La Encrucijada de la Violencia

En las últimas semanas las noticias en materia de combate al crimen organizado y la violencia han sido positivas. Se han desarticulado más de 70 bandas criminales y, más importante aún, el número de homicidios (que es el indicador más fiable de violencia armada) ha continuado reduciéndose. Estos avances, aunque puedan parecer pequeños ante la magnitud del problema y en comparación a lo mucho que aún queda por avanzar, significan una bocanada de esperanza para un país que, conforme lo revelan diversas encuestas y estudios, se siente asfixiado por la violencia y la criminalidad.

Uno de estos estudios, titulado “Guatemala en la Encrucijada” y publicado hace algunos meses por el Secretariado de la Declaración de Ginebra, presenta un análisis muy completo, pero devastador, de la situación de violencia en el país hasta 2009.

La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo es una iniciativa adoptada por 108 países que busca encontrar respuestas a la interrelación entre violencia armada y desarrollo. El estudio es muy significativo pues Guatemala, además de ser uno de los 14 países miembros del grupo central (dirigente) de la Declaración de Ginebra, es un importante caso de estudio por la forma perniciosa en que ha mutado la violencia luego del conflicto armado interno, y por los elevados costos que la misma impone  y que en 2005 superaban los 24 millardos de dólares (7.5% del Producto Interno Bruto).

Los costos que el crimen y la violencia armada tienen sobre el desarrollo se generan por diversos factores:  efectos fiscales por aumentos en gastos policiales; pérdidas de capital por la destrucción de infraestructura o propiedad privada; fuga de capitales  y depreciación de inversiones; deterioro del capital humano por enfermedades, desplazamientos y años de vida perdidos; aumento en los costos de transacción y pérdida de la confianza inversionista; aumento en los gastos en seguridad privada; y, gastos médicos derivados de la violencia.

Esos costos estuvieron aumentando durante varios años, ya que entre 1986 y 2008 los homicidios aumentaron en un 192% y la tasa de homicidios por habitantes durante ese mismo periodo también creció notablemente: 19.18 por cada 100 mil habitantes en 1986, a 35 en 2008. Por lo tanto, resulta muy alentador que en lo que va de 2012 se haya reducido en un 15.6% la cantidad de muertes violentas en comparación con el primer semestre del año pasado (una disminución de 453 homicidios). Estas mejoras confirman una tendencia a la baja en los indicadores de homicidios y de lesiones que empezó a registrarse desde el año pasado.

Ahora bien, los desafíos para lograr que las mejoras observadas hasta hoy se consoliden y permanezcan son monumentales. El estudio de la Declaración de Ginebra sugiere que el gobierno y la sociedad deben actuar en programas integrales que involucren cuatro elementos: las instituciones, los instrumentos, los perpetradores (delincuentes activos o potenciales) y las personas (víctimas o personas en riesgo).

Lo anterior conlleva el reto de aplicar políticas de combate a la delincuencia que rindan resultados visibles e inmediatos y, simultáneamente, políticas institucionales que aseguren la sostenibilidad de las mejoras. Entre las primeras destaca, por ejemplo, la rehabilitación del 110, el número telefónico de emergencia que, en cualquier sociedad civilizada, es el hilo de comunicación que permite a la ciudadanía sentirse protegida y conectada con sus fuerzas de seguridad. Y entre las segundas pueden mencionarse aquellas que dan cumplimento a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad: emitir la Política Nacional de Seguridad y su Agenda Estratégica, la institucionalización del Sistema Nacional de Inteligencia, la instauración de la Comisión de Asesoramiento, o el establecimiento de un sistema de carrera profesional en las fuerzas de seguridad.

Este fortalecimiento institucional es fundamental para que el Estado guatemalteco esté en capacidad de combatir la impunidad con la que operan las maras, el narcotráfico, los poderes ocultos y los grupos clandestinos, y volver a reclamar para sí, como corresponde, el monopolio legítimo del uso de la fuerza para ejercer control en todo el territorio nacional y propiciar así el desarrollo integral y el bienestar de la población.

