Responsabilidad Fiscal

Benjamín Franklin dijo que en el mundo la única certeza que existe es que habremos de morir y de pagar impuestos (en Guatemala, otra certeza es que la final de fútbol será siempre entre rojos y cremas). Y el tema de los impuestos parece estar, por enésima vez, en la agenda del Congreso para 2011. Es muy probable que, como de costumbre, el debate se convierta en un círculo vicioso de argumentos que requerirá de algún elemento externo que ayude a llegar a algún consenso. Uno de esos elementos podría ser la discusión, en paralelo, de una ley de responsabilidad fiscal como la que se ha emitido en otros países (un ejemplo exitoso es el de Brasil) para asegurar que los recursos tributarios se utilizan de manera eficiente.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

RESPONSABILIDAD FISCAL

En el Congreso de la República se está hablando, otra vez, de un paquete de reformas tendiente a aumentar los ingresos tributarios. La llamada Ley Antievasión II es un nuevo intento por mejorar los magros recursos financieros del Estado aunque, a diferencia de esfuerzos precedentes, esta vez se piensa aprobar en medio del fragor de la batalla política del año electoral.

Las razones para buscar aumentar la recaudación de impuestos han sido esgrimidas y repetidas no sólo por el actual gobierno, sino por cada uno de los gobiernos de esta época democrática sin importar su signo político: la necesidad de invertir en infraestructura para impulsar la productividad del país; la importancia de elevar la calidad de la educación y la salud públicas para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos; o, la urgencia de asegurar estándares alimentarios mínimos que permitan superar los vergonzosos indicadores de desnutrición infantil del país; son estos sólo algunos de los más convincentes argumentos a favor de aumentar la carga tributaria.

A ellos se agregan, por supuesto, los argumentos técnicos que los organismos internacionales suelen recordarnos con frecuencia: Guatemala tiene, en relación con su tamaño económico, uno de los gobiernos más pequeños del mundo y cuyo enanismo financiero le impide atender sus obligaciones esenciales en materia de provisión de servicios de seguridad, justicia, salud, educación, etcétera.

La innegable contundencia de estos argumentos se enfrenta, sin embargo, con la contra-argumentación que hace tan complejo el debate fiscal en nuestro país: si el gobierno quiere recursos tributarios, debería demostrar que los mismos se van a utilizar conforme a las prioridades de desarrollo del país y que no se perderán en la compleja maraña de ineficiencia y corrupción que se percibe en el manejo de la cosa pública.

Las incesantes noticias y rumores sobre prácticas de enriquecimiento ilícito en la ejecución de obras públicas; la opacidad en el uso de los recursos fiscales (¿alguien ha visto publicados, por ejemplo, los estados financieros o la ejecución presupuestaria de la USAC, que ahora tanto exige –en campos pagados- que se le asigne su cuota de ingresos?); o, la ineficiencia en el gasto (¿alguien recuerda cómo se dilapidaron los recursos de la privatización de empresas del Estado?); son estos sólo algunos de los más convincentes argumentos en contra de aumentar la carga tributaria.

No será fácil romper con ese diálogo de sordos en que se ha convertido el debate tributario, pero es menester intentarlo; una posible fórmula puede encontrarse en la experiencia de varios países que han emitido las llamadas Leyes de Responsabilidad Fiscal –LRF-, que buscan establecer reglas precisas para asegurar una adecuada gestión de las finanzas públicas y que incluyen tanto normas que ponen restricciones sobre la orientación de la política fiscal en términos de ciertos agregados fiscales, como normas de transparencia que buscan fijar determinadas prácticas administrativas.

La discusión de una LRF, que podría ayudar a revitalizar un pacto fiscal entre el gobierno, el estamento político y la sociedad civil, incluiría, en primer lugar, un conjunto de límites cuantitativos y cualitativos para variables tales como el déficit fiscal, la deuda pública o el gasto social, todas ellas con una perspectiva de mediano plazo y en función del rol anticíclico que debe desempeñar la política fiscal.

