¡No lo Puedo Creer!

A los ojos de una visitante del otro lado del mundo que visita Guatemala por primera vez, surge la imagen de un país extremadamente complejo 

Hace algunos días estuve reunido con  una analista de la Pacific Investment Management Company –Pimco-, quien con un grupo de enviados de distintos bancos de inversión hacía una gira por Centroamérica para evaluar la situación económica y política. Pimco es una empresa californiana que gestiona y administra activos de inversión de renta fija alrededor del mundo y es, de hecho, uno de los tres inversionistas en bonos más grandes del mundo, incluyendo bonos guatemaltecos (tanto gubernamentales como de empresas privadas).

Guatemala era la última escala de la gira que esta analista, originaria de subcontinente indio, hacía para evaluar los riesgos de las inversiones que su empresa (y las que otras empresas, a su vez, le confían a Pimco) en la Región. Era su primera visita a nuestro país y tuvo una primera impresión positiva, no sólo al ver las cifras macroeconómicas y los importantes montos de inversión que atraen los bonos guatemaltecos, sino también al percibir un cierto nivel de pujanza y modernidad relativamente mayor que en otras ciudades centroamericanas. Le resultaba evidente que Guatemala era el país más grande y con mayor potencial de los visitados.

Pero cuando la conversación giró hacia temas de productividad, pobreza y gobernabilidad, sus certezas comenzaron a desvanecerse. “No lo puedo creer”, me dijo al percatarse de la gran diferencia entre el PIB per cápita de Costa Rica (alrededor de US$9.3 miles en 2012) respecto del guatemalteco (US$3.5 miles) y, especialmente, al ver que el de El Salvador también era superior (US$3.9 miles).

Ciertamente no es fácil explicar cómo nuestro vecino inmediato muestra mucho mejores indicadores de nivel de vida, al tiempo que está sumido –desde hace años- en una situación macroeconómica bastante más frágil y riesgosa: enorme déficit externo, ingente desequilibrio entre gastos e ingresos fiscales, creciente endeudamiento público, altísima dependencia del financiamiento externo y, sobre todo, escasísimo dinamismo de los sectores productivos. En todas esas áreas el desempeño de Guatemala es notablemente superior.

A los ojos de una visitante del otro lado del mundo, junto a las cifras contradictorias surge la imagen de un país extremadamente complejo y con obvios síntomas de trastorno de identidad disociativo (o doble personalidad). Junto con la Guatemala de sólidos indicadores macroeconómicos, responsable manejo de la deuda, baja inflación y estabilidad cambiaria, coexiste la otra que duele ver, con indicadores africanos de desnutrición, mortalidad infantil, bajo desempeño educativo y corrupción.

Por un lado está el país cuyo clima para hacer negocios lo ubica en el puesto 79 a nivel mundial en el índice Doing Business, muy por encima de El Salvador, que ocupa el puesto 118. Por el otro, está la Guatemala donde la salud, la educación y el estándar de vida, que son los componentes principales del denominado Índice de Desarrollo Humano la ubican en el puesto 133, a la par de algunos de los países más pobres del planeta y lejos del puesto 107 que ocupa El Salvador.

Esta dualidad se manifiesta en dos aspectos clave: la pobreza y la falta de productividad. Ambos son las dos caras de la misma medalla. Los indicadores de persistente pobreza y desigualdad frenan el crecimiento y dificultan la gobernabilidad, mientras que la baja productividad y su lento crecimiento reflejan la ineficiencia de la economía informal donde se ocupa la mitad de la población y que no permite cerrar la brecha que nos separa de los países más avanzados.

Para superar esta situación es necesario revertir la históricamente baja productividad de la economía guatemalteca, enfrentando sus causas estructurales: informalidad económica, escasa infraestructura, regulaciones inadecuadas, insuficiente competencia y acceso al crédito (y, por ende, poca innovación). Además, la atención al capital humano necesario para la productividad es extremadamente precaria.

Mientras el Estado no tome las acciones necesarias para propiciar una mejora sustancial en el capital humano (salud, nutrición y educación), físico (infraestructura) y social (imperio de la ley e instituciones eficientes), nuestro país de doble personalidad seguirá pareciendo una alucinación increíble para los visitantes (e inversionistas) provenientes de lejanas tierras.