Soluciones Sin Problemas

Tal como se siente un paciente cuando el médico, sin haberlo auscultado, ni haber hecho un diagnóstico mínimo, ni haberle explicado el porqué fisiológico de sus síntomas, le receta una serie de medicinas e intervenciones quirúrgicas... exactamente así me siento, como ciudadano guatemalteco, ante la propuesta de reformas constitucionales que planteó el Ejecutivo. Ojalá que cuando la presenten al Congreso, la exposición de motivos (inexistente hasta hoy) nos convenza de su conveniencia porque, si hay que hacer reformas  constitucionales, éstas deben focalizarse en los temas prioritarios, y hacerse sin prisas ni improvisaciones ...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

SOLUCIONES SIN PROBLEMAS

Algunas de las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo tienen implicaciones económicas y fiscales, sobre las cuales me ha parecido interesante reflexionar. Habría sido muy útil, eso sí, si los redactores de las reformas hubiesen acompañado su propuesta de una exposición de motivos que explicase cuáles son los objetivos concretos de cada reforma. Sin esa pieza de información (por demás elemental tratándose de modificaciones a la Constitución Política de la República) uno sólo puede elucubrar sobre la idoneidad de las reformas.

Es por ello que al hacer un análisis somero de las reformas propuestas puede quedar la sensación de que se están proponiendo soluciones a problemas que no han sido previamente planteados explícitamente, por lo que surge una serie de dudas razonables: ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de las reformas, en materia fiscal? ¿Reducir las rigideces? ¿Aumentar la transparencia? ¿Fortalecer las instituciones de control? ¿Todo lo anterior?

Otra duda que surge al ver las reformas, y que es igualmente relevante, es si esos objetivos requieren necesariamente de cambios constitucionales o si, por el contrario, podrían conseguirse mediante reformas a las leyes ordinarias. Asimismo, en términos prácticos, se pregunta uno si es razonable esperar que el Congreso actual logre superar el impasse que ha dificultado el desarrollo normal de las sesiones plenarias durante varios meses y ponerse de acuerdo tan siquiera en empezar a discutir las más de cincuenta reformas a la Carta Magna.

Entrando en materia, algunas de las reformas propuestas sobre temas fiscales y de transparencia son meritorias. Las que me parecen más trascendentes son las que buscan fortalecer a la Contraloría General de Cuentas, objetivo que es fundamental para lograr la verdadera eficiencia y transparencia del gasto público; de manera que fortalecer la independencia funcional de la Contraloría, mejorar los requisitos y forma de elegir al Contralor, y establecer un Consejo para que dé seguimiento al trabajo de la Contraloría, son todas reformas que, aunque perfectibles en la forma en que fueron planteadas, bien ameritan el esfuerzo de modificar la Constitución.

Por otro lado, se plantean reformas que establecen principios y orientaciones respecto del gasto público, como por ejemplo la que busca definir qué implica la rendición de cuentas para los funcionarios, o la que menciona que debe existir “auditoría social”, o  la que lista los principios (“moralidad”, “eficiencia”, “publicidad”, etcétera) que deben orientar las contrataciones del Estado, o la que habla de instituir un sistema de carrera de servicio civil.

También se introducen otras reformas para atacar problemas puntuales de la administración del gasto, como por ejemplo la prohibición de indemnizar a funcionarios electos, o la prohibición de delegar funciones propias del Ejecutivo a ONGs o fideicomisos. Tanto este tipo de reformas, como las comentadas en el párrafo anterior, se refieren a aspectos que conviene atender con urgencia, pero que podrían solventarse mediante reformas a las leyes ordinarias vigentes. Acudir a cambios constitucionales para atender estos aspectos es como usar cartuchos de dinamita para espantar mosquitos.

Hay, asimismo, temas importantes que debieron incorporarse en las reformas pero que no se incluyeron. Por ejemplo, existen en la Constitución varias pre-asignaciones de recursos a determinados gastos (porcentajes fijos del presupuesto para el deporte, las municipalidades, la universidad, las cortes de justicia, etcétera) que limitan la aplicación de una política fiscal óptima. Una flexibilización de estas asignaciones fortalecería sustancialmente la política fiscal. En todo caso, si políticamente resultase muy difícil tal flexibilización, al menos se debió –en aras de la transparencia- aprovechar para obligar a esas entidades a someterse periódicamente a una auditoría externa y a hacer públicos los resultados.

