En las últimas semanas las noticias en materia de
combate al crimen organizado y la violencia han sido positivas. Se han
desarticulado más de 70 bandas criminales y, más importante aún, el número de
homicidios (que es el indicador más fiable de violencia armada) ha continuado reduciéndose.
Estos avances, aunque puedan parecer pequeños ante la magnitud del problema y
en comparación a lo mucho que aún queda por avanzar, significan una bocanada de
esperanza para un país que, conforme lo revelan diversas encuestas y estudios,
se siente asfixiado por la violencia y la criminalidad.
Uno de estos estudios, titulado “Guatemala en la
Encrucijada” y publicado hace algunos meses por el Secretariado de la
Declaración de Ginebra, presenta un análisis muy completo, pero devastador, de
la situación de violencia en el país hasta 2009.
La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo
es una iniciativa adoptada por 108 países que busca encontrar respuestas a la
interrelación entre violencia armada y desarrollo. El estudio es muy
significativo pues Guatemala, además de ser uno de los 14 países miembros del
grupo central (dirigente) de la Declaración de Ginebra, es un importante caso
de estudio por la forma perniciosa en que ha mutado la violencia luego del
conflicto armado interno, y por los elevados costos que la misma impone y que en 2005 superaban los 24 millardos de
dólares (7.5% del Producto Interno Bruto).
Los costos que el crimen y la violencia armada tienen
sobre el desarrollo se generan por diversos factores: efectos fiscales por aumentos en gastos
policiales; pérdidas de capital por la destrucción de infraestructura o
propiedad privada; fuga de capitales y depreciación
de inversiones; deterioro del capital humano por enfermedades, desplazamientos
y años de vida perdidos; aumento en los costos de transacción y pérdida de la
confianza inversionista; aumento en los gastos en seguridad privada; y, gastos
médicos derivados de la violencia.
Esos costos estuvieron aumentando durante varios años,
ya que entre 1986 y 2008 los homicidios aumentaron en un 192% y la tasa de
homicidios por habitantes durante ese mismo periodo también creció
notablemente: 19.18 por cada 100 mil habitantes en 1986, a 35 en 2008. Por lo
tanto, resulta muy alentador que en lo que va de 2012 se haya reducido en un
15.6% la cantidad de muertes violentas en comparación con el primer semestre
del año pasado (una disminución de 453 homicidios). Estas mejoras confirman una
tendencia a la baja en los indicadores de homicidios y de lesiones que empezó a
registrarse desde el año pasado.
Ahora bien, los desafíos para lograr que las mejoras
observadas hasta hoy se consoliden y permanezcan son monumentales. El estudio
de la Declaración de Ginebra sugiere que el gobierno y la sociedad deben actuar
en programas integrales que involucren cuatro elementos: las instituciones, los
instrumentos, los perpetradores (delincuentes activos o potenciales) y las
personas (víctimas o personas en riesgo).
Lo anterior conlleva el reto de aplicar políticas de
combate a la delincuencia que rindan resultados visibles e inmediatos y,
simultáneamente, políticas institucionales que aseguren la sostenibilidad de
las mejoras. Entre las primeras destaca, por ejemplo, la rehabilitación del
110, el número telefónico de emergencia que, en cualquier sociedad civilizada,
es el hilo de comunicación que permite a la ciudadanía sentirse protegida y conectada
con sus fuerzas de seguridad. Y entre las segundas pueden mencionarse aquellas
que dan cumplimento a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad: emitir la
Política Nacional de Seguridad y su Agenda Estratégica, la institucionalización
del Sistema Nacional de Inteligencia, la instauración de la Comisión de
Asesoramiento, o el establecimiento de un sistema de carrera profesional en las
fuerzas de seguridad.
Este fortalecimiento institucional es fundamental para que el Estado
guatemalteco esté en capacidad de combatir la impunidad con la que operan las
maras, el narcotráfico, los poderes ocultos y los grupos clandestinos, y volver
a reclamar para sí, como corresponde, el monopolio legítimo del uso de la
fuerza para ejercer control en todo el territorio nacional y propiciar así el
desarrollo integral y el bienestar de la población.
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