El Fango de la Política

¿Existe espacio para la ética en la política de hoy? Algunos pocos políticos nos demuestran que aún es posible ser a la vez honesto y político... pero son muy pocos. 

En Guatemala la profesión de político no es, precisamente, de las más prestigiosas. Las madres aconsejan a sus hijos (y los hijos imploran a sus padres) que por favor no se metan en política. La actividad político partidista, en cualquiera de sus manifestaciones, es interpretada exclusivamente en función de los intereses personales del político o de sus patrocinadores. Mientras más elevados y loables sean los principios que invoque el político, más grande es la desconfianza que despierta. Si osa hablar de ética, sacrificio, servicio, principios morales o convicciones religiosas, provocará burla y escándalo en vez de admiración.

Hoy en día resulta inconcebible que alguien considere la política como servicio público. Ni siquiera la reciente decisión que han adoptado algunos admirados deportistas de incorporarse a la política partidista ayuda a disminuir el desprestigio de la actividad política. Quizá fue el propio Maquiavelo quien inauguró el deterioro de la política al identificar su ejercicio como el arte de mantenerse en el poder a toda costa, independientemente de cualquier consideración moral de los objetivos perseguidos por la acción política. Pero las cosas no tienen por qué seguir siendo así.

El ser humano es, por naturaleza, un ente social y político, por lo que el quehacer político tiene una dignidad intrínseca y debería tener un valor ético indiscutible. Desde que la democracia se concibió en la antigua Grecia, la consagración a la actividad política era considerada como la vida más digna para el hombre; el politikos bios que nos enseñó Aristóteles. Y no es para menos.

La política es el arte de lo posible; es decir, el conjunto de acciones que se emprenden en procura de una vida mejor para todos, la coordinación de esfuerzos para la construcción del bien común. A pesar de que muchos ciudadanos (no sólo en Guatemala sino en todo el mundo) están desencantados de ella –porque en los últimos tiempos ha mostrado sus aspectos malignos: escándalos, corrupción, enfrentamientos, descalificaciones mutuas-, hay que tener presente que la política es un medio indispensable para construir el bien común.

Hace algunos días, el propio Papa Francisco sostuvo ante un grupo de jóvenes que para los cristianos es un deber, una obligación, involucrarse en la política por muy fangosa y sucia que parezca, porque es desde adentro de ese ámbito donde se puede trabajar por el bien común. Pero participar en política no necesariamente implica meterse a un partido político. Un buen ciudadano puede participar en varios niveles: generando y procesando información; planteando y resolviendo consultas; y, tomando y exigiendo decisiones.

En efecto, si bien todos los ciudadanos pueden (y deben) participar por medio del voto para elegir a sus gobernantes, su involucramiento en la política incluye otros medios, como la formación de las orientaciones políticas y de las opciones legislativas que, según ellos, favorezcan mayormente el bien común, así como mediante el cumplimiento de sus deberes civiles ordinarios y la cooperación con los demás ciudadanos según el ámbito de competencia de cada quien.

Pero, ¿queda todavía espacio para la ética en la política de hoy? ¿Es posible ser a la vez honesto y político? ¿Pueden tenerse principios morales o religiosos y meterse en ese mundo de negociaciones, pactos e intereses? Para responder afirmativamente a estas preguntas es crucial entender que la política no es sólo el arte del acuerdo, sino el arte de deliberar sobre cómo tenemos que vivir juntos, como conglomerado social; y para que ese arte fluya es imperativo que se rija por principios éticos y que persiga objetivos trascendentes.

El objetivo último de procurar el bien común tiene que estar sustentado en valores éticos fundamentales inscritos en la naturaleza del ser humano. Con esos valores y esos objetivos la política se convierte en una vocación para servir a los demás. Sin ellos, puede seguirse deformando hasta convertirse en un instrumento para corromper y controlar a la sociedad en favor de grupos de interés y devenir, como lo demuestra la historia, en un totalitarismo abierto o encubierto. Es necesario que, para rehabilitar la política, los ciudadanos le pierdan el miedo (o el asco) y la vinculen con la ética, con el bien común y con la moral personal.