Resulta evidente, pues, la complejidad de una reforma constitucional, de manera que es necesario focalizarla en los temas verdaderamente trascendentales y prioritarios, en un proceso que debe hacerse con seriedad, sin prisas ni improvisaciones, y sin descuidar las reformas que pueden lograrse más eficientemente mediante cambios a leyes ordinarias.

El Numerito Clave

¿Está el gobierno muy endeudado, o aún hay espacio para adquirir más préstamos? ¿Está mal que los bancos privados le compren bonos al gobierno? ¿El tamaño del gobierno es un problema? La gravedad de la situación sólo puede aquilatarse si se centra la atención en un numerito clave: el déficit fiscal

El tamaño del déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno) es la variable clave para analizar las finanzas del Estado. Hace un par de semanas tocamos este punto y hoy se hace necesario reiterarlo, pues resulta esencial para poner en perspectiva un par de temas alrededor de los cuales se están generando sendas polémicas que bien vale la pena intentar esclarecer.

Un primer tema que se está poniendo de moda es el de la prohibición constitucional vigente que impide al Banco de Guatemala concederle crédito al Gobierno. Al respecto han surgido opiniones que abogan por eliminar la referida prohibición, con el argumento de que resultaría sano que el banco central pueda entrar a competir con los bancos del sistema a fin de que el crédito al gobierno no sea tan caro para éste y se evite que los bancos obtengan ganancias indebidas aprovechándose del “monopolio” que les concede la prohibición constitucional.

La opinión antes descrita está llena de errores y falacias. Es falso que exista un “monopolio” pues los bancos compiten entre sí para otorgarle financiamiento al gobierno. También es falso que los bancos estén volviéndose millonarios a costa de prestarle dinero al gobierno, ya que el crédito concedido por los bancos al gobierno representa menos del 10% de sus activos.

Lo peor de tal argumento es que no sólo es conceptualmente pobre, sino que además desvía la atención del verdadero asunto de fondo: el déficit fiscal. Si no existiera déficit (o si dicho numerito clave estuviera permanentemente bajo control), el problema del crédito del banco central (o de los bancos privados) al gobierno sería inexistente; dado que en Guatemala los ingresos tributarios son estructuralmente bajos, el gobierno debe endeudarse para financiarlo. Eliminar la prohibición al banco central para darle crédito al gobierno no soluciona este problema, sino que solamente lo opaca, lo disfraza y pospone su solución.

Los intelectuales de izquierda y los líderes populistas que abogan por revivir el crédito del banco central al gobierno no se dan cuenta de que con ello se invisibilizaría el auténtico talón de Aquiles de las finanzas públicas (la precariedad de ingresos) y se debilitaría sustancialmente eñ argumento a favor de aumentar la carga tributaria. Y, mientras tanto, el dinero sin respaldo que emitiría el banco central para prestarle al gobierno iría minando gradualmente la estabilidad económica que se ha venido construyendo a pulso en los últimos lustros y que es una de las pocas fortalezas del país ante los ojos de la comunidad financiera internacional.

El segundo tema es el de la infame deuda flotante que, supuestamente, el gobierno debe pagar por obras de infraestructura que fueron comisionadas en años anteriores sin que existieran recursos para pagarlas. Al respecto, será importante dilucidar si la contratación de dicha obra fue legal o ilegal, así como verificar si tal obra realmente existe, si era necesaria y si cumple con los estándares mínimos de calidad.

Una vez verificado lo anterior, podrá saberse a cuánto asciendo el monto que el gobierno va a pagar por concepto de obras de infraestructura realizadas en el pasado, monto que, inevitablemente, impactará en el numerito clave: el déficit fiscal.

En efecto, en el instante en que el gobierno reconozca que se ejecutó obra pública que no estaba presupuestada o que, habiéndolo estado, no se pagó durante el período en que correspondía hacerlo, en ese instante se reconocerá también que el déficit fiscal fue mayor de lo que oficialmente se había calculado.

De manera que si, por ejemplo, se decide reconocer y pagar una deuda flotante de, digamos, Q4 mil millones, habrá que aumentar en ese mismo monto el déficit fiscal: si, por ejemplo, se pagara dicho monto en 2012, el déficit fiscal de este año ya no será equivalente al 2.5% del PIB, sino que alcanzará un 3.5%, el nivel más alto en más de una década, que excedería por mucho los niveles de déficit considerados como sostenibles e implicaría un aumento alarmante en el endeudamiento público.

