Inestabilidad Política y Conflictividad Social

El ambiente político radicalizado, y los síntomas de una persistente conflictividad social que se perciben en la coyuntura actual, podrían tener efectos prejudiciales graves sobre  el desempeño económico del país

Es abundante la literatura que ilustra sobre los efectos nocivos que la inestabilidad política y el conflicto social tienen sobre el desempeño económico de cualquier país, particularmente respecto de su capacidad de aumentar la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. La inestabilidad y conflictividad político-social es muy común y recurrente alrededor del mundo y, por ello, los múltiples estudios que demuestran los referidos efectos no sólo son bastante concluyentes, sino que encierran lecciones que pueden ser relevantes para Guatemala.

Hoy en día existe un evidente ambiente de inestabilidad política y de conflictividad social en el país: las divisiones entre derechas e izquierdas –radicalizadas por el juicio contra Ríos Montt- no son canalizadas por un sistema de partidos políticos disfuncional, clientelar y corrompido hasta la médula; el sistema republicano mutilado por la ausencia absoluta del Congreso en la vida política de la nación; los múltiples brotes de convulsión social –sea por recursos naturales o por servicios públicos-, exacerbados por las demandas históricamente insatisfechas y las sensaciones de exclusión; los mucho territorios fuera del control del Estado, donde no impera la ley sino el crimen (organizado o no) y el autogobierno.

Es casi seguro que tal ambiente político y social estará perjudicando gravemente el desempeño económico del país. Si la historia sirve de referencia, basta recordar que, en la década de los ochenta del siglo pasado, la guerra civil fue el factor central (complementado por una crisis económica mundial y por las secuelas del desgobierno de Lucas García) que determinó la peor caída de la producción en la historia moderna del país y la mayor reducción en los niveles de ingreso per cápita de los guatemaltecos. Con la grave crisis de esa década –y probablemente a causa de ella-, el desempeño económico de Guatemala ha sido desde entonces predominantemente mediocre y lento.

La inestabilidad política y el escaso desarrollo económico se refuerzan mutuamente. En un sentido, la incertidumbre en el campo político y social tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico pues precipita una reducción de la inversión en capital físico, una pérdida de capital humano (debido, por ejemplo, de las migraciones por causas políticas) y un aumento de la volatilidad macroeconómica (debido, por ejemplo, a aumentos crecientes del déficit fiscal). En el otro sentido, el desempeño económico insatisfactorio puede agravar los niveles de desigualdad y conducir, a su vez, a confrontaciones político-sociales, agravadas por una sensación de desesperanza generalizada de la población respecto de su futuro.

Múltiples estudios han corroborado tales fenómenos alrededor del mundo y han demostrado que, en general, la inestabilidad y conflictividad político-social conduce a un menor crecimiento económico, a una reducción de la inversión privada, a la volatilidad macroeconómica y a una mayor inflación, entro otras consecuencias que se traducen, al final de cuentas, en una pérdida generalizada de bienestar en perjuicio principalmente de los más pobres.

Estudios recientes muestran que tales efectos negativos pueden moderarse y superarse en pocos años si se aplican medidas y reformas enfocadas a mejorar la efectividad de las instituciones de gobierno y sus reglas de participación en la vida económica y social (lo que se conoce como gobernanza): el grado de participación ciudadana en las decisiones, la rendición de cuentas por parte de las autoridades, la estabilidad de las instituciones, la efectividad del gobierno, la calidad de las regulaciones gubernamentales, el imperio de la ley y el control de la corrupción, así como la flexibilidad de los mercados de productos y de empleo.

Este es uno de los desafíos fundamentales para la Guatemala de hoy. Las condiciones de incertidumbre política y discordia social son una realidad cotidiana. Únicamente en la medida en que, como país, nos centremos en construir y fortalecer las instituciones, así como en procurar la eficiencia simultánea del gobierno y de los mercados, podremos moderar las consecuencias negativas de la situación actual y aspirar a un futuro de bienestar para todos los guatemaltecos. Un futuro que ahora se ve lejano.

