Los Admirables Migrantes Guatemaltecos

Tres características distinguen a los guatemaltecos de otros grupos nacionales que han migrado hacia los Estados Unidos: son  muy dinámicos, sumamente productivos y extraordinariamente solidarios

Las remesas familiares continúan viniendo a raudales. De enero a junio del presente año han crecido casi en 10% (hasta alcanzar los US$ 3.2 millardos) respecto del mismo periodo del año previo. Ya los US$ 5.1 millardos que ingresaron en todo 2013 representaron más del 9.5% del Producto Interno Bruto –PIB-. Lo más probable es que el flujo de remesas continúe creciendo en los próximos años, pese a las adversidades que enfrentan los migrantes en el marco de una poco meditada y desordenada política anti-migratoria del gobierno estadounidense.

Si bien las remesas sólo son la manifestación más visible de lo que nuestros compatriotas en el exterior son capaces de ser y hacer, es escasa la información sistemática y confiable que nos permita comprender al conglomerado de guatemaltecos en el exterior. Por eso resulta oportuno y refrescante el “Perfil de la población de origen guatemalteco en Estados Unidos”, elaborado por Jesús Cervantes y publicado en junio pasado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El referido perfil contiene cifras de encuestas realizadas en 2012 que proporcionan información valiosa sobre nuestros connacionales en el Norte. Más del 87% de los guatemaltecos residentes en el exterior están en los Estados Unidos. Los 859 mil chapines nativos que vivían en ese país en 2012, junto con los 383 mil guatemalteco-estadounidenses de primera generación, hacían que la población de origen guatemalteco superara los 1.2 millones, el décimo país con más habitantes en el gigante del Norte. El 46% de esos guatemaltecos se concentraba en cinco áreas metropolitanas: Los Ángeles, Nueva York, Distrito de Columbia, Miami y San Francisco.

Las cifras publicadas muestran que los migrantes guatemaltecos comparten una serie de características particulares, entre las que pueden resaltarse su enorme dinamismo, su asombrosa productividad y su impresionante solidaridad.

Entre 1990 y 2012 el número de emigrantes guatemaltecos aumentó a una tasa de 6.3% anual, más del doble que el crecimiento poblacional en Guatemala. El ritmo de migración se aceleró entre 2000 y 2007 (con más de 42 mil migrantes anuales), pero se desaceleró luego de la crisis económica mundial (con cerca de 23 mil anuales). Aún así, el flujo de guatemaltecos creció en este período a una velocidad superior a la de la mayoría de los otros principales grupos de inmigrantes a Estados Unidos.

Pero el grupo de migrantes chapines no sólo es muy dinámico, sino también es muy productivo. Los migrantes guatemaltecos –que se emplean principalmente en la construcción, las manufacturas y ciertos servicios- generaron en 2012 ingresos por unos US$15.5 millardos, cifra que equivale al 31% del PIB de Guatemala.

A pesar del bajo nivel de escolaridad del migrante guatemalteco (sólo el 22% de los guatemaltecos migrantes había estudiado después de la secundaria, contra un 47% del total de inmigrantes a Estados Unidos), en promedio cada guatemalteco en Estados Unidos percibió unos US$18 mil anuales, cinco veces más que el ingreso promedio de los que permanecemos en Guatemala, lo que sugiere que el ambiente económico estadounidense en mucho más propicio para que los guatemaltecos desarrollen su potencial productivo. Si a esto agregamos que sólo un 25% de los chapines en Estados Unidos están por debajo de la línea de la pobreza (contra el 50% en Guatemala), entendemos por qué el incentivo para migrar –en términos de ingreso y bienestar- es más grande que los riesgos que entraña la travesía hacia el Norte.

Otra característica de los migrantes guatemaltecos es su solidaridad. Los hogares de migrantes guatemaltecos incluyen un porcentaje (19%) de no-familiares mucho más elevado que el de otros grupos de migrantes, lo que es indicativo de las redes de solidaridad que se suelen generar entre los chapines en el Norte. Pero, sobre todo, los migrantes guatemaltecos son extraordinariamente solidarios con sus compatriotas que se quedaron en casa: el 30% de los ingresos de un migrante promedio son enviados como remesas de vuelta a Guatemala. En contraste, un inmigrante turco (valga el ejemplo) enviaba a casa menos del 0.5% de sus ingresos. Dinámicos, productivos y solidarios, eso –y no delincuentes- son los admirables migrantes guatemaltecos.