En segundo lugar, una LRF establecería la obligación de publicar periódicamente informes sobre el logro de los objetivos o metas fiscales. También incluiría la elaboración y publicación, por parte de todas las entidades del sector público (incluyendo el Gobierno Central), de estados financieros auditados que certifiquen la veracidad de la información. Finalmente, la LRF incorporaría la aplicación estricta de sanciones a quienes incumplan sus preceptos, con el apoyo de juzgados independientes y, preferentemente, especializados en temas fiscales.

Una LRF no es panacea, pero el solo hecho de considerar su discusión puede proveer los elementos de credibilidad y confianza que tanto se necesitan a la hora emprender cualquier proceso de negociación política en materia de impuestos.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

sergio licardie V 14-12-2010 09:51:17 horas

Hay una deficiencia enorme ante la integridad del gasto que se programa. Hoy dicen que el 50% se desvía a fines no planeados presupuestamente y los países no se administran de esa forma. Ya es tiempo que el CACIF, los que dan el pisto, se pongan los pantalones porque están demostrando complicidad o incompetencia. El dinero de los impuestos es para servir al pueblo HERIBERTO HERRERA 14-12-2010 09:54:27 horas Nuestros empresarios son los que más se oponen al pago de impuestos que en ley les toca pagar y los evaden, este sector nunca a visto por mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y solo ven como hacer más ganancia y se olvidan de sus obligaciones allí tenemos ya el primer lugar en Lationoamérica en desnutrición, sí el estado recaudara realmente lo que debería en materia de impuestos hubiera dinero para invertirlo en programas de desarrollo humano, señores oligarcas cumplan con sus obligaciones Oscar Prado 14-12-2010 10:47:57 horas Guatemala necesita de manera urgente e inmediata que se apruebe LRF, pues de esta manera muchos guatemaltecos se verían beneficiados con lo que evaden los empresarios descarados que hacen lo que se les da la gana con las obligaciones que tienen de cumplir con la economía del país, pues no es posible que encima de que se enriquecen a diario con nuestro dinero, tengan el descaro de evadir impuestos como mas se les dé la gana, y seguir como que nada pasa. Angela Escobar 14-12-2010 10:50:00 horas En nuestro país se le da a los empresarios la posibilidad de tener sus empresas, pero con eso se aprovechan de una mano de obra barata, materia prima casi regalada, salarios que no son dignos de un trabajador promedio, y además una evasión de impuestos más descarada que la misma palabra, por esto y otras cuantas razones más es que URGE LA LRF. Daniela Gutierrez 14-12-2010 10:51:34 horas No es posible seguir pensando en que la reforma fiscal es únicamente una posibilidad, esto es una necesidad inmediata que se tiene por mejorar la situación de todo el país, pero como siempre brincan los que se sienten amenazados por esta (empresarios). No podemos seguir permitiendo que nuestra gente siga en las condiciones tan inhumanas en las que trabajan, solo porque son la mano de obra que ayuda al empresario a hacerse mas rico a costa de su sudor y del Estado de Guatemala. Sofia Medina 14-12-2010 10:53:27 horas La riqueza de nuestro país sigue concentrada en las mismas manos, y ya no podemos seguir permitiendo esa clase de abusos para los ciudadanos que lo único que requieren es un salario digno para poder ofrecerle a su familia y a ellos mismos una calidad