Faltan Matices

Sin una visión política balanceada nuestro sistema democrático seguirá a la deriva

A veces Guatemala da la impresión de estarse convirtiendo en un país sin matices ideológicos. Quizá a causa de la ansiedad colectiva por encontrar certezas para un entorno desordenado y un futuro sombrío, se nos pide auto-etiquetarnos con precisión: izquierdista o derechista (en lo político), pro mercado o pro estado (en lo económico), conservador o liberal (en lo social). Y dependiendo de la etiqueta, así será la forma en que seremos tratados, en que se confiará o no en nosotros, o en que seremos aceptados o rechazados.

Eso que ocurre en el ámbito intelectual, también se replica en materia de las políticas públicas. Los políticos parecen ignorar cada día más a los tecnócratas, a quienes suelen considerar ingenuos, poco prácticos y hasta molestos. Los tecnócratas, por su parte, tienden a ver a los políticos como inconsistentes, cortoplacistas, empíricos y hasta peligrosos. Los primeros olvidan que el ejercicio del poder, si no está sustentado en ideas, es pura improvisación. Y los segundos ignoran que los planes y técnicas, sin pragmatismo ni respaldo político, son sólo sueños.

Por supuesto que tener una posición ideológica no solo es conveniente, sino necesario para orientar adecuadamente el rumbo del Estado, pero el radicalismo y la polarización suelen imponer obstáculos poderosos a la buena marcha de la política y las políticas. Para encontrar el balance requerido, quienes aspiran a ser líderes nacionales deben tener convicciones ideológicas claras, basadas en ideas firmes, pero al mismo tiempo deben tener la capacidad de ser flexibles y ceder cuando al rival lo asiste la razón.

Líderes como Margaret Tatcher (por la derecha) o Felipe González (por la izquierda) transformaron sus países con base en sus convicciones e ideas claras que inspiraron confianza en el futuro y engendraron el surgimiento de un Tony Blair (por la izquierda) ni un José María Aznar (por la derecha) quienes, a su vez, fueron capaces de amoldar sus propias convicciones para reconocer las virtudes de lo andado por sus predecesores.

Ese liderazgo que combina las convicciones con el pragmatismo –dentro de una visión de Estado- es un bien escaso que nuestro país precisa con urgencia, pero que se ve impedido de surgir por una polarización ideológica que parece empeñarse en revivir la guerra civil y por un sistema político light cuyo principal objetivo es el acceso al poder para practicar el patrimonialismo.

El resultado es un vacío de ideas que se convierte en campo fértil para ofertas políticas simplonas, protestas callejeras que demandan un regreso a los “gloriosos” años setenta, y descalificaciones superficiales del rival que es percibido como enemigo. La polarización se ve alimentada por la propia naturaleza de los enfoques políticos tradicionalmente opuestos: cómo controlar el poder de los mercados versus cómo controlar el poder del estado.

Lo ideal sería que ambas tradiciones ideológicas evolucionen y se renueven aprendiendo una de otra, pero ello es casi imposible en un ambiente polarizado y en un sistema patrimonialista. Por ello es importante que en el espectro ideológico existan matices que permitan el avance de políticas y acciones de gobierno conducentes al progreso económico y social. Matices que desde la izquierda comprendan las virtudes de la destrucción creadora generada por la competencia y los mercados, y que desde la derecha acepten que el estado debe hacerse cargo de las víctimas de dicha destrucción creadora. Matices que se percaten de que el rol del estado como garante del buen funcionamiento del mercado puede ser un mal necesario que, sin embargo, debe mantenerse limitado y controlado.

Sin una visión política balanceada, nuestro sistema democrático seguirá a la deriva en las aguas del patrimonialismo. Y mientras el sistema esté a la deriva, los votantes podrán ser víctimas de la demagogia que ofrece soluciones falsas a problemas autogenerados. La única forma en que los demagogos (de izquierda y de derecha) pueden ser derrotados, es mediante la guía de líderes moderados (de izquierda y de derecha) dispuestos a aprender de sus adversarios, a negociar con ellos, a huir de la polarización –hoy tan generalizada- y, sobre todo, a brindar esperanza a sus conciudadanos sobre un futuro que puede ser moldeado en favor del interés general.