El Futuro es Urbano

La gente alrededor del mundo (y Guatemala no es excepción) se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades. El Estado debe actuar en consonancia con esa inevitable tendencia. 

Desde hace cinco años, más de la mitad de los 7 millardos de habitantes del planeta viven en ciudades. Si bien es cierto que la vida en las ciudades puede ser intimidante (especialmente si se ve a las grandes urbes como potenciales destructoras de los valores tradicionales y generadoras de desorden, ruido y contaminación), también lo es que la ciudad puede constituir una fuente de desafíos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

Es por ello que la gente alrededor del mundo se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades, y lo hace por un sinnúmero de razones. Ya sea por el simple deseo de estar cerca de la acción y de la modernidad, o simplemente como una apuesta desesperada por la sobrevivencia pero, en todo caso, la decisión de migrar a la ciudad suele ser una elección racional: en la medida en que la tecnología avanza y las aspiraciones humanas evolucionan, se reduce la capacidad de la vida rural de satisfacerlas y aumenta la promisión de la ciudad.

La tendencia del Siglo XXI es la urbanización: para el año 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. En vez de oponerse a esta tendencia inevitable –queriendo preservar artificialmente antiguos sistemas de producción  rurales-, corresponde a las autoridades procurar sacar provecho de la misma y del irreductible potencial humano de la vida urbana, en la que conviven simultáneamente la armonía y la violencia, la lucha continua y el éxito irrestricto.

En Guatemala, según el INE, actualmente el 58% de la población es urbana, mientras que para 2020 Segeplan proyecta que más del 65% de la población residirá en áreas urbanas, especialmente en ciudades medianas. Ello aconseja aplicar políticas que eviten que el crecimiento del país continúe siendo territorialmente desordenado; para ello Segeplan propone el desarrollo de ciudades intermedias, modernas, conectadas, como nodos de comercio regional.

Para ello, el respeto y cumplimiento de la Ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural es esencial, no sólo como mecanismo para que las comunidades participen en la planificación y evaluación de las políticas y servicios que presten los distintos niveles de gobierno, sino también como herramienta para exigir a las autoridades de las ciudades que provean adecuadamente agua, sanidad y mantenimiento de calles.

Por otra parte, la agricultura urbana (es decir, la producción de cultivos y ganado en las ciudades) puede jugar un rol importante para atender los temas de seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano, por lo que las políticas públicas de cara al futuro deben favorecer este tipo de producción (desde pequeños plantíos en los jardines, hasta pequeñas granjas áreas públicas de los vecindarios) que está cobrando auge en otros países.

Pero para aprovechar al máximo las transformaciones demográficas que conlleva el proceso de urbanización, es menester priorizar políticas de largo plazo en al menos tres áreas clave: capital humano, macroeconomía e institucionalidad. En efecto, la creciente población urbana en edad de trabajar debe convertirse en una fuerza laboral productiva, lo cual requiere inversión en todos los niveles educativos y de atención en salud.

A su vez, la mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo urbana sólo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden encontrar empleo. Las políticas macroeconómicas tendentes a lograr condiciones estables y un buen clima de negocios están relacionadas con el crecimiento del empleo productivo y bien remunerado. La flexibilidad del mercado laboral y la apertura al comercio también son factores clave, como lo es la protección a las minorías que puedan resultar perdedoras con tales políticas.

Y, finalmente, el mejor aprovechamiento de la urbanización requiere de fortalecer el imperio de la ley, una mayor eficiencia del gobierno, la reducción de la corrupción y el cumplimiento de los contratos. La aplicación de políticas exitosas en todas estas áreas puede configurar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido en la sociedad urbana de los próximos años. Si, por el contrario, no se aplican desde ya tales políticas, estaremos condenados a perpetuar las actuales condiciones de elevado subempleo, criminalidad generalizada e inestabilidad política.