de vida digna. Entonces por que seguimos tan complacientes ante lo que a ellos se les viene en gana. Es ahora el momento de actuar y decir que ya no estamos dispuestos a permitir la opresión que vivimos a diario, solo por ser quienes los enriquecen. Adeela Franco 14-12-2010 10:54:59 horas Si nuestro país tiene mano de obra, no es razón para que se aprovechen de esto. Vivimos en un país que es rico, pero como esa riqueza está concentrada en las manos de los más poderosos del país, entonces porque si tienen dinero suficiente no se toman la molestia de cumplir como un ciudadano más que paga y cumple sus impuestos. Pero como a ellos no se les da la gana pagarlo, nosotros tenemos que vernos afectados por sus caprichos. Que mal que no sean conscientes de esto! Mariano Ruano 14-12-2010 11:05:31 horas Si el Estado ha servido como instrumento de enriquecimiento a causa de privatizaciones y minar la gestión pública solo ha un grupo minúsculo. Es necesario que estos grandes evasores permitan que el Estado se convierta en el instrumento que provea desarrollo a un inmenso grupo. Se necesita que la ley antievasión en verdad sea el punto de lanza para el progreso del país. Gloria Murga 14-12-2010 11:07:17 horas Si al empresariado no le conviene una reforma tributaria que ayude al fortalecimiento de Guatemala pues no les conviene perder todos los beneficios que tienen ahora con una mano de obra servil e insumos más que regalados. El Estado ya no se puede sostener con tan pocos recursos, con la aprobación de la ley antievasión se podría lograr más fácilmente una reforma tributaria. Sergio Diaz 14-12-2010 11:08:43 horas Sin una reforma fiscal no se pueden llevar a cabo programas públicos de beneficio social, es verdaderamente una irresponsabilidad de parte de los empresarios no querer cumplir con el Estado. Al parecer no les hace falta una población educada y un Estado fuerte que tenga la capacidad suficiente de gestión, Guatemala además de tener la menor carga tributaria de América Latina, es la que más concentración de riqueza en pocas manos tiene. Erick Lopez 14-12-2010 11:10:31 horas La visión conservadora de la oligarquía solamente promueve desigualdad e injusticia porque no proveen un verdadero desarrollo a la población, además de beneficiarse por medio de la explotación de mano de obra casi servil se han acomodado en una estructura pública poco funcional y por eso es más fácil corromperla a su conveniencia. Urge aprobar la ley anti evasión para que la desigualdad e injusticia no siga enraizándose en la sociedad. Amanda Rangel 14-12-2010 11:12:07 horas A pesar que Guatemala le da a los empresarios las facilidades para que puedan prosperar rápidamente las empresas, a pesar de ello la clase dominante ha debilitado por décadas al Estado para que este se vea imposibilitado de cumplir con lo que manda la Constitución y solo sirva para facilitar su enriquecimiento. Haber con que salen para frenar la ley antievasión. Marco Antonio Villeda Sosa 14-12-2010 16:09:39 horas No es pagando más impuestos o incrementar los impuestos como Guatemala tendrá más dinero para sus ingresos fiscales lo que tiene que hacerse es que se pagen los impuestos sin el famoso y destructivo credito fiscal que devuelve el dinero a los contribuyentes si se va a contribuir al estado, el gobierno tendria los ingresos necesarios para el estado aunque lo sucede es la irresponsabilidad y el despilfarro que prefiere la clase mediocre politiquera que no ha servido para gobernar Guatemala.

