SINASAN: Un Sistema Desnutrido

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional --SINASAN- es, en términos generales, una buena pieza de legislación. Sin embargo, como en tantas otras circunstancias de la vida nacional, la ley se incumple flagrantemente. Lo que es peor, los funcionarios que incumplen con sus obligaciones legales no sufren ninguna sanción. Los paganos de esta irresponsabilidad son los miles de niños que padecen desnutrición crónica y que irremisiblemente serán adultos con pocas habilidades físicas e intelectuales y estarán, por ello, condenados a una vida de pobreza.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 SINASAN: UN SISTEMA DESNUTRIDO

El marco legal vigente continúa siendo adecuado, pero cada actor debe cumplir con su mandato

Han transcurrido ya cinco años desde que se emitió la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, cuyo texto legal ha sido bien calificado por diversos expertos internacionales. Sin embargo, durante ese período no han dejado de producirse episodios de crisis alimentaria en el país que evidencian fallas en las instituciones a cargo del Sistema.

No existe evidencia de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-, órgano rector de las políticas públicas del sector, haya cumplido con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Alimentaria –SESAN- ha fallado en su rol protagónico de coordinar al SINASAN, lo que implica armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema. Vale recordar que la coordinación técnica debe estar a cargo de la SESAN y no de CONRED o SEGEPLAN como ha ocurrido en ocasiones.

Las debilidades institucionales se manifiestan en ineficiencia y desarticulación. A mayo de 2011 la SESAN había ejecutado menos del 10% de su presupuesto. La anterior titular se la SESAN renunció al puesto en medio de desencuentros con el Vicepresidente de la República, quien coordina el CONASAN. Se han creado entes ajenos a los prescritos por la ley que han asumido responsabilidades que no les competen en materia nutricional: el Consejo de Cohesión Social y los programas dirigidos por éste han desplazado de su rol a la SESAN y persiguen una estrategia de reducción de pobreza desconectada de la Política y Plan de Seguridad Alimentaria vigentes. Cabe mencionar que el Consejo de Cohesión Social fue creado por un Acuerdo Gubernativo, por lo que la Ley del SINASAN es superior en jerarquía normativa, además de tratarse de una ley especial rectora de la materia, por lo que las acciones de otras instituciones podrían carecer de respaldo legal.

Si bien es cierto que en materia de consulta y participación social la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- es de los órganos que mejor y más eficientemente  funcionan dentro del SINASAN, las opiniones y sugerencias que ésta Instancia ha efectuado al Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria no han sido tomadas en cuenta por la SESAN ni por el CONASAN, quizá porque el Gobierno ha preferido poner más atención a una entidad paralela que él mismo creó, la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la cual no está contemplada en la Ley del SINASAN.

Otro fenómeno que denota debilidad institucional es la recurrente declaratoria de Estados de Calamidad para enfrentar las crisis nutricionales, pese a que no es ésta la vía idónea: el marco legal del SINASAN contempla los mecanismos para disponer de recursos materiales ante crisis alimentarias, pues el CONASAN (previa aprobación del Congreso) tiene la potestad de generar planes y requerir recursos específicos para atender problemas alimentarios concretos con celeridad.

El problema alimentario de Guatemala en el presente año está ligado a que el precio de los alimentos es superior a la capacidad de compra de las familias en las áreas afectadas, por lo que se vislumbra un repunte en los casos de desnutrición aguda. Pero las soluciones deben ir más allá del manejo apagafuegos: deben prevenirse las crisis y avanzar hacia la erradicación de la desnutrición crónica. Esto solo puede lograrse mediante el cumplimiento de la ley por parte del CONASAN y de cada uno de los miembros que lo integran. El marco legal vigente continúa siendo adecuado para enfrentar la problemática, pero es menester que cada actor cumpla con su mandato y cuente con los recursos necesarios de forma priorizada, lo cual demanda el estricto cumplimiento de la ley, el rechazo toda acción fuera del marco de la misma y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que no apeguen su actuación a ella. La desnutrición existente es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, por lo que resulta trágico que, aún contando con un adecuado marco legal y con políticas públicas específicas, estos instrumentos no se apliquen efectivamente.