De Cara al Tercer Año

Ha concluido la primera mitad del periodo gubernamental. En materia de política económica, no es necesario recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país

El tercer año de cada gobierno, como el que se inicia hoy, ha sido decisivo en la era democrática para que la respectiva administración defina su legado en materia de política económica. A estas alturas de su mandato, las autoridades electas ya saben aquilatar cuáles son sus verdaderas posibilidades y fortalezas, así como las restricciones que enfrentan. Puestos a elegir las áreas en las cuales enfocar los esfuerzos en la segunda mitad de su gestión, el reto más difícil es el de abandonar la tentadora y facilona visión de corto plazo que busca obtener réditos electorales y adoptar en cambio un enfoque de Estado en función de dejar un legado perdurable a la Nación.

Una vez superado ese reto crucial, no es necesario recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país y dejar una huella trascendente. Aunque es difícil de aceptar, nada de lo que haga el gobierno hará que la economía crezca más allá de un 3.5% anual en los dos próximos años, pues esta es la lentísima velocidad a la que, en el mejor de los casos, puede aspirar a crecer nuestra economía que cada día se rezaga más respecto de otras economías similares que sí han hecho sus tareas.

Esas tareas requieren simplemente de administrar la cosa pública con perseverancia, paciencia, disciplina y enfoque en los temas fundamentales. La priorización de la acción pública en las áreas clave pasa, en primer lugar, por propiciar un ambiente adecuado para que los guatemaltecos tomen decisiones económicas razonables. Ello implica un mínimo de condiciones de seguridad, justicia y gobernabilidad.

En efecto, la criminalidad desenfrenada desincentiva las inversiones, incrementa los costos operativos de las empresas y desvía gastos de gobierno que podrían usarse para atender otras necesidades económicas y sociales. Ello demandará acciones en materia de fortalecer a la policía y a los tribunales, así como de profundizar la línea de política exterior que impulse un tratamiento alternativo para combatir el narcotráfico, primera causa del crimen organizado. La gobernabilidad también demandará esfuerzos para tener un Organismo Legislativo eficiente e independiente del Ejecutivo, como debe ser en una República.

En segundo lugar, la estabilidad macroeconómica de la que hemos gozado durante varios años no debe darse por garantizada. Hay que protegerla y fortalecerla evitando caer en déficit fiscales crecientes, impidiendo endeudamientos públicos gravosos y respetando la autonomía del banco central en materia de política monetaria.

La calidad del capital humano (la educación y la salud de la población) es un tercer aspecto que debe privilegiarse en una agenda de Estado: con resultados tan desastrosos como los que muestran las pruebas de calidad educativa publicadas recientemente por el Ministerio de Educación será imposible mejorar a largo plazo la productividad del país. De manera similar, la escasa e inadecuada infraestructura física (especialmente carreteras secundarias) es un cuarto factor que restringe las posibilidades de un crecimiento económico más sano y que, por ello, debe atenderse como prioridad.

Si el Estado no invierte más y mejor en educación, salud e infraestructura, poco se mejorará la productividad requerida para atender los muchos problemas sociales del país; y esa inversión no puede hacerse sin ingresos fiscales, por lo que una quinta área de prioridad debe ser la simplificación del sistema tributario y la ampliación de su base, en parte mediante la inclusión de la economía informal al circuito tributario.

Finalmente, es menester reducir la frustración social respecto de la calidad de los servicios públicos y las ineficiencias del Estado para lograr la paz social que se necesita para lograr un buen desempeño económico. Ello exige, urgentemente, reducir los enormes niveles de corrupción con medidas concretas y tangibles que trasciendan los discursos electorales.

Poner los pies sobre la tierra, trabajar con perseverancia y enfocarse en estas seis áreas prioritarias (seguridad y clima de negocios; estabilidad macro; capital humano; infraestructura de comunicaciones; ingresos fiscales; y, transparencia y anticorrupción) es la clave para construir una política económica coherente y perdurable que se constituya en un auténtico legado para el país.

