El Imperio de la Ley

El mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto

La existencia de instituciones eficientes es un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones. Las instituciones son la manifestación de las reglas, normas, tradiciones y convenios sociales, producto de la interacción de factores culturales, históricos, políticos y económicos que se van consolidando en el tiempo. Entre estas manifestaciones destaca el imperio de la ley, que implica la presencia de una justicia independiente, pronta y cumplida, así como de regulaciones objetiva de las relaciones económicas y sociales.

Sin imperio de la ley no es posible el desarrollo económico y social; el propio mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto. Con esto en mente, resulta útil analizar los resultados del Índice del Imperio de la Ley (Rule of Law Index), elaborado por el World Justice Project –WJP, una ONG estadounidense- y publicado hace pocos días, donde se incluye una evaluación del caso de Guatemala (http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index). Este índice busca dar una visión multidimensional del grado en que los países cumplen con aplicar el imperio de la ley.

Para calcular el índice se realizaron más de cien mil encuestas a ciudadanos y expertos en 99 países; para el efecto, utiliza 47 indicadores agrupados en 8 grandes dimensiones del imperio de la ley: (1) las limitaciones a los poderes del gobierno –su sistema de pesos y contrapesos-; (2) la ausencia de corrupción –desde sobornos hasta tráfico de influencias-; (3) la aplicación del gobierno abierto –accesible a las consultas y participación del público-; (4) el respeto a los derechos humanos fundamentales; (5) el orden y la seguridad de las personas y su propiedad; (6) el cumplimiento de las normativas legales y administrativas; (7) la justicia civil; y, (8) la justicia penal.

Los resultados para Guatemala no son nada halagüeños: el país ocupa el puesto 83 (de 99 países calificados) y, a nivel de Latinoamérica, ocupa el lugar 13 (entre 16 países). El puntaje total otorgado a nuestro país fue de 0.44 puntos, en una escala que va de 0.00 a 1.00, lo cual nos pone en la misma categoría de países como Madagascar, Irán, Sierra Leona o Nicaragua.

Guatemala muestra bajas calificaciones en todas las dimensiones evaluadas. En el área de limitaciones a los poderes del gobierno, el país obtuvo 0.52 puntos (ligeramente mejor que el promedio de países de ingresos medios-bajos, como el nuestro) y ocupa el puesto 59 del ranquin, donde aún muestra graves falencias en materia de la efectividad de la Contraloría de Cuentas y de las sanciones a funcionarios. En la dimensión de ausencia de corrupción la calificación fue de 0.37 puntos (puesto 76), denotando malas calificaciones en los indicadores de corrupción en los tres Organismos del Estado. En la aplicación del gobierno abierto la calificación fue de 0.45 (puesto 57). En cuanto al respeto a los derechos fundamentales, la calificación fue de 0.56 (puesto 57), con buenas calificaciones en materia de libertad de expresión y de asociación, pero muy malas en materia de discriminación y derechos laborales.

En la dimensión de orden y seguridad ciudadana, la calificación fue de 0.56 (ocupando el puesto 92 del ranquin) que refleja la situación de criminalidad y violencia imperante. En el área de cumplimiento de la normativa el punteo fue de 0.39 (puesto 85), debido a los problemas de  irrespeto a las normas y al debido proceso. En cuanto a la justicia civil, el punteo fue de 0.36 (puesto 93, de 99), reflejo del poco acceso a la justicia y a la prevalencia de retrasos maliciosos. Y, finalmente, en la dimensión de justicia penal, la calificación fue de 0.30 (puesto 93) que, entre otras falencias, refleja debilidades en la investigación y en el sistema penitenciario.

El estudio de este índice puede constituir una buena guía para una necesaria agenda de reforma al sistema de justicia. De nada sirve a una nación contar con políticas económicas y sociales adecuadas si no cuenta al mismo tiempo con reglas de juego adecuadas y que se hagan cumplir. En este sentido, el imperio de la ley y, en particular, el sistema de justicia, son el fundamento de un sistema que nos brinde seguridad, que resuelva pacíficamente las disputas que surgen en cualquier sociedad, y que nos permita prosperar.