Percepciones de Inflación

Las estadísticas oficiales de inflación no revelan ninguna señal de alzas desmedidas en el nivel general de precios. Pero las declaraciones de la Vicepresidenta sí pueden exacerbar las expectativas.

Resultaron sorprendentes los anuncios difundidos la semana pasada por la radio que, en voz de la Vicepresidente de la República, advertían que las alzas de precios de la canasta básica iban a ser frontalmente combatidas por el gobierno. Fueron sorprendentes porque las estadísticas oficiales de la inflación, vistas desde cualquier ángulo, no revelan ninguna señal de alzas desmedidas en el nivel general de precios.

En efecto, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año, según los datos más recientes publicados por el INE, fue de 2.2%, es decir que es más baja que las inflaciones registradas en 2010 y 2011, y ligeramente más alta que la del año pasado, pero hay que tomar en cuenta que 2012 fue un año inusual de bajos precios en los productos primarios a nivel mundial que repercutieron en una baja inflación doméstica.

Conviene recordar a qué nos referimos cuando hablamos de inflación: se trata del aumento sostenido y generalizado del nivel de precios. Cuando se ven aumentos focalizados y temporales en algunos pocos productos, por muy acelerados que sean dichos aumentos, no podemos decir que haya inflación porque el alza no es sostenida ni generalizada. Quizá el gobierno esté preocupado por la elevación de los precios que se han producido en algunos artículos como la carne, el pollo o los huevos; y tiene razón de estarlo. Pero tales alzas no configuran una situación inflacionaria pues, según los mismos datos del INE, al mismo tiempo se ha producido una sensible moderación en otros componentes de la canasta básica, como los gastos en educación, recreación o vestuario, entre otros.

O tal vez preocupan al gobierno las encuestas que muestran que “el alto costo de la vida” es la segunda preocupación de los guatemaltecos, sólo detrás de la inseguridad pública. Al respecto, vale la pena tomar en consideración que “el alto costo de la vida” siempre ha aparecido –durante décadas- como uno de los problemas de los qué más se quejan los guatemaltecos en las encuestas, sin importar que los datos indiquen o no que hay inflación. Ello puede deberse a que los elevados niveles de pobreza (bajos ingresos, pues) prevalecientes en el país inducen a los encuestados a culpar a los “altos precios” por la imposibilidad que enfrentan de adquirir suficientes bienes para satisfacer sus necesidades debido a sus bajos ingresos.

También conviene recordar que, en materia de inflación, es al Banco de Guatemala a quien, por naturaleza institucional y por mandato legal, corresponde mantener la estabilidad en el nivel general de precios. Desde 2002, con la aprobación de su nueva Ley Orgánica, el banco central ha estado avanzando en la adopción de un régimen de metas explícitas de inflación para conducir la política monetaria a su cargo. Dicho esquema de política monetaria ha sido adoptado por un número creciente de bancos centrales alrededor del mundo y, según diversos estudios, ha producido resultados positivos en términos de desempeño económico, especialmente en países en vías de desarrollo como Guatemala.

Para que la aplicación del esquema de metas explícitas de inflación por parte del Banco de Guatemala sea exitosa, es necesario que sus decisiones (respecto de subir o bajar la tasa de interés de corto plazo) sean creíbles en el mercado y, además, que las expectativas de inflación por parte de la población se mantengan bajo control. Los recientes anuncios radiales del gobierno no contribuyen a tales fines pues, por una parte, crean confusión respecto de quién es el principal responsable de mantener la estabilidad de precios (el banco central, no el gobierno) y, por otra, crean un clima de temor a un alza generalizada de precios que, en la realidad, no se está produciendo.

Existen mejores formas en que el Ejecutivo puede contribuir para que los precios no suban. En el caso de que las alzas de precios estén focalizadas en ciertos productos (como parece ser el caso actual), se pueden adoptar medidas de comercio exterior que permitan un mayor flujo de productos importados a precios más bajos. Y si se tratase de expectativas exacerbadas, no hay mejor medida que pueda adoptar cualquier gobierno que la de mantener las cuentas fiscales bajo control, evitando incurrir en déficits insostenibles que, inevitablemente, ocasionan inestabilidad macroeconómica.

