un sentido similar se pronunció la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, cuyos analistas estuvieron en el país haciendo su evaluación anual justo en los días en que se intensificó el enfrentamiento entre el presidente Morales y el comisionado Velásquez. La calificadora emitió un comunicado indicando que si dicho enfrentamiento se prolonga, podrían reducirse los ya bajos niveles de inversión y crecimiento económico, lo cual perjudicaría la calificación del país.

El análisis de Moody´s afirma que la debilidad de las instituciones, que reducen la tolerancia al riesgo de los inversionistas e incrementan el costo de hacer negocios en el país, es un factor clave que explica los bajísimos niveles de inversión del país, y que la inesperada decisión del presidente de expulsar al comisionado de la CICIG exacerba dicha debilidad. (La tasa de inversión bruta del país es de menos del 13% del PIB, cuando la de países de tamaño similar supera el 21%).

La calificadora estima que si la crisis política no se resuelve pronto, o si esta provoca un mayor deterioro institucional, las tasas de inversión caerían aún más y el crecimiento económico se reduciría. Con eso en mente, en vez de descalificar las opiniones que emanan de fuentes cuya credibilidad está bien acreditada en los mercados financieros internacionales, deberíamos tomarlas con mucha seriedad; por nuestro propio bien.