La Creciente Deuda Pública

Guatemala tiene unos de los mejores indicadores de sostenibilidad de la deuda pública en el continente americano. Sin embargo, a medida que el ritmo del endeudamiento público se ha venido acelerando en los últimos años, algunos de tales indicadores (como el que relaciona el tamaño de la deuda con el monto de la recaudación tributaria) que miden la capacidad del Estado de hacer frente a sus obligaciones están ahora cercanos a (o rebasaron ya) los niveles de tolerancia que convencionalmente se recomienda no traspasar si uno quiere mantener a los prestamistas tranquilos. Por muy necesario o urgente que se considere un cierto gasto (como el de reconstrucción luego de las tormentas de mediados de año), es conveniente, ahora más que nunca, analizar si la deuda pública está ya alcanzando niveles que aconsejan una mayor prudencia en el ritmo del endeudamiento público...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA CRECIENTE DEUDA PÚBLICA

En medio de las negociaciones del Presupuesto del Estado para 2011, el Congreso aprobó la emisión de Q1.6 millardos de bonos del tesoro (Bonos de Reconstrucción) y, a sabiendas de que es prácticamente imposible que los mismos se coloquen (y que los recursos se inviertan) en el transcurso de 2010, dejó establecido que dicha deuda se puede trasladar automáticamente al ejercicio fiscal del año próximo. Lo inusual de esta disposición se explica en el enorme desorden presupuestario que se vivió durante el presente año que, entre otros efectos, ha dificultado darle seguimiento al acelerado crecimiento que la deuda pública ha experimentado en años recientes.

Según las últimas cifras publicadas, sin incluir los Bonos de Reconstrucción, la deuda pública había crecido en más de 10% en los primeros nueve meses de 2010, lo que se agrega al aumento de más de 20% que la misma registró en 2009. No obstante su rápido crecimiento, la deuda ha mostrado una mejora en su composición (que conlleva un menor nivel de riesgo) ya que la mayor parte de la deuda es interna (44,4% del total, cuando en 2001 era sólo el 28,5%). Sin embargo, como proporción del PIB, aunque el nivel de la deuda pública guatemalteca sigue siendo bajo en comparación con países de ingresos similares, cada vez más se acerca al nivel crítico de 25%; peor aún, dada la baja carga tributaria, la deuda como porcentaje de los impuestos ahora supera el 300%.

Un problema adicional es la preocupante acumulación de deuda flotante, resultado de la construcción sin financiamiento de obras públicas por casi Q4 millardos, de acuerdo con los contratistas privados, la que tarde o temprano habrá que documentar e incluir en las cifras oficiales de la deuda.

El aumento de 150% de la deuda pública en los últimos diez años se explica, en parte, por “la gran moderación” de la economía mundial (con crecimiento sostenido y bajos niveles de inflación y desempleo) que, junto con los grandes superávits financieros de las economías emergentes, permitió un gran flujo de créditos a bajas tasas de interés. Como sucede con las drogas, el aumento de la deuda produce cierta euforia en los gobiernos que llegan a creer que pueden seguir aumentando el gasto público indefinidamente. Y los prestamistas (nacionales y extranjeros) caen también en cierto optimismo excesivo creyendo que el gobierno podrá incrementar a futuro sus ingresos para estar en capacidad de pagar los intereses y reembolsar el capital tomado en préstamo.

Además, la deuda se justifica con la buena intención de utilizar los recursos prestados para mejorar los índices educativos o combatir los niveles vergonzosos de desnutrición infantil que exhibe nuestro país. Y, por si esto no bastara, está la opinión de los organismos financieros internacionales respecto a que el nivel de deuda pública de Guatemala es todavía, de acuerdo a ciertos parámetros estándar internacionales, “sostenible”.

El problema con la deuda es que, eventualmente, hay que pagarla; por algo es que la palabra “crédito” viene del latín credere, es decir “creer”: si el deudor (en este caso el gobierno) pierde su credibilidad, los acreedores rehusarán concederle nuevos préstamos (o los concederán en condiciones muy duras) y le quitarán el tanque de oxígeno financiero que le permite respirar. El acrecentamiento de la deuda pública es un esquema tipo Ponzi que requiere, ya sea de un aumento de la población que asegure que las nuevas generaciones van a asumir la carga, o de un deus ex machina (quizá un milagro tecnológico o un descubrimiento mineral) que pueda impulsar el crecimiento económico.

Alrededor del mundo los gobiernos están enfrentando un difícil período de resaca luego de la borrachera de endeudamiento de los años previos, y deben decidir cómo reducir rápidamente sus déficits (a riesgo de socavar el crecimiento) y cómo distribuir el costo de hacerlo lo más equitativamente posible. Más temprano que tarde, Guatemala debe emprender ese mismo proceso, que en nuestro caso incluye discutir qué clase de Estado queremos, con qué recursos los vamos a pagar y con qué calidad se van a invertir tales recursos. Ojalá el liderazgo y la madurez política que se necesitan para ello no fueran recursos tan escasos en nuestro medio.