Los Riesgos de Invertir en Guatemala

Las razones por las que la inversión en el país está muy por debajo de su potencial tienen que ver con asuntos estructurales

La inversión (es decir, la porción de los ingresos que no se destina al consumo sino a la adquisición de activos físicos o financieros) es esencial para mantener a la economía funcionando, es indispensable para que ésta crezca y, por lo tanto –inevitablemente- es una condición necesaria para mejorar el bienestar de la población. En Guatemala, los niveles de inversión (en relación con el tamaño de la economía) son de los más bajos del Hemisferio. Y aunque la inversión extranjera directa en la última década ha tenido el mejor desempeño de su historia, sus niveles son la mitad de los que atrae Costa Rica y apenas superiores a los de Honduras.

Dado el tamaño de la economía nacional (la mayor de Centroamérica), una población (mercado potencial) de más de 14 millones, y una posición geográfica estratégica, las posibilidades de atraer y generar inversiones son mucho mayores de lo que en realidad se genera. Esfuerzos para atraer inversiones, como el Investment Summit de hace algunos días, pueden contribuir marginalmente a aumentar la inversión, pero las razones por las que el desempeño del país en este campo está muy por debajo de su potencial tienen que ver con asuntos más estructurales.

Las decisiones de inversión están determinadas, en primer término, por los rendimientos que se espera recibir de la inversión: el inversionista decidirá invertir siempre que su inversión prometa generar una tasa de rendimiento superior a la tasa de interés imperante en el mercado. El gobierno puede influir, positiva o negativamente, en la tasa de rendimiento esperada: un nivel muy alto de impuestos sobre las utilidades, o costos elevados por excesos de regulación estatal pueden desalentar la inversión. También la pueden desincentivar los excesivos costos generados por la inseguridad, la escasez de vías de comunicación o la falta de mano de obra calificada.

Existen otros factores determinantes de la inversión, tales como las habilidades empresariales de los ciudadanos, el marco legal e institucional del país, el grado de certeza jurídica o el grado de conflictividad social existentes, todos relacionados con el funcionamiento eficiente del estado y sus instituciones. Muchos de los componentes del llamado “riesgo-país” que inciden sobre los niveles de tasa de interés y sobre las decisiones de inversión, tienen que ver con la existencia de un estado que –independientemente de su tamaño- sea capaz de ofrecer eficientemente los bienes públicos esenciales requeridos por los inversionistas.

En la última evaluación que la calificadora Moody’s hizo a Guatemala en febrero pasado pueden encontrarse identificados los factores clave que afectan las posibilidades de mejorar la inversión en el país. Aunque la calificadora reconoce aspectos positivos como el adecuado manejo macroeconómico de las últimas décadas y el impecable historial de pagos de la deuda pública, expresa que existen preocupaciones en torno a la efectividad del gobierno en la ejecución del gasto público, así como respecto de los elevados niveles de pobreza que exhibe el país.

Moody’s llama la atención sobre la continua dificultad del fisco para incrementar los ingresos fiscales y, en consecuencia, la imposibilidad del gobierno de atender eficientemente las más ingentes necesidades sociales y de infraestructura física. Asimismo, la calificadora advierte que el nivel de desarrollo económico de Guatemala es relativamente bajo y su ritmo de crecimiento económico ha sido muy lento en comparación con el de otros países que tienen una calificación similar (Ba1) a la de Guatemala. Los bajos niveles de ingreso de la población y la dependencia respecto del mercado estadounidense generan también potenciales vulnerabilidades y dejan a la economía expuesta a choques externos adversos.

El prudente y estable manejo macroeconómico de las últimas décadas y el relativo mayor grado de diversificación de la economía guatemalteca (en comparación con la región centroamericana) continuarán permitiendo que la inversión extranjera continúe aumentando en los próximos años. Sin embargo, si el país no supera con seriedad las debilidades y amenazas que ensombrecen el clima de negocios (y que las calificadoras internacionales identifican claramente), la inversión total nunca alcanzará los niveles requeridos para salir de la pobreza.