La gravedad de estos asuntos sólo puede aquilatarse en su justa dimensión si se centra la atención en ese numerito clave, el déficit fiscal, que nos dice tanto pero que, consciente o inconscientemente, preferiríamos no tener que ver.

Las Opiniones del FMI

En lugar de criticarlo por las medidas de austeridad que recomienda, deberían quemar cohetillos pues ¡por fin! el FMI está sugiriendo medidas de ajuste a los países desarrollados

Con la crisis económica europea, el Fondo Monetario Internacional –FMI- ha recobrado un protagonismo que, hace una década, estaba casi desaparecido. En un par de curiosos editoriales publicados la semana pasada, un matutino local ha emitido agrias críticas al FMI por sus opiniones y sugerencias de política económica relativas a los problemas de la deuda y el desempleo en el Viejo Continente.

Las diatribas contra las “inútiles burocracias internacionales” y sus “recetas que no toman en cuenta las realidades de los pueblos” son reminiscentes, por un lado, de las reacciones que, en los años ochenta, abundaron en contra de los programas de ajuste que el FMI impulsó y que posteriormente derivaron en los movimientos anti-globalización; por otro lado, las críticas también replican las posturas contra el supuesto gobierno mundial que caracterizan a los libertarios radicales estadounidenses –ya se ve que, paradójicamente, las ideologías extremas comparten sentimientos de antipatía hacia los organismos financieros internacionales-.

Estas posturas ignoran el hecho de que tales organismos, lejos de ser oscuras sectas diabólicas que complotan para esquilmar a los países que padecen problemas económicos, son organizaciones dirigidas por los propios gobiernos en las que, al menos, las decisiones se toman por votación de todos los países aunque, claro está, el poder de voto depende del monto de las contribuciones o “cuotas” de los miembros, en virtud de las cuales los países ricos tienen mayor poder de voto, mientras que los países en desarrollo se quejan de un "déficit democrático" que los deja con poca influencia sobre las políticas del FMI.

Por lo tanto, los editorialistas del Tercer Mundo, en vez de defender a los gobiernos europeos y a sus erráticas políticas económicas contra las recomendaciones del FMI, deberían estar quemando cohetillos porque --¡por fin!- los organismos multilaterales, cumpliendo con su mandato, están sugiriendo a los países ricos las duras medidas de ajuste que, por años, han recomendado a los países subdesarrollados.

Conviene recordar que el FMI fue fundado en 1947 con el encargo de rescatar (cual médico de urgencias) a las economías moribundas mediante la prescripción de medidas (casi siempre dolorosas) de ajuste económico y reforma financiera que se traduzcan en un compromiso de países con problemas (como ahora Grecia o España) para corregir el rumbo a cambio de recobrar el acceso a los mercados financieros internacionales. Para ello el FMI se organiza como una tecnocracia especializada en temas económico-financieros, gobernada por los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales de los países miembros.

Lo prudente no es, pues, desechar a priori sus recomendaciones con descalificaciones superfluas sino, con criterio propio, tomarlas en cuenta para poner en orden y perspectiva la política económica de los países. Y esto es tan válido en Europa como en Guatemala, por lo que conviene, por ejemplo, ponerle mucha atención al más reciente reporte sobre Guatemala (basado en la llamada “Consulta de Artículo IV”) emitido por el FMI hace algunos días.

En el corto plazo, el FMI advierte que si las condiciones globales se deterioran, la política económica de Guatemala debería reaccionar con una mayor flexibilidad cambiaria, con un relajamiento moderado de la política monetaria, y con estabilizadores fiscales automáticos (es decir, una reducción en los ingresos tributarios). Más importante aún, los retos a medio plazo se centran en las reformas que impulsen el crecimiento económico para reducir la pobreza, incluyendo el fortalecimiento de los ingresos fiscales para lograr mayores niveles de inversión en capital físico (infraestructura) y humano (salud, educación y seguridad). El FMI también recomienda fortalecer el marco de política macroeconómica y actualizar la regulación del sector financiero para que la economía nacional pueda adaptarse mejor a los vaivenes de la economía mundial.