Históricamente Poco Atractivos

Una de las formas más efectivas de generar empleo, aumentar los ingresos de las personas y combatir la pobreza es mediante un aumento de la inversión. Y una de las mejores formas de lograr tal aumento es mediante la atracción de inversiones extranjeras de calidad. Lamentablemente en Guatemala las autoridades parecen no darle a dicho esfuerzo la prioridad que amerita.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

HISTÓRICAMENTE POCO ATRACTIVOS

La atracción de inversión extranjera no es solo un esfuerzo de aumentar la cantidad de interesados sino, sobre todo, aumentar su calidad

Aunque Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, resulta ser una de las que menos inversión atrae. Según el reciente informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, Guatemala mantiene un nivel de atracción de Inversión Extranjera Directa –IED- catalogado como “históricamente bajo”. El informe revela que en 2010 Panamá captó US$2.3 millardos de IED; Costa Rica recibió US$1.4 millardos; Honduras, US$798 millones; Guatemala obtuvo US$709.5 millones; y, Nicaragua, US$508 millones.

La CEPAL estima que la falta de personal calificado puede ser una limitante para el crecimiento de las inversiones extranjeras, incluso en sectores muy dinámicos en los últimos años, como el de los centros de llamadas. El propio Ministerio de Economía  reconoce que una limitante central para atraer IED es el rezago educativo que impide ofrecer una fuerza laboral más capacitada. Diversos analistas internacionales sostienen que, en adición a la escasez de mano de obra calificada, una diferencia que tiene Guatemala respecto de los países que lideran la atracción de IED es la falta de una planificación para el desarrollo de determinados sectores y de una regulación adecuada para dar certeza a las inversiones, además de los problemas de inseguridad que aquejan al país.

Estos factores pueden estar detrás de las dificultades que tiene Guatemala no sólo para atraer nuevos inversionistas, sino que también para retener a los que ya operan en el país, tal como se ha revelado en casos recientes. Por ejemplo, el fiasco alrededor de la supuesta operación a través de la cual la compañía estadounidense Railroad Development Corp. –RDC-, dueña de Ferrovías de Guatemala, vendería la concesión que posee para operar el ferrocarril en el país, con lo que de paso se daría por zanjado el diferendo que sostiene con el gobierno respecto del incumplimiento de ambas partes del convenio de concesión. Resultó que todo era un rumor infundado y pocos días después, el gigante surcoreano Hyundai Corporation informó que “nunca ha examinado o discutido participar en la reactivación del servicio de ferrocarril en Guatemala” ni otros negocios relacionados con el mismo.

En el sector de electricidad sí se han producido cambios en la propiedad de la operación que, oficialmente, obedecen a una estrategia de la empresa española FENOSA de realizar desinversiones en Latinoamérica, incluyendo su operación en Guatemala, para concentrarse en otros mercados más pujantes. Se ha rumorado también que dicha decisión responde, al menos parcialmente, al clima de inseguridad (física y jurídica) que se vive en Guatemala. Más recientemente, y luego de varias posposiciones por falta de interesados, solamente dos empresas (y no precisamente de las más distinguidas del mundo) presentaron ofertas en la licitación para exploración de cuatro áreas petroleras en el país.

Lo más trágico de la falta de atractivo de Guatemala para el inversionista extranjero es que, desde hace tiempo, existen varios diagnósticos y propuestas que identifican los factores que debe trabajarse para revertir tal situación. Estudios recientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo señalan las áreas prioritarias: la calidad del capital humano (mejorando los servicios de educación y de salud); certeza institucional (lo que pasa por mejorar el marco que define los derechos de propiedad, la resolución expedita de conflictos económicos y la reducción de la informalidad); la infraestructura de negocios (incluyendo carreteras, acceso a la electricidad y el apoyo a la logística); preservar la estabilidad macroeconómica (saneando las finanzas públicas y respetando la autonomía de la banca central); y, la innovación y el uso de la tecnología.

El Estado tiene un rol clave en mejorar estos aspectos y, para ello, debe tomar nota de que la atracción de la inversión extranjera no es solo un esfuerzo para aumentar la cantidad de inversionistas interesados sino, sobre todo, aumentar la calidad de dichos inversionistas para que no vengan al país únicamente empresas de tercera categoría, de esas que sólo se aventuran a invertir en países de alto riesgo, sino que vengan empresas de clase mundial que contribuyan a elevar la productividad y los estándares empresariales a nivel general.