Instituciones Degeneradas

El gobierno representativo siempre ha sido un sueño difícil de alcanzar en nuestro medio

Hace cinco años que la gran crisis económica mundial alcanzó su clímax en las economías desarrolladas. Y hace un par de años que salió publicado un libro que, con una visión un tanto fatídica, anunciaba el declive de la civilización occidental y de sus grandes potencias. Niall Ferguson, historiador escocés y profesor en la universidad de Harvard, publicó en 2012 su pequeño, oportuno e interesante estudio La Gran Degeneración: Cómo Decaen las Instituciones y Mueren las Economías, que trata sobre el vínculo que existe entre las instituciones y el desempeño económico y social.

Ferguson ofrece en su libro en su libro una descripción de los factores que llevaron, en su visión, al estancamiento de las potencias occidentales. Los síntomas de este declive incluyen el aumento de la criminalidad, de la deuda pública, del envejecimiento poblacional, de la pobreza y de la desigualdad, acompañado de una reducción del crecimiento económico y de la calidad educativa, entre otros.

Detrás de esos síntomas está la degeneración de las instituciones, que son el intrincado marco en que las fuerzas sociales actúan para el progreso o caída de la civilización. Las cuatro instituciones básicas que, según Ferguson, constituyen los pilares de la civilización occidental son el gobierno representativo, el mercado libre, el imperio de la ley y la sociedad civil. Estas instituciones (y no la ubicación geográfica o el clima) fueron las que colocaron a las potencias occidentales en el camino del progreso, hasta su reciente decadencia.

Si esta visión, francamente pesimista, tiene muchos elementos que deben hacer reflexionar a los líderes de los países industrializados, resulta mucho más desafiante para países con menor grado de desarrollo, como Guatemala, no tanto porque nuestras instituciones estén en decadencia sino, lo que es peor, porque quizá nunca en nuestra historia hemos contado con ellas.

Muchos de los síntomas –y otros- que aquejan a las potencias de Occidente están entre nosotros desde hace tiempo: altos niveles de pobreza y desigualdad, criminalidad y comportamiento antisocial, insuficiente crecimiento económico, creciente insatisfacción con los servicios gubernamentales, juventud desempleada y desesperanzada. Y lo más preocupante, quizá, es que ni siquiera estamos dando los pasos necesarios para fortalecer los cuatro pilares institucionales antes mencionados.

El pilar del gobierno representativo siempre ha sido un sueño difícil de alcanzar en nuestro medio, poco acostumbrado a vivir en una democracia republicana en la que los pesos y contrapesos mantengan enfocados y controlados los poderes del Estado minimizando los riesgos de que se abuse del poder y se caiga en el autoritarismo, nefasto para la innovación y el ejercicio de la libertad individual. Lejos de consolidar un gobierno representativo, nuestros países parecen estar retrocediendo hacia un Estado patrimonialista, típico de sociedades premodernas cuya característica primordial es la tendencia de los poderosos a apropiarse de los bienes públicos.

El pilar del mercado libre no puede desarrollarse mientras la clase media sea tan pequeña, la pobreza tan generalizada, la innovación tan escasa y la competencia tan limitada. El mercado tampoco puede funcionar si el tercer pilar, el imperio de la ley, se ve impedido de funcionar debido a un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto.

Finalmente, el pilar de la sociedad civil –compuesta por las asociaciones, sindicatos, gremios y grupos de interés- no puede jugar su papel clave en la construcción de una sociedad próspera si sus líderes únicamente buscan privilegios, rentas y canonjías del gobierno o de gobiernos extranjeros, y si la ciudadanía permanece apática, pasiva e ignorante, limitando su participación únicamente a votar resignadamente cada cuatro años.

Una de las conclusiones del libro de Ferguson es la importancia que para la construcción de las instituciones esenciales, y para el progreso de las sociedades, reviste la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y las empresas privadas para resolver los serios problemas que nos afectan. Ello requiere que los líderes políticos, cívicos y empresariales de nuestro país asuman su responsabilidad con decisión y visión de país.

