EL G-40 SE PRONUNCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Les comparto el pronunciamiento del G-40, publicado el día de hoy, relacionado con la crisis nacional desencadenada con el descubrimiento de una red de corrupción y defraudación aduanera en la SAT

Defraudación aduanera y la corrupción

Pronunciamiento del G40 

El G40, (grupo independiente de economistas y analistas fiscales), ante las recientes acciones encaminadas a desarticular las redes de defraudación aduanera que operan desde el interior y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, con el ánimo de que las mismas sirvan para emprender un esfuerzo nacional a favor de la eficacia, eficiencia, probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, manifiesta:

1 Su beneplácito y apoyo a las acciones dirigidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en coordinación con el Ministerio Público y las fuerzas de Seguridad, para desarticular una de las estructuras criminales de defraudación aduanera que operaba desde el interior y fuera de la SAT.

2 Su indignación porque dicha estructura criminal haya estado conformada y dirigida por funcionarios del más alto nivel a cargo de la administración aduanera, incluyendo al Secretario Privado de la Vicepresidente de la República. Lo anterior ha generado una grave crisis política e institucional que demanda acciones prontas, concretas y contundentes por parte de las autoridades políticas del país.

3 Su demanda al sistema de justicia para que las acciones de sus operadores se apeguen a los más altos estándares éticos que demanda la impartición de justicia, de manera que las investigaciones iniciadas culminen con castigos severos y ejemplares para todos aquellos que resulten implicados. Los Jueces deben recordar que la ciudadanía está observando y demanda que el sistema de justicia actúe efectivamente para castigar a los políticos y funcionarios públicos que abusan de sus cargos y a quienes corrompen.

4 Que la importancia de estas acciones radica, en gran medida, en que las mismas pueden contribuir efectivamente a fortalecer el erario público, en virtud de que –de acuerdo con estudios elaborados por tanques de pensamiento nacionales- el costo que para el fisco representan las actividades ilícitas de contrabando y defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Por ello los esfuerzos de combate a estos ilícitos deben extenderse a prevenir y reducir el contrabando.

5 Que el delito de defraudación aduanera –así como la existencia de redes criminales que lo perpetran- es sólo uno de los componentes de los esquemas de corrupción y malversación que operan en las entrañas del Estado, ocasionando costos inmensos para la economía del país, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufren las arcas estatales y por la competencia desleal que afecta a las empresas que operan en estricto apego a la ley. La corrupción y su impunidad generan también consecuencias graves y nocivas en los ámbitos social (pues erosiona la moral tributaria, la provisión de servicios básicos de salud, educación e impartición de justicia) y político (pues socaba el funcionamiento de las instituciones democráticas y el apoyo ciudadano a las mismas, así como la estabilidad del régimen constitucional), que pueden incluso ser más trascendentes que las consecuencias puramente económicas.  

6 Que la actual crisis institucional plantea al país una oportunidad de emprender acciones profundas, tanto inmediatas como de largo plazo, para rescatar y fortalecer la institucionalidad pública –empezando por la administración tributaria- y, en general, para combatir frontalmente la corrupción y la impunidad generadas por la defraudación aduanera y el contrabando.

7 Que, en tal sentido, resulta imprescindible emprender acciones concretas para rescatar y fortalecer la SAT, a fin de aumentar la capacidad de recaudación y la productividad de los principales impuestos. Entre dichas acciones debe incluirse:

a) La revisión y reforma de la estructura de gobierno interno, especialmente los mecanismos de elección de sus directores y funcionarios superiores (incluyendo los procesos en marcha), con vistas a fortalecer la autonomía y eficiencia institucionales, para lo cual es imprescindible que los electos sean personas de demostrada capacidad, honradez y probidad;

b) La revisión y fortalecimiento de los procedimientos y sistemas de reclutamiento, promoción y disciplina del personal, con vistas a cimentar una verdadera carrera administrativa;

c) Modernizar y sistematizar la publicación y difusión de resultados de la gestión de administración tributaria, con vistas a mejorar significativamente la transparencia y rendición de cuentas de la institución.

d) La creación de herramientas institucionales que procuren la auditoría y fiscalización de la propia SAT, mismas que deberán ser independientes de esta y del gobierno central. De igual manera resulta indispensable un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar la mejora de los procesos maestros de la institución. 

e) La modernización y simplificación de los procesos internos de la institución y del sistema tributario existente, de manera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea fácil de entender y cumplir para los contribuyentes y se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios encargados de la recolección de impuestos. 

f) La modernización de las aduanas y sistematización de sus procedimientos que permitan la inclusión de tecnologías que reduzcan la discrecionalidad del personal que labora en las mismas y  que los procesos sean más eficaces en la recaudación que se realiza. 