Comentarios de los Lectores

urbano santos 07-12-2010 01:41:43 horas

Lo irónico aquí es que al tiempo que se critica se da la razón, el gobierno no tiene la culpa del endeudamiento,ningún gobierno mandó los desastres naturales que son en su mayor parte la causa del endeudamiento, 30 años atrás la nación no estaba endeudada pero los gobiernos militares la endeudaron tan solo para mantenerse en el poder, en contra de la voluntad del pueblo, le quitaron el grano a la mazorca y no a parado de desgranarse y quién sabe hasta cuando. luisfe uk 07-12-2010 01:52:01 horas Creo que hay un gran costo de oportunidad de endeudarse por los intereses que se generan y no se pueden usar para inversión y que si uno puede pagar más, por ejemplo con impuestos directos (que si uno no gana no paga nada y quien gana más en volumen paga más). La carga tributaria debiera de elevarse no solo para cubrir el nivel de gasto actual sino asegurar que se tengan recursos suficientes para el país que queremos como bien dice objetivamente al final de su artículo. Wenceslao Mendez 07-12-2010 06:12:20 horas Hola, no menciona que la JM aprobó dicha emisión de bonos y quiero que sepa que lo leo todos los martes, quiero pedirle de favor que escriba sobre el esquema de las metas explicitas de inflación, gracias. Rodrigo Ponce Chavarria 07-12-2010 08:34:17 horas ¿En qué lugar queda y cómo jugó su papel el delegado de la USAC ante la Junta Monetaria? Se llenan la boca de ser defensores de las causas nacionales y son los primeros que votan a favor de endeudar al país. VIENTO 07-12-2010 09:48:18 horas El problema es que utilizan el desastre natural como pretexto para endeudar más al país, pero ese dinero no llega a las comunidades sino al bolsillo de ladrones. Estos hombres solo hablan y no saben la realidad, los pueblos mayas no queremos más impuestos, porque nuestras calles, puentes y otros servicios básicos no son resueltos y lo peor del caso es que nuestra nación es considerado paraíso fiscal. Hay muchos compadres del gobierno a quienes no les cobra y la SAT solo persigue a los buenos. Haroldo Tux 07-12-2010 10:18:42 horas Es muy lamentable que los diputados del Congreso no aprueben las iniciativas o leyes que son de beneficio para Guatemala, el presupuesto para el 2011 es necesario pues no se puede seguir trabajando con un presupuesto de hace dos años, donde ni la población ni las necesidades son las mismas de ahora y no digamos las del otro año, si queremos seguridad, educación y salud, hay que tener dinero para invertir en eso. Arnoldo Ponce 07-12-2010 10:26:53 horas Yo creo que los bonos de reconstrucción son muy necesarios ya que las tormentas azotaron fuertemente al país, aparte de que hay gente que todavía no ha podido regresar a sus comunidades pues estas quedaron muy dañadas, también las carreteras del país quedaron muy destrozadas, todos queremos que esto se repare lo antes posible, pero si no hay dinero no se puede lograr. Arturo Escobar 07-12-2010 10:31:44 horas La deuda que se menciona en la nota es con Guatemala misma, es decir que Guatemala le debe a Guatemala, según lo que tiene el estado estimado en gastos, aunque me da coraje que no se haga la reforma fiscal pues los empresarios siguen sin pagar impuestos, cada día aparecen más empresas que no pagan impuestos y pues no es justo que Guatemala se endeude por esa razón, debemos cumplir con nuestras obligaciones. Mario Sicán 07-12-2010 10:33:47 horas El informe de la PNUD reveló que el estado de Guatemala está débil debido ha que no tiene dinero para invertir en el país, es por eso que debe hacerse la reforma fiscal, pues con esta pueden recaudarse más impuestos, ya basta de que solo la población obrera y trabajadora pague impuestos, los empresarios que se enriquecen deben pagar los impuestos que les corresponden, y así haya más dinero para invertir en el país.