FMI: L'Ancien Régime se Resiste

Los detalles escabrosos del escándalo protagonizado por Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI y frustrado futuro Presidente de Francia, aún no han salido a luz, cuando ya las lenguas maliciosas amenazan con echar a andar el rumor de que la camarera de quien este funcionario francés intentó abusar sexualmente era --como ya se está haciendo costumbre en estos escándalos de la prensa del corazón- una guapa guatemalteca... En todo caso, la última de las calenturas de DKS ha precipitado ¡otra vez! el necesario debate sobre la gobernanza en el FMI.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

FMI: EL ANCIEN RÉGIME SE RESISTE

La mayor anomalía que existe en la gobernanza del FMI es la forma en que se elige a su autoridad máxima

Hasta hace poco el Fondo Monetario Internacional –FMI- sufría de una creciente irrelevancia en el escenario económico mundial, pero la gran crisis de 2008-2009 lo reinstaló en un rol central; uno de los artífices de este re-posicionamiento del FMI fue el francés Dominique Strauss-Kahn, su anterior Director Gerente. Resulta, pues, paradójico que haya sido el irresponsable comportamiento sexual de este personaje la causa de una batalla por su sucesión que amenaza con socavar la frágil credibilidad de este organismo internacional.

Igual que un médico de emergencias, el FMI juega un papel fundamental para rescatar economías moribundas mediante la prescripción de medidas (casi siempre dolorosas) de ajuste económico y reforma financiera que, como en el caso actual de Grecia o Portugal, actúan como un compromiso de estos países para corregir sus problemas de fondo a cambio de recobrar el acceso a los mercados financieros internacionales.

Para ejercer su delicada tarea, el FMI se ha organizado desde su fundación en 1947 como una tecnocracia especializada en temas económico-financieros, gobernada por los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales de los países que la conforman. Los países están representados en un Directorio en el que votan según sus cuotas de participación en la entidad. El poder de voto de los países europeos es de casi 33%, lo que implica que están sobre-representados ya que Europa constituye una proporción decreciente de la economía mundial (cifras del propio FMI indican que el Viejo Continente contribuía con 25% del PIB mundial en 2000, pero que dicho porcentaje caerá a menos del 18% en 2015). Los Estados Unidos tienen un poder de voto del 17% (como referencia, Guatemala tiene el 0.11%). Las pujantes economías emergentes de Brasil, Rusia, India o China, son las que justificadamente se quejan de estar sub-representadas en el FMI.

La mayor anomalía que existe en la gobernanza del FMI es la forma en que se elige a su autoridad máxima, el Director Ejecutivo. Durante toda su historia éste ha sido siempre un europeo (por lo regular un francés), ello a cambio de que, por virtud de un espurio acuerdo tácito con los Estados Unidos, el Presidente del Banco Mundial (organización “hermana” del FMI) sea siempre un estadounidense. Sin embargo, los tiempos y las realidades económicas cambian, y existe desde hace tiempo un entendido para que el próximo Director Ejecutivo se escoja mediante un procedimiento objetivo, basado en los méritos (no en la nacionalidad) de los candidatos.

Los gobiernos europeos decían compartir dicho entendido, aunque resulta ahora que sólo del diente al labio: Europa ha lanzado, con toda fuerza, la candidatura de Christine Lagarde, actual ministra de Finanzas francesa, para suceder a Strauss-Kahn. Esta posición a favor del ancien régime (nunca mejor dicho) es inconveniente no tanto porque la señora Lagarde no cumpla con los requisitos profesionales (no es economista, sino abogada; no es tecnócrata, sino política), sino porque su gestión despertaría la perenne sospecha de estar sesgada a favor de los gobiernos europeos que, en las actuales circunstancias, no necesitan de un FMI que los consienta y sosiegue, sino de uno que los aconseje objetivamente y los apriete, si es necesario, para que adopten las medidas que remedien sus problemas.

A finales de junio deberá elegirse al nuevo Director Ejecutivo del FMI y, pese a la ofensiva diplomática europea, los países en vías de desarrollo deberían unificarse y reclamar, en justicia, un cambio en la forma de elección, impulsando sus propios candidatos y concitando el voto de países hasta ahora neutrales como Estados Unidos o Japón. Guatemala misma, a través de sus representaciones en los organismos internacionales y en agrupaciones como el Grupo Intergubernamental de los 24 (G-24), debería contribuir con este cambio.

Y los europeos deberían, por su parte, aceptar los signos de los tiempos y dejar de aferrarse a sus antiguas glorias coloniales; con ello permanecerían fieles a los principios de la civilización occidental engendrada por sus ancestros (democracia, justicia e igualdad de oportunidades) y le darían un espaldarazo a la modernización de la arquitectura financiera internacional, que tanto se necesita.