Por más tirria que los anti-globalizadores-anti-capitalistas o los libertarios radicales tengan contra los organismos financieros internacionales, las advertencias y recomendaciones vertidas por el FMI para el caso de Guatemala son razonables y coherentes, al menos para ser discutidas, en vez de rechazarlas de entrada.

Trabajar Más Años

En los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro

El empresario mexicano Carlos Slim se pronunció hace algunos días, en la sede de la ONU en Ginebra, a favor de aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral a fin de incentivar el empleo. Su razonamiento se basa en que décadas atrás, cuando se estableció el límite actual de edad de retiro, el trabajo era más físico y la gente se moría mucho más joven,  mientras que hoy vivimos en la edad del conocimiento, donde la experiencia y sabiduría de los adultos resulta más valiosa y debe aprovecharse al máximo.

Estas razones suenan lógicas y pueden ser dignas de consideración. Pero hay, alrededor del mundo, otras razones más apremiantes y pragmáticas que están llevando a muchos países a aumentar la edad mínima de jubilación: los crecientes costos que para los gobiernos de muchos países representan los pagos de pensiones a los jubilados. Estos costos se han elevado en los últimos años por razones puramente demográficas.

La población mundial aumentará de unos 7 millardos de habitantes actualmente a unos 9 millardos en 2050, y continuará cambiando su composición: la tasa de personas mayores de 65, como proporción de las personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) en el mundo se ha elevado de 17 en 1970, a 24 en 2010, y se espera que aumente a 48 en 2050. Esto quiere decir que cada vez habrá menos personas activas sosteniendo con su trabajo el consumo de los jubilados.

Diversos análisis y experiencias demuestran que el aumento gradual de la edad de jubilación puede ayudar no sólo a contener el gasto en pensiones sino, como sostiene Slim, a aumentar el empleo y el crecimiento económico. Claro que, si de reducir los costos de las pensiones se trata, también están las opciones de disminuir el monto de los beneficios para los pensionados o de aumentar las cuotas laborales y patronales, opciones que, evidentemente, son más difíciles desde el punto de vista político y social.

Por tal razón, en los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro: en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se están implementando tales aumentos (la excepción notable es Francia, cuyo nuevo presidente, François Hollande, prometió revertir la decisión de aumentar la edad de jubilación a 62 años). Ello se debe a que la OCDE proyecta que el gasto de los gobiernos en pensiones aumentará de un 8% a un 11% del PIB entre 2010 y 2050, debido a que en la mayoría de países los pensionados viven cada vez más años: por ejemplo en 1970 un jubilado francés vivía, en promedio, diez años pensionado; ahora vive 23 años.

En Guatemala la esperanza de vida al nacer también ha aumentado. Según el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en 1970 el guatemalteco promedio vivía 54 años. En 1990 su esperanza de vida había aumentado a 63 años (tres más que la edad de jubilación para los afiliados al IGSS); para 2010 era ya de 72 años, y sigue en aumento. Un jubilado promedio recibe cada vez más años de pensión.

Estos cambios tienen implicaciones clave tanto para las autoridades como para los contribuyentes, ya que el consumo de las personas mayores que ya no forman parte de la fuerza laboral debe ser financiado por los ciudadanos más jóvenes, ya sea por medio de las pensiones públicas o privadas, de subsidios del Estado, del apoyo de sus familias o de los ahorros que los adultos mayores hayan podido acumular durante su vida productiva. A medida que aumenta la proporción de personas mayores respecto de personas en edad de trabajar, se vuelve más costosa su financiación a través de transferencias públicas o privadas.

Por ello, aunque sea doloroso, es inevitable que los programas de pensión (públicos y privados) existentes en el país deban aplicar ajustes en sus parámetros que implican elevar la edad de jubilación. Una de las decisiones más importantes de toda sociedad, a medida que aumentan sus miembros de la tercera edad, es cómo financiar su consumo en una forma sostenible: ya sea retrasando la edad de la jubilación, apoyándose más en la familia, aumentando las transferencias públicas, o acumulando más activos. Cualquier de estas opciones tiene sus costos. El reto consiste en reformar los sistemas de apoyo a los mayores sin afectar la sostenibilidad financiera de dichos sistemas a fin de evitar la pobreza en la vejez.