La Enredada Estrategia de los Paquetes

Los “paquetes” de leyes no sólo son una estrategia contraproducente, sino una pésima técnica legislativa. Culpa de tal estrategia, la lucha contra la corrupción que podría hacerse desde el Congreso de la República permanece obstaculizada. 

La transparencia en el gasto público, por un lado, y la generación de empleo, por otro, son dos de los cuatro temas que, al menos en el discurso, definen las principales prioridades del actual gobierno. Como parte de su estrategia para impulsar medidas en ambas áreas, el Ejecutivo envió al Congreso sendos “paquetes” de leyes de transparencia y de empleo. Si la intención era que se aprobaran varias leyes para mejorar la transparencia, combatir la corrupción, impulsar la competitividad y generar empleos, la estrategia de enviar las iniciativas de ley “en paquete” ha resultado contraproducente.

Hace más de un año, en marzo de 2012, el Presidente Pérez Molina envió al Congreso dos iniciativas de ley que empaquetaban once leyes distintas (tanto nuevas leyes como reformas a leyes existentes) en materia de transparencia y combate a la corrupción, como un complemente necesario al paquetazo tributario que había sido aprobado semanas antes. La iniciativa 4461 se refería a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de la Contraloría General de Cuentas, la Ley Orgánica de la SAT y una ley del Sistema Estadístico, mientras que la iniciativa 4462 lo hacía con la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Probidad, la Ley Orgánica del Ejecutivo, la Ley del Servicio Civil, la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, una Ley de Fideicomisos Públicos y otra del sistema de planificación. Sin embargo, mientras el paquete tributario fue aprobado de manera expedita, los paquetes de transparencia llegaron a dormir el sueño de los justos.

Aunque la intención de enviar las leyes de transparencia en forma de “paquetes” pudo ser buena (para ahorrar tiempo o esfuerzo, quizá), en términos de técnica legislativa resulta ser una pésima práctica y, en términos de su proceso de aprobación, una tarea engorrosa, enredada y con pocas probabilidades de éxito. La razón de esa dificultad práctica radica en que el contenido de los paquetes presenta componentes que son muy diferentes entre sí. Incluso si todo lo incluido en las iniciativas estuviese bien planteado (lo cual no es necesariamente el caso), no todo tiene el mismo grado de prioridad, no todo tiene el mismo nivel de consenso y no todo tiene el mismo nivel de complejidad.

Ello ocasiona que los puntos controversiales, o los temas menos prioritarios, o los aspecto menos viables políticamente (buenos o malos) obstruyen la aprobación del resto de las reformas. Por ejemplo, la Ley de Contrataciones es de naturaleza muy compleja y especializada, además de ser clave en la regulación de todas las compras y contratos del gobierno, por lo que es políticamente muy sensible, razón por la cual el proceso de discusión técnica y política de sus reformas ha sido lento y complejo; en contraste, las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto han sido ampliamente consensuadas en los últimos años y están bien identificadas técnicamente. Por ello, resulta contraproducente que, por pretender aprobar todo el paquete, se posponga la urgente aprobación de la segunda de las leyes mencionadas y se pierda así la oportunidad de dar un primer y efectivo paso en el combate a la corrupción.

Algo similar ocurre con el paquete de leyes de empleo que el Ejecutivo elevó al Congreso en enero pasado, que contiene leyes y reformas en temas que van desde normas para fomentar la inversión hasta aspectos relativos a las garantías para acceder al crédito, pasando por la regulación de la jornada laboral por horas. Ocurre, por ejemplo, que este último caso (el de la regulación del trabajo a tiempo parcial) requiere un proceso cuidadoso de negociación y concienciación que ha sido enfatizado, como no podía ser de otra manera, por las organizaciones sindicales. Por desgracia, la atención a dicho reclamo sindical ha significado que se paralice el proceso de conocimiento y discusión del resto de componentes del paquete que gozan de mayor consenso o menor complejidad.