8 Que, más allá de las medidas de rescate de la administración tributaria, la coyuntura actual demanda la participación integrada de todas las fuerzas de la sociedad guatemalteca interesadas en combatir la corrupción y preservar el sistema democrático, incluyendo a los sectores académicos, empresariales y de incidencia social, por lo que el G40 está en disposición de acompañar cualquier esfuerzo de las diversas expresiones de la sociedad civil encaminado a conformar instancias contra la corrupción para analizar, proponer y fiscalizar las medidas y acciones que deben tomarse en los próximos meses en esta materia.

Guatemala, mayo de 2015

Así sí, CICIG

El combate a la corrupción debería ser, a estas alturas, parte de la lucha por proteger los derechos humanos

Si Guatemala corre algún peligro de convertirse en un estado fallido, la causa principal es, sin duda, la corrupción, cuya influencia nefasta sobre el funcionamiento del aparato público tiene gravísimas consecuencias económicas, políticas y sociales. De acuerdo a la recién publicada encuesta del Barómetro de las Américas, Guatemala es como uno de los países con mayor incidencia de corrupción: uno de cada cinco guatemaltecos ha sido víctima directa en el último año. La misma encuesta revela que más del 70 por ciento de los guatemaltecos percibe que la corrupción en el país está generalizada.

Los costos para la economía son gigantescos, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufre el erario público. Apenas un día antes de que estallara el escándalo de la defraudación aduanera la semana recién pasada, se hacía público un estudio elaborado por una red de tanques de pensamiento en el que se estimaba que el costo del contrabando y la defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Y si a eso sumamos lo que el fisco pierde por la corrupción o el desperdicio en otras muchas áreas de la gestión gubernamental (compra de medicinas, subsidio al transporte, mantenimiento de carreteras, saneamiento de lagos, y un interminable etcétera), resulta evidente que no existe otra medida de eficiencia fiscal o reforma tributaria que sean más eficientes que el efectivo combate a la corrupción.

Más aún, los niveles actuales de corrupción son tan elevados que se han convertido en un asunto de violación de los derechos humanos fundamentales: la corrupción cuesta vidas.  Cobra vidas de guatemaltecos que acuden a los servicios de salud pública y se encuentran con un sistema de saqueo institucionalizado que va desde el robo de suministros por parte de los empleados del menor nivel, hasta la oscura asignación de millonarios contratos de compra de medicamentos a más alto nivel. Todo ello mientras los ciudadanos más pobres literalmente mueren en las salas de urgencias.

Cobra vidas de trabajadores guatemaltecos dedicados al oficio de pilotos de transporte público, negocio tan absolutamente desnaturalizado por el tenebroso sistema de otorgamiento de subsidios y de sospechosos procesos de compra de autobuses, que ahora es fuero casi exclusivo del crimen organizado.  Cae de su peso, entonces, que el combate a la corrupción no es solamente un asunto de conveniencia administrativa y de buen gobierno, sino que es un tema de interés geopolítico por sus implicaciones en las áreas de derechos humanos y de seguridad regional.

Por eso resulta tan reconfortante y esperanzador el exitoso operativo de la semana pasada, que desarticuló la estructura de defraudadores aduaneros dirigida por los más altos funcionarios gubernamentales en la materia. Es menester reconocer el rol fundamental que la CICIG desempeñó en ese operativo. Resulta positivo que la CICIG haya, por fin, detectado que esas redes de corrupción son centrales en las actividades delictivas de los cuerpos paralelos enquistados en el estado guatemalteco, contra los cuales tiene el mandato de actuar.

Falta ver, eso sí, si el sistema judicial (tanto o más cuestionado que el Ejecutivo por su ineficiencia y opacidad) está a la altura para castigar como corresponde a los delincuentes capturados. Falta  ver también si la CICIG (cuyo mandato ha sido prorrogado hasta 2017) se sigue concentrando en el combate a las actividades de corrupción que están carcomiendo al Estado (ojalá que, en tal sentido, ya hayan pesquisas en torno a los asesinatos de pilotos y el botín del subsidio al transporte, o en torno a los procesos de compras de medicamentos y otros suministros).

