Al Oído de los Diputados

Las mafias y la corrupción han copado, desde hace años, los tres poderes del Estado. El Poder Judicial requiere de una profunda reforma que garantice la independencia de los jueces, lo cual implica cambiar su estructura de gobierno, tal como se plantea en la propuesta de reforma constitucional que se discute en el Congreso. Es una lástima que esa reforma tan necesaria se vea oscurecida y obstaculizada por la introducción (quizá bien intencionada, pero tan ingenua como innecesaria) del tema de la jurisdicción indígena, que solo le ha servido de excusa a las mafias para minar y descarrilar el imprescindible proceso de depuración judicial que el país reclama. 

Es sabido que en días recientes varios diputados se han quejado de las presiones que sufren para aprobar (o improbar) la reforma al artículo 203 de la Constitución que explicita el reconocimiento a la jurisdicción indígena, y hasta han llegado a admitir (incluso en público) que la rapidez con la que se ha precipitado la discusión, y el que la misma se haya restringido a un grupo muy selecto de legisladores, les ha impedido profundizar el análisis y formar criterios objetivos para ejercer responsablemente su voto en este tema. Si de algo sirve, comparto a continuación algunos puntos clave que podrían ayudarles a tal propósito.

Primero. El tema es delicado, complejo y exige ser tratado con mucho respeto hacia los pueblos indígenas, procurando en todo momento el bien común, por lo que es conveniente dejarse asesorar por juristas expertos en la materia, no por ideólogos. Resulta muy ilustrativa, por ejemplo, la entrevista con el abogado Edgar Pacay Yalibat publicada en Prensa Libre la semana anterior.

Segundo. El derecho indígena existe en Guatemala desde hace siglos; ha funcionado y funciona bien; y, ante la incapacidad del Estado de proveer justicia pronta y cumplida en todo el territorio nacional, llena oportunamente un vacío que, de lo contrario, haría aún más ingobernable el país. La resolución de conflictos en las comunidades indígenas mediante sus prácticas ancestrales le ahorra al sistema judicial significativas cantidades de recursos.

Tercero. La jurisdicción indígena ya está reconocida en el ordenamiento jurídico guatemalteco, no solo porque la propia Constitución reconoce y promueve las costumbres y formas de organización de los pueblos mayas, sino porque -más explícitamente aún- el Convenio 169 de la OIT, que es una ley de la República con la más alta de las jerarquías, se refiere a la obligada aplicación de dicha jurisdicción cuando se trata de temas y personas pertenecientes a dichas comunidades. Esto, además, está respaldado por múltiples veredictos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.

Cuarto. Se desprende de lo anterior que resulta innecesario modificar la Constitución para reconocer algo que ya está cristalinamente reconocido en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Para aplicar lo que ya establecen la Constitución y el referido Convenio 169 bastaría, como lo afirma el abogado Pacay, con regular (quizá reformar) lo que establece el artículo 58 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial y emitir disposiciones puntuales que garanticen la coordinación entre ambos sistemas.

Quinto. En todo caso, si por razones puramente políticas y de satisfacción de demandas populares los diputados se vieran apremiados a reformar el referido artículo 203 constitucional, podrían hacerlo explicitando que la jurisdicción indígena está sujeta al orden constitucional (incluyendo la autoridad de la Corte Suprema de Justicia) y acotada a dirimir conflictos en materias propias de la comunidad y entre personas que voluntariamente se acojan al juicio de las autoridades comunitarias legítimamente establecidas.

Sexto. Debe evitarse que este tema siga distrayendo la atención de los diputados y desviándola del verdadero propósito de las reformas planteadas al sector justicia: lograr la independencia de los jueces y del Organismo Judicial y mejorar la eficacia en la aplicación de la justicia. En esto último existe un amplio consenso nacional (y respaldo internacional). Sería una pena que, por insistir en una innecesaria reforma que distrae y divide, se pierda la oportunidad de reorganizar a fondo la ineficiente estructura del obsoleto y corrupto sistema de justicia imperante.