Para Incentivar la Inversión

Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados niveles de pobreza. Por ende, es necesario incentivar la inversión, lo cual no se logra con medidas de maquillaje, sino concentrándonos en los temas de fondo. 

La inversión es el factor clave para aumentar la producción y el bienestar de un país. Solamente la inversión (que aumenta la disponibilidad de capital en la economía) y la innovación pueden aumentar significativamente la frontera de posibilidades producción, ya que los otros factores de la producción o son fijos y no crecen –la tierra- o sólo crecen vegetativa y lentamente –el trabajo-.

La inversión es el único componente de la demanda agregada capaz de dinamizar la producción y responder sensiblemente a estímulos de política pública; los otros componentes de dicha demanda sólo responden a factores inerciales (el caso del consumo privado) o exógenos (las exportaciones), o no pueden ser sostenibles por periodos prolongados (el gasto de gobierno).

Por desgracia, Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados indicadores de pobreza del país. La inversión en Guatemala representa solamente un 15% del valor de la producción total (medida por el PIB), cuando el promedio de dicho porcentaje en Latinoamérica es de 23% ¡y en China 50%! Además, Guatemala atrae muy poca inversión extranjera directa en comparación con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que aumenten la inversión?

Guatemala brinda algunas condiciones favorables para la inversión: la inflación es relativamente baja y estable, la deuda pública es manejable, el sistema financiero es sólido, hemos tenido varias elecciones libres y democráticas consecutivas, los recursos naturales son abundantes, y el grado de apertura al comercio exterior es grande con un déficit exterior manejable. Por lo tanto, los obstáculos que impiden que crezca la inversión deben ubicarse en otros aspectos que son claves para que cualquier inversionista decida emprender un negocio en nuestro país.

Para empezar, el tamaño del mercado guatemalteco está muy limitado (en relación al tamaño de la población) debido al elevado porcentaje de la población en situación de pobreza (más de la mitad) y al consiguiente pequeño tamaño de la clase media, lo que hace que Guatemala sea un destino de inversión menos atractivo que otros países de similar dimensión. Esto no solo es resultado de la elevada concentración del ingreso sino que, principalmente, del escaso dinamismo de la producción, lo que configura un complejo círculo vicioso: una economía poco dinámica no es atractiva para la inversión, y la poca inversión impide un mayor crecimiento de la economía.

Todo ello es el resultado de que nunca hemos efectuado las reformas estructurales que otros países lograron implementar en los últimos veinte años. Entre las consecuencias de ese fracaso destaca la pobre infraestructura física, particularmente en carreteras que acerquen y conecten los mercados: mientras que la inversión en infraestructura representa el 10% del PIB en China y el 6% en India, es menos del 1% en nuestro país.

Otro factor de igual importancia es la baja productividad del trabajo, lo que está conectado con el bajísimo nivel educativo y con las graves deficiencias nutricionales prevalecientes. Asimismo, la rigidez del mercado laboral (ni siquiera contamos con un marco regulatorio del trabajo a tiempo parcial). A esto hay que agregar el clima de violencia y criminalidad que, junto con la corrupción generalizada, ahuyentan a cualquier inversionista bienintencionado. Y, para terminar, la ineficiencia y debilidad de las instituciones públicas (incluyendo una baja recaudación tributaria) impiden que el Estado pueda cumplir con proveer la infraestructura, salud, educación, seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión privada para florecer y contribuir con el crecimiento y prosperidad del país.

Para incentivar la inversión no existen soluciones mágicas; la tarea es difícil y los esfuerzos deben centrarse en las áreas enumeradas. No hay que empezar de cero: en el Congreso de la República existen iniciativas de ley que podrían coadyuvar al avance de las reformas económicas requeridas. Por ejemplo existe una iniciativa para regular el trabajo a tiempo parcial (iniciativa 4648) y otra para dar estabilidad jurídica y tributaria a la inversión (iniciativa 3996). Por allí podríamos empezar para lograr en el corto plazo algún avance concreto.