Los Costos de la Violencia

Los tristes e indignantes hechos de violencia que ocurren en Guatemala, como los acaecidos hace algunos días en Petén, tiene severas consecuencias humanas, sociales y políticas, pero también tienen nocivos efectos económicos. Es menester cobrar conciencia de esos costos, como también lo es señalar que, en gran medida, la narco-violencia tiene su origen en la demanda de estupefacientes que no se atiende efectivamente en los países industrializados.

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA

La violencia criminal le cuesta a Guatemala casi Q25 millardos (7.7% del PIB) cada año

La violencia criminal asociada al narcotráfico acarrea una serie de nefastas consecuencias sobre múltiples aspectos de la vida nacional. Además de su terrible impacto en términos de sufrimiento humano, los actos de barbarie cometidos por el crimen organizado también generan elevados costos económicos que agravan esta tragedia, costos que conviene identificar y cuantificar para combatir este flagelo de manera más efectiva.
Un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial titulado Crimen y Violencia en Centroamérica (Un Desafío para el Desarrollo), estima que en Guatemala se pierde más del 1.4% de la producción nacional cada año, en términos del valor económico medido en años de vida perdidos por discapacidad a causa de la violencia. También revela que las empresas guatemaltecas reportan costos y pérdidas equivalentes a casi un 4% del total de sus ventas debido a la violencia. Cuando a estos costos asociados a la salud y a la seguridad privada se les suman los gastos institucionales (seguridad pública), se tiene que la violencia criminal le cuesta a Guatemala casi Q25 millardos (7.7% del PIB) cada año. En contraste, Costa Rica solamente gasta un 3.5% de su PIB en eso asuntos.
Si el índice de homicidios se redujese en 10%, el PIB guatemalteco podría ser casi un 1% (Q2.2 millardos) mayor cada año. El estudio señala que el narcotráfico no sólo está estrechamente relacionado con las altas tasas de homicidios a nivel nacional, sino que también es una causa fundamental de la extendida corrupción del sistema de justicia penal. Estas estimaciones del Banco Mundial, si bien no son exactas, son muy certeras en señalar que la narco-violencia entraña un elevadísimo costo en términos de crecimiento económico, ingresos y calidad de vida de la población.
Aunque quizá este tipo de análisis no esté diciendo nada que no sepamos por experiencia propia, siempre es útil ordenar y sistematizar la información para enfocarse en los desafíos cruciales que debemos enfrentar. En primer lugar, hay que entender que el tema central detrás de los elevados niveles de violencia criminal es el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América. El grave problema de inseguridad que sufre nuestro país es, por lo tanto –y hay que decirlo en voz alta-, un asunto de naturaleza regional con un claro cariz geopolítico.
Por el lado de la prevención, no es ninguna novedad que una de las recomendaciones del estudio sea enfocar los esfuerzos en la atención a los jóvenes (especialmente hombres) más vulnerables, pues en dicho grupo está el grueso de las víctimas y de los victimarios. Por el lado del combate al crimen, tampoco es novedoso el énfasis que se pone sobre la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional de las agencias estatales encargadas del tema, tal como lo establece la propia Ley del Sistema Nacional de Seguridad, la cual está vigente desde hace dos años pero que, por desidia, negligencia o sabotaje, no ha sido aplicada en la práctica.
Muchas de las acciones de política pública en materia de seguridad están ya identificadas pero la ausencia de varios factores clave impiden su aplicación: falta voluntad política, falta capacidad de gestión estatal, y falta un involucramiento más comprometido de los actores que, disimulada o abiertamente, influyen sobre las instituciones de seguridad y justicia: los colegios profesionales, las cámaras empresariales, las universidades, etcétera.
Pero, siendo las cosas como son, existe un debate incluso más importante que, por diversas razones, no ha sido encarado con la franqueza, humildad y prontitud que las circunstancias ameritan: es menester debatir públicamente, a nivel de opinión pública y de diplomacia, nacional y regionalmente, sobre la validez del paradigma vigente en cuanto a prohibir el consumo de drogas. La “guerra contra las drogas” que inició George Bush (padre) hace veinte años ha generado en Centroamérica un aumento del crimen y la corrupción que está minando las bases mismas de nuestro sistema democrático.Bien vale la pena reflexionar si conviene tratar el consumo de drogas no como un tema penal, sino como un asunto de salud pública; es hora de debatir si su legalización (con los riesgos que entraña) es menos costosa que la tragedia que hoy estamos viviendo.