Los “paquetes” de leyes son un regalo envenenado y un desafío operativo para el Congreso pero, al mismo tiempo, representan una gran oportunidad. Especialmente en lo referente al tema de la transparencia y el combate a la corrupción, el Legislativo tiene la oportunidad de recuperar algo del prestigio perdido si logra desenredar la aprobación de las leyes de transparencia que la sociedad está exigiendo.

La Desnutrición es Problema de Todos

La desnutrición ha sido combatida exitosamente en otros países mediante acciones que han demostrado  ser eficaces (y poco costosas), pero que demandan un gran esfuerzo de coordinación entre las distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad. Dicho esfuerzo de coordinación ha sido el talón de Aquiles en el caso guatemalteco. 

La ignominiosa –y sorprendentemente poco difundida- noticia de un nuevo brote de desnutrición en Baja Verapaz ha vuelto a desnudar la realidad del país: pese a que las autoridades aseguran estar trabajando al respecto, durante el presente año se han detectado 70 casos de desnutrición crónica y aguda, con la cauda de tres niños fallecidos. La desnutrición no sólo es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, sino que resulta completamente injustificable pues existen instrumentos suficientes para combatirla (oferta de alimentos, un adecuado marco legal y políticas públicas específicas) que no se aplican efectivamente.

El economista indio Amartya Sen (premio Nobel en 1998) ha advertido que, aunque muchas cosas acerca de la pobreza son bastante obvias, el tema de la hambruna y la desnutrición no lo son tanto: las causas de estos males no se encuentran en la poca oferta de alimentos, sino en las dificultades de acceso individual a los mismos debido a fallas en los mecanismos de distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos más sobresalientes de la desnutrición; en particular, pasa por la atención a los niños desde su gestación. La desnutrición causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los estudios demuestran que los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, y más probabilidad de tener dificultades académicas, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir antes.

Afortunadamente, existen acciones para combatirla que han sido eficaces (y poco costosas) en otros países. Brasil redujo el número de niños con bajo peso en un 0.7% anual entre 1986 y 1996 y redujo el retraso del crecimiento en un 1.9% anual; Bangladesh también lo redujo a tasas de 2% anual en 1994-2005. Estos países centraron muchas de sus acciones en los primeros mil días de vida (incluyendo el embarazo) y ampliaron sus programas de salud materna, de enseñanza de buenas prácticas alimenticias, y de medición y control del problema.

Estos programas exitosos requieren de un gran esfuerzo en materia de coordinación que involucra muchas acciones en un gran número de instituciones del Estado (el programa Hambre Cero de Brasil tiene 90 diferentes programas en 19 ministerios y abarca desde transferencias monetarias condicionadas, hasta proyectos de mini-riego), lo cual es difícil de organizar y sólo puede funcionar con el apoyo decidido del liderazgo político.

En Guatemala existe desde hace seis años, por mandato legal, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, que no ha sido capaz de impedir que se produzcan episodios recurrentes de crisis alimentaria en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, órgano rector de las políticas públicas del sector, ha tenido dificultades en cumplir con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria ha enfrentado dificultades en su rol de coordinar al SINASAN, armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales.

Por ello es necesario que cada día haya más conciencia en la sociedad guatemalteca acerca de la importancia crucial que para la viabilidad del país, su desarrollo integral y su gobernabilidad, reviste el combate a la desnutrición. Hoy, resulta esperanzador el surgimiento de la Alianza por la Nutrición, una alianza de organizaciones privadas y de la sociedad civil, comprometidas con el combate a la desnutrición crónica mediante la incidencia y el apoyo a políticas públicas, especialmente a las acciones del Gobierno, la cooperación internacional, los esfuerzos privados y la movilización social que permitan implementar la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país.

La Deuda de la USAC

El Estado le tiene una deuda a la USAC, pero ésta le tiene también una deuda a la sociedad. La autonomía sólo es legítima si va acompañada de una efectiva rendición de cuentas. 