Por nuestra parte, toca a los guatemaltecos luchar por fortalecer las instituciones de control que deberían hacerse cargo de tomar la estafeta de la CICIG cuando esta abandone finalmente el país. Para empezar, hay que impulsar reformas que rescaten y fortalezcan a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero principalmente hay que luchar por el fortalecimiento de las instancias de vigilancia y control: la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Sin ese esfuerzo, el exitoso operativo contra la defraudación aduanera de la semana pasada no pasará de ser una simple llamarada de tusas.

El Imperio de la Ley

El mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto

La existencia de instituciones eficientes es un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones. Las instituciones son la manifestación de las reglas, normas, tradiciones y convenios sociales, producto de la interacción de factores culturales, históricos, políticos y económicos que se van consolidando en el tiempo. Entre estas manifestaciones destaca el imperio de la ley, que implica la presencia de una justicia independiente, pronta y cumplida, así como de regulaciones objetiva de las relaciones económicas y sociales.

Sin imperio de la ley no es posible el desarrollo económico y social; el propio mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto. Con esto en mente, resulta útil analizar los resultados del Índice del Imperio de la Ley (Rule of Law Index), elaborado por el World Justice Project –WJP, una ONG estadounidense- y publicado hace pocos días, donde se incluye una evaluación del caso de Guatemala (http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index). Este índice busca dar una visión multidimensional del grado en que los países cumplen con aplicar el imperio de la ley.

Para calcular el índice se realizaron más de cien mil encuestas a ciudadanos y expertos en 99 países; para el efecto, utiliza 47 indicadores agrupados en 8 grandes dimensiones del imperio de la ley: (1) las limitaciones a los poderes del gobierno –su sistema de pesos y contrapesos-; (2) la ausencia de corrupción –desde sobornos hasta tráfico de influencias-; (3) la aplicación del gobierno abierto –accesible a las consultas y participación del público-; (4) el respeto a los derechos humanos fundamentales; (5) el orden y la seguridad de las personas y su propiedad; (6) el cumplimiento de las normativas legales y administrativas; (7) la justicia civil; y, (8) la justicia penal.

Los resultados para Guatemala no son nada halagüeños: el país ocupa el puesto 83 (de 99 países calificados) y, a nivel de Latinoamérica, ocupa el lugar 13 (entre 16 países). El puntaje total otorgado a nuestro país fue de 0.44 puntos, en una escala que va de 0.00 a 1.00, lo cual nos pone en la misma categoría de países como Madagascar, Irán, Sierra Leona o Nicaragua.

Guatemala muestra bajas calificaciones en todas las dimensiones evaluadas. En el área de limitaciones a los poderes del gobierno, el país obtuvo 0.52 puntos (ligeramente mejor que el promedio de países de ingresos medios-bajos, como el nuestro) y ocupa el puesto 59 del ranquin, donde aún muestra graves falencias en materia de la efectividad de la Contraloría de Cuentas y de las sanciones a funcionarios. En la dimensión de ausencia de corrupción la calificación fue de 0.37 puntos (puesto 76), denotando malas calificaciones en los indicadores de corrupción en los tres Organismos del Estado. En la aplicación del gobierno abierto la calificación fue de 0.45 (puesto 57). En cuanto al respeto a los derechos fundamentales, la calificación fue de 0.56 (puesto 57), con buenas calificaciones en materia de libertad de expresión y de asociación, pero muy malas en materia de discriminación y derechos laborales.

En la dimensión de orden y seguridad ciudadana, la calificación fue de 0.56 (ocupando el puesto 92 del ranquin) que refleja la situación de criminalidad y violencia imperante. En el área de cumplimiento de la normativa el punteo fue de 0.39 (puesto 85), debido a los problemas de  irrespeto a las normas y al debido proceso. En cuanto a la justicia civil, el punteo fue de 0.36 (puesto 93, de 99), reflejo del poco acceso a la justicia y a la prevalencia de retrasos maliciosos. Y, finalmente, en la dimensión de justicia penal, la calificación fue de 0.30 (puesto 93) que, entre otras falencias, refleja debilidades en la investigación y en el sistema penitenciario.