Fregados, pero Contentos

Guatemala con un 83% de los encuestados manifestando un alto grado de "satisfacción vital" está, como no podía ser de otra manera, entre los cinco países más felices del mundo

Aunque incomprendido y criticado, el Producto Interno Bruto –PIB- continúa siendo la estadística económica primordial de cualquier país y una variable fundamental para las decisiones de política económica. Sin embargo, el reproche más común que se le hace al PIB se basa en la obviedad de que la vida y el bienestar de las personas abarcan mucho más que la economía y los bienes materiales.

Incluso como medida de la producción de bienes y servicios, el PIB presenta muchas limitaciones: sólo mide los flujos (y no el stock) de los bienes materiales; no toma en cuenta el deterioro ambiental; sólo mide lo que se produce dentro de las fronteras del país; y, claro, no nos dice cuán felices somos o cuán satisfactoria es nuestra vida.

Esas críticas pueden ser válidas, pero están fuera de foco. De mismo modo que no debe esperarse que una radiografía o tomografía nos diga cuán confortable se siente un paciente, tampoco puede pedirse que el PIB nos diga más allá de aquello para lo que fue diseñado. El PIB mide el desempeño productivo de la economía; la efectividad con la que ese potencial productivo se utiliza es un tema importante, pero diferente.

Ciertamente el PIB per cápita es un indicador muy limitado para medir el bienestar, y es precisamente por ello que existe toda una paleta de indicadores del desarrollo social. Entre ellos destaca el Índice de Desarrollo Humano –IDH- que, además del ingreso per cápita, clasifica a los países según su esperanza de vida y su nivel educativo. El último IDH del 24 de julio pasado colocó (de nuevo) a Noruega en primer lugar y a Estados Unidos en el quinto. Guatemala está en el puesto 125, mientras que Níger y el Congo ocupan los últimos lugares (186 y 187).

Pero el IDH tampoco es una medida infalible del bienestar de las personas. Por eso han surgido otros índices basados en encuestas que, subjetivamente, preguntan cómo se sienten las personas respecto de su bienestar y su felicidad. En los años setenta del siglo pasado, el economista Richard Easterling comparó el nivel de ingresos con el nivel de satisfacción personal para un gran número de países. Su hallazgo (que se conoció como la Paradoja Easterling) fue que, al interior de los países, mientras más alto era el nivel de ingreso, más elevada resultaba la satisfacción de las persona; pero eso no ocurría al comparar a los países entre sí: los de menor nivel de ingresos podían mostrar niveles de satisfacción más elevados que los países más ricos.

Dicha paradoja continuó teniendo vigencia con el World Values Survey (1999-2002), una encuesta realizada en más de 80 países en la que los encuestados calificaban su grado de "satisfacción vital" y su "sentimiento de felicidad". Al comparar la tasa de satisfacción de cada país con su renta per cápita, se comprueba que en general a más renta más satisfacción, pero con enormes variaciones: con una similar renta per cápita, hubo tasas de satisfacción (de 1 a 10) muy divergentes entre el 6.5 de Japón y el 8.3 de Dinamarca, o entre Turquía con 5.5 y México con 8.

Hace unos días The Economist publicó una comparación similar entre el más reciente IDH contra datos de una encuesta de Gallup a nivel mundial que preguntaba si el día anterior las personas habían reído o sonreído, y si se sentían descansadas y respetadas. Con este indicador, Paraguay resulta ser el lugar más feliz del planeta con un porcentaje de “emociones positivas” de 87%. Chad es el más infeliz con 52%. Guatemala con 83% está, como no podía ser de otra manera, entre los cinco países más felices del mundo.

Y la paradoja Easterling sigue presente: hay poca correlación entre el ingreso monetario y el indicador de felicidad. Por ejemplo, Lituania tiene una puntuación de felicidad de un 53%, pero su nivel de ingreso debería haberla ubicado cerca del 70%. En contraste, otros países como Mali, Nicaragua o, por supuesto, Guatemala, son mucho más felices de lo que sus niveles de ingreso sugieren.