Las Instituciones Electorales

Campañas políticas anticipadas, transfuguismo de diputados, millonadas de dinero sucio en la política, partidos políticos que no se pronuncian sobre los temas de Estado, apatía ciudadana... Lo que en el fondo posibilita estos problemas es la debilidad de las dos instituciones clave del sistema político: los partidos políticos y la autoridad electoral

La semana pasada comentamos que el fortalecimiento de la democracia es complementario con el desarrollo económico y social, y que dicho fortalecimiento pasa, sobre todo, por construir y fortalecer las instituciones que configuran un sistema democrático en el área de seguridad y justicia, en el campo republicano de los pesos y contrapesos y, especialmente, en el sistema electoral propiamente dicho.

Nuestra joven y frágil democracia está en riesgo pues el sistema electoral ha involucionado hasta convertirse en un gran mercado de intereses, privilegios y negocios que se alimenta, sin llegar nunca a saciarse, del erario público. El cortoplacismo que guía al sistema impide, a su vez, que el Estado persiga políticas públicas de largo plazo que conduzcan al desarrollo y al bienestar de la población.

Los síntomas de la disfuncionalidad del sistema político son abundantes y evidentes: flujo de dineros ilícitos hacia la política, transfuguismo irrefrenable, ausencia de debate político e ideológico en torno a los temas importantes, campañas prolongadas y fuera de los periodos legales, poca participación ciudadana en los partidos políticos, bajísima credibilidad ciudadana en el Congreso, y un largo etcétera. Pero estos son sólo los síntomas.

Lo que posibilita que se produzcan estos problemas es la debilidad e inefectividad de las dos instituciones clave de cualquier sistema electoral: los partidos políticos y la autoridad electoral (en nuestro caso, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-). Por un lado, los partidos políticos, como intermediarios que deberían ser entre la ciudadanía y los organismos del Estado, son uno de los elementos más importantes dentro del sistema electoral y, por lo tanto, son una de las piezas clave que deben ser fortalecidas en una cada vez más urgente reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por otro lado, el TSE debe ser fortalecido para que cumpla efectivamente con su rol fundamental de aplicar, como autoridad máxima, el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual las preferencias de los electores se articulan en votos y estos, a su vez, se convierten en puestos de autoridad gubernamental. Si se lograra reformar la Ley Electoral en estos dos aspectos institucionales (partidos políticos y TSE), todos los demás síntomas de descomposición del sistema electoral serían más fácilmente superables.

Por desgracia, muchas de las propuestas de reforma a dicha ley que están siendo impulsadas en distintos foros se están centrando en temas que, o bien son sólo síntomas de un mal mayor, o en bien son demasiado contenciosos como para lograr avances que viabilicen las reformas necesarias. Ya sea por descuido o por diseño, o quizá por tratarse de temas más mediáticos, muchas de las propuestas se empantanan en temas secundarios (como el número de diputados, el transfuguismo, o el monto de financiamiento público al proceso electoral).

Esos temas secundarios bien podrían dejarse para una etapa posterior de reformas, y permitir así que los esfuerzos se centren, en el caso de los partidos políticos, en propiciar una mayor legitimidad y representatividad de los mismos, reforzar su democratización interior, modernizar los procedimientos de elección de candidatos a elección, y modificar la forma de integración del Congreso de la República para lograr una estabilidad en su conformación.

En cuanto al TSE, las reformas deberían centrarse en fortalecer la independencia de sus magistrados, ampliar el plazo de su mandato, mejorar su capacidad de ejercer legítimamente su autoridad mediante sanciones drásticas y efectivas, así como en robustecer su calidad de tribunal supremo en materia electoral.

Desafortunadamente, las reformas institucionales no dan frutos de inmediato, lo que las relega en las agendas de los activistas que persiguen metas impactantes. Y como este tipo de reformas toca la médula el sistema de privilegios y de tráfico de influencias del que medran los políticos tradicionales, su aprobación legislativa se ve obstaculizada y boicoteada por los mismos funcionarios que deben aprobarlas. Pero sólo mediante la construcción de instituciones electorales –partidos políticos y autoridad electoral- fuertes y efectivas, será posible consolidar nuestra débil democracia y salir del atraso integral que nos asfixia.