La Universidad de San Carlos ha estado exigiendo al gobierno por diversos medios (campos pagados, protestas estudiantiles, reuniones con las más altas autoridades del Ejecutivo) el pago a dicho centro de estudios por el equivalente a por lo menos el cinco por ciento del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. El gobierno alega que le ha pagado lo correspondiente a los ejercicios fiscales corrientes, pero que no puede hacerse responsable de lo que el gobierno anterior omitió trasladarle a la USAC (unos Q360 millones).

El reclamo universitario es justo en el sentido de que se trata de un mandato constitucional para el Estado (no para un gobierno en particular); es decir, no es opcional. Y la sensación de angustia entre los sancarlistas parece también justificada, dados los antecedentes en casos similares, tales como los aportes que, por mandato legal, el Estado debe hacer a otras entidades autónomas –específicamente al IGSS y al Banco de Guatemala-, los cuales el actual gobierno se ha resistido a cumplir.

Por mucho que al gobierno le parezca que existen otras prioridades de gasto público, el apoyo financiero a estas entidades autónomas forma parte del pacto social establecido en la Constitución; si se considera que dichas disposiciones son injustas o inapropiadas, lo correcto es luchar por modificarlas, en vez de simplemente incumplirlas.

Ahora bien, el gobierno tiene el derecho de exigir a esas entidades autónomas que respondan ante el pueblo de Guatemala por los recursos que reciben y que pagan todos los ciudadanos a través de los impuestos. Ello porque el privilegio que implica gozar de una autonomía conferida por la Constitución, debe tener como contrapartida una responsabilidad inequívoca de rendir cuentas a los contribuyentes que las sostienen. La autonomía sólo es legítima si va acompañada de una efectiva rendición de cuentas.

Así como el Estado debe pagar la deuda financiera a la USAC, ésta le tiene una deuda a la sociedad guatemalteca: las autoridades de la USAC deben explicar cuán eficientes son en brindar educación superior de calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad guatemalteca. Asimismo, y no menos importante, deben rendir cuentas respecto de cómo gastan o invierten los más de Q1200 millones que reciben cada año del erario público.

Para ello, las autoridades sancarlistas deben tomar nota de lo que hace la Universidad Autónoma de México –UNAM- (paradigma a ser imitado por la USAC). Por ejemplo, la UNAM calcula y publica múltiples indicadores que permiten medir la eficacia de su desempeño, entre los que pueden encontrarse el gasto anual promedio por alumno, el porcentaje de cuantos logran graduarse, o el número de artículos académicos en revistas internacionales o de libros publicados por sus profesores. Sería bueno que la USAC pusiera a disposición de la ciudadanía, de forma abierta y sistemática, este tipo de indicadores.

Otra buena práctica de la UNAM es la de administrar el patrimonio universitario y manejar todos los asuntos presupuestarios y de control financiero a través de un Patronato conformado por tres personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros; dicho Patronato (que es ad-honorem e independiente del Rector y del Consejo Universitario) garantiza un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Bien podría la USAC, sin necesidad de esperar un cambio legal, nombrar a un grupo de notables que certifiquen el manejo de su presupuesto.

O, tal como lo hace la UNAM, adoptar la sana costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, y publicarlos como información pública, así como la información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias.

Así que, aprovechando la coyuntura actual, sería provechoso para el país que el gobierno se comprometa a cumplir con sus compromisos de Estado para con la USAC, pero que ésta se comprometa, a su vez, a cumplir con su obligación moral de rendir cuentas a la sociedad que la sostiene financieramente.

Venezuela y Su (Muy) Lento Progreso

Comparado con otros países de la Región, los logros del modelo venezolano se ven francamente modestos

 Los casi 14 años que Hugo Chávez gobernó en Venezuela despiertan pasiones, a favor y en contra, que dificultan evaluar objetivamente el legado que el popular coronel golpista ha dejado a sus ciudadanos. Sin embargo, una rápida revisión de algunos indicadores (cifras oficiales, puras y duras) puede ayudar a esclarecer los logros del chavismo en materia económica y social, en comparación con otros países latinoamericanos que no han seguido las recetas del “socialismo del siglo XXI”.