El estudio de este índice puede constituir una buena guía para una necesaria agenda de reforma al sistema de justicia. De nada sirve a una nación contar con políticas económicas y sociales adecuadas si no cuenta al mismo tiempo con reglas de juego adecuadas y que se hagan cumplir. En este sentido, el imperio de la ley y, en particular, el sistema de justicia, son el fundamento de un sistema que nos brinde seguridad, que resuelva pacíficamente las disputas que surgen en cualquier sociedad, y que nos permita prosperar.

Año Electoral y Estabilidad Económica

La estabilidad de algunas variables clave parece resentirse durante el último año de cada gobierno

Los años electorales suelen plantear desafíos económicos, tanto a los gobiernos (que se ven tentados a gastar más para favorecer su posible reelección) como para el resto de agentes económicos (que deben tomar decisiones de consumo e inversión en un entorno más incierto), lo cual podría afectar negativamente la estabilidad económica. ¿Ocurre esto en Guatemala?

La empresa Consultores Para el Desarrollo (COPADES) ha desarrollado un modelo que permite analizar la gestión política de los últimos gobiernos en función de su efectividad para mantener la estabilidad macroeconómica. Dicho modelo permite también identificar cuán atípicos son los años electorales en Guatemala y qué variables se ven más afectadas por los eventos del último año de cada gobierno.

La buena noticia para Guatemala es que los resultados indican que, en promedio desde 1999, los años electorales (en términos de implicaciones sobre la estabilidad económica) no parecen ser muy atípicos en comparación con el resto de años. Y, si no hay sorpresas desagradables, todo parece indicar que el año electoral de 2015 tampoco será distinto.

Eso sí, la estabilidad de unas pocas variables parece resentirse ligeramente durante el último año de cada gobierno. De las diez variables que integran el modelo, dos muestran un comportamiento un tanto atípico durante la campaña electoral. Una es el tipo de cambio, que en esos años ha tenido una leve tendencia al alza –posible reflejo de la precaución del público que refugia temporalmente sus activos en una moneda dura-; la otra es el crédito bancario al sector privado, que se incrementa levemente más allá de su crecimiento típico –posiblemente en respuesta a la demanda de financiamiento de la campaña política-.

Individualmente, los años electorales 1999 y 2007 fueron relativamente menos estables. El primero de ellos –el último año de gobierno de Álvaro Arzú-  fue testigo de un comportamiento fiscal expansivo (probablemente buscando ganar votos a base de gasto público en infraestructura) que ocasionó un aumento del déficit fiscal (a un nivel superior al 3% del PIB) y un consiguiente aumento acelerado en el endeudamiento público. Además, las tasas de interés activas, por un lado, también aumentaron por encima de su comportamiento normal (debido al efecto desplazamiento ocasionado por la mayor deuda pública); y, por el otro, el déficit externo (en cuenta corriente, que es el déficit gemelo del fiscal) y el tipo de cambio también mostraron aumentos importantes.

Aunque el último año del gobierno de Óscar Berger también se desvía del patrón de estabilidad, ello se debió más a factores exógenos (precios elevados de los productos primarios en los mercados internacionales) que a errores de política internos (como sí fue el caso del gobierno de Arzú). La mala fortuna acaecida en 2007 fue compensada con un desempeño muy responsable en materia de déficit fiscal y endeudamiento público.

En contraste con esos dos periodos, los años electorales 2003 y, especialmente, 2011 fueron relativamente estables macroeconómicamente. Si bien el último año de presidencia de Alfonso Portillo no fue un dechado de virtudes fiscales, al menos mantuvo estables la mayoría de variables incluidas en el modelo. Por su parte, el último año del gobierno de Álvaro Colom, aunque con un nivel de endeudamiento superior a lo normal, logró empezar la corrección del déficit fiscal y mantener la inflación y las tasas de interés bajo control.

Para el presente año electoral se espera que la estabilidad económica no sea significativamente afectada por el proceso político. Esta tranquilidad económica se ve apuntalada por los bajos precios internacionales del petróleo y sus derivados, que se traduce no sólo en la inexistencia de presiones inflacionarias, sino también en un bajísimo nivel de déficit externo y una gran estabilidad cambiaria. La única amenaza es el tamaño del déficit fiscal. Si el gobierno logra mantener bajo control las presiones de gasto que tienden a producirse en los meses previos a las elecciones, el año 2015 podría pasar a la historia como uno de los años electorales de mayor estabilidad macro. Sin embargo, el gasto público al mes de febrero (con las últimas cifras disponibles) ya parece estar muy acelerado. Esa será la variable clave a vigilar este año electoral.