Reforma Integral del Estado

La reforma del Estado debe ser integral, lo que implica al menos cuatro áreas prioritarias: (1) eficiencia del gasto y combate a la corrupción; (2) sector justicia; (3) servicio civil; y, (4) sistema electoral y de partidos políticos

Los guatemaltecos solemos desgastarnos buscando alguna solución rápida, cuasi mágica, para superar los graves problemas que impiden el desarrollo integral del país. Solemos apostarle todo a una idea, a una política, a una reforma que, cual piedra filosofal, troque la situación de pobreza, falta de productividad e incapacidad institucional del Estado en una de prosperidad y eficiencia generalizada. Y solemos atrincherarnos ideológicamente en la defensa de tales posiciones sin abrirnos al diálogo.

Por desgracia, no hay atajos para alcanzar el desarrollo, ni alquimias sobrenaturales para diseñar políticas públicas exitosas. Ni la devaluación del quetzal, ni los incentivos fiscales, ni las ciudades intermedias, ni las alianzas para la prosperidad podrán, por sí solas, impulsar el desarrollo nacional. El esfuerzo debe ser integral y sistemático, además de arduo, continuo e, inevitablemente, prolongado.

Puestos priorizar, es evidente que un punto de partida debe ser la reforma institucional del Estado que ya está (desordenadamente) en marcha. El desarrollo económico del país requiere, ante todo, de un aumento en la productividad que, a su vez, depende del fortalecimiento institucional en áreas tales como la efectividad administrativa (gubernamental), el control de la corrupción, la reducción de la inestabilidad política y de la violencia, la disminución de los costos regulatorios, la mayor participación ciudadana, la rendición de cuentas de las entidades públicas, y la implantación del imperio de la ley.

Hay cuatro áreas que deben enfatizarse. La primera es la de la mejora en la eficiencia y calidad del gasto público, que incluye la profundización y sistematización del combate a la corrupción, así como la mejora continua de los sistemas de compras gubernamentales. No se trata solamente de perseguir penalmente a los corruptos; limitarse a ello sería, de nuevo, apostarle a una solución parcial. Se trata más bien de establecer sistemas y controles eficientes. Y que la Contraloría de Cuentas cumpla su mandato.

Una segunda área es la de la reforma al sector justicia cuyo objetivo central sea lograr la independencia de los jueces y del Organismo Judicial. La pieza inicial (pero no única) de este esfuerzo sería la reforma constitucional actualmente en proceso de aprobación en el Congreso que, desafortunadamente, se plasmó en una iniciativa que incluyó errores de forma y de fondo que ahora deben enmendarse para rescatar dicho objetivo central. Es preocupante que tales enmiendas se hagan a la carrera y en medio de un ambiente políticamente cargado e ideológicamente polarizado.

Una tercera área de reforma institucional es la del servicio civil que ponga fin al caos e ineficiencia que imperan en el aparato público e impiden al Estado cumplir sus funciones. Para ello se requiere no solo de una reforma al marco legal del funcionariado público, sino de la voluntad política y el liderazgo necesarios para acabar con prácticas tan nocivas como las plazas fantasmas o los pactos colectivos onerosos. Por eso preocupa que el gobierno aún no haya cumplido con el elemental primer paso de hacer un censo de empleados públicos.

Y la cuarta reforma clave, quizá la más importante, es la de transformar el actual sistema político clientelar, patrimonialista y corrupto, a fin de que los partidos políticos sean realmente democráticos, los funcionarios electos sean realmente representantes del pueblo, y el tribunal electoral sea realmente supremo. Estas cuatro reformas deben emprenderse de forma simultánea y coordinada. No debemos conformarnos con reformas improvisadas, mediocres e incompletas.

En Defensa de las Migraciones

Aunque no suelen ser populares (en el país que los recibe) los inmigrantes siempre han sido, a lo largo de la historia, una fuerza positiva para el progreso cultural y material de las naciones

Soy hijo de un inmigrante; más precisamente, de un refugiado de guerra. Guatemala recibió a mi padre de buen agrado, y aquí encontró acogida, empleo, esperanza, amor y prosperidad. Aquí maduró y formó una familia. Y aquí murió. Sé muy bien, por propia experiencia, que desde un punto de vista personal y familiar, la migración es un fenómeno que, sin estar exento de dolor y exigencias, puede dar frutos abundantes que benefician tanto al migrante como a la nación anfitriona.

De mi padre aprendí los elementos básicos del liberalismo (decimonónico, el de mi abuelo), y supe desde pequeño que cuanto más abierta esté una sociedad al libre tránsito de bienes y de personas, más próspera y civilizada será. El liberalismo --en oposición al populismo hoy tan de moda- generalmente favorece no sólo el libre comercio y la libre movilidad de capitales, sino también el libre movimiento de trabajadores, como factores que propulsan el desarrollo de las naciones.