Quizá también el sentirse feliz tenga que ver con aspectos culturales: los europeos orientales o los asiáticos centrales se siente menos positivos a pesar de tener niveles de vida razonables, mientras que los de América Latina, con menos nivel de ingreso, tienden a ser alegres. Los cinco países más felices (incluyendo Guatemala) son latinoamericanos. Por algo será.

Inversión, Empleo y Desidia

Guatemala contó con tiempo suficiente para tener este debate sin las prisas que ahora lo obscurecen y dificultan

El debate que se ha generado en torno a la denominada ley de promoción de la inversión y el empleo, aunque sano como todo debate que busque el bien de país, revela en el fondo las enormes debilidades institucionales, la escasez de datos fidedignos y la falta de previsión con la que el país tiende a resolver este tipo de desafíos.

Resulta crucial, en primer lugar, tener muy claro que la promoción de un ambiente favorable para los negocios se alcanza, principalmente, por medio del establecimiento de un marco jurídico e institucional que garantice la suficiente seguridad y certeza jurídica para el resguardo de las inversiones, la libre competencia del mercado, una política económica ordenada y predecible, y un capital físico (infraestructura) y humano (salud y educación) adecuados. Estos deberían ser los aspectos prioritarios de cualquier política pública de promoción de la inversión y el empleo.

En ese sentido, las propias autoridades promotoras de la iniciativa 4644 han reconocido que esta ley sólo toca una pequeña parte del andamiaje para la construcción de un ambiente propicio para la inversión y que no es la panacea milagrosa que por sí sola resolverá los evidentes rezagos de Guatemala.

Cabe recordar que el Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa de ley en enero de 2013, con el fin de “incentivar las inversiones, incrementar el empleo y mejorar la competitividad para promover el desarrollo de las zonas desfavorecidas del país”. En la práctica, persigue dos propósitos: por un lado, debido a que la Organización Mundial del Comercio –OMC- prohíbe cierto tipo de subvenciones que el Estado Guatemalteco aún otorga con base en los decretos 29-89 y 65-89 (leyes de maquilas y de zonas francas), el gobierno considera necesario impulsar un marco legal que los sustituya; y, por otro, aprovechando la coyuntura, se busca crear otros incentivos “de nueva generación” que sean compatibles con la normativa de la OMC que Guatemala está obligada a cumplir.

Si bien es cierto que, desde el punto de vista teórico, este tipo de incentivos –que a fin de cuentas son simples privilegios fiscales- no debería ser el ideal para generar inversiones, también lo es que, en la práctica, hoy día más de 130 países (miembros de la OMC) tiene en vigencia alguno de ellos y que en Guatemala han servido para crear al menos 150 mil puestos de trabajo directos.

El debate sobre los costos (pérdidas fiscales) y beneficios (empleos generados) de los incentivos es sano. El tema de fondo es que tales incentivos deben ser, por naturaleza, temporales y que Guatemala tuvo tiempo más que suficiente para tener este debate sin las prisas que ahora lo obscurecen y dificultan.

Guatemala es miembro de la OMC desde 1995 y todo el mundo sabía que, conforme a las reglas de dicho organismo en pro del libre comercio, debían eliminarse los privilegios (subsidios) a las exportaciones a partir de 2002. Antes de que se venciera el plazo hace doce años, junto con otros países en desarrollo logró que le la OMC les diera una prórroga de cinco años, hasta 2007, para desmantelar los subsidios. Al finalizar este plazo, de nuevo, un grupo pequeño de países –Guatemala entre ellos- que no habían hecho su tarea, rogó a la OMC y logró de ésta una última e improrrogable extensión del plazo, que concluye a finales de 2015.

En cada una de esas oportunidades, y durante todos esos años, se hizo muy poco –casi nada- para que el país cumpliera sus compromisos con la OMC y se adaptara a la nueva realidad del comercio y la competitividad internacional. La desidia imperó en todos los estamentos que debieron preocuparse y ocuparse de tomar las medidas oportunas y no tener que estar a última hora, como estamos hoy, improvisando las soluciones.