Las Instituciones Democráticas

El fortalecimiento de la democracia es compatible con la búsqueda del desarrollo económico y social

La democracia en Guatemala tiene una historia corta y una institucionalidad débil, lo que la hace vulnerable a la perenne amenaza del autoritarismo que se encuentra presente, aunque agazapado, en la psiquis del país. Una diversidad de factores de la actualidad hacen que la democracia esté experimentando una crisis de credibilidad entre la ciudadanía: el crecimiento económico ha sido muy lento durante el periodo democrático; la corrupción se ha enseñoreado y devenido en el motor central del sistema electoral; la delincuencia y la violencia son ya parte del paisaje nacional; el Congreso de la República se paraliza durante un semestre sin ninguna consecuencia…

No es de extrañar que el porcentaje de apoyo a la democracia en Guatemala sea uno de los más bajos de América, según los estudios de “Cultura política de la democracia” que se han realizado en el país durante veinte años. El más reciente de estos estudios, publicado este año, apenas refleja mejoras en el apoyo a la democracia y señala algunos retrocesos: las instituciones que generan menos confianza son el Congreso de la República, los partidos políticos y la Policía Nacional, mientras que la corrupción es percibida como un mal que pone en peligro la democracia y debilita el Estado de Derecho.

Para quienes albergan dudas sobre la democracia vale la pena señalar que diversos estudios demuestran que existe alrededor del mundo una alta correlación entre la democracia y el desarrollo económico. Dicha correlación no implica causalidad, es decir, no está claro si la democracia conduce al desarrollo o si lo opuesto es lo correcto; o, incluso, si son otros los factores que explican el hecho de que los países más prósperos suelen ser también los más democráticos. (Un estudio del economista Robert Barro, sobre cien países entre 1960 y 1990 encontró que la prosperidad tiende a ser promovida por las prácticas democráticas).

Si bien es cierto que el autoritarismo puede, en algunos casos, ser exitoso en acelerar temporalmente el crecimiento en sociedades relativamente homogéneas y bien controladas (como el caso de China), también lo es que diversos estudios han demostrado que en el caso de sociedades de gran diversidad étnica y social (como en el caso de India, que podría asemejarse al de Guatemala) sólo la democracia es compatible con el desarrollo sostenido, puesto que los líderes autocráticos en tales sociedades no suelen lograr una base de apoyo amplia y se ven tentados a vaciar las arcas públicas.

El fortalecimiento de la democracia es, pues, compatible con la búsqueda del desarrollo económico y social. Dicho fortalecimiento pasa, sobre todo, por construir y fortalecer las instituciones que configuran un sistema democrático, tanto en el área de seguridad y justicia, como en el campo republicano de los pesos y contrapesos, y en el área del sistema electoral propiamente dicho.

Las prioridades para fortalecer las instituciones democráticas deben incluir, en lo que respecta a la seguridad y la justicia, esfuerzos concretos para reestructurar la Policía Nacional Civil y las cortes de justicia mediante reformas profundas que, como en otros países, podrían complementarse con la sistematización de ciertas intervenciones específicas en materia de seguridad, orientadas a atender especialmente las áreas marginales (con alumbrado público, acceso a las escuelas, actividades culturales y capacitación técnica a los jóvenes).

En cuanto a los pesos y contrapesos que conforman el sistema republicano de gobierno –consagrado en la Constitución-, es menester que el Congreso recupere urgentemente su rol como Poder Legislativo, para lo cual debe considerar reformar su ley de régimen interior de manera que no tenga que estar pidiéndole permiso a la Corte de Constitucionalidad para que ésta le explique cuáles son sus funciones fundamentales.