Soy, además, economista, y en las aulas y en los libros aprendí que los flujos de migrantes (especialmente si son legales) resultan muy beneficiosos para la economía de los países recipiendarios. Los migrantes calificados llevan consigo conocimientos y pericias que generan empleo y riqueza. Los migrantes no calificados también contribuyen a la economía del país receptor al desempeñar labores que los locales no pueden o no quieren realizar. Sin migrantes, las economías de los países industrializados (aquejadas por el decrecimiento o el envejecimiento poblacional) habrían dejado de crecer.

Por todo ello, me llena de desconsuelo la ola de sentimientos anti-inmigración que se expande por el mundo. Me preocupa más aún que esos sentimientos incluyan el rechazo a los refugiados de guerra que solo buscan un lugar de amparo para sobrevivir y reconstruir su existencia. Y es triste que esto esté ocurriendo en países compuestos principalmente por inmigrantes (como Australia, Nueva Zelandia o los Estados Unidos de América) que parecen sufrir ahora de una “fatiga de compasión” hacia los migrantes.

Es cierto que las migraciones masivas y crecientemente ilegales requieren de ciertas regulaciones y de un tratamiento cuidadoso. Pero los temores respecto de que los migrantes roban los puestos de empleo a los trabajadores nativos, o que solo llegan a aprovecharse de los beneficios sociales del país anfitrión, o que son el germen de los movimientos terroristas, son todos temores infundados o, al menos, evidentemente exagerados.

La realidad histórica es que las migraciones han sido beneficiosas, aunque hay que reconocer que rara vez han sido populares. Por eso corresponde contrarrestar las preocupaciones y recelos que las migraciones despiertan con argumentos científicos y, sobre todo, con políticas públicas adecuadas para demostrar y potenciar los efectos positivos de las migraciones. Ello debe hacerse tanto a nivel multilateral (como el Pacto Mundial para una Migración Segura que se discute en la ONU), como a nivel de políticas domésticas bien diseñadas (como la ejemplar política migratoria de Canadá).

Guatemala también debe tener una política migratoria bien estructurada y de doble vía, que no solo defienda internacionalmente el derecho de los guatemaltecos de emigrar, sino que acoja sistemática y ordenadamente a quienes buscan nuestro país como destino. Los movimientos migratorios son inevitables y, si son ordenados y bien administrados, siempre son beneficiosos. No debemos cansarnos de afirmarlo en medio de esta ola de nacionalismos y aislacionismos que amenazan el progreso de las naciones y la paz mundial.

¿Terminará el Diluvio de Dólares?

La condiciones que provocaron un diluvio de dólares hacia Guatemala pueden estarse revirtiendo rápidamente. Las consecuencias de ello (si no se manejan apropiadamente las políticas macroeconómicas) podrían ser insospechadas.

En los últimos años Guatemala ha experimentado una abundancia de dólares. En términos económicos, la oferta de la divisa estadounidense ha sido superior a la demanda y el indicador más claro de tal fenómeno es el tipo de cambio, que en cinco años se ha apreciado en casi 5% (al pasar de Q7.90 por dólar en 2012 a Q7.52 en 2016), pese a las considerables intervenciones del banco central –Banguat- comprando dólares en el mercado (lo cual, ciertamente, ha impedido que la apreciación del quetzal sea aún mayor).

Tres son las causas esenciales del exceso de oferta de dólares. Primero, las importaciones se volvieron más baratas: sólo en 2016 el precio promedio de los bienes importados se redujo en alrededor de 10% respecto del año previo, reflejo del fenómeno mundial de baja en el precio de los bienes primarios, incluyendo notablemente el petróleo y sus derivados (en el último lustro el barril de petróleo redujo su precio en más de 60%). Esto ha implicado una reducción en las necesidades de divisas del país para pagar su déficit comercial.

Segundo, un gran flujo de recursos financieros ha ingresado al país a causa de que las tasas de interés domésticas son más altas que las extranjeras, lo cual hace atractivo para los inversionistas traer capitales para invertirlos en bonos del gobierno o en créditos privados, aumentando así significativamente la oferta de dólares. Ello ha ocurrido porque los países industrializados mantuvieron tasas de interés extraordinariamente bajas como una medida para incentivar su alicaído crecimiento económico luego de la crisis de 2008, y porque el Banguat decidió ser conservador y no reducir su tasa de interés líder a la misma velocidad que aquellos países.