Somos muchos quienes tenemos algún grado de responsabilidad por esa dejadez de los diez años anteriores: ministros y funcionarios a cargo de las políticas tributarias, de comercio y competitividad; dirigentes gremiales y empresariales; tanques de pensamiento, analistas y formadores de opinión; dirigentes políticos y líderes sociales. Lo sensato ahora sería dejar de lado los reproches y las descalificaciones, cesar en la búsqueda de ventajas y de tratos especiales, y en vez de ello centrarse en buscar una salida pragmática y pronta de este agujero en que nos dejamos caer.

Los Migrantes y Sus Repercusiones

En el marco de la tragedia humana personificada en los cientos de niños guatemaltecos que, sin la compañía de sus padres, son arrestados y deportados desde Estados Unidos, es importante que las autoridades y líderes cobren conciencia de que las políticas contra los migrantes ilegales son nocivas (para ambos países) desde un punto de vista económico

El endurecimiento de las medidas anti-migrantes, aunado al creciente flujo de connacionales hacia los Estados Unidos, ha desvelado y agravado una tragedia humana, con su particular incidencia en los menores de edad. Esta tragedia debería obligar a las autoridades y a la opinión pública a ver este fenómeno con todas sus aristas, incluyendo el hecho –demostrado a lo largo de la historia- de que las migraciones tienen, en balance, un efecto positivo tanto para el país emisor como para el receptor.

La migración se produce fundamentalmente por un estímulo económico: un trabajador en Guatemala percibe un salario mucho menor que el de un trabajador guatemalteco (con igual nivel de educación y experiencia) en Estados Unidos. Esta brecha salarial refleja diferencias de productividad derivadas de las disparidades en infraestructura, instituciones y competencias: el guatemalteco gana más allá porque allá es más productivo pues cuenta con mejor tecnología, infraestructura e instituciones.

A más migrantes, más producción global y más bienestar general. Sin inmigrantes, la economía estadounidense habría sufrido una ralentización de su crecimiento, escasez de mano de obra y una consecuente alza de precios. Lamentablemente, muchos ciudadanos y líderes estadounidenses se oponen a los inmigrantes que aportan las capacidades y fuerza de trabajo necesarias para fortalecer el desempeño económico de su país, incluyendo mejores salarios y mayor bienestar para todos (en ambos países).

No hay que negar que el creciente número de emigrantes guatemaltecos evidencia la incapacidad del país de otorgar oportunidades a sus ciudadanos para su realización material y humana. Pero este fenómeno también revela la capacidad de los guatemaltecos de ser productivos cuando cuentan con un entorno adecuado (en términos de infraestructura, imperio de la ley y oferta de oportunidades) que les permite generar ingresos para subsistir y para enviar excedentes a casa.

Las remesas son muy importantes en al menos dos aspectos fundamentales de la economía nacional. En primer lugar, representan un flujo de divisas crucial para que el país haga frente a su déficit comercial. En 2013, el déficit comercial (exportaciones menos importaciones) ascendió a casi US$7.5 millardos, equivalente a 13.9% del PIB. Las remesas alcanzaron ese año los US$5.1 millardos. Gracias a ello, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (que es el saldo que en verdad el país debe financiar desde el exterior –con préstamos públicos y privados, e inversión extranjera-) sólo llegó a ser de US$1.5 millardos, equivalente a 1.7% del PIB, que es fácilmente obtenible en los mercados financieros internacionales. Sin las remesas familiares el país habría tenido graves problemas para financiar su déficit externo.

En segundo lugar, las remesas son una fuente de apoyo para el consumo privado, que es el principal motor del PIB. La producción del país, medida por la demanda agregada, depende en un 85% del gasto que realizan los hogares y, según varias encuestas sobre el destino de las remesas, la mayor parte de éstas se destina a gastos en consumo de bienes duraderos y no duraderos. De manera que el principal componente del PIB (el consumo) se sustenta en las remesas familiares.

Es importante enfatizar que las remesas son enviadas por los guatemaltecos que ya están en los Estados Unidos, y no por los nuevos flujos de migrantes. Lo anterior implica que, incluso si las medidas anti-inmigración fuesen efectivas (cosa de por sí muy dudosa), la remesas difícilmente se reducirán. Para que se diese una reducción en el flujo de remesas, el gobierno estadounidense debería deportar a una gran fracción del millón de guatemaltecos que habita en su territorio, y no sólo a una fracción de los nuevos inmigrantes (que es lo que está ocurriendo actualmente).

