El punto relevante de cara al futuro es que
el déficit fiscal debe permanecer bajo control
El gobierno realizó en pasado 29 de mayo una
colocación de bonos del tesoro por U$$700 millones en el mercado internacional,
los cuales deberá pagar en un plazo de 10 años, incluyendo una tasa de rendimiento
de 5.88% anual. La emisión de estos títulos de deuda pública busca que el
gobierno obtenga dinero para pagar el déficit fiscal en el que habrá de
incurrir durante 2012.
Este endeudamiento ha sido recibido con beneplácito
por quienes ven en él una muestra de confianza de los mercados internacionales
en la economía guatemalteca. En efecto, las condiciones de liquidez en el
mercado permitieron que la demanda por los bonos guatemaltecos alcanzara los
US$2 mil millones, superando la proyección inicial del gobierno de colocar
US$500 millones; y, lo que es más, la tasa de interés que se pagará es una de
las más bajas logradas por un país latinoamericano en los últimos años.
Pero, por otro lado, este súbito aumento de la deuda pública
ha sido recibido por algunos analistas como una preocupante muestra del
desequilibrio estructural de las finanzas públicas, que deben recurrir
permanentemente a endeudarse para que el gobierno pueda cumplir con sus
compromisos de pago.
Ambas posiciones tienen parte de razón, pero la
verdadera evaluación del impacto de esta reciente colocación de bonos sólo
puede hacerse a la luz del tamaño del déficit fiscal, que es la variable clave
para el análisis de las finanzas del Estado. El concepto esencial es que cuando
los gastos del gobierno exceden a sus ingresos (básicamente los impuestos) se
produce un déficit que debe ser financiado mediante el endeudamiento público
(emitir bonos o adquirir préstamos). La suma de todos los bonos y préstamos que
debe pagar el Estado constituye la deuda pública, la cual aumentará en la
medida en que se produzcan nuevos déficits fiscales.
¿Cuán preocupados debemos estar acerca del aumento de
la deuda pública? Aunque no existe una respuesta inequívoca a esta cuestión,
existe algún grado de consenso en cuanto a que el déficit fiscal se vuelve
preocupante solamente si su tamaño es tal que causa un aumento de largo plazo
en el saldo de la deuda pública como proporción de la producción nacional
(medida por el PIB). Esta proporción –o carga de la deuda- es una medida gruesa
de la capacidad que tiene el país de pagar la deuda nacional; si esta carga
sigue creciendo, en algún momento la economía no tendrá suficiente PIB para ser
capaz de pagar la deuda, lo que producirá una crisis enorme, como la que
actualmente aqueja a los países de la Europa Mediterránea.
Afortunadamente para Guatemala, la carga de la deuda
no ha superado en años recientes el 25% del PIB, lo que la hace la más baja de
Centroamérica (donde promedia un 41%). Diversos estudios dan cuenta de que,
para que dicho porcentaje no aumente insosteniblemente, el déficit fiscal anual
debe mantenerse en niveles moderados: algunos –lo más laxos- estiman que el
déficit no debiera exceder de un monto equivalente al 2.5% del PIB; otros –un
tanto más estrictos- ponen el límite en un déficit anual que no supere el 2%
del PIB.
Esta moderación en el déficit es reconocida por las
calificadoras de crédito internacionales como una de las principales fortalezas
de Guatemala: en los últimos diez años el déficit fiscal ha promediado un nivel
de 2.1% del PIB lo que, aunado a un récord casi impecable en el pago de sus
compromisos de deuda, ha permitido al país tener un acceso cómodo a los
mercados internacionales de capital. Sin embargo, las propias calificadoras
consideran que, pese al manejo tradicionalmente conservador de la deuda por
parte de Guatemala, el país enfrenta grandes limitaciones fiscales debido a las
rigideces del gasto y a las dificultades estructurales para aumentar nuestra
capacidad productiva.
De manera que el punto relevante de cara al futuro no es si la reciente
colocación de bonos fue buena o mala sino, paradójicamente, que para que el
país pueda seguir endeudándose en el exterior el déficit fiscal debe permanecer
bajo control. Es en este punto esencial en el que el Congreso debe poner una
particular atención a la hora de aprobar el presupuesto y el endeudamiento. Y
es también uno de los pilares en los que debe basarse cualquier movimiento del
Ejecutivo en materia de gastos (corrientes o de inversión) y de ingresos.
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