El Tamaño del Déficit es la Clave

El punto relevante de cara al futuro es que el déficit fiscal debe permanecer bajo control

El gobierno realizó en pasado 29 de mayo una colocación de bonos del tesoro por U$$700 millones en el mercado internacional, los cuales deberá pagar en un plazo de 10 años, incluyendo una tasa de rendimiento de 5.88% anual. La emisión de estos títulos de deuda pública busca que el gobierno obtenga dinero para pagar el déficit fiscal en el que habrá de incurrir durante 2012.

Este endeudamiento ha sido recibido con beneplácito por quienes ven en él una muestra de confianza de los mercados internacionales en la economía guatemalteca. En efecto, las condiciones de liquidez en el mercado permitieron que la demanda por los bonos guatemaltecos alcanzara los US$2 mil millones, superando la proyección inicial del gobierno de colocar US$500 millones; y, lo que es más, la tasa de interés que se pagará es una de las más bajas logradas por un país latinoamericano en los últimos años.

Pero, por otro lado, este súbito aumento de la deuda pública ha sido recibido por algunos analistas como una preocupante muestra del desequilibrio estructural de las finanzas públicas, que deben recurrir permanentemente a endeudarse para que el gobierno pueda cumplir con sus compromisos de pago.

Ambas posiciones tienen parte de razón, pero la verdadera evaluación del impacto de esta reciente colocación de bonos sólo puede hacerse a la luz del tamaño del déficit fiscal, que es la variable clave para el análisis de las finanzas del Estado. El concepto esencial es que cuando los gastos del gobierno exceden a sus ingresos (básicamente los impuestos) se produce un déficit que debe ser financiado mediante el endeudamiento público (emitir bonos o adquirir préstamos). La suma de todos los bonos y préstamos que debe pagar el Estado constituye la deuda pública, la cual aumentará en la medida en que se produzcan nuevos déficits fiscales.

¿Cuán preocupados debemos estar acerca del aumento de la deuda pública? Aunque no existe una respuesta inequívoca a esta cuestión, existe algún grado de consenso en cuanto a que el déficit fiscal se vuelve preocupante solamente si su tamaño es tal que causa un aumento de largo plazo en el saldo de la deuda pública como proporción de la producción nacional (medida por el PIB). Esta proporción –o carga de la deuda- es una medida gruesa de la capacidad que tiene el país de pagar la deuda nacional; si esta carga sigue creciendo, en algún momento la economía no tendrá suficiente PIB para ser capaz de pagar la deuda, lo que producirá una crisis enorme, como la que actualmente aqueja a los países de la Europa Mediterránea.

Afortunadamente para Guatemala, la carga de la deuda no ha superado en años recientes el 25% del PIB, lo que la hace la más baja de Centroamérica (donde promedia un 41%). Diversos estudios dan cuenta de que, para que dicho porcentaje no aumente insosteniblemente, el déficit fiscal anual debe mantenerse en niveles moderados: algunos –lo más laxos- estiman que el déficit no debiera exceder de un monto equivalente al 2.5% del PIB; otros –un tanto más estrictos- ponen el límite en un déficit anual que no supere el 2% del PIB.

Esta moderación en el déficit es reconocida por las calificadoras de crédito internacionales como una de las principales fortalezas de Guatemala: en los últimos diez años el déficit fiscal ha promediado un nivel de 2.1% del PIB lo que, aunado a un récord casi impecable en el pago de sus compromisos de deuda, ha permitido al país tener un acceso cómodo a los mercados internacionales de capital. Sin embargo, las propias calificadoras consideran que, pese al manejo tradicionalmente conservador de la deuda por parte de Guatemala, el país enfrenta grandes limitaciones fiscales debido a las rigideces del gasto y a las dificultades estructurales para aumentar nuestra capacidad productiva.

De manera que el punto relevante de cara al futuro no es si la reciente colocación de bonos fue buena o mala sino, paradójicamente, que para que el país pueda seguir endeudándose en el exterior el déficit fiscal debe permanecer bajo control. Es en este punto esencial en el que el Congreso debe poner una particular atención a la hora de aprobar el presupuesto y el endeudamiento. Y es también uno de los pilares en los que debe basarse cualquier movimiento del Ejecutivo en materia de gastos (corrientes o de inversión) y de ingresos.