Las políticas contra los migrantes ilegales son perversas desde un punto de vista humanitario y de derecho internacional, pero también son nocivas (para ambos países) desde un punto de vista económico. Nuestra diplomacia debería insistir en los argumentos que demuestran sólidamente que una reforma migratoria que asegure un mejor trato a nuestros compatriotas emigrantes no es cuestión de pedir privilegios, sino que es un tema que entraña beneficios para ambos países.

Diez Mensajes Desde el Fondo

Resulta interesante intentar descifrar las recomendaciones que el FMI hace a las autoridades del país

En días recientes el Fondo Monetario Internacional –FMI- publicó su más reciente informe sobre la situación económica en Guatemala. Siempre resulta interesante y sugestivo intentar descifrar los mensajes (algunos muy claros y directos, en tanto que otros son más subliminales y crípticos) que el FMI envía a las autoridades y agentes económicos del país. He aquí una muestra de los principales mensajes que se desprenden del informe.

Primero: las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) deben mantenerse prudentes, para continuar manteniendo la estabilidad, manifestada en una inflación baja, una fuerte posición de reservas monetarias internacionales, un sistema financiero robusto y un déficit externo moderado. Las autoridades del banco central y del Ministerio de Finanzas es deben desviarse del manejo ortodoxo de las medias de política a su alcance.

Segundo: la finalización de la expansión monetaria en Estados Unidos pude generar episodios de volatilidad en los mercados financieros mundiales, que pueden ocasionar algunos daños a Guatemala. Las políticas macro ortodoxas son la mejor medicina preventiva ante estos riesgos.

Tercero: En cuanto a la gobernabilidad interna, el FMI ve que el estancamiento político en temas fiscales y presupuestarios, así como los problemas persistentes de recaudación y la inseguridad pública pueden impedir el crecimiento y amenazar la cohesión social. Las perspectivas de crecimiento no dependen sólo de las políticas macro, sino de manera más importante de un marco integral de políticas públicas.

Cuarto: aunque la política fiscal es en general adecuada, es muy frágil debido a que la reforma fiscal de 2012 fue insuficiente y sufrió serios reveses. La debilidad más importante en el campo de la recaudación la ubica el FMI en la ineficiencia de las aduanas.

Quinto: la política fiscal también se ve amenazada por la incertidumbre permanente que se cierne sobre la aprobación de préstamos multilaterales y de los presupuestos anuales. El mantenimiento de la estabilidad fiscal no depende sólo del Ministerio de Finanzas, sino que también del responsable funcionamiento del Legislativo.

Sexto: la inflación está bajo control, pero el ciclo internacional de bajos precios de los alimentos puede estar llegando a su fin, por lo que la política monetaria debería estar preparada para actuar en prevención de un aumento en las expectativas inflacionarias.

Séptimo: si no se logra aumentar la recaudación tributaria, existe un riesgo elevado de que el déficit fiscal aumente y, con él, la carga de la deuda pública. Aunque la deuda aún es baja, existe un elevado riesgo de que los mercados financieros endurezcan sus condiciones hacia países débiles como Guatemala, lo cual puede derivar en un encarecimiento del crédito no sólo al gobierno, sino al sector privado.

Octavo: como consecuencia de lo anterior, el déficit fiscal debe reducirse gradualmente, pero empezando ya mismo. No hay, pues, lugar para estar contentos con un déficit fiscal que, en los últimos años, no ha logrado bajar del 2% del PIB.

Noveno: es necesario aumentar los ingresos tributarios, no sólo para lograr la sostenibilidad fiscal, sino para permitirle al gobierno un mayor gasto que apoye la productividad y el crecimiento económico (es decir, gastos en salud, educación e infraestructura). Aquí el FMI es más atrevido y recomienda: mejorar la eficiencia de la administración tributaria –SAT-, reducir las exenciones y privilegios fiscales (incluyendo las que se están impulsando en el marco de la Ley de Inversión y Empleo) y reajustar (elevar, pues) la tasa del IVA en línea con las del resto de Centroamérica.

Décimo: es imprescindible mejorar la transparencia y calidad del gasto público. Las recientes reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto van en el camino correcto, pero son insuficientes. Un primer paso es eliminar la nefasta e ilegal “deuda flotante”, aplicando una auditoría confiable de su saldo y una estrategia transparente para su liquidación.

