El presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una
herramienta clave de gobierno, pues constituye un resumen explícito de la
política fiscal y refleja en gran medida sus intenciones frente a los problemas
económicos del país. Por ello, además de sus evidentes implicaciones políticas,
el proceso de aprobación del presupuesto 2018 que se sigue en el Congreso de la
República es de particular trascendencia. Sin embargo, dicho proceso, que
apenas se está iniciando, enfrenta desde ya serios desafíos que lo ponen cuesta
arriba.
En primer lugar, la renuncia del ministro y
viceministros de finanzas públicas, principales ponentes de la iniciativa, deja
prácticamente en orfandad el proyecto, que necesita quién lo defienda e impulse
políticamente en el Congreso. Ello en un ambiente de crisis en el que amplios
sectores de la población están poniendo en duda la legitimidad y credibilidad
del Congreso. Aquí cobra particular importancia la decisión que tome el
presidente Morales al elegir a la persona idónea para sustituir al ministro
saliente y su equipo de confianza.
Por otro lado, el proyecto de presupuesto plantea
desafíos técnicos importantes. La iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso
incluye estimaciones basadas en un escenario macroeconómico muy optimista e
incorpora un desequilibrio fiscal estructural (que se agrava si se toma en
cuenta que las cifras de recaudación lucen sobreestimadas) y un aumento
recurrente del gasto de funcionamiento (incluyendo el crecimiento vegetativo de
los costos generados por el sistema de pensiones del Estado y por los pactos
colectivos de algunos ministerios y del propio Congreso).
El déficit fiscal propuesto (equivalente a un 2.6% del
PIB) resulta significativamente superior al de los seis años previos que, con los
ingresos sobrevaluados, implicaría que tal déficit podría ser incluso más
elevado, lo cual significaría que se revertiría la tendencia de tener déficits
menores al 2% del PIB, como lo recomiendan expertos tales como el Fondo Monetario
Internacional. Con ello, la relación de la deuda pública respecto de los ingresos
tributarios se elevaría a un 237% en 2018, lo que conllevaría un incremento
acelerado que podría perjudicar la calificación de riesgo-país a nivel
internacional.
Para complicar más las cosas, el proyecto incluye
debilidades evidentes, como el hecho de que parte del financiamiento obtenido
con bonos se destina a financiar gasto corriente (Adulto Mayor, Clases Pasivas,
Universidad de San Carlos, Fideicomiso de transporte, entre otros), lo cual contraviene
lo preceptuado por la Ley Orgánica del Presupuesto (esos gastos deberían ser
financiados con ingresos ordinarios). Además, es inaceptable continuar aumentando
el gasto en salarios sin que exista aún el tan necesario censo de empleados
públicos ofrecido a inicios del gobierno. Y, aunque es bienvenido el aumento
previsto en la inversión en infraestructura, es preocupante que el mismo se
haga sin una reforma institucional que garantice la transparencia y eficiencia
de una cartera tan cuestionada como la de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda.
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