Lecciones del Tigre Domado

El gobierno tuvo una actitud cada vez más tolerante y despreocupada respecto del déficit fiscal: "todavía no está tan alto", decían. "Vale la pena endeudarse un poco más, pues es por una buena causa", se justificaban. Al final de cuentas, la deuda pública creció tan rápidamente, en un entorno internacional desfavorable y una actividad productiva escuálida, que ya no fue posible seguir endeudándose y se cayó en una crisis macroeconómca severa. Eso sucedió en Irlanda, pero es bueno poner las luces de alerta sobre el nivel de déficit el crecimiento de la deuda en Guatemala, no vaya a ser...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LECCIONES DEL TIGRE DOMADO

Alguna vez se llegó a conocer a Irlanda como “el Tigre Celta”, debido al asombroso crecimiento que vivió en la década de los noventa, cuando su economía alcanzó y superó los estándares de vida de la Unión Europea, lo cual hizo creer a los irlandeses que su nivel de vida y el valor de sus activos continuarían creciendo indefinidamente. Y tal vez lo habrían podido logar, si tan solo la política fiscal, la gobernanza de los bancos y la supervisión financiera no hubiesen sido tan laxas y no hubiesen dejado a la economía tan vulnerable a los choques externos e internos.

A partir de 2003 esa laxitud empezó a manifestarse en un acelerado crecimiento del crédito bancario, un auge en la construcción, un aumento del gasto público y un incremento del déficit externo, que configuraron una gigantesca burbuja inmobiliaria que sólo esperaba un leve pinchazo para reventar.

Contagiado por la crisis internacional de 2008, el sector inmobiliario irlandés colapsó y su sistema bancario cayó en quiebra. El gobierno decidió rescatar a los bancos con dinero del presupuesto pero, como no habían sido previsores en los tiempos de bonanza, el Estado se vio forzado a endeudarse para seguir operando. Conforme las finanzas públicas se deterioraban, al tiempo que la economía continuaba sin recobrarse, el ritmo del endeudamiento y del déficit fiscal se hizo insostenible.

Lo que empezó como una crisis del sistema bancario se convirtió hoy en un descalabro absoluto de la economía irlandesa. La Unión Europea entró en pánico ante el temor de que esto se contagiara a otros países y sistemas bancarios de la región. El Fondo Monetario Internacional fue llamado al rescate y, junto con las autoridades económicas europeas, diseñó un estricto programa de ajuste estructural para tener acceso al millonario financiamiento (de más de 50 millardos de euros) que se necesita para rescatar a la economía de Irlanda.

El plan de ajuste obliga al gobierno irlandés a disminuir drásticamente el gasto público a fin de reducir tanto el déficit fiscal (del nivel actual de 32% del PIB, a 9.1% en 2011 y 3% en 2014), como la deuda pública (del 102% del PIB para 2013 a 100% para 2014).

Esta caída del gasto público implicará reducir los programas de protección social, las jubilaciones y el número de empleados públicos, todo lo cual será complementado con un aumento de impuestos para generar más ingresos al fisco.

Lo que este tipo de programas de austeridad pretende es, por un lado, reducir los niveles de consumo doméstico para que abunden más las divisas que permitan pagar la deuda externa y, por otro, restituir la credibilidad del gobierno de cara a honrar sus compromisos de deuda, de manera que recobre su capacidad de ser sujeto de crédito. Aunque en el largo plazo estos programas suelen recobrar la viabilidad económica de los países, en el corto plazo causan un deterioro en las condiciones de vida de la población y suelen provocar, como en Irlanda, descontento social y e ingobernabilidad.