Algunos de los mensajes, encriptados o explícitos, son difíciles de digerir pero, independientemente de que las autoridades estén o no de acuerdo con las recomendaciones del FMI, bien vale la pena que las tomen en consideración y las analicen con serenidad. Y mejor hacerlo ahora que las circunstancias aún no apremian.

El Legislativo en la Encrucijada

No importa tanto el número de leyes que una legislatura apruebe, sino la calidad y trascendencia de las leyes aprobadas

El Congreso de la República está llamado a cumplir uno de los roles más trascendentales en el ordenamiento institucional del Estado. Sus funciones pueden agruparse en tres áreas: por un lado, la de fijar el marco legal (mediante leyes ordinarias, reformas constitucionales o marcos presupestarios); la de ejercer el control público y la fiscalización (vigilando al Organismo Ejecutivo, juzgando e interpelando a los funcionarios públicos ); y, finalmente, la de ejercer la representación política del pueblo (intermediando entre la sociedad y el Estado, eligiendo a otras autoridades –como la de la Contraloría de Cuentas-, o juramentando a los jefes de los otros dos poderes).

En ese contexto, no importa tanto el número de leyes que una legislatura apruebe, sino la calidad y trascendencia de las leyes aprobadas. En ello, el trabajo de la actual legislatura no difiere mucho de anteriores períodos. Lo que difiere es quizá la profundidad y prolongación de las discusiones en las comisiones legislativas y en el Pleno del Congreso: en la actual legislatura las aprobaciones de leyes han tendido a ser más expeditos –se han aprobado varias leyes con muy poca discusión en las instancias de discusión legislativa (comisiones y Pleno)-, lo que induce a pensar que las discusiones han tenido lugar fuera de las instancias legislativas.

Lo anterior hace que aumente el riesgo de que las leyes incorporen errores de redacción, de concepto o de sustancia (como las leyes tributarias o de telecomunicaciones). Sin embargo, también ha habido leyes (como las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría o a la ley Orgánica del Presupuesto) aprobadas mediante los procedimientos serios de legislación y que han sufrido un sano proceso de discusión en las comisiones legislativas que han permitido una buena calidad en la legislación aprobada.

Algo que ha marcado al Congreso ha sido el laxo uso del recurso de la Interpelación de funcionarios públicos como una estrategia de “filibusterismo” para obstaculizar la agenda del Ejecutivo, lo cual es posible debido al débil marco regulatorio para limitar el legítimo derecho de interpelación.

El abuso dicho derecho ha incidido en que el oficialismo recurra a la aprobación de leyes mediante procedimientos expeditos que, lamentablemente, excluyen el necesario proceso de discusión y debate en las instancias normales que todo Congreso debe utilizar: es decir, los debates en las Comisiones legislativas (donde se deben producir las consultas con la sociedad civil afectada por la legislación propuesta) y en el Pleno. Ello menoscaba el rol del Congreso como uno de los tres poderes en la estructura de pesos y contrapeses del Estado.

Lo anterior ha debilitado la imagen del Congreso ante la ciudadanía lo que, a su vez, refleja un insuficiente nivel de conciencia ciudadana y política sobre la importancia del Legislativo. Como la mayoría de países latinoamericanos, la tendencia del sistema es a concentrar el poder en el Ejecutivo, en detrimento de los otros dos Organismos (el Judicial y el Legislativo).

Estas debilidades tienen más que ver con el sistema de partidos políticos que con la actuación individual de los diputados. Es por ello necesario que haya reformas más profundas al sistema electoral y de partidos políticos a fin de contar con instituciones (partidos políticos) más representativos y legítimos, que permitan una participación más efectiva de la ciudadanía que, hasta hoy, prefiere organizarse e incidir políticamente mediante la organización social (no-partidaria) y el activismo público, en vez de hacerlo por la vía de la política partidista.