Y en cuanto al sistema electoral, las instituciones clave que deben fortalecerse son, fundamentalmente, los partidos políticos (para que en realidad sean canales de participación ciudadana y aseguren su representatividad) y el Tribunal Supremo Electoral (para que en realidad ejerza la autoridad máxima del sistema). Si estas reformas no avanzan el país le continuará abriendo la puerta a un autoritarismo que en nada contribuirá al esquivo progreso económico y social.

Inestabilidad Política y Conflictividad Social

El ambiente político radicalizado, y los síntomas de una persistente conflictividad social que se perciben en la coyuntura actual, podrían tener efectos prejudiciales graves sobre  el desempeño económico del país

Es abundante la literatura que ilustra sobre los efectos nocivos que la inestabilidad política y el conflicto social tienen sobre el desempeño económico de cualquier país, particularmente respecto de su capacidad de aumentar la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. La inestabilidad y conflictividad político-social es muy común y recurrente alrededor del mundo y, por ello, los múltiples estudios que demuestran los referidos efectos no sólo son bastante concluyentes, sino que encierran lecciones que pueden ser relevantes para Guatemala.

Hoy en día existe un evidente ambiente de inestabilidad política y de conflictividad social en el país: las divisiones entre derechas e izquierdas –radicalizadas por el juicio contra Ríos Montt- no son canalizadas por un sistema de partidos políticos disfuncional, clientelar y corrompido hasta la médula; el sistema republicano mutilado por la ausencia absoluta del Congreso en la vida política de la nación; los múltiples brotes de convulsión social –sea por recursos naturales o por servicios públicos-, exacerbados por las demandas históricamente insatisfechas y las sensaciones de exclusión; los mucho territorios fuera del control del Estado, donde no impera la ley sino el crimen (organizado o no) y el autogobierno.

Es casi seguro que tal ambiente político y social estará perjudicando gravemente el desempeño económico del país. Si la historia sirve de referencia, basta recordar que, en la década de los ochenta del siglo pasado, la guerra civil fue el factor central (complementado por una crisis económica mundial y por las secuelas del desgobierno de Lucas García) que determinó la peor caída de la producción en la historia moderna del país y la mayor reducción en los niveles de ingreso per cápita de los guatemaltecos. Con la grave crisis de esa década –y probablemente a causa de ella-, el desempeño económico de Guatemala ha sido desde entonces predominantemente mediocre y lento.

La inestabilidad política y el escaso desarrollo económico se refuerzan mutuamente. En un sentido, la incertidumbre en el campo político y social tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico pues precipita una reducción de la inversión en capital físico, una pérdida de capital humano (debido, por ejemplo, de las migraciones por causas políticas) y un aumento de la volatilidad macroeconómica (debido, por ejemplo, a aumentos crecientes del déficit fiscal). En el otro sentido, el desempeño económico insatisfactorio puede agravar los niveles de desigualdad y conducir, a su vez, a confrontaciones político-sociales, agravadas por una sensación de desesperanza generalizada de la población respecto de su futuro.

Múltiples estudios han corroborado tales fenómenos alrededor del mundo y han demostrado que, en general, la inestabilidad y conflictividad político-social conduce a un menor crecimiento económico, a una reducción de la inversión privada, a la volatilidad macroeconómica y a una mayor inflación, entro otras consecuencias que se traducen, al final de cuentas, en una pérdida generalizada de bienestar en perjuicio principalmente de los más pobres.

Estudios recientes muestran que tales efectos negativos pueden moderarse y superarse en pocos años si se aplican medidas y reformas enfocadas a mejorar la efectividad de las instituciones de gobierno y sus reglas de participación en la vida económica y social (lo que se conoce como gobernanza): el grado de participación ciudadana en las decisiones, la rendición de cuentas por parte de las autoridades, la estabilidad de las instituciones, la efectividad del gobierno, la calidad de las regulaciones gubernamentales, el imperio de la ley y el control de la corrupción, así como la flexibilidad de los mercados de productos y de empleo.