De la caída del otrora Tigre Celta surgen varias lecciones. Aparte de las obvias enseñanzas respecto a que nunca debe descuidarse la regulación bancaria a nivel sistémico y siempre deben aprovecharse los tiempos de bonanza para generar superávit fiscales, también pueden extraerse enseñanzas pertinentes para países como Guatemala. Una de ellas es que el aumento desmedido del déficit fiscal y el crecimiento acelerado de la deuda pública pueden dañar gravemente la viabilidad de las finanzas públicas y arruinar la estabilidad macroeconómica. Igual de importante es evitar que el endeudamiento público se utilice para financiar gastos de funcionamiento (como el rescate de bancos en el caso de Irlanda, o las transferencias de efectivo en el caso guatemalteco), en vez de invertirlo.

Tales prácticas no son sólo técnicamente erróneas, sino que resultan peligrosas pues, tarde o temprano, terminan por obligar a que se aplique un plan de ajuste y austeridad que para el ciudadano irlandés promedio puede impedirle renovar su refrigeradora (o su televisión, o su carro) durante un par de años; pero para un guatemalteco, un programa de austeridad de ese tipo puede implicar el riesgo de no poder comprar comida con qué llenar su refrigeradora.

Comentarios de los Lectores

sergio licardie V 30-11-2010 08:50:59 horas

Son clásicos efectos del "chambitalismo" crear masivamente empleos para la distribución del ingreso y demagógicamente otorgar prebendas sociales sin base económica suficiente. La carga cae sobre los trabajadores (generan sus ingresos) y los inversionistas, mientras los empleados (consumen ingresos). Se acosa al mercado y sus beneficios, se confiscan empresas que no pueden administrar, los empleados se empoderan llegando a crear huelgas nacionales afectando la economía nacional, la producción. Pablo Urrutia 30-11-2010 10:08:28 horas En Guatemala ya ocurrió este tipo de sucesos, muchos inversionistas fueron estafados por la regulación del mercado de capitales con el código de comercio. Las benditas ideologías nacionales.Hay estudios que dadan indicaciones que Irlanda iba por mal camino, pero nadie hizo caso, no son estrictamente lecciones cuando los financieros influyeron en las decisiones de política y pagaron investigaciones, ellos hicieron sus cuentas y en caso de fallar, igual ganaban. ROBERTO LOPEZ PORRAS 30-11-2010 10:49:07 horas La lección de la crisis Europea es la sobrevaloración del Euro, producto de un error y ello ha obligado a los países a desarrollar una política de desarrollo hacia adentro especialmente en la construcción y el turismo intraEuro, ya que la tasa de cambio alta no favorece las exportaciones, ni el turismo receptivo. Europa tiene una capacidad instalada ociosa por la crisis y por el Euro sobrevaluado. Ello ha llevado a los gobiernos a operar con deficitarios y nueva deuda que se suman a la crisis. Marco Antonio Villeda Sosa 30-11-2010 19:21:50 horas De que milagros dicen ahora, el milagro es comer como me decia alguna vez un Chileno, por desgracia los neoliberales parecen endiosar todo y aunque crean o no en dios son participes de endiosar un sistema neoliberal corrupto capitalisa que no informa de lo que sucede con cada empresa con cada ciudadano o ciudadana de su nacion si eso no fuese asi, Irlanda y la nacion que sea con transparencia y dignidad tuviesemos unas naciones con prosperidad y riqueza y con empresas privadas con dignidad.

Un Estado Más Fuerte

El más reciente reporte sobre el desarrollo humano preparado por el PNUD es un documento muy interesante, con algunos capítulos verdaderamente ilustrativos. Sin embargo, aunque uno esté de acuerdo con su conclusión respecto de la necesidad de fortalecer al Estado guatemalteco, no deja de decepcionar un poco el sesgo evidente en favor de un Estado grande y activista, así como la amplitud tan grande de sus recomendaciones que hace que muchas de ellas sean políticamente poco realistas. He aquí mis comentarios.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

UN ESTADO MÁS FUERTE

La semana pasada se publicó el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010 que analiza el papel que el Estado guatemalteco ha desempeñado en la promoción del desarrollo humano en los últimos 25 años. Dicho informe, preparado bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, hace una propuesta ambiciosa para transformar el Estado en función de mejorar los indicadores de bienestar económico y social.