También es necesario  que se reforme la Ley Orgánica del Legislativo para regular los límites y alcances de la interpelación, como una herramienta de control parlamentario. La existencia de interpelación, consagrada en la Constitución Política, permite el control del Ejecutivo por parte del Congreso como parte del sistema de pesos y contrapesos de la República. Sin embargo, si bien es cierto que el derecho de interpelación tiene una prioridad específica y privilegiada, también lo es que la propia Constitución establece como función fundamental del Congreso la de legislar. Por ello, ninguna de las dos atribuciones del Legislativo debiese impedir el cumplimiento de la otra.

El Gasto Público y Su Eficiencia

La Ley de Compras y Contrataciones debe adecuarse para fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público

En los procesos de compras y contrataciones del Estado se han señalado, desde hace tiempo, de dos debilidades fundamentales y absolutamente indeseables: falta de transparencia y escasa eficiencia. Por un lado, la poca transparencia implica desconocimiento público de lo que se está llevando a cabo los procesos de compras de cada institución pública, lo cual no sólo impide a la ciudadanía tener certeza de que las contrataciones se hacen de manera competitiva, sino que abre puertas para actos de corrupción que ocasionan cuantiosas pérdidas al fisco.

Por su parte, la escasa eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y obras también genera cuantiosos costos fiscales. Estudios realizados por los bancos Mundial (BIRF) e Interamericano de Desarrollo (BID) sugieren que un marco normativo moderno (centrado en la Ley de Contrataciones) permitiría alcanzar ahorros de hasta un 15% (alrededor de Q2 millardos) en el presupuesto del Estado.

Resulta, pues, evidente que la Ley de Compras y Contrataciones debe adecuarse para fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público. Ahora bien, las reformas a la ley deben realizarse con cuidado técnico y pragmatismo, ya que si bien la ley vigente tiene debilidades, la principal es que no se aplica en la práctica: menos de la cuarta parte de los concursos públicos que se registran en el portal de Guatecompras se sujetan a los procesos de licitación regulados en la Ley, pues la mayoría de casos se realizan por compras directas y por los mecanismos de excepción.

Lo que las circunstancias demandan es acelerar una serie de reformas y ajustes puntuales a la ley que vienen trabajándose desde hace años, con el involucramiento de expertos nacionales e internacionales, pero que han avanzado muy poco ante la falta de voluntad política para aprobarlas. Estas reformas puntuales se refieren, en primer lugar, al fortalecimiento de la Institucionalidad involucrada en los procesos de compras y contrataciones.

Al respecto, los puntos más importantes a tratar se refieren a la necesidad de contar con una herramienta efectiva que permita registrar los bienes y servicios que el Gobierno adquiere, a fin de estandarizar las compras y crear una base de proveedores y contratistas pre-calificados para tener un récord de las empresas proveedoras del Estado que permita establecer su idoneidad (capacidad financiera, material y técnica) y calificar permanentemente su desempeño (con vistas, incluso, a sancionar o suspender a aquellas entidades que incumplan con sus obligaciones).

La reformas deben también introducir nuevas estrategias de contratación; por ejemplo, debe considerarse establecer una diferenciación de los distintos procesos de contratación y compras del Estado, ya que estos incluyen temas de naturaleza distinta, por lo que conviene distinguir los procesos de compra de bienes, de los de contratación de servicios y de los de contratación de obra pública.

Las estrategias de contratación deben incluir compras consolidadas y contratos abiertos para productos de consumo masivo, con el propósito de reducir precios, así como las subastas en reversa, en las que proveedores con semejantes condiciones de calidad deben ofertar a la baja y se adjudica al precio más favorable.

La modernización de la normativa debería tener también algún grado de flexibilidad, como, por ejemplo, en los casos de contrataciones en estados de emergencia pública o de desastre natural que requieren de un sistema que, respetando los controles financieros, permita al Gobierno contratar los servicios y obras necesarias para responder a circunstancias excepcionales.

Todo lo anterior requiere también de un fortalecimiento de los métodos para supervisar la obra pública y su ejecución que garantice la calidad y transparencia del gasto público, lo que involucra tanto a la Contraloría de Cuentas como a las unidades de control en las entidades contratantes que deben contar con la independencia y capacidad técnica necesarias.

Aunque los desafíos técnicos y políticos para su pronta aprobación son enormes, no cabe duda de que las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones constituyen uno de los esfuerzos prioritarios que el Congreso de la República debe emprender con carácter prioritario a fin de fortalecer la institucionalidad y transparencia del Estado.