Se Busca un Líder Como Simeone

¿Es posible para un Estado como el guatemalteco extraer lecciones del liderazgo del “Cholo” Simeone?

Aprovechando los aires veraniegos, divaguemos un poco sobre lo que un país como el nuestro, hambriento de liderazgos inspiradores, puede extraer como lecciones desde el lejano ambiente del futbol profesional; ese donde el líder de moda es un hombre que convirtió a una institución fallida y destrozada por dentro, en un ejemplo de resurrección y esperanza.

Bajo el liderazgo de Diego “el Cholo” Simeone, el club Atlético de Madrid no sólo recobró el prestigio perdido, sino que logró obtener más títulos en sus tres años como entrenador que todos los que el club obtuvo en los 25 anteriores. ¿Es posible para un Estado como el guatemalteco, que coquetea con el colapso y el suicidio colectivo, extraer lecciones del liderazgo de Simeone?

Son cinco las claves de ese liderazgo que, si fueran adoptadas por nuestros dirigentes, quizá conjurarían el espectro del Estado fallido. La primera clave es creer que se puede. El Cholo encontró un Atlético de Madrid en decadencia, con una dirigencia corrupta y sin credibilidad, financieramente deficitario y con muy escasos logros (hasta con un descenso breve a segunda división). Algo parecido a nuestro país.

El Cholo, que había conocido otro Atlético distinto (luchador en las adversidades, capaz de hacerle frente a los más grandes –con muchos menos recursos- y orgulloso de su historia), le inyectó a jugadores, dirigentes y afición un espíritu de optimismo, de fe en sí mismos e ilusión compartida. Y les dijo a todos que “el que no crea, que no moleste”. Cuánto bien le haría a Guatemala, sumida en la anomia y el cinismo colectivo, un liderazgo que nos hiciera creer que podemos ser un país exitoso; que podemos ser una sociedad más próspera y solidaria; que podemos decirle al que no quiera compartir esa fe que no moleste.

La segunda clave es el trabajo en equipo. Simeone encontró un club dividido en facciones, donde cada quien se conformaba con dar lo mínimo y nadie confiaba en nadie. Parecido a la Guatemala de hoy. Pero el Cholo, así como inyectó optimismo, también infundió una buena dosis de realismo: sólo el trabajo duro produce frutos; sólo con perseverancia se puede mejorar. Contrario a lo que prometen los políticos tercermundistas, no hay soluciones mágicas. Eso significa, lo mismo para un club de futbol que para una sociedad, que el trabajo en equipo implica que cada quién haga lo que le toca y contribuya con lo que el otro hace.

La tercera clave es la ilusión por ganar. El Atlético que encontró Simeone se arrastraba en la mediocridad de la media tabla; y, ante la frustración generalizada, tenía más de diez años de no vencer a su más acérrimo rival (el otro equipo de Madrid). Como Guatemala, que tiene años de no salir de los peores lugares en los índices de desarrollo humano, de competitividad o de transparencia. Pero el Cholo devolvió la ambición  a su equipo, les inculcó un estilo y unas señas de identidad  a las cuales se aferraron hasta lograr el éxito. Eso sí, con flexibilidad, dispuestos a adecuarse a las circunstancias, sin perder de vista su objetivo: ser tan competitivo como los otros y, de paso, vencer de nuevo –y repetidamente- a su rival histórico.

La cuarta clave es ir partido a partido. Al sumar fe, trabajo y ambición, resulta importante ahuyentar los fantasmas del pasado tanto como los del futuro. Lo que importa es el próximo partido; no el de ayer ni el de mañana. Para Guatemala, eso significaría dejar en el pasado los traumas de la confrontación y no angustiarse porque otros países nos lleven la delantera; concentrarnos en lo problemas de hoy: la corrupción, la desnutrición y la debilidad institucional. Si vamos partido a partido podemos mantener la visión de largo plazo pero centrando los esfuerzos en los temas urgentes del momento.