Después de la Crisis: Visión Optimista

Nuestro país sobrevivió esta crisis mundial de mejor manera que en otras crisis del pasado, y con menos problemas que los países vecinos

La semana pasada señalamos, en tono pesimista, que la gran crisis económica mundial del quinquenio pasado fue una oportunidad perdida para Guatemala ya que, a pesar de que nuestra economía superó con escasos rasguños los embates de la crisis, fracasó en las reformas (en educación, salud, infraestructura e instituciones) que eran necesarias para sacarle provecho (en términos de productividad y bienestar) a las muy favorables condiciones financieras que prevalecieron en los mercados internacionales, así como al nuevo entorno mundial post-crisis.

No obstante ello, es menester reconocer que nuestro país sobrevivió esta crisis mundial de mejor manera que en crisis anteriores (que fueron incluso de menor escala) y con un mejor desempeño que los países vecinos: la producción se estancó, pero no cayó; las exportaciones y el crédito cayeron, pero repuntaron luego rápidamente; la inflación y el tipo de cambio se mantuvieron bajo control. Viendo con lentes de optimismo, debemos admitir que este buen desempeño se debió a que, pese a todo, contamos con un conjunto aceptablemente bueno de instituciones y políticas macroeconómicas.

Un reciente documento de trabajo preparado por el economista José de Gregorio, publicado en diciembre  pasado por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, sobre la capacidad de resistencia y adaptación de las economías latinoamericanas ante la crisis mundial, pone los focos sobre aquellos aspectos que nos permitieron defendernos exitosamente de las muy adversas condiciones económicas mundiales. Según dicho estudio, se pueden distinguir cinco factores clave.

El primero es que, cuando empezó la crisis, contábamos con buenas condiciones macroeconómicas: el déficit fiscal era bajo (menor a 2% del PIB), la deuda pública estaba bajo control, y la inflación era baja y estable; todo ello permitió enfrentar la crisis con políticas fiscales y monetarias moderadamente anticíclicas, lo cual contribuyó a aliviar los efectos de la crisis.

El segundo factor es el marco de flexibilidad del tipo de cambio; no es que el quetzal (a diferencia de otras monedas) se haya devaluado durante la crisis, sino que el simple hecho de saber que el tipo de cambio podía ajustarse eliminó la tentación de especular contra el valor de la moneda, lo cual conjuró el riesgo de movimientos cambiarios bruscos como los experimentados en crisis previas.

El tercero es que tuvimos buena suerte: antes de la crisis gozamos de buenas condiciones y precios internacionales que hicieron crecer el valor de las exportaciones; además, en el caso de Guatemala esta buena suerte se vio complementada por una base exportable cada vez más diversificada y con penetración creciente en nuevos mercados.

El cuarto factor es la solidez y buena regulación del sistema financiero: los indicadores de solvencia, utilidades y calidad de la cartera estaban en franca mejora antes de la crisis, y mejoraron aún más una vez superado el primer año del shock externo (2009), lo cual hizo posible que el sistema financiero pudiera reiniciar rápidamente (en 2010) el crecimiento del crédito al aparato productivo.

El quinto fue el elevado nivel de reservas monetarias internacionales (más de US$ 5 millardos en 2009) que se venían acumulando durante los años pre-crisis a fin de evitar una apreciación abrupta del quetzal; esos niveles de reservas ayudaron a disuadir cualquier ataque contra la moneda y a eliminar cualquier temor de impago de las deudas con el exterior, al tiempo que proporcionaron un colchón ante la amenaza de falta de financiamiento externo durante la crisis.

Puestos, pues, a ver el lado positivo de la crisis, debemos sacar la conclusión de que la prudencia en la política fiscal, aunada a la existencia de las reglas claras e institucionalizadas en las políticas monetaria y financiera, fueron elementos fundamentales en el accionar de las instituciones públicas que deberían preservarse como un valioso activo de la economía nacional.

La lección que nos deja la crisis mundial que parece estar finalizando es que, como país pequeño y abierto, debemos preservar a toda costa la disciplina macroeconómica pero, al mismo tiempo, debemos emprender cuanto antes las reformas estructurales que nos permitan, por fin, emprender una ruta sostenida de prosperidad y desarrollo integral.