Comentarios de los Lectores
Mar, 05/24/2011 - 09:38 — Estudiante
Le faltó mencionar las causas o raices del narco trafico. Los vendedores de armas que viven en Estados Unidos les conviene que Estados Unidos este comprometido siempre en nuevas guerras porque eso les genera millonarias ganancias. Solamente en Meixico llevan mas de 40 mil mexicanos asesinados en Guatemala nunca se ha mencionado la cadena de periodistas masacrados durante los gobiernos militares dirigidos por asesinos. Le recomiendo al columnista que lea La Columna de Marielos Monzon en Prensa Libre de hoy donde menciona valientemente los asesinatos en contra de campesinos indefensos a orillas del Rio Polochic por ordenes de la familia Wedman.Si no existiera como motivo las drogas cualquiera de nuestras naciones en latinoamerica estarian en guerra contra sus vecinos. Por favor que alguien me responda : QUE NACION ES LA QUE VENDE LAS ARMAS PARA MATAR ? EN QUE NACION ES DONDE SE CONSUME LA DROGA QUE PASA POR NUESTROS PATIOS ? CUANTOS CABEZONES HAN SIDO DETENIDOS EN ESTADOS UNIDOS POR ESTOS DELITOS DE GENOCIDIO. Porque mantiene contacto Roxana Baldetti con el dueño de la finca en El Peten donde ocurrio la masacre y a donde ella llegaba a bordo de un helicoptero. (Siglo XXi de ayer).

Exportación de Otro Tipo

Ahora que Obama está (otra vez) tratando de impulsar una reforma migratoria en los EE.UU., la diplomacia chapina debería aprovechar para darle un nuevo enfoque y un nuevo impulso a la posición de Guatemala respecto de nuestros migrantes y el trato que les dan en el Norte. Para eso hay que entender la dimensión económica de las migraciones y sus flujos derivados, incluyendo las remesas.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EXPORTACIÓN DE OTRO TIPO

La migración y las remesas son, en términos prácticos, fenómenos económicos que deben comprenderse adecuadamente

En el primer trimestre de 2011 el valor de las exportaciones guatemaltecas (de bienes y servicios) hacia Estados Unidos rondó los mil millones de dólares. Curiosamente, los flujos de remesas familiares hacia Guatemala alcanzaron una cifra similar durante el mismo período. Las remesas, podría decirse, reflejan una “exportación” de lo que en términos económicos se conoce como factores de producción: de la misma manera que una empresa transnacional estadounidense operando en Guatemala repatría utilidades hacia el país del norte (como pago al factor capital “exportado” desde allá), los migrantes guatemaltecos residentes en California repatrían remesas (como pago al factor trabajo “exportado” desde acá).

A raíz de la recesión económica de Estados Unidos en 2009 –que, a su vez, generó una ola anti-inmigración en ese país-, el flujo de remesas familiares hacia nuestro país se redujo sensiblemente, lo cual generó dudas respecto de si la época de los grandes flujos de remesas estaba llegando a su fin. La firme recuperación de tales flujos en meses recientes parece indicar que lo acontecido en 2009 fue un fenómeno estrictamente temporal que no podrá ser revertido por ninguna medida anti-inmigración. Entre enero y abril del presente año, las remesas recibidas en Guatemala eran mayores en casi 9% a las de similar periodo del año previo.

La más reciente encuesta sobre remesas para Guatemala, publicada por la Organización Mundial para las Migraciones –OIM-, indica que los guatemaltecos residentes en el exterior y que envían remesas representaban el 11.4% de nuestra población, proporción que ha seguido aumentando pese a la crisis estadounidense (en 2002 ese porcentaje era 10.5%); con ello el número de connacionales en el exterior llegaría a aproximadamente 1.4 millones, de los cuales más del 97% reside en los Estados Unidos.

El hecho de que el número de guatemaltecos que viajan al exterior en busca de mejores oportunidades continúe creciendo tiene, evidentemente, una connotación negativa que desnuda la realidad de un país incapaz de otorgar a sus ciudadanos las oportunidades necesarias para su realización material y humana. Pero, al mismo tiempo, tiene una connotación positiva que revela la capacidad de los guatemaltecos de ser productivos cuando cuentan con el entorno adecuado (en términos de infraestructura, imperio de la ley y oferta de oportunidades) que no encuentran en nuestra tierra pero que, en el Norte, les permite generar ingresos suficientes no sólo para subsistir sino para enviar excedentes de vuelta a casa.