La quinta clave es pasión y orgullo. Simeone sabía cuando llegó como entrenador que, pese a sus horas bajas, el Atlético de Madrid era un equipo altivo, de arraigo y tradiciones; con un pasado del cual enorgullecerse y con una base social valiosa. Como Guatemala, pues. Y a partir de ese orgullo y de esa base pudo recobrar la dignidad y obtener éxitos, partido a partido. Quizá reflexionando sobre estas trivialidades durante el descanso de Semana Santa, podamos ser capaces de pensar que con un liderazgo de ese estilo tal vez Guatemala tendría un mejor futuro.

Prosperidad y Globalización

Aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades

La semana pasada, la inauguración de la suntuosa sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemana, fue objeto de agresivas manifestaciones anti-capitalistas. Una prueba más de que la globalización y el capitalismo están bajo ataque ideológico. La crisis financiera de 2008, el estancamiento de las clases medias en muchos países industrializados y las evidentes inequidades en los países pobres han sembrado dudas sobre la capacidad del sistema de crear una sociedad más funcional y justa.

Aunque esa sea la percepción generalizada, la realidad incontestable –basada en evidencia numérica- es que el capitalismo ha generado aumentos masivos en los niveles de prosperidad, especialmente en Occidente, durante los siglos XIX y XX. En décadas recientes, el sistema capitalista ha sacado rápidamente a cientos de millones de personas de la pobreza en muchos países emergentes.

La principal virtud del capitalismo no es tanto que sea el sistema más eficiente para asignar los recursos escasos (tal como los economistas lo vemos), sino que ha sido un sistema capaz de generar innovación y de producir soluciones concretas a problemas humanos (desde transporte veloz, hasta antibióticos que salvan vidas). Si se entiende por prosperidad el cúmulo de soluciones disponibles para resolver problemas humanos, entonces el capitalismo (y sus episodios recurrentes de globalización) ha hecho un gran trabajo en favor de la prosperidad. Ningún otro sistema económico ha logrado generar más soluciones a los problemas materiales de la humanidad en tan corto tiempo.

Y lo  ha logrado creando un entorno donde los incentivos generan una oferta abundante de soluciones a los problemas cotidianos, donde se seleccionan las mejores soluciones mediante la competencia y donde las mejores soluciones se multiplican a la vez que las peores soluciones se eliminan. Ese es el proceso generador de soluciones al que el gran economista Joseph Schumpeter denominó “destrucción creadora”.

Pero el mercado libre, que es el plasma en el cual flota el capitalismo, suele tener fallas; y cuando éstas surgen, el Estado (la sociedad y sus pactos) entra a regular el mercado para que funcione bien, favoreciendo a los procesos económicos que resuelven problemas. Esa intervención estatal en pro del mercado contribuye a construir confianza y cooperación (capital social) que también contribuyen a la prosperidad.

Las olas recurrentes de globalización, que profundizan y esparcen el capitalismo, han sido acusadas de muchas falencias económicas y sociales. Pero un gran número de estudios ha comprobado la influencia positiva que la globalización ha tenido sobre muchas variables clave. Varios de esos estudios, que están basados en el Índice de globalización (un indicador que mide la conectividad, integración e interdependencia global de los países en las esferas cultural, ecológica, económica, política, social y tecnológica), recopilado y procesado por el Instituto de investigación económica KOF de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, demuestran que la globalización ha incrementado el crecimiento económico, ha promovido la igualdad de género, y ha mejorado el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, dichos estudios revelan un aspecto negativo: aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades. Este resultado indeseable es contrario a lo que la teoría de la ventaja competitiva (formulada por David Ricardo, uno de los padres de la ciencia económica) habría predicho. La teoría de Ricardo sostenía que el libre comercio tendería a elevar los salarios de los trabajadores de menores ingresos (tal como ocurrió en la globalización del siglo XVIII). Pero no se replicó en la globalización actual.

Una explicación a este enigma ha sido esbozada por el premio Nobel Eric Maskin: la era de la informática ha hecho que sean las clases medias de los países pobres las que se beneficien más al igualarse, a través de la conectividad, con las clases medias de los países ricos. Los más pobres de los países pobres, en cambio, han quedado aislados y rezagados. Si esa teoría es válida, Maskin plantea un desafío esencial a quienes creemos en la globalización: ¿cómo aprovechar sus innegables beneficios sin condenar al rezago a los más pobres entre los pobres?