El Otro Color de la Economía

Vuelvo a la carga con la urgente necesidad de hacer conciencia sobre el gigantesco valor económico y potencial de desarrollo que tiene la cultura para nuestro país. En esta ocasión, me refiero a un libro que contribuye a explicar el aún desconocido aporte de la cultura al desarrollo de las naciones latinoamericanas

Cualquier persona con un nivel elemental de educación sabe que la cultura y sus expresiones (la música, la pintura, las artesanías, la literatura, la danza, las fiestas populares, etcétera) tienen un enorme valolr por el efecto positivo que ejercen sobre los individuos (en sus emociones, en su espíritu y en su intelecto) y sobre los conglomerados (como factor de cohesión social). Sin embargo, existe una gran ignorancia sobre el valor económico de la cultura y, en consecuencia, sobre su enorme potencial como fuerza generadora de riqueza, de empleos, de intercambios comerciales y de bienestar material.

Ese potencial económico y social es particularmente importante para países como Guatemala, donde existe una vibrante vida cultural cuyo aporte al desarrollo económico y social no se ha aquilatado aún en su justa (y gigantesca) medida. Por ello resulta muy oportuna la reciente publicación del libro “La Economía Naranja: una Oportunidad Infinita”, que busca contribuir al debate y a hacer conciencia en Latinoamérica sobre el aún desconocido aporte de la cultura al desarrollo de nuestras naciones. El libro, escrito por Felipe Buitrago e Iván Duque, fue publicado a finales de 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo y está disponible para su descarga gratuita en el sitio web del BID (www.iadb.org).

Dado que existen múltiples opiniones sobre qué es cultura y qué actividades integran la economía de la cultura, los autores del libro decidieron agrupar en el concepto de “Economía Naranja” a todo el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Los autores la bautizaron con el color naranja pues éste se ha asociado en diversas culturas a través de la historia con la cultura, la creatividad y la identidad.

Ese gran universo está compuesto por la Economía Cultural (artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural material e inmaterial, educación cultural) y por las Industrias Creativas que incorporan tanto a las Industrias Culturales tradicionales (editorial, audiovisual, fonográfica) como a las de creación moderna (diseño, software de contenido, publicidad), todo lo cual se complementa con las áreas de soporte para la creatividad (investigación e innovación, institucionalidad, marco legal y formación técnica).

El libro está escrito de manera muy atractiva e innovadora, e invita al lector a involucrarse interactivamente en la comprensión de la importancia de la economía cultural y creativa a través de cuadros, infografías, páginas desplegables y vínculos con otros documentos y videos. Pueden encontrarse datos duros y convincentes sobre el rol de la cultura en el desarrollo, basados en fuentes autorizadas como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la firma consultora Oxford Economics o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

El libro señala que el 6.1% de todo lo que produce la economía mundial es generado por la “economía naranja”, lo que quiere decir que si ésta fuera un país, sería la cuarta economía del mundo, ocuparía el noveno lugar como exportador de bienes y servicios, y representaría la cuarta fuerza laboral del planeta (144 millones de trabajadores). La actividad cultural en el mundo es 20% más grande que la economía de Alemania o 2.5 veces el gasto militar mundial.

La actividad cultural es, además, una de las más dinámicas de los tiempos recientes: entre 2002 y 2011 la Economía Cultural en el mundo creció 134%. La cultura es, pues, un motor de desarrollo basado en el talento y creatividad de las personas y en el acervo del patrimonio cultural de las naciones, que representa una oportunidad gigantesca para crear una enorme cantidad de empleos dignos para la juventud latinoamericana.

En particular, el caso de Guatemala plantea el desafío descomunal de, primero, cobrar conciencia sobre la importancia de la cultura como factor de generación de progreso y bienestar material y, segundo, de diseñar e impulsar políticas públicas coherentes en el área cultural que aprovechen esa –hasta hoy desperdiciada- riqueza cultural en beneficio de los más pobres y de la construcción de una sociedad más armónica, cohesionada y próspera.