El modelo chavista se caracterizó por una creciente intervención del Estado en la economía. Se estima que desde 1999 el gobierno venezolano expropió o nacionalizó más de dos mil empresas y propiedades de todos los sectores y tamaños. Otra política fue la de fijar precios de alimentos, alquileres y medicinas. El bolívar fue devaluado cinco veces y en paralelo se establecieron cupos para la entrega de divisas. Este modelo es, claramente, distinto del aplicado en Brasil, Chile, Colombia o México, más favorables a la empresa privada, la libre competencia y los mercados. ¿Ha tenido más éxito el modelo venezolano?

En términos de estabilidad, resulta claro que Venezuela –con una inflación promedio de 22.5% anual entre 1998 y 2012- ha sido mucho más inestable que, por ejemplo, Colombia (6.4% de inflación promedio anual en el mismo periodo) o Perú (2.9%). La elevada inflación venezolana significó un terrible costo para los sectores más pobres de su población, y una distorsión enorme que de las decisiones económicas que las hizo más ineficientes. El tipo de cambio, por su parte, se devaluó en un 662% en Venezuela desde 1998, mientras que el colombiano lo hizó hecho en 12% y el peruano más bien se revaluó revaluado en 19%.

El crecimiento anual de la producción en esos 14 años fue de 2.8% en Venezuela, menor al 3.4% de Colombia y al 4.9% en Perú. En otras palabras, el modelo chavista permitió que la economía sea hoy 42% mayor que la de 1998, lo cual es positivo, pero menos eficiente que lo sucedido en Colombia o Perú, donde las respectivas economías son ahora 51% y 73% más grandes hoy que hace 14 años.

La deuda pública externa creció 229% en Venezuela en ese periodo, mientras que en Colombia lo hizo en 114% y en Perú en 53%, lo que revela el alto grado de dependencia económica del modelo chavista en comparación con sus vecinos. Ello permitió a los colombianos aumentar sus reservas monetarias internacionales hasta los US$37 millardos (328% de aumento en el periodo), y a los peruanos alcanzar los US$64 millardos (564% de aumento), mientras que Venezuela sólo las aumentó en 101% (hasta los US$30 millardos) en esos 14 años.

La inversión extranjera directa hacia Venezuela acumuló unos US$15.3 millardos entre 1999 y 2011, mientras que hacia Perú acumuló US$48.3 millardos y hacia Colombia, US$50.3 millardos, lo que evidencia lo poco atractivo que son para los inversionistas las políticas chavistas.

El modelo venezolano depende del petróleo, cuyos ingresos se dedican a financiar un elevado gasto público. Chávez defendió esto diciendo que "el socialismo del siglo XXI" convirtió a Venezuela en "el país menos desigual del continente”. Varios indicadores confirman el avance social, que no dista mucho del de sus vecinos. La tasa de desempleo promedio en Venezuela fue de 11.6%, algo menor que la de 12.4% de Colombia, y mucho mayor que la de 8.5% de Perú. La desigualdad en la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, mejoró en Venezuela (de 0.498 en 1999 a 0.397 en 2011), pero eso también lo logró el antagónico modelo peruano (que lo redujo de 0.545 a 0.452), aunque no tanto el colombiano (de 0.572 a 0.545).

Puestos a escoger, el modelo peruano resulta más atractivo, pues ha logrado (callada la boca) mejores resultados, sin los elevados costos en eficiencia y paz social del modelo chavista, cuyas características ha resumido muy bien el nicaragüense Sergio Ramírez en un reciente ensayo: “Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible”.