En tercer lugar, el enorme flujo de remesas familiares que los migrantes guatemaltecos envían al país no solo se han convertido en un soporte clave del consumo de los hogares, sino que implica un constante aumento en la disponibilidad de divisa extranjera: el año pasado las remesas familiares que ingresaron al país superaron los US$7.2 millardos, cifra que casi duplica el nivel de remesas que ingresaban al país un lustro atrás.

La lenta pero continuada apreciación del quetzal ha generado preocupación en algunos ámbitos debido a que ocasiona un desincentivo a la actividad exportadora y se han levantado algunas voces que, incluso, llegan a proponer que el régimen cambiario se modifique para provocar una devaluación de nuestra moneda. Tales propuestas quizá dejen de ser necesarias en breve, ya que las tres causas que han provocado el diluvio de dólares de los últimos años podrían estarse revirtiendo.

Por un lado, el precio internacional de las materias primas ha dejado de reducirse y el del petróleo, en particular, se ha elevado en un 25% en el último año. Por otro lado, la Reserva Federal estadounidense empezó a elevar su tasa de interés y, con ella, se elevará el resto de tasas de interés de los países avanzados, lo cual hará menos atractivas las tasas guatemaltecas y ello, aunado al endurecimiento internacional de las normas contra los flujos ilícitos de capital, implicará menores flujos de inversión financiera hacia Guatemala. Finalmente, la política migratoria del presidente Trump podría provocar que los flujos provenientes de remesas familiares se desplomen.

Si todo esto se produce simultáneamente, y las políticas monetaria y fiscal no reaccionan de manera prudente y ágil, el diluvio de dólares de los años recientes podría llegar a un abrupto final. Y a quienes han clamado por una pronta devaluación del quetzal podría citárseles la frase de Oscar Wild: ten cuidado con lo que deseas, se puede hacer realidad.

El Ascenso del Proteccionismo

La reciente ola de nacionalismos radicales no anuncia cosas buenas. Ni en su faceta política (el populismo), ni en la social (xenofobia), ni en la económica (proteccionismo comercial). La experiencia histórica demuestra que, ya sea que venga de la izquierda o de la derecha del espectro político, el proteccionismo nunca ha mejorado el bienestar de las naciones.

El discurso inaugural de Donald Trump (“América primero”) deja pocas dudas. La cruda estrategia británica para abandonar Europa (“brexit duro”) lo confirma. El nacionalismo (con sus matices aislacionistas, populistas, proteccionistas y xenófobos) se está instalando como tendencia política, y ya no solo en el tercer mundo, como lo demuestra el ascenso en la intención de voto de personajes radicales como Geert Wilders -Holanda-, Marine Le Pen -Francia-, Frauke Petri -Alemania, o Matteo Salvini -Italia-.

La propuesta del nacionalismo se construye sobre la ansiedad, emociones y prejuicios de una ciudadanía insatisfecha. Algo parecido sucedió en los años treinta del siglo pasado, cuando los votantes estaban desesperados por su situación económica. Pero hoy la insatisfacción es de una naturaleza más compleja, pues la economía estadounidense está recuperándose y cercana al pleno empleo; la economía británica ha generado dos millones de plazas de trabajo en cinco años; las ganancias corporativas son elevadas; y, los niveles de vida en Europa siguen siendo de los más altos del mundo.

El problema estriba en los crecientes bolsones de población que no sienten incluidos en los beneficios de una desigual bonanza, esos que votaron por Trump. Los nacionalistas del Siglo Veintiuno se han aprovechado astutamente de las insatisfacciones económicas, sociales y culturales de aquellos a quienes la globalización y el cambio tecnológico han dejado atrás.

En el ámbito económico, el nacionalismo se manifiesta en forma de proteccionismo; es decir, de políticas económicas que, a través de las barreras al libre comercio (como la elevación de los aranceles a la importación) o a la libre circulación de personas (barreras a la inmigración), pretenden supuestamente proteger los puestos de trabajo y fomentar la producción de la industrias nacionales versus las extranjeras. La receta se ha probado una y otra vez en el último siglo, sin resultados positivos.