Exhortación Contra el Egoísmo

Aunque una parte (pequeña, por cierto) de la exhortación Evangelii Gaudium ha causado polémica pues incurre en generalizaciones sobre el mercado que en principio son incorrectas, el mensaje que por medio de ella nos intenta transmitir el Papa Francisco debemos acogerlo con espíritu humilde y mente abierta. Esta es una buena época para reflexionar al respecto. ¡Feliz Navidad!

Juan Pablo II –el Papa polaco-  convencía con su carisma, su ángel, su apabullante “no sé qué” que derribaba murallas. Benedicto XVI –tan alemán él- lo hacía mediante el intelecto, la contundencia lógica y una sabiduría que parecía ancestral. Y Francisco ha iniciado su andadura papal acudiendo al sentimiento, a la ternura y, un poco, a los golpes de efecto –claro, es argentino-.  Cada uno, haciendo uso de los carismas que Dios les dio, ha apelado al corazón y al intelecto de las personas (feligreses o no) para fortalecer a la Iglesia y construir un mundo mejor.

El más reciente intento en ese sentido es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los fieles y pastores a anteponer y anunciar la alegría del evangelio, por encima de la tristeza individualista que brota de un corazón avaro, de una búsqueda de placeres superficiales y de una conciencia aislada, pues cuando la vida interior se centra únicamente en los intereses egoístas, no existe espacio para los demás ni, por ende, para Dios y la alegría de su amor que nos incita a hacer el bien.

Y en ese afán de predicar contra el egoísmo que mata el alma, el Papa abordó el tema de la injusticia social de una manera que causó cierta dosis de escándalo entre aquellos católicos que, aunque aborrezcamos la inequidad y la exclusión social, estamos convencidos de las bondades (no sólo económicas sino, incluso, morales) del libre mercado. El Papa pareció estar convencido (y querer convencernos) de que los culpables de la pobreza y de la desigualdad que dañan a la sociedad de hoy son el capitalismo “salvaje” y el “excesivo” libre mercado, llegando a afirmar que “esa economía mata”.

Quizá esa pequeña parte de la exhortación apostólica no fue redactada de la manera más adecuada. O quizás sí… sólo Dios lo sabe. Lo cierto es que pocos días después de publicada, para alivio de los economistas de mercado católicos, Francisco expresó una contundente aclaración: en una entrevista al diario La Stampa, el Papa respondió a quienes lo tildaron de marxista, a raíz de lo que escribió en la Evangelii Gaudium, diciendo que él siempre ha creído que esa ideología está equivocada y explicó que en el texto le la exhortación apostólica no habló como técnico sino según la Doctrina Social de la Iglesia.

Pero lo importante no es si una parte de dicho texto nos causa inconformidad o si las posteriores aclaraciones papales nos reconfortan. Lo importante es que, con humildad, tratemos de escuchar sinceramente, sin prejuicios, lo que se nos quiere decir con esas reflexiones, aunque ideológicamente nos choquen. La fe debe ejercerse por libre elección y no debe temer sumergirse en el libre mercado de las ideas. Ello exige buscar la verdad de la manera más apropiada y respetuosa de la dignidad humana, lo cual entraña la necesidad de investigar científicamente, de educar (incluso a nuestros pastores espirituales), de aprender (incluso de nuestros rivales ideológicos) y de comunicarnos exponiendo francamente la verdad que creemos haber encontrado, a fin de ayudarnos mutuamente en esa búsqueda.

Y para ello, nada mejor que seguir las enseñanzas de quien vino al mundo a hacer el bien, a hacer que los ciegos (que no ven el sufrimiento de su vecino enfermo) vean, que los cojos (que no se mueven a auxiliar a una víctima) caminen, los leprosos (impuros por la corrupción) queden limpios y que los sordos (que no oyen a sus hijos pedirles tiempo) escuchen.

La iglesia no tiene por qué dar recetas de política pública, pero –debemos comprenderlo así- tiene la obligación de dar mensajes que abarquen todo el orden moral –incluyendo la justicia- que debe regular las relaciones humanas. De manera que la exhortación papal contra el egoísmo hay que acogerla con espíritu humilde y mente abierta; con la razón puesta en el libre mercado (el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que se conocen), pero con el corazón puesto en la caridad. A fin de cuentas, para toda persona de bien, creyente o no, economista o presbítero, político o ciudadano raso, lo más importante en materia de políticas públicas debiese ser cómo mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero hacerlo de forma sostenible y justa. Que la Navidad nos reconforte y sirva para meditar al respecto.

