El ambiente político radicalizado, y los síntomas de una persistente conflictividad social que se perciben en la
coyuntura actual, podrían tener efectos prejudiciales graves sobre el desempeño económico del país
Es abundante la literatura que ilustra sobre los
efectos nocivos que la inestabilidad política y el conflicto social tienen
sobre el desempeño económico de cualquier país, particularmente respecto de su
capacidad de aumentar la producción de bienes y servicios que satisfagan las
necesidades de la población. La inestabilidad y conflictividad político-social
es muy común y recurrente alrededor del mundo y, por ello, los múltiples
estudios que demuestran los referidos efectos no sólo son bastante
concluyentes, sino que encierran lecciones que pueden ser relevantes para
Guatemala.
Hoy en día existe un evidente ambiente de
inestabilidad política y de conflictividad social en el país: las divisiones
entre derechas e izquierdas –radicalizadas por el juicio contra Ríos Montt- no
son canalizadas por un sistema de partidos políticos disfuncional, clientelar y
corrompido hasta la médula; el sistema republicano mutilado por la ausencia
absoluta del Congreso en la vida política de la nación; los múltiples brotes de
convulsión social –sea por recursos naturales o por servicios públicos-,
exacerbados por las demandas históricamente insatisfechas y las sensaciones de
exclusión; los mucho territorios fuera del control del Estado, donde no impera
la ley sino el crimen (organizado o no) y el autogobierno.
Es casi seguro que tal ambiente político y social
estará perjudicando gravemente el desempeño económico del país. Si la historia
sirve de referencia, basta recordar que, en la década de los ochenta del siglo
pasado, la guerra civil fue el factor central (complementado por una crisis
económica mundial y por las secuelas del desgobierno de Lucas García) que
determinó la peor caída de la producción en la historia moderna del país y la
mayor reducción en los niveles de ingreso per cápita de los guatemaltecos. Con
la grave crisis de esa década –y probablemente a causa de ella-, el desempeño
económico de Guatemala ha sido desde entonces predominantemente mediocre y
lento.
La inestabilidad política y el escaso desarrollo
económico se refuerzan mutuamente. En un sentido, la incertidumbre en el campo político
y social tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico pues precipita
una reducción de la inversión en capital físico, una pérdida de capital humano
(debido, por ejemplo, de las migraciones por causas políticas) y un aumento de
la volatilidad macroeconómica (debido, por ejemplo, a aumentos crecientes del
déficit fiscal). En el otro sentido, el desempeño económico insatisfactorio
puede agravar los niveles de desigualdad y conducir, a su vez, a
confrontaciones político-sociales, agravadas por una sensación de desesperanza
generalizada de la población respecto de su futuro.
Múltiples estudios han corroborado tales fenómenos
alrededor del mundo y han demostrado que, en general, la inestabilidad y
conflictividad político-social conduce a un menor crecimiento económico, a una
reducción de la inversión privada, a la volatilidad macroeconómica y a una
mayor inflación, entro otras consecuencias que se traducen, al final de
cuentas, en una pérdida generalizada de bienestar en perjuicio principalmente
de los más pobres.
Estudios recientes muestran que tales efectos
negativos pueden moderarse y superarse en pocos años si se aplican medidas y
reformas enfocadas a mejorar la efectividad de las instituciones de gobierno y
sus reglas de participación en la vida económica y social (lo que se conoce
como gobernanza): el grado de participación ciudadana en las decisiones, la
rendición de cuentas por parte de las autoridades, la estabilidad de las
instituciones, la efectividad del gobierno, la calidad de las regulaciones
gubernamentales, el imperio de la ley y el control de la corrupción, así como
la flexibilidad de los mercados de productos y de empleo.
Este es uno de los desafíos fundamentales para la Guatemala de hoy. Las
condiciones de incertidumbre política y discordia social son una realidad
cotidiana. Únicamente en la medida en que, como país, nos centremos en
construir y fortalecer las instituciones, así como en procurar la eficiencia
simultánea del gobierno y de los mercados, podremos moderar las consecuencias
negativas de la situación actual y aspirar a un futuro de bienestar para todos
los guatemaltecos. Un futuro que ahora se ve lejano.
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