§ POLÍTICAS PÚBLICAS
SOLUCIONES
SIN PROBLEMAS
Algunas de las reformas constitucionales planteadas
por el Ejecutivo tienen implicaciones económicas y fiscales, sobre las cuales
me ha parecido interesante reflexionar. Habría sido muy útil, eso sí, si los
redactores de las reformas hubiesen acompañado su propuesta de una exposición
de motivos que explicase cuáles son los objetivos concretos de cada reforma.
Sin esa pieza de información (por demás elemental tratándose de modificaciones
a la Constitución Política de la República) uno sólo puede elucubrar sobre la
idoneidad de las reformas.
Es por ello que al hacer un análisis somero de las
reformas propuestas puede quedar la sensación de que se están proponiendo
soluciones a problemas que no han sido previamente planteados explícitamente,
por lo que surge una serie de dudas razonables: ¿Cuáles son los objetivos
prioritarios de las reformas, en materia fiscal? ¿Reducir las rigideces?
¿Aumentar la transparencia? ¿Fortalecer las instituciones de control? ¿Todo lo
anterior?
Otra duda que surge al ver las reformas, y que es
igualmente relevante, es si esos objetivos requieren necesariamente de cambios
constitucionales o si, por el contrario, podrían conseguirse mediante reformas a
las leyes ordinarias. Asimismo, en términos prácticos, se pregunta uno si es
razonable esperar que el Congreso actual logre superar el impasse que ha
dificultado el desarrollo normal de las sesiones plenarias durante varios meses
y ponerse de acuerdo tan siquiera en empezar a discutir las más de cincuenta
reformas a la Carta Magna.
Entrando en materia, algunas de las reformas
propuestas sobre temas fiscales y de transparencia son meritorias. Las que me
parecen más trascendentes son las que buscan fortalecer a la Contraloría
General de Cuentas, objetivo que es fundamental para lograr la verdadera
eficiencia y transparencia del gasto público; de manera que fortalecer la
independencia funcional de la Contraloría, mejorar los requisitos y forma de elegir
al Contralor, y establecer un Consejo para que dé seguimiento al trabajo de la
Contraloría, son todas reformas que, aunque perfectibles en la forma en que
fueron planteadas, bien ameritan el esfuerzo de modificar la Constitución.
Por otro lado, se plantean reformas que establecen
principios y orientaciones respecto del gasto público, como por ejemplo la que
busca definir qué implica la rendición de cuentas para los funcionarios, o la
que menciona que debe existir “auditoría social”, o la que lista los principios (“moralidad”,
“eficiencia”, “publicidad”, etcétera) que deben orientar las contrataciones del
Estado, o la que habla de instituir un sistema de carrera de servicio civil.
También se introducen otras reformas para atacar
problemas puntuales de la administración del gasto, como por ejemplo la
prohibición de indemnizar a funcionarios electos, o la prohibición de delegar
funciones propias del Ejecutivo a ONGs o fideicomisos. Tanto este tipo de
reformas, como las comentadas en el párrafo anterior, se refieren a aspectos
que conviene atender con urgencia, pero que podrían solventarse mediante
reformas a las leyes ordinarias vigentes. Acudir a cambios constitucionales
para atender estos aspectos es como usar cartuchos de dinamita para espantar
mosquitos.
Hay, asimismo, temas importantes que debieron
incorporarse en las reformas pero que no se incluyeron. Por ejemplo, existen en
la Constitución varias pre-asignaciones de recursos a determinados gastos
(porcentajes fijos del presupuesto para el deporte, las municipalidades, la
universidad, las cortes de justicia, etcétera) que limitan la aplicación de una
política fiscal óptima. Una flexibilización de estas asignaciones fortalecería
sustancialmente la política fiscal. En todo caso, si políticamente resultase
muy difícil tal flexibilización, al menos se debió –en aras de la
transparencia- aprovechar para obligar a esas entidades a someterse
periódicamente a una auditoría externa y a hacer públicos los resultados.
Resulta evidente, pues, la complejidad de una reforma constitucional, de
manera que es necesario focalizarla en los temas verdaderamente trascendentales
y prioritarios, en un proceso que debe hacerse con seriedad, sin prisas ni
improvisaciones, y sin descuidar las reformas que pueden lograrse más
eficientemente mediante cambios a leyes ordinarias.
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