Rotondas Trágicas

Ni autoridades, ni conductores, parecen estar preparados  para aprovechar las ventajas que ofrecen las rotondas

La semana pasada ocurrió un terrible accidente, de unas dimensiones realmente trágicas. Ingrid Batén, una joven de 15 años recién venida a la capital desde Momostenango, murió cuando se dirigía a bordo de la palangana de un picop rumbo a su primer día de trabajo. En la rotonda del monumento a la Guerra Nacional contra los Filibusteros, donde convergen la Avenida de la Reforma y calle Mariscal Cruz, el picop fue embestido por otro vehículo, Ingrid salió despedida y murió al caer al pavimento. Sus sueños de superación se truncaron en un segundo.

Es paradójico que esto haya ocurrido una rotonda pues, en teoría, estos mecanismos de distribución vial son más seguros que otros sistemas (como los semáforos). Pero acontece que en Guatemala ni las autoridades ni los conductores parecen tener los conocimientos y actitudes necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas que ofrecen los redondeles.

Las rotondas (redondeles o glorietas) son mecanismos para distribuir el tránsito de vehículos en una intersección de dos o más calles, que la convierte en un círculo –en cuyo centro suele haber un monumento- donde los vehículos circulan en un solo sentido (contrario a las agujas del reloj). La glorieta debe tener dos carriles y regirse por unas sencillas reglas: el vehículo que ya está incorporados tiene derecho de vía; quien quiera incorporarse puede hacerlo en la vía externa del círculo, cediendo el paso a quien ya venga (a su izquierda) incorporado; quien circule en el carril interno puede hacerlo continuamente, pero deberá trasladarse al carril externo para cruzar hacia alguna de las calles que convergen a la rotonda.

Cuando autoridades y conductores conocen y aplican esas reglas, las glorietas tienen múltiples ventajas. Reducen la congestión de vehículos pues no exigen que se hagan paradas completas (a menos que sea necesario) o prolongadas (lo cual los hace menos contaminantes); son más baratos de operar (una vez construidos) que los semáforos; y ofrecen mayor seguridad: según el Departamento de Transporte de Estados Unidos,  al sustituir encrucijadas por rotondas se reducen los accidentes en 35%, el consiguiente número de heridos en 76% y el de fallecidos en 90%.

Por eso, y por su estética, las glorietas han proliferado desde que se construyó la primera en Letchworth, Inglaterra, en 1909. Hace 20 años habría unas 30 mil rotondas en el planeta; hoy debe haber más de 60 mil. Los franceses son particularmente aficionados a las glorietas, que se apegan a su visión estético-monumental; pero también en Estados Unidos están cobrando popularidad: en la última década se han construido más de 2 mil de ellas. En Australia hay más de 8 mil, y también abundan en Hong Kong, Israel  y Jordania.

Lo malo es que en países con menos cultura vial que aquellos (es decir, en países subdesarrollados) las rotondas pueden ocasionar más problemas que beneficios. Si los conductores y autoridades no saben –o no respetan- las reglas, las glorietas son garantía de caos, congestionamientos y accidentes. Muchas rotondas en ciudades como Nairobi, Bagdad, Guatemala o Quetzaltenango han tenido que ser descongestionadas mediante la permanente presencia de policías de tránsito.

Además de la ignorancia de las reglas, las glorietas generan problemas cuando están mal diseñadas o se ubican en intersecciones de tránsito pesado. Por ejemplo, la rotonda de Mariscal, en la zona 11 capitalina, sólo tiene un carril de ancho; o las de Cayalá, que fueron construidas sin considerar la enorme densidad del tránsito que albergarían. Al final, muchas glorietas citadinas han debido ser eliminadas (en su concepción original), como lo atestiguan muchas exrotondas a lo largo de las avenidas de las Américas y Reforma.

Pero para las rotondas sobrevivientes, bien vale la pena tratar de rescatar sus virtudes estéticas y de facilitación del tráfico. Ello requiere de voluntad y compromiso de parte de los conductores; pero también demanda esfuerzo de las autoridades municipales para construir adecuadamente las glorietas, señalizarlas y educar a los usuarios; también de las autoridades de Tránsito, para que las licencias de conducir no se otorguen corruptamente al mejor postor, sino a quien llene los requisitos indispensables. Así se evitarían tragedias como la que le costó la vida a Ingrid Batén.