Después de la Crisis: Visión Pesimista

El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y para ello no hay que inventar el agua azucarada

Hace cinco años el crac financiero estadounidense explotaba como recesión mundial al contagiarse a la deuda soberana de varios países europeos. Guatemala sobrevivió esta gigantesca crisis económica mundial más o menos incólume. La lectura de dicha sobrevivencia puede hacerse con lentes pesimistas, que nos ayuden a sacar lecciones de la forma en que –como tantas veces- desaprovechamos la oportunidad que nos brindó la crisis de tomar medidas de largo plazo para progresar sostenidamente. O pude hacerse con lentes optimistas, que nos permitan ver las fortalezas –muchas veces menospreciadas- que nos ayudaron a afrontar la crisis. Pongámonos hoy los pesimistas.

El desafío de enfrentar la crisis, para un país pequeño y vulnerable como Guatemala, se dibujaba en dos planos. Por un lado, el del corto plazo, se trataba de adoptar medidas paliativas para reducir los costos y la duración del inevitable ajuste económico que conllevaba el shock externo; afortunadamente no caímos en la tentación de adoptar medidas populistas o antitécnicas para enfrentar el ajuste, pues ello solamente lo habría tornado más prolongado y costoso. Por otro lado, el del largo plazo, se trataba de prepararnos para el futuro, y allí no fuimos tan afortunados: aunque no caímos en el error de aplicar políticas equivocadas para atender la coyuntura, cometimos –una vez más- el igualmente grave error de desatender las políticas de largo plazo: nos dedicamos únicamente a lo urgente mientras relegamos lo importante.

Es una tragedia que, una vez superadas las amenazas de la crisis, Guatemala no haya avanzado en los aspectos que le permitan acelerar sostenidamente su crecimiento económico y reducir la pobreza. Un estudio que por aquellos años de inicios de la crisis publicó el Banco Mundial, luego de convocar a un grupo de pensadores y hacedores de políticas públicas, identificó seis aspectos comunes a las 13 economías que desde 1950 tuvieron un crecimiento promedio de 7% anual durante 25 años o más. Es en esas seis características donde, la experiencia así lo dice, deberían enfocarse países como el nuestro durante la época de vacas flacas a fin de potenciar las posibilidades de sacarles provecho a las vacas gordas, cuando vengan.

La primera es el aprovechamiento de la economía mundial; es decir, tener un grado de apertura al mundo que permita importar tecnología e innovación y, al mismo tiempo, producir bienes y servicios que otros países requieren. La segunda es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para contar con un ambiente de certeza que facilite la toma de decisiones correctas y eficientes por parte de productores y consumidores. En estas dos características, por ventura, se han hecho avances de forma sostenida en Guatemala durante más de dos décadas.

La tercera característica es la presencia de altas tasas de ahorro e inversión; y, en esto, sí que estamos mal: Guatemala (aquejada de inseguridad, criminalidad, debilidad institucional, conflicto social, escasa infraestructura, desnutrición y poca calificación del capital humano) es uno de los países con más bajos niveles de ahorro e inversión en el mundo. La cuarta es permitir que el mercado sea quien asigne los recursos económicos; y, aquí, el gran riesgo es el poco compromiso que el liderazgo político y –crecientemente- la opinión pública tienen respecto de la economía de mercado.

La quinta es la presencia de gobiernos (locales y nacionales) que sean capaces, creíbles y comprometidos, lo cual pasa, evidentemente, por tener dirigentes que no practiquen ni toleren la corrupción, el nepotismo y los privilegios. Y, por último, la sexta característica para que el crecimiento económico sea sostenible es que exista paz y cohesión social, ya que la conflictividad social es el caldo donde se cultivan las políticas populistas y la debilidad institucional. Entonces, lo importante para las políticas públicas debería ser la búsqueda permanente de estas características, independientemente de las preocupaciones de corto plazo. El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y para ello no hay que inventar el agua azucarada: sólo acercándose a esas características podrá mejorar la productividad de Guatemala y aumentar así el ingreso per cápita y, con él, el bienestar material de los guatemaltecos.