Rompecabezas Latinoamericano

En este continente de contrastes, aún quedan países con indicadores vergonzosos

En las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que, como piezas de un rompecabezas, revelan poco a poco el retrato de una Latinoamérica que lucha –con escasos resultados- por acercarse a los niveles de vida y bienestar de las naciones desarrolladas.

Uno de los indicadores que más revuelo e incomodidad ocasiona es el Índice de Percepción de la Corrupción que desde 1995 calcula y publica periódicamente la ONG Transparencia Internacional. Este índice se construye con 13 fuentes de datos, entre encuestas y evaluaciones, en cada uno de los 176 países evaluados. La mayoría de países latinoamericanos continuaron mostrando signos de corrupción rampante, pues casi toda la región figura entre los dos tercios de las naciones con un índice de transparencia inferior a 50, en una escala donde 100 representa el nivel más alto de limpieza.

Uruguay fue el país latinoamericano mejor calificado con un punteo de 73 (aún lejos de los líderes Dinamarca y Nueva Zelanda que alcanzaron 91 puntos). Le siguió Chile con 71, un peldaño menos que el año pasado. Costa Rica cayó un punto a 53. Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo en un índice de corrupción de 42, al mismo nivel que Bosnia, Serbia y Sudáfrica. México y Argentina tuvieron un índice de limpieza de 34, igual que Gabón. Guatemala, por su parte, apenas obtuvo 33 puntos (empatando en la posición 133 de 176 con países como Níger y Etiopía) Fue una de las peores calificaciones en América Latina, superada sólo por Venezuela con 20, el peor de la región comparable con la situación de Camboya o Eritrea.

Otro indicador publicado recientemente tiene que ver con la calidad de la nutrición en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la FAO, que indica que, aunque la región redujo el porcentaje de personas con hambre de 14.7% a 7.9% en los últimos 20 años, simultáneamente han empeorado los niveles de obesidad: un 23% de los latinoamericanos adultos y un 7% de los niños en edad preescolar son obesos. Los países que presentan mayor proporción de adultos obesos son Venezuela, con un 31%, Argentina y Chile, con 29%. En Guatemala el 21% de los adultos son obesos y otro 39% tienen sobrepeso.

Pero en este continente de contrastes, y pese a la mejora regional en el combate a la desnutrición, aún quedan países con indicadores vergonzosos: los países con mayores índices de hambre en su población son Haití (49.8%), Guatemala (30.5%), Paraguay (22.3%), Nicaragua (21.7%) y Bolivia (21.3%).

Otro revelador indicador de la realidad latinoamericana de hoy lo da el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de secundaria en 64 países (Guatemala no está incluida). El informe revela que los países de la región han experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años.

Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE de 494 puntos. El mejor calificado de los países latinoamericanos es Chile (51º, con 423 puntos), seguido de México (53º, 413), Uruguay (54º, 409), Costa Rica (55º, 407), Brasil (56º, 391), Argentina (57º, 388 puntos), Colombia (58º, 376) y Perú (59º, 368).

De nuevo, paradójicamente, el mismo informe revela que los estudiantes latinoamericanos muestran un alto grado de felicidad con su escuela, y que esa felicidad parece ser inversamente proporcional a su desempeño académico. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE.

Estas piezas de información configuran el retrato –parcial, claro está- de una Latinoamérica llena de paradojas y contrastes, donde la corrupción parece haberse enraizado en lo más profundo de la sociedad; donde la población está mal alimentada, pues conviven multitudes de obesos con masas de desnutridos; donde los estudiantes son más ignorantes (y, por ende, menos productivos) que sus pares en el mundo desarrollados, pero que –latinoamericanos al fin- son más felices a pesar (¿o será a causa?) de su ignorancia.