El ascenso del proteccionismo en el mundo desarrollado es una pésima noticia para países como el nuestro. Ya durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado la situación fue agravada cuando los Estados Unidos adoptaron políticas comerciales altamente proteccionistas que, bajo la creencia errónea de que con ellas se crearían puestos de trabajo, desencadenaron medidas proteccionistas alrededor del mundo que profundizaron y expandieron la depresión económica. En contraste, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se promovió la liberalización del comercio internacional y ello generó una era de gran prosperidad y crecimiento para la economía mundial.

A lo largo de la historia, la experiencia (y la teoría) económica es contundente: el proteccionismo comercial (y migratorio) es incapaz de aumentar el número de plazas de trabajo o, ni siquiera, de alterar sustancialmente la balanza comercial entre países. Por desgracia, tanto los políticos –sean de derechas o de izquierdas, de países pobres o de ricos- como sus votantes (acostumbrados aquellos a ofrecer, y estos a desear, soluciones mágicas a sus problemas nacionales) no entienden, ni quieren entender esta lección.

En este mundo paradójico, en el que la globalización es defendida (en Davos) por el Secretario General del Partido Comunista chino, mientras se ve amenazada por el líder electo a nombre del Partido Republicano estadounidense, solo nos queda insistir en lo que la teoría y la historia económica sostienen sólidamente: el proteccionismo –sea de izquierdas o de derechas- es, en general, nocivo al crecimiento económico y al bienestar de las naciones.

La Corrupción y el Debilitamiento de las Instituciones

Es mentira que el combate frontal a la corrupción debilita la eficiencia en la administración pública. Sería un craso error admitir que puede tolerarse un poco de corrupción a cambio de que la administración pública no se vea paralizada. La actitud correcta debe ser la de tolerancia cero a la corrupción.

Hace algunas semanas leí y escuché, no sin asombro, a algunos analistas políticos que se preguntaban si la lucha contra la corrupción que el país está librando desde abril de 2015 estaba ocasionando -como un daño colateral imprevisto- un debilitamiento de la institucionalidad pública. Nada más alejado de la verdad. Creo -al contrario de lo que dicha duda sugiere- que la lucha contra la corrupción y las instituciones se fortalecen mutuamente.

Por un lado, cualquier esfuerzo organizado para luchar contra la corrupción sólo puede ser exitoso si las instituciones que lo impulsan son efectivas; esto implica que la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, la policía y los juzgados involucrados deben estar coordinados y ser eficientes. Por otro lado, mientras más efectivo sea el combate a la corrupción, más eficientes serán no solo estas instituciones directamente encargadas de llevar a cabo tal combate, sino el aparato estatal entero.

Quizá sea cierto que, en algunos casos, las batallas que se han librado en meses reciente contra el cáncer de la corrupción hayan podido ocasionar una ralentización en el -ya de por sí lento- desempeño de la burocracia pues, hasta antes de las acciones emprendidas por la CICIG y el Ministerio Público en contra del robo al erario público, no era habitual que en los actos de la administración se velara por el cumplimiento estricto de ciertos estándares de transparencia y se respetaran estrictamente las normas y regulaciones vigentes. Al tenerse más cuidado ahora en estos aspectos, algunos procesos estatales pudieron haberse entorpecido. Pero seguramente, a mediano y largo plazo, si la lucha contra la corrupción tiene éxito, las instituciones se verán fortalecidas y el funcionamiento del aparato estatal será, a la larga, más efectivo.

Sería un craso error admitir que puede tolerarse un poco de corrupción a cambio de que la administración pública no se vea paralizada. La actitud correcta debe ser la de tolerancia cero a la corrupción. Pero, paralelamente a una profundización de la estrategia anti-corrupción, deben ampliarse los esfuerzos de fortalecimiento de las instituciones del Estado. Tales esfuerzos implican, en primer lugar, la revisión y puesta al día de los marcos que rigen el quehacer de dichas instituciones.

Lo anterior demanda un esfuerzo tanto del Organismo Ejecutivo (a nivel de reglamentos) como del Legislativo (a nivel de leyes) para dotar a las instituciones de marcos regulatorios adecuados para ser efectivas. Los elementos clave de un buen marco regulatorio institucional incluyen: claridad respecto del mandato de cada institución (sus fines y funciones, y las herramientas para lograrlos); su estructura de gobernanza interna, incluyendo sus pesos-contrapesos internos y sus sistemas de rendición de cuentas; su grado de autonomía operativa y financiera (para blindarlas de influencias de grupos de poder o de interferencias políticas); y, los criterios de elegibilidad, así como las normas y procedimientos para el nombramiento y remoción de sus autoridades.