Independientemente de calificaciones subjetivas, la migración y las remesas son, en términos prácticos, fenómenos económicos que deben comprenderse adecuadamente: en tanto existan las enormes diferencias que se observan en la riqueza de los países, los flujos de trabajadores (y de remesas), legales o ilegales, seguirán siendo parte importante de la economía mundial, y con mayor razón en el caso de dos economías tan dispares y geográficamente cercanas como las de Guatemala y Estados Unidos.

La política exterior guatemalteca tiene en este campo múltiples argumentos a su alcance para impulsar (preferentemente en coordinación con nuestros vecinos) una agenda diplomática y de opinión pública respecto de la política migratoria estadounidense y, para ello, podría aprovechar los gestos (electoreros o no) del presidente Obama en cuanto a emprender una reforma migratoria.

La hostilidad y las iniciativas de ley contra los inmigrantes en los estados fronterizos de los Estados Unidos deberían irse desvaneciendo en la medida en que la actividad económica y el empleo continúen fortaleciéndose. Los elementos extremistas del partido Republicano deberían ser desplazados por políticos más pragmáticos que entienden que la inmigración imprime juventud, fortaleza y dinamismo a la economía (y a la sociedad) estadounidense, cuyo éxito se basa en gran medida en la “importación” de dinero, talentos y trabajadores.

Y, en ese sentido, nuestra diplomacia debería insistir en los argumentos que demuestran sólidamente que una reforma migratoria que asegure un mejor trato a nuestros compatriotas emigrantes no es cuestión de pedir privilegios, sino que se trata de un negocio que, a fin de cuentas, resulta favorable para ambos países.

Año Electoral y Estabilidad Económica

Pese a todas sus debilidades y defectos, la economía guatemalteca posee un importantísimo activo intangible: su récord de estabilidad macroeconómica sostenida durante las últimas dos décadas. Obtenerla ha costado una buena dosis de esfuerzo y sacrificio pero, a pesar de ello, ha valido la pena porque, sin estabilidad económica, las ya precarias condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población serían incluso peores. Por ello es preocupante que en este año electoral, como no se había visto en los cuatro anteriores, se barrunten nubes negras en el horizonte macroeconómico...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

AÑO ELECTORAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA

dÚnicamente el tipo de cambio y crecimiento de los depósitos bancarios parecen verse afectados por el año político

Existe una relación de doble vía entre la economía y la política; el desempeño económico puede afectar los resultados de los procesos políticos, a la vez que las decisiones y acciones tomadas en el ámbito político tienen repercusiones sobre las variables económicas. Ahora que oficialmente ha comenzado la campaña electoral, resulta oportuno analizar qué tipo de efecto (positivo o negativo) pueden ejercer estos procesos políticos sobre economía nacional, tal como se hace en un reciente estudio de la empresa Consultores Para el Desarrollo –COPADES-, de Guatemala, que se enfoca en la relación entre los ciclos políticos y la estabilidad macroeconómica.

En una parte del estudio se analiza el comportamiento de diez variables económicas relevantes (como, por ejemplo, el crecimiento económico, el crédito bancario, las tasas de interés, la deuda pública, o el tipo de cambio) durante los años electorales, y se le compara con el comportamiento promedio de esas mismas variables durante los últimos dieciséis años, a fin de analizar cuán atípicamente se han comportado durante los procesos electorales.

Los resultados que arroja el estudio resultan interesantes pues reflejan que, en general, los años electorales no entrañan movimientos bruscos ni atípicos en las principales variables macroeconómicas. Únicamente el tipo de cambio y crecimiento de los depósitos bancarios parecen verse afectados por el año político. Las demás variables muestran una asombrosa estabilidad en época de elecciones: incluso el déficit fiscal y la deuda pública (variables ambas muy proclives a manipulaciones electoreras) se han mantenido tradicionalmente bajo control en los últimos tres lustros, incluyendo los periodos electorales, lo que demuestra que la estabilidad económica es no sólo un valor entendido a nivel social, sino un activo intangible del país que los gobiernos y la sociedad deben esforzarse en preservar.

El estudio de COPADES revela, sin embargo, que existen dos variables económicas que muestran un comportamiento anormal sensible durante los procesos electorales. Por una parte, el tipo de cambio tiende a elevarse más de lo habitual cuando hay elecciones generales, lo que se explica por la propensión de los agentes económicos a trasladar sus activos financieros hacia productos expresados en dólares como una medida encaminada a preservar el valor de los mismos ante la incertidumbre que, inevitablemente, se asocia a los eventuales resultados de los comicios. Por otra parte, el crecimiento de los depósitos bancarios tiende a reducirse en los años electorales en comparación con otros años del periodo, lo cual refleja también una respuesta de los agentes económicos ante la incertidumbre política, que se manifiesta en una mayor preferencia por activos líquidos (dinero en efectivo) que hace que disminuya relativamente el monto de los depósitos bancarios.