Incertidumbre Presupuestaria

¿Qué entes deberán sacrificar su presupuesto para que el gobierno pueda cumplir los compromisos adquiridos para 2014?

La falta de aprobación Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2014 pone en liza una serie de decisiones trascendentales que definirán la viabilidad financiera de las políticas y actuaciones del gobierno durante el próximo año. Tal decisión (pues no parece haber sido un accidente) plantea una serie de desafíos para el Estado y sus instituciones.

Un primer desafío tiene que ver con las múltiples transferencias presupuestarias que deberán realizarse. El proyecto de presupuesto que no se aprobó contemplaba aumentos importantes en el Ministerio de Educación para cubrir el ajuste salarial comprometido en un pacto colectivo. ¿Es inevitable que ocurran manifestaciones de descontento del gremio magisterial si no se apresuran las transferencias correspondientes? El proyecto improbado también contemplaba aumentos para las municipalidades, consejos de desarrollo y los jubilados; ¿qué pasará si se atrasan las transferencias hacia estos rubros? ¿Quiénes serán los entes que verán reducidos sus recursos para llenar tales agujeros?

En cuanto a políticas de gobierno, la no aprobación del presupuesto implica que varios ministerios se quedan sin partidas para iniciar nuevos programas en 2014: por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir las funciones del desaparecido FONAPAZ, mientras que el de Economía pretendía ejecutar un programa de apoyo a la competitividad y coordinar (en el INE) el censo nacional de población. Asimismo, el servicio de la deuda –que incluía el reconocimiento del costo de la política monetaria- requiere de más de Q1.7 millardos adicionales a los de 2013 que, al no haberse aprobado el presupuesto 2014, quedan sin fondos presupuestados.

La incertidumbre resultante plantea otro desafío: la credibilidad del país ante los mercados y organismos financieros internacionales se ve afectada. El mensaje de falta de certeza que envía un país incapaz de acordar políticamente su estrategia financiera anual se traduce en dudas e inquietud por parte de las entidades calificadoras de riesgo y de las instituciones de crédito, lo cual eventualmente puede afectar el costo de los recursos financieros que el país requiere.

Por otra parte, también la transparencia en la ejecución del gasto público se verá comprometida. Las innumerables transferencias que deberán efectuarse implican necesariamente cierta opacidad que se exacerba ante la falta de claridad respecto de qué normas presupuestarias son las aplicables: el Congreso aprobó recientemente un conjunto de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que mejoran sustancialmente las normas presupuestarias más laxas que rigieron en 2013. ¿Cuáles se aplicarán en 2014? La lógica y la prudencia indicarían que deben aplicarse las normas más estrictas (de la Ley Orgánica), pero ya se rumora que existe interés en interpretar que las normas a aplicar son las del presupuesto de 2013, que son más laxas.

Otra interpretación jurídica compleja se refiere al financiamiento del déficit: la disposición constitucional de renovar la vigencia del presupuesto del año anterior –cuyo espíritu es el de evitar un cierre del gobierno cuando no se aprueba el presupuesto en la fecha límite- implicaría que automáticamente queda aprobado el endeudamiento correspondiente. Sin embargo, existen interpretaciones que, con base en otro artículo constitucional, indican que el financiamiento debe someterse de nueva cuenta al proceso de opinión técnica y aprobación legislativa correspondiente, lo cual obligaría a una nueva ronda de cabildeos y negociaciones en el Congreso.

Finalmente, el desafío más grande, desde el punto de vista macroeconómico, es el de mantener el déficit fiscal bajo control. Luego de que en la crisis en 2010-2011 el déficit se elevó por encima del equivalente al 3% del PIB, se había iniciado a partir de 2012 un proceso de corrección del mismo para llevarlo a un nivel (que diversos expertos consideran sostenible) menor al 2% del PIB. La credibilidad de la política económica y la calificación del riesgo-país podrían verse perjudicadas si dicho proceso de consolidación fiscal se interrumpe en 2014, no sólo porque el déficit sería igual de elevado que el de 2013, sino por la posibilidad de que a lo largo del año se tramiten nuevas ampliaciones presupuestarias que podrían ampliar dicho déficit.