Este es uno de los desafíos fundamentales para la Guatemala de hoy. Las condiciones de incertidumbre política y discordia social son una realidad cotidiana. Únicamente en la medida en que, como país, nos centremos en construir y fortalecer las instituciones, así como en procurar la eficiencia simultánea del gobierno y de los mercados, podremos moderar las consecuencias negativas de la situación actual y aspirar a un futuro de bienestar para todos los guatemaltecos. Un futuro que ahora se ve lejano.

El Futuro es Urbano

La gente alrededor del mundo (y Guatemala no es excepción) se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades. El Estado debe actuar en consonancia con esa inevitable tendencia. 

Desde hace cinco años, más de la mitad de los 7 millardos de habitantes del planeta viven en ciudades. Si bien es cierto que la vida en las ciudades puede ser intimidante (especialmente si se ve a las grandes urbes como potenciales destructoras de los valores tradicionales y generadoras de desorden, ruido y contaminación), también lo es que la ciudad puede constituir una fuente de desafíos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

Es por ello que la gente alrededor del mundo se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades, y lo hace por un sinnúmero de razones. Ya sea por el simple deseo de estar cerca de la acción y de la modernidad, o simplemente como una apuesta desesperada por la sobrevivencia pero, en todo caso, la decisión de migrar a la ciudad suele ser una elección racional: en la medida en que la tecnología avanza y las aspiraciones humanas evolucionan, se reduce la capacidad de la vida rural de satisfacerlas y aumenta la promisión de la ciudad.

La tendencia del Siglo XXI es la urbanización: para el año 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. En vez de oponerse a esta tendencia inevitable –queriendo preservar artificialmente antiguos sistemas de producción  rurales-, corresponde a las autoridades procurar sacar provecho de la misma y del irreductible potencial humano de la vida urbana, en la que conviven simultáneamente la armonía y la violencia, la lucha continua y el éxito irrestricto.

En Guatemala, según el INE, actualmente el 58% de la población es urbana, mientras que para 2020 Segeplan proyecta que más del 65% de la población residirá en áreas urbanas, especialmente en ciudades medianas. Ello aconseja aplicar políticas que eviten que el crecimiento del país continúe siendo territorialmente desordenado; para ello Segeplan propone el desarrollo de ciudades intermedias, modernas, conectadas, como nodos de comercio regional.

Para ello, el respeto y cumplimiento de la Ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural es esencial, no sólo como mecanismo para que las comunidades participen en la planificación y evaluación de las políticas y servicios que presten los distintos niveles de gobierno, sino también como herramienta para exigir a las autoridades de las ciudades que provean adecuadamente agua, sanidad y mantenimiento de calles.

Por otra parte, la agricultura urbana (es decir, la producción de cultivos y ganado en las ciudades) puede jugar un rol importante para atender los temas de seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano, por lo que las políticas públicas de cara al futuro deben favorecer este tipo de producción (desde pequeños plantíos en los jardines, hasta pequeñas granjas áreas públicas de los vecindarios) que está cobrando auge en otros países.

Pero para aprovechar al máximo las transformaciones demográficas que conlleva el proceso de urbanización, es menester priorizar políticas de largo plazo en al menos tres áreas clave: capital humano, macroeconomía e institucionalidad. En efecto, la creciente población urbana en edad de trabajar debe convertirse en una fuerza laboral productiva, lo cual requiere inversión en todos los niveles educativos y de atención en salud.

A su vez, la mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo urbana sólo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden encontrar empleo. Las políticas macroeconómicas tendentes a lograr condiciones estables y un buen clima de negocios están relacionadas con el crecimiento del empleo productivo y bien remunerado. La flexibilidad del mercado laboral y la apertura al comercio también son factores clave, como lo es la protección a las minorías que puedan resultar perdedoras con tales políticas.

Y, finalmente, el mejor aprovechamiento de la urbanización requiere de fortalecer el imperio de la ley, una mayor eficiencia del gobierno, la reducción de la corrupción y el cumplimiento de los contratos. La aplicación de políticas exitosas en todas estas áreas puede configurar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido en la sociedad urbana de los próximos años. Si, por el contrario, no se aplican desde ya tales políticas, estaremos condenados a perpetuar las actuales condiciones de elevado subempleo, criminalidad generalizada e inestabilidad política.