Gobierno Corporativo y Tribunales

El buen funcionamiento del sistema de justicia es una de los fundamentos del Estado de Derecho. Ciertamente se requieren reformas sustantivas y profundas en los tribunales, aunque algunas de ellas podrían aplicarse con simples ajustes administrativos. En ese sentido, es recomendable que se adopten en las cortes prácticas contrastadas de buen gobierno corporativo.

La poca eficiencia de la administración de justicia en Guatemala está relacionada con temas de tipo administrativo: desde la administración de personal hasta el procesamiento de casos, pasando por temas presupuestarios. El principal problema es que los jueces mismos están a cargo de los asuntos administrativos, sin tener el suficiente entrenamiento contable, financiero o gerencial. El resultado es una severa ineficiencia en flujo de casos, en su manejo y evacuación, así como en su registro y archivo.

Si bien la mayoría de jueces y magistrados se quejan de sus múltiples responsabilidades administrativas, muchos no parecieran estar dispuestos a delegar esas tareas a personas especializadas en ello. Quizá algunos jueces perciben que el autorizar compras o el firmar cheques (labores que los distraen dramáticamente de su función esencial de juzgar) les significa poder y estatus. Es más, se sabe de jueces que delegan sus responsabilidades judiciales a sus oficiales asistentes, reservándose para sí las actividades administrativas con las que puedan obtener privilegios.

Para corregir esta disfuncionalidad del sistema es recomendable que se adopten a lo interno de las cortes (no sólo en el Organismo Judicial –CSJ-, sino también en los otros tribunales superiores, el Supremo Electoral –TSE- y la Corte de Constitucionalidad –CC-) prácticas contrastadas de buen gobierno corporativo (también conocido como “gobernanza”, que es el conjunto de procesos mediante el cual una entidad toma decisiones y las lleva a la práctica). La piedra angular del buen gobierno corporativo es que las instituciones se vuelvan más eficientes, transparentes y comprometidas con el cumplimiento de sus fines.

Los elementos de un buen gobierno corporativo que podrían ser fundamentales para mejorar la eficiencia de las cortes incluyen el explicitar con claridad su mandato y su compromiso hacia la sociedad, el someterse periódicamente a auditorías externas –no sólo de tipo financiero, sino de sistemas y control en general-, así como el difundir sistemáticamente la información pública respecto de sus cuentas y sus actuaciones. Y uno de los elementos más deseables es el de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

Para el efecto, conviene asemejar las funciones del tribunal superior (ya sea la CSJ, la CC o el TSE) con las de una junta directiva de cualquier organización. Como tal, el tribunal superior es responsable del desempeño de largo plazo de la institución; esto es, establecer las estrategias y reglas para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, su ámbito de acción no está en el manejo del día a día, sino en la toma de decisiones estratégicas y el establecimiento de normas generales, así como en el control, supervisión y evaluación de la administración y de las finanzas de la entidad.

En los sistemas de justicia desarrollados, basados en tribunales independientes, la administración del día a día se delega en administradores profesionales –nombrados, supervisados y evaluados por la corte superior- que deben ser personas con capacidad profesional y experiencia en el campo de la administración pública y que comprendan los procedimientos judiciales.  Estos gerentes contribuirían a mejorar la efectividad de las cortes superiores, no solo al proveer información continua a los magistrados para que tomen las mejores decisiones estratégicas y puedan vigilar y evaluar el desempeño de los tribunales, sino también al permitirles dedicar la mayor parte de su tiempo a su función primaria de impartir justicia.

La eficiencia del poder judicial es de suma importancia para que pueda cumplir con su rol constitucional y, así, proteger a todas las personas contra la violación de sus derechos. Para ello, el sistema debe velar por que la justicia sea pronta, efectiva, imparcial, cumplida y accesible a todos: en ello radica la base de un orden social duradero.

Cada guatemalteco debería ver el sistema judicial como su recurso primordial para obtener justicia; si los tribunales no están a la altura de esta expectativa, entonces la gente querrá hacer justicia por su propia mano y habrá caos e ingobernabilidad. En tal sentido, las reformas en la estructura de gobernanza de los tribunales adquieren una importancia trascendental.