El presente año, no obstante lo indicado, podría mostrar un comportamiento diferente al de otros años electorales. Empezando por el ámbito fiscal, este año se prevé un déficit que, por tercer año consecutivo, será superior al 3% del PIB, porcentaje que no sólo está significativamente por encima del promedio de los últimos tres lustros (2% del PIB) sino que supera al de cualquiera de los últimos años electorales. De manera que la estabilidad fiscal que había prevalecido en los ciclos políticos de la historia reciente parece que empezara a perderse.

El tipo de cambio, por su parte, ha registrado una importante apreciación (reducción) en los primeros meses de 2011, de manera que, aunque es muy posible que dicha variable cambie de tendencia (empezaría a depreciarse) durante la campaña electoral, ello no será suficiente para que, como en otros años electorales, registre una depreciación al finalizar el año, comparado con 2010. Y los depósitos bancarios, contrario a otros años electorales, se están acelerando luego del estancamiento que sufrieron a raíz de la crisis económica de 2009.

Ojalá que el gobierno entrante, cualquiera que sea su signo partidario, no encuentre una situación económica inestable, y que cualquier comportamiento volátil que pueda estarse gestando atípicamente durante el actual proceso electoral pueda ser rápidamente revertido hacia la estabilidad que tanto ha costado construir en los últimos lustros.

El Valor de la Reputación

El manejo de la deuda pública es un elemento clave utilizado para evaluar el desempeño macroeconómico de cualquier país. Tradicionalmente en Guatemala, la deuda pública se ha manejado con adecuada responsabilidad, con contadas excepciones en el pasado. Aunque los indicadores de la deuda soberana de Guatemala siguen estando entre los mejores del Hemisferio, recientemente se han presentado algunos factores que ponen en riesgo la credibilidad que tanto ha costado construir: un aumento sospechosamente veloz del endeudamiento, la utilización de préstamos para financiar gasto recurrente, y la acumulación de un monto posiblemente elevado de deuda flotante. Es urgente retomar el camino del manejo prudente de la deuda.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL VALOR DE LA REPUTACIÓN

Ganarla requiere de un esfuerzo prolongando, pero es tan frágil que puede perderse muy rápidamente

Una buena reputación es un activo intangible de fundamental importancia para la vida de cualquier individuo, y también de cualquier Estado; ganarla requiere de un esfuerzo prolongando, pero es tan frágil que puede perderse muy rápidamente. Pese a sus múltiples problemas, el Estado de Guatemala ha podido construir, a lo largo de los años, una reputación de prudencia y responsabilidad en el manejo de la deuda pública que vale la pena preservar.

Con las excepciones de la obscura deuda de CELGUSA –que nunca fue formalmente una deuda estatal- y la “deuda inglesa” del siglo XIX, Guatemala nunca ha incumplido con sus obligaciones soberanas al exterior y ha logrado mantener unos indicadores de deuda ejemplares en el contexto latinoamericano. Sólo la descomunal irresponsabilidad fiscal del gobierno de Lucas García, que descalabró por completo la economía del país, dañó notablemente la buena reputación financiera ganada a lo largo de los años, la cual sólo pudo empezar a recobrarse a partir de los dolorosos ajustes iniciados en la década de los noventa del siglo pasado.

Aunque para el ciudadano de a pie resulta a veces difícil aquilatar la utilidad de tener una economía estable, un buen manejo de la deuda pública y una buena reputación en los mercados financieros internacionales, para los líderes políticos, empresariales y sociales debería ser esencial comprender que si se pierden esos factores –estabilidad y reputación-, las consecuencias pueden degenerar en una crisis que agrave las condiciones de pobreza e ingobernabilidad del país.

De no haber sido por la estabilidad económica y el manejo financiero responsable logrados en los últimos veinte años, Guatemala quizá habría sufrido mucho más los embates de la gran crisis mundial de los últimos años que, afortunadamente, nos sorprendió con un déficit fiscal relativamente bajo, abundantes reservas monetarias internacionales, deuda pública baja, expectativas inflacionarias ancladas que permitieron al banco central reducir las tasas de interés, y un sistema financiero en proceso de fortalecimiento dentro de un nuevo marco legal.