Además del marco regulatorio, las instituciones estatales requieren de un cuerpo de tecnócratas técnicamente capaces y debidamente remunerados lo cual, evidentemente, implica una profunda reforma del sistema del servicio civil nacional. Esto, al igual que el esfuerzo completo de fortalecimiento institucional, reclama de un liderazgo político firme y decidido. El primer paso debería ser, con carácter de urgente, el censo de empleados públicos anunciado por el Presidente en los primeros meses de su mandato. Lamentablemente, de dicho censo aún no se ha sabido nada.

De Bob Dylan y el Premio Nobel

Hoy, como divertimento de Año Nuevo, escribo sobre literatura. ¿Por qué no, si tantos literatos escriben sobre economía y políticas públicas?

Durante las fiestas de fin de año, cuando podemos dedicar un poco más de tiempo al ocio, la familia y la lectura, es natural desvincularse de los asuntos cotidianos y reflexionar sobre diversos temas de interés, tales como, por ejemplo, la polémica que en ciertos círculos intelectuales desató a finales del año pasado el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan.

Nunca he sido gran admirador del cantautor estadounidense, pero el discurso que remitió a la Academia Sueca para agradecer el Nobel, en velada y genial respuesta a quienes han puesto en duda sus méritos literarios, constituye una pequeña lección respecto del arte, en general, y de la literatura, en particular. Entre otras cosas, Dylan dijo que, por ser él un escritor de canciones, nunca pasó por su mente ser siquiera candidato a semejante premio. Pero, en tal sentido, también se pronunció respecto a que, muy probablemente, el propio William Shakespeare al escribir sus obras nunca pensó que estaba haciendo literatura: sus preocupaciones estribaban en la puesta en escena de su trabajo, en los actores a contratar, o en el financiamiento de la escenografía.

Con ello, Dylan nos hace ver, por un lado, que su trabajo tiene tanto mérito como el de cualquier otro artista destacado y, por otro, que durante ya mucho tiempo la narrativa ha desplazado a la dramaturgia y a la poesía en el gusto de las masas lectoras, hasta hacernos creer que la única literatura valiosa es la de la novela de ficción. Hemos olvidado que, desde que Aristóteles clasificó los géneros literarios en Épico, Lírico y Dramático, lo hizo con la intención de otorgarles igual jerarquía y nivel de virtud. Pero desde hace muchos años la novelística ha estado sobrevaluada. De ahí tantos poetas inspirados que se han desperdiciado intentando escribir cuentos; o tantos dramaturgos que pasan desapercibidos hasta en los créditos de las películas que han enriquecido con sus diálogos brillantes. Y tantos jóvenes que se estiman cultos por haber leído las sagas de Crepúsculo o Los Juegos del Hambre.

La paradoja es que el mismísimo Miguel de Cervantes, en su afán de poner en su sitio a las novelas de caballería –epítome de la narrativa de ficción popular-, escribió una eminente parodia, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, con el afán de poner a aquellas novelas en evidencia, pero logró exactamente el efecto contrario. La narrativa de ficción alcanzó con el Manco de Lepanto sus más altas cumbres y, desde entonces, el género empezó a desplazar a los demás.

Es de lamentar que varias generaciones recientes –novelocéntricas ellas- se han privado de disfrutar la poesía y el teatro; de valorar más a escritores –como nuestro Asturias- que además de buenos novelistas también fueron dramaturgos y excelentes poetas (“me salí de tus ojos para estar en tu llanto”); o, de apreciar con nueva perspectiva artística los diálogos fantásticos que abundan en el cine y en el teatro.

Esta, claro está, es la opinión de un economista pero, habiendo leído en la prensa nacional e internacional las frecuentes opiniones que emiten los literatos sobre economía y política pública ¿por qué no –aunque sea como divertimento de Año Nuevo- hacerlo al revés? Además, como economista, la concesión del Nobel a Bob Dylan me confirma que los bienes que más escasean (como la calidad y el ingenio) son precisamente los que más valor tienen. Y que, con eso en mente, algún día a los cantautores eméritos de Latinoamérica (como Álvaro Carrillo, José Antonio Méndez, Vicente Garrido, José Alfredo Jiménez o César Portillo de la Luz) habremos de reconocerlos como auténticos literatos.