La Magnitud del Déficit Fiscal

En las actuales circunstancias, es de crucial importancia  que el gobierno extreme las medidas para mantener la prudencia en el gasto público

 La semana pasada se aprobó una aplicación de Q1.5 millardos al techo de gastos del Presupuesto del Estado. La aprobación se logró con gran rapidez y un inusitado consenso entre las bancadas, estimuladas quizá por la presión de las marchas callejeras y bloqueos de carreteras del gremio magisterial. Tan velozmente se aprobó la ampliación presupuestaria, que no se pudo determinar con exactitud cuál será la fuente de ingresos que financiará dicho gasto, cuyo destino es pagar aumentos salariales a maestros y empleados del Ministerio de Salud Pública.

Tal vez la omisión de dicha fuente de financiamiento obedezca a que en el Congreso se espera que la SAT logrará tener éxito en mejorar la recaudación y obtener la ambiciosa meta acordada con el Ejecutivo. Pero ello no será nada fácil, pues para lograr dicha meta los ingresos tributarios deberían aumentar a una tasa extraordinariamente dinámica, lo cual es improbable debido no sólo a que la mejoras en la recaudación derivadas de la reforma tributaria de 2012 tuvieron su mayor efecto en 2013 (o sea que en el presente año no podrían volver a crecer igual), sino también a que las ineficiencias que presenta la recaudación en las aduanas son de una enorme magnitud.

En efecto, el año pasado el valor de las importaciones creció 4%, mientras que el valor de lo recaudado por IVA sobre importaciones se mantuvo estático. Más grave aún: la recaudación por concepto de aranceles (sobre importaciones) cayeron en más de 15%, reducción mayor a la que se justificaría por la reducción de derechos arancelarios derivada de la antedicha reforma tributaria de 2012.

Lo anterior implica que el aumento en el techo de gasto presupuestario recién aprobado va a implicar que el déficit fiscal aumente, lo cual es más preocupante de lo que parece a primera vista. Veamos. En el entorno de los analistas que, tanto en los organismos financieros internacionales como en las calificadoras de riesgo, existe un  consenso en cuanto a que el déficit fiscal se vuelve preocupante cuando su tamaño causa un aumento de largo plazo en el saldo de la deuda pública como proporción de la producción nacional. Esta proporción –o carga de la deuda- es una medida gruesa de la capacidad que tiene el país de pagar la deuda nacional; si esta carga sigue creciendo, en algún momento la economía no tendría suficiente PIB para pagar la deuda, lo que produciría una enorme crisis, como la que hoy aqueja a los países de la Europa Mediterránea.

Aunque en Guatemala la carga de la deuda no ha superado en años recientes el 25% del PIB, diversos estudios dan cuenta de que, para que dicho porcentaje no aumente insosteniblemente, el déficit fiscal anual debe mantenerse en niveles que no excedan del equivalente a 2% del PIB. Por ello resulta preocupante que, con la ampliación presupuestaria recientemente aprobada, sea muy probable que el déficit fiscal se eleve este año a un nivel equivalente al 2.4% del PIB, cifra que es muy peligrosa por varias razones.

La principal razón para preocuparse es que ello significa un retroceso en el proceso gradual de reducción del déficit al que el país se había comprometido tácitamente ante los mercados financieros a raíz de en 2009 y 2010 el gobierno aplicó una política fiscal moderadamente anti-cíclica (expansiva) para contrarrestar los efectos recesivos de la crisis mundial. La idea original detrás de tal política es que fuera estrictamente temporal: el déficit debía reducirse gradualmente del pico de 3.3% del PIB en 2010, a sus niveles históricamente sostenibles de menos de 2%. Eso se había venido cumpliendo (lenta pero sostenidamente) hasta reducir el déficit a 2.2% en 2013.

Si se produce el referido retroceso en el proceso de reducción del déficit, se enviaría un mensaje muy negativo a los mercados internacionales sobre la seriedad de las políticas macroeconómicas del país. De ahí la importancia de que el gobierno extreme las medidas de prudencia en el gasto público para evitar tal escenario. De lo contrario, las consecuencias negativas del aumento en el déficit fiscal pueden ir desde un incremento a corto plazo en el costo del financiamiento externo (no sólo para el gobierno, sino también para las empresas), hasta una eventual salida de capitales y una reducción en el crecimiento económico. Urge prudencia en el gasto.