Incluso el entonces ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, se dio el lujo de aplicar una política fiscal moderadamente anti-cíclica (expansiva) para contrarrestar los efectos recesivos de la crisis, lo cual habría sido impensable si las variables macro no hubiesen estado bajo control. Si bien la crisis afectó la economía y redujo el ingreso per cápita, las condiciones de estabilidad y la reputación financiera del país posibilitaron que los flujos de capital continuaran financiando la actividad productiva privada y gubernamental.

Sin embargo, existen límites a lo que el gobierno puede hacer para mitigar los efectos de una crisis mundial: la idea original detrás de la política fiscal expansiva impulsada en 2009 era que ésta fuera estrictamente temporal. El déficit fiscal debía reducirse gradualmente del pico de 3.3% (como porcentaje del PIB) ese año, a sus niveles históricamente sostenibles de menos de 2%. Eso no se cumplió y el déficit fiscal ha continuado rondando el 3% del PIB en 2010 y 2011, lo cual ha requerido que el gobierno aumente aceleradamente su ritmo de endeudamiento.

La deuda pública no es mala per se, siempre que se destine a financiar obras de infraestructura que aumenten la capacidad productiva del país. Lo auténticamente alarmante es que el ritmo de endeudamiento se está acelerando, cuando debería decelerarse; que, en violación de la Ley Orgánica del Presupuesto y de toda prudencia económica, se estén usando préstamos para pagar gastos corrientes (como el aumento de sueldo de los maestros); que exista una deuda flotante que nadie sabe a cuánto asciende ni qué obras financió (razón por la cual el propio Fondo Monetario Internacional ha aconsejado una auditoría externa de dicha deuda antes de reconocerla).

Todos estos factores son una amenaza a la estabilidad financiera del Estado guatemalteco, tan arduamente lograda. El mantenimiento de la reputación de estabilidad financiera del país debe ser una prioridad, pues de lo contrario las consecuencias pueden nefastas para el bienestar de los guatemaltecos, especialmente de los menos privilegiados. Bien dijo Cervantes que una onza de buena fama vale más que una libra de perlas.

Comentarios de los Lectores

Mar, 05/03/2011 - 10:58 — Amanda Tobias

• Claro está que la reforma fiscal es muy recomendada para nuestro país en estos momentos, no es justo que solo los pobres paguemos impuestos mientras que los empresarios se hacen cada vez más
  ricos y ni siquiera son capaces generar fuentes de empleo para la población, de hecho esa es su principal función como sector empresarial y en vez de eso lo que haces es evadir impuestos.

Mar, 05/03/2011 - 18:19 — Johana Luna

se dan cuenta que es necesario apoyar una reforma fiscal, y tanto que la han
criticado, pero me alegra que sea este gobierno el que este impulsando dicha reforma, y no otros que solamente quisieran hacerlo para beneficio propio y no de la población, con esa reforma estaríamos ya mejor todos

Mar, 05/03/2011 - 19:34 — Johana Luna

Yo apoyo con todo la propuesta hecha por el gobierno sobre la reforma fiscal, con esto por lo menos tendrá un poco más el ejecutivo para el ejecutar el gasto público en catástrofes, y desastres
naturales. Es necesario que en Guatemala los que tienen más, paguen así como tienen, y no seguir robándole a la gente pobre.

Mar, 05/03/2011 - 20:27 — Pedro Castillo

En Guatemala son los ricos los que construyen la riqueza, son los que tienen el
mayor control adquisitivo del país, y esto no es gracias a su esfuerzo, ni a su sudor diario, ni mucho menos que sea por inteligencia en los negocios, muchos solo lo han heredado. Pero lo cierto es que teniendo todo eso, son los que menos invierten en el país, son los que menos tributan, y son los que menos
desean apoyar una reforma fiscal, si el que nada debe nada teme.

Mar, 05/03/2011 - 21:28 — josemigarcia

Y que con esto, solo los mas pobres deben de pagar por lo que consumen, si los empresarios son exonerados de materias primas para que puedan trabajar en Guatemala, y por que ellos no son generadores de empleo, y no se les cobra por eso que no pagan, porque si hablamos de la reputación, entonces temo decir que los empresarios ni tienen esta, sino solo las primeras letras de esa palabra, pues
no conocen nada de la verdadera realidad de Guatemala, una reforma fiscal vendría bien en estos momentos de la vida.