Pacto Social en Peligro

El pacto social sobre cuyas precarias bases se desarrolla la vida política y económica del Estado Guatemalteco está amenazado por  el círculo vicioso que se configura alrededor de la pobre recaudación fiscal y de la pésima calidad (y opacidad) de los servicios públicos esenciales

El Banco Mundial diseña periódicamente (en coincidencia con los periodos de gobierno) una “estrategia de alianza con el país” para orientar sus operaciones con Guatemala. La más reciente estrategia (para el periodo 2013-2016) parte de un diagnóstico que describe dos características esenciales de la economía guatemalteca. Por un lado, el desempeño económico de Guatemala muestra una notable estabilidad, como resultado de políticas macroeconómicas prudentes, a pesar de la debilidad de las instituciones democráticas. Pero, por otro lado, los elevadísimos niveles de pobreza reclaman con urgencia que se acelere el ritmo de crecimiento y que se asegure que éste sea más incluyente.

El diagnóstico destaca, entre otros aspectos, la lentitud con la que crece la economía guatemalteca y la enorme desigualdad social reflejada en los dispares niveles de consumo. También señala que los elevados índices de delincuencia y violencia son una amenaza grave para el desarrollo del país y obstaculizan los esfuerzos del gobierno en materia de combate a la pobreza.

Tomando en cuenta esa situación, el Banco plantea como objetivos de su estrategia de país, por un lado, fortalecer las políticas públicas de desarrollo social y, por otro, la promoción del crecimiento económico incluyente y sostenible; con ello busca apoyar los esfuerzos que el gobierno afirma estar haciendo para mejorar el potencial de crecimiento económico y avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Para ello, sin embargo, el Banco Mundial recalca que el nivel de ingresos del estado resulta insuficiente, pues estructuralmente no logra movilizar recursos adecuados para fomentar el desarrollo y las políticas sociales. Y aunque el Banco reconoce que las medidas de política fiscal y administrativas que se aprobaron el año pasado tendrán un impacto positivo en el mediano plazo, resulta evidente que es precisamente la debilidad del Estado –tanto en lo fiscal como en lo institucional- el factor que pone en riesgo la consecución de los ambiciosos objetivos planteados en la referida estrategia, tal como otro estudio del propio Banco Mundial lo sugiere.

En efecto, un reciente estudio publicado por dicho organismo multilateral, titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, señala que el gran crecimiento que la clase media ha experimentado en la Región en los últimos años está en peligro, debido a la fragilidad del pacto social que apenas se está construyendo y que da sustento a dicha movilidad social. Ello implica que los beneficios que se derivan de una tener una clase media creciente (que incluyen la posibilidad de un mayor crecimiento económico basado en el mercado interno, y la existencia de una sociedad más igualitaria, que también es propicia para un mejor desempeño económico) están en riesgo de perderse ante la imposibilidad de concretar un pacto social que implique el sostenimiento del Estado y de sus instituciones por parte de la ciudadanía.

La principal amenaza contra dicho pacto social es lo que el estudio del Banco llama “el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios” que, aunque referido a toda Latinoamérica, parece describir a detalle lo que ocurre en Guatemala. La baja recaudación tributaria es un factor que, junto con la ineficiencia y la corrupción, impide que el Estado cumpla con su obligación de prestar servicios básicos (salud, educación, seguridad e infraestructura) a la población.

Cuando los ciudadanos de clase media no reciben a satisfacción estos servicios, optan por desvincularse del Estado y auto-proveerse tales servicios. Ello entraña una ruptura de su identidad ciudadana y se traduce en una bajísima moral tributaria que, a su vez, refuerza la baja recaudación tributaria y, con ello, se perpetúa la baja calidad de los servicios públicos.

La ruptura de ese círculo vicioso –y, por ende, la viabilidad de un Estado incluyente que promueva el bienestar de sus ciudadanos-, requiere de esfuerzos que van más allá de simples reformas tributarias y que pasan por un compromiso sólido con la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional. Por desgracia, la actuación que en tiempos recientes ha tenido el gobierno en torno a la IVE, el FONAPAZ, la Portuaria Quetzal, el IGSS o la SAT parecen ir exactamente en el sentido contrario al que se requiere para mantener vivo nuestro agonizante pacto social.