Midiendo la Transformación

El BTI evalúa la manera en que los países conducen su transición hacia la democracia y la economía de mercado

La transición pacífica que un país como Guatemala debe hacer hacia la democracia y hacia una economía de mercado presenta una serie de desafíos cuyo progreso es difícil de medir objetivamente, incluso con la miríada de índices que elaboran diversas organizaciones a nivel internacional. Uno de esos índices intenta medir dicha transición: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann –BTI, por sus siglas en inglés- intenta medir el avance de los países en su objetivo dual de construir una democracia bajo el imperio de la ley y una economía de mercado socialmente sostenible.

Bertelsmann Stiftung es la mayor fundación privada de Alemania, creada en 1977 por el millonario Reinhard Mohn, dueño de la sexta editorial más grande del mundo, quien dedicó parte de su fortuna a promover la integración europea y explorar formas alternativas de orden social, político y económico en el mundo.

El BTI analiza y evalúa la manera en que los países en desarrollo y en transición (no incluye países industrializados con democracias maduras) conducen su transición social hacia la democracia y la economía de mercado. Con base en una guía codificada se les pide a expertos de cada uno de los 129 países evaluados que midan el grado en que han alcanzado un total de 17 criterios que agrupan 49 temas.

El resultado produce dos índices: el Índice de Situación y el Índice de Gestión. En el índice de 2014, recientemente publicado, Guatemala ocupó el lugar 79 (de 129) en el índice de Situación (con una calificación de 5.15 sobre 10), lo que nos ubica por debajo del promedio de los países evaluados (ver www.bti-project.org/reports/country-reports/lac/gtm/index.nc). En el segundo índice (de Gestión), que se centra en la calidad de la gobernanza, Guatemala ocupó el puesto 69 (4.84 puntos sobre 10), también por debajo del promedio que evalúa la efectividad con la que los tomadores de decisiones orienten los procesos políticos.

El Índice de Situación se subdivide, a su vez, en dos dimensiones analíticas: una evalúa el estado de la transformación política (puesto 75 con 5.20 puntos) y la otra el estado de transformación económica (puesto 77 con 5.11 puntos). En el primer caso, Guatemala obtiene calificaciones mediocres en los cinco criterios que lo integran: 1. Funcionamiento del Estado (mal desempeño en cuanto al monopolio estatal del uso de la fuerza y a la calidad de la administración pública). 2. Participación política (poca efectividad del poder gubernamental e insuficiente desarrollo de las libertades de asociación y expresión). 3. Imperio de la ley (falta de independencia del poder judicial, abusos de poder y corrupción). 4. Instituciones democráticas (debilidad y escaso apoyo de la población). Y 5. Integración política y social (el peor factor calificado, con un sistema de partidos disfuncional, desinterés ciudadano y un tejido social precario).

Por su parte, los siete criterios de transformación económica tienen calificaciones variadas. 1. Nivel de desarrollo socioeconómico (pésimos indicadores de pobreza). 2. Organización del mercado (inexistencia de un marco legal que regule la competencia, aunque buen grado de apertura exterior). 3. Estabilidad de precios (buena calificación, lo mismo que las políticas macroeconómicas). 4. Derechos de propiedad (adecuadamente regulados, pero sector informal está excluido). 5. Sistema de bienestar (faltan redes de protección social e igualdad de oportunidades). 6. Desempeño de la producción (bien calificado por la poca volatilidad del PIB). Y 7. Sostenibilidad económica (inadecuado marco regulatorio del ambiente y escasa calidad del capital humano).

Finalmente, los cinco criterios que integran el índice de Gestión –que miden factores estructurales, tradiciones sociales, conflictividad, eficiencia del Estado y credibilidad internacional- también son calificados con un punteo mediocre.

Independientemente de si se está o no de acuerdo con la metodología empleada, o con la interpretación que la propia fundación hace del índice, el BTI es un indicador que intenta ser riguroso y que se enfoca en dos temas clave (transición a la democracia y a la economía de mercado) para el desarrollo, y nos ilustra cómo desde el exterior evalúan nuestras debilidades y nuestro potencial como miembros de la comunidad internacional.