Las Instituciones Electorales

Campañas políticas anticipadas, transfuguismo de diputados, millonadas de dinero sucio en la política, partidos políticos que no se pronuncian sobre los temas de Estado, apatía ciudadana... Lo que en el fondo posibilita estos problemas es la debilidad de las dos instituciones clave del sistema político: los partidos políticos y la autoridad electoral

La semana pasada comentamos que el fortalecimiento de la democracia es complementario con el desarrollo económico y social, y que dicho fortalecimiento pasa, sobre todo, por construir y fortalecer las instituciones que configuran un sistema democrático en el área de seguridad y justicia, en el campo republicano de los pesos y contrapesos y, especialmente, en el sistema electoral propiamente dicho.

Nuestra joven y frágil democracia está en riesgo pues el sistema electoral ha involucionado hasta convertirse en un gran mercado de intereses, privilegios y negocios que se alimenta, sin llegar nunca a saciarse, del erario público. El cortoplacismo que guía al sistema impide, a su vez, que el Estado persiga políticas públicas de largo plazo que conduzcan al desarrollo y al bienestar de la población.

Los síntomas de la disfuncionalidad del sistema político son abundantes y evidentes: flujo de dineros ilícitos hacia la política, transfuguismo irrefrenable, ausencia de debate político e ideológico en torno a los temas importantes, campañas prolongadas y fuera de los periodos legales, poca participación ciudadana en los partidos políticos, bajísima credibilidad ciudadana en el Congreso, y un largo etcétera. Pero estos son sólo los síntomas.

Lo que posibilita que se produzcan estos problemas es la debilidad e inefectividad de las dos instituciones clave de cualquier sistema electoral: los partidos políticos y la autoridad electoral (en nuestro caso, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-). Por un lado, los partidos políticos, como intermediarios que deberían ser entre la ciudadanía y los organismos del Estado, son uno de los elementos más importantes dentro del sistema electoral y, por lo tanto, son una de las piezas clave que deben ser fortalecidas en una cada vez más urgente reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por otro lado, el TSE debe ser fortalecido para que cumpla efectivamente con su rol fundamental de aplicar, como autoridad máxima, el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual las preferencias de los electores se articulan en votos y estos, a su vez, se convierten en puestos de autoridad gubernamental. Si se lograra reformar la Ley Electoral en estos dos aspectos institucionales (partidos políticos y TSE), todos los demás síntomas de descomposición del sistema electoral serían más fácilmente superables.

Por desgracia, muchas de las propuestas de reforma a dicha ley que están siendo impulsadas en distintos foros se están centrando en temas que, o bien son sólo síntomas de un mal mayor, o en bien son demasiado contenciosos como para lograr avances que viabilicen las reformas necesarias. Ya sea por descuido o por diseño, o quizá por tratarse de temas más mediáticos, muchas de las propuestas se empantanan en temas secundarios (como el número de diputados, el transfuguismo, o el monto de financiamiento público al proceso electoral).

Esos temas secundarios bien podrían dejarse para una etapa posterior de reformas, y permitir así que los esfuerzos se centren, en el caso de los partidos políticos, en propiciar una mayor legitimidad y representatividad de los mismos, reforzar su democratización interior, modernizar los procedimientos de elección de candidatos a elección, y modificar la forma de integración del Congreso de la República para lograr una estabilidad en su conformación.

En cuanto al TSE, las reformas deberían centrarse en fortalecer la independencia de sus magistrados, ampliar el plazo de su mandato, mejorar su capacidad de ejercer legítimamente su autoridad mediante sanciones drásticas y efectivas, así como en robustecer su calidad de tribunal supremo en materia electoral.

Desafortunadamente, las reformas institucionales no dan frutos de inmediato, lo que las relega en las agendas de los activistas que persiguen metas impactantes. Y como este tipo de reformas toca la médula el sistema de privilegios y de tráfico de influencias del que medran los políticos tradicionales, su aprobación legislativa se ve obstaculizada y boicoteada por los mismos funcionarios que deben aprobarlas. Pero sólo mediante la construcción de instituciones electorales –partidos políticos y autoridad electoral- fuertes y efectivas, será posible consolidar nuestra débil democracia y salir del atraso integral que nos asfixia.