En Manos de la Corte

La Corte de Constitucionalidad debe impedir aquellas reformas a la Ley Electoral que sean evidentemente inconstitucionales o inconvenientes

La Corte de Constitucionalidad –CC- tiene en sus manos una brasa candente: debe pronunciarse en un plazo perentorio sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- aprobadas hace algunos días por el Congreso, ya que dicha ley tiene rango constitucional y su reforma requiere de la opinión favorable de la CC.

Este requerimiento resulta providencial como última esperanza para evitar un nefasto conjunto de reformas a la LEPP que, de entrar en vigencia, amenaza con convertir el próximo proceso electoral en un ejercicio caótico que pondrá en grave riesgo la efectividad del sufragio, la pureza del proceso electoral y la supervivencia de nuestra incipiente democracia.

En medio de este panorama amenazador, que nos incumbe y afecta a todos los guatemaltecos, resulta reconfortante que diversos grupos ciudadanos se estén pronunciando y que intenten incidir positivamente en el desenlace de este problema creado por los propios partidos políticos en el Congreso. Uno de estos grupos está conformado por jóvenes estudiantes de Derecho (Luis Arturo Palmieri, Josselyn Mariela Ruano, Stephanie Jazmín Arévalo, José Enrique Monzón, Florencio Ademir Gramajo, Mauricio Duarte, y Jorge Gabriel Jiménez) que, en su calidad de ciudadanos, han acudido ante la CC para plantear su opinión y velar porque prevalezca la certeza jurídica en este caso.

Para el efecto, han recurrido a una figura jurídica poco utilizada en Guatemala: el amicus curiae o amigo de la corte. El amicus es un recurso muy utilizado en otros países cuando una persona o un conglomerado desean colaborar –desde una perspectiva esencialmente jurídica- con la corte que ha de emitir algún fallo, proporcionándole argumentos, antecedentes y doctrina que puedan resultar útiles para sus deliberaciones y decisiones. En palabras del constitucionalista Manuel de Jesús Mejicanos el amicus curiae resulta muy útil ya que mientras mayor sea la participación de ideas en el debate constitucional, mayor será la legitimidad democrática del precedente que se establezca.

En el planteamiento que los futuros abogados hacen a la CC sobresalen varios temas que deberían ser tomados muy en cuenta por los magistrados cuando fallen sobre las reformas a la LEPP, la cuales presentan evidentes visos de inconstitucionalidad. Uno de ellos tiene que ver con que las reformas establecen, por una parte, que la publicación de cualquier encuesta electoral debe ser aprobada previamente por el Tribunal Supremo Electoral y, por otra, que ninguna encuesta o estudio de opinión podrá publicarse durante los ocho días previos a cada elección. Estas limitaciones son claramente violatorias del principio de libertad de expresión consagrado tanto en la Constitución, como en varios convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Otra de las reformas establece un número fijo de diputados para cada distrito electoral, lo cual contraviene flagrantemente los principios de representatividad y de igualdad del voto (con base específica en un criterio poblacional) que están establecidos a nivel constitucional.

Las reformas también introducen el establecimiento de cuotas de candidatos, asignando porcentajes según género y origen étnico lo cual, por muy bien intencionado que sea, viola el derecho constitucional que tiene todo guatemalteco de optar a cargos públicos sin que para su otorgamiento deba atenderse a otro criterios que no sean los relacionados con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Finalmente, en el tema del financiamiento público a los partidos políticos (quizá la verdadera razón tras las reformas aprobadas por el Congreso), las reformas no sólo duplican el pago que el Estado debe hacer a los partidos por cada voto recibido, sino que ponen a cargo del erario público toda la propaganda electoral. Estas reformas no atienden a los criterios de razonabilidad y de concordancia con la economía nacional (ambos constitucionales), por lo que amenazan seriamente la integridad de las finanzas públicas y también deberían ser rechazadas por la CC.

Esperemos que este meritorio aporte ciudadano, por estar basado en un análisis serio y bien fundamentado, reciba la consideración que se merece en las deliberaciones de la CC, y que ésta deje sin efecto las inconstitucionales disposiciones que se pretenden introducir a la LEPP.