La madre de todas las reformas, lo hemos dicho varias veces, es la del sistema electoral de partidos políticos, el cual se ha convertido en la fuente y alimento de la corrupción y de la infeficiencia del Estado
El sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala muestra tales signos de deterioro, perversidad y desnaturalización que resulta evidente la necesidad de reformarlo profundamente. Esta reforma es incluso más importante que la del sistema de contrataciones del gobierno que, precisamente, se corrompió debido a los métodos patrimonialistas del sistema de partidos políticos, de manera que saneando este se mejoraría aquél.
La reforma electoral es también más importante ahora que la del sistema de servicio civil, pues este se volvió clientelar y más ineficiente porque fue cooptado por el sistema de partidos políticos: si se sanea este, mejorará aquél. Y lo mismo puede decirse del sistema de justicia, del sistema de salud, o de cualquiera de las muchas actividades de gobierno que se han visto contagiadas del cáncer de la corrupción. Saneando el sistema político se sanea el Estado.
Los síntomas de descomposición del sistema político son patéticos. En medio de la absurda y grave (por sus repercusiones nacionales e internacionales), cuanto innecesaria, crisis generada por el enfrentamiento entre el Presidente Morales y el comisionado de la CICIG, y ante la evidente falta de una agenda de políticas públicas priorizadas, resulta inadmisible que ni un solo secretario general o líder prominente de los partidos políticos haya sido capaz de emitir un manifiesto, una propuesta o, aunque fuera, una crítica que diera alguna luz para superar la crisis. Y cuando lo hicieron (la semana pasada en el Congreso) fue para aprobar de manera precipitada una serie de reformas que descaradamente apoyaban la impunidad y la corrupción.
Existe un consenso creciente en al menos tres objetivos prioritarios de una eventual reforma del sistema político. Uno de ello es la necesidad de lograr que los ciudadanos se sientan representados por los funcionarios electos; la falta de representatividad de los electos y la absoluta desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones republicanas son una amenaza terrible para la sobrevivencia de nuestra joven democracia. En segundo lugar, se necesita eliminar el oligopolio que los políticos tradicionales tienen sobre los partidos, reduciendo las barreras de entrada para crear nuevas organizaciones y democratizar el sistema.
El tercer consenso se da para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Actualmente los magistrados no son plenamente independientes porque son electos de una manera que les genera deudas y dependencias respecto de los dirigentes políticos, que son precisamente a quienes deben aplicarles la ley y sus sanciones. Prueba de ello es la agonía que vive el TSE cuando tiene que aplicar algún castigo severo a los partidos que reiteradamente violan la ley. Por ello es preciso cambiar la forma en que se eligen los magistrados, empezando porque cada uno se elija de forma individual y la renovación del pleno sea escalonada.
Pero cuidado. Esta reforma urgente y necesaria (la madre de todas las reformas) no la van a hacer los políticos por su propio gusto y gana, ni la va a apoyar el actual TSE acomodado en sus poltronas. En el Congreso tienen preparada una reforma a la ley electoral que no sirve y que es un engaño, pues está diseñada para perpetuar el statu quo y favorecer a los partidos grandes. La verdadera reforma debe impulsarla la ciudadanía organizada y sus tanques de pensamiento que llevan años estudiando este tema. La resistencia al cambio será feroz, pero solamente con la presión ciudadana y con el respaldo de la comunidad internacional será posible reformar el actual sistema electoral y de partidos políticos, demostradamente inservible.
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