El documento del PNUD propone, ni más ni menos, modernizar la arquitectura integral del Estado para que éste sea esencialmente más fuerte, democrático y plural. Es difícil (excepto tal vez para los libertarios radicales) no estar de acuerdo con la conclusión general del informe: que el Estado que Guatemala requiere es uno capaz de crear las condiciones que propicien el desarrollo humano, es decir un Estado fuerte. Sin embargo, luego de la lectura del extenso documento, es inevitable quedarse con una sensación de desconcierto e insatisfacción pues algunas (quizás demasiadas) de sus propuestas apenas encuentran fundamento en el profundo análisis histórico y descriptivo del informe.

La tarea descomunal que el PNUD plantea para reformar el Estado carece, a mi gusto, de una explicación del porqué se plantean determinadas medidas en vez de otras o, en otras palabras, cómo debiesen priorizarse las acciones de modernización para que éstas sean política y económicamente viables. Para ello, y también para hacer más equilibrado el informe, debió haberse planteado que, así como se necesita de un Estado más fuerte, también la acción pública debe estar bien focalizada y constreñida a determinados límites.

Los cambios y reformas institucionales no son fáciles; las estructuras institucionales tienen características profundas que se desarrollaron hace siglos y que tienden a mantenerse en el tiempo. A veces es posible acelerar las transformaciones mediante cambios políticos que alteren el balance de poder dentro de la sociedad, pero casi nunca dichos cambios son suficientes para modificar significativamente las estructuras institucionales. Por lo tanto, la construcción de un Estado cada vez más fuerte debe ser gradual, realista y obedecer a una lógica que justifique la intervención estatal.

En esa línea, el esfuerzo de fortalecer el Estado debe partir de lo esencial, que no es otra cosa que éste cumpla con sus funciones originarias de proveer seguridad y justicia. Luego, desde el punto de vista del desarrollo económico, el Estado debe enfocarse en facilitar y propiciar que el mercado asigne los recursos de la manera más eficiente haciendo efectivas la libre disposición de los bienes y la competencia, los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos.

Como complemento a lo anterior, el Estado debe enfocarse en reducir los obstáculos a la competencia (fallas del mercado), como lo son las prácticas monopólicas y las externalidades negativas, lo cual requiere un fortalecimiento de las instituciones reguladoras y estabilizadoras del mercado, tales como el derecho de competencia, el orden monetario y financiero, el orden laboral y social, o la normativa medio-ambiental.

Como siguiente prioridad, el Estado debe fortalecerse para asegurar la provisión de bienes públicos, como carreteras, infraestructura o niveles básicos de educación, todo mediante la inversión transparente que asegure la eficiencia en el uso de los siempre escasos recursos fiscales. Finalmente, el fortalecimiento del Estado debe buscar que los ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos puedan ejercer su libertad individual, para lo cual debe procurar la paz social y la mejora en la distribución del bienestar mediante políticas públicas tales como ciertas ventajas tributarias (mínimum vital deducible del ISR) o por el lado del gasto público (transferencias y subvenciones focalizadas), y el fortalecimiento de las instituciones legitimadoras del mercado tales como el seguro social o los esquemas para la solución de conflictos.

Un Estado fuerte no implica forzosamente un Estado grande. La búsqueda gradual de ese Estado compacto puede sonar demasiado intevencionista para los libertarios, o muy poco ambiciosa para los socialistas, pero parece ser lo más viable para la realidad guatemalteca.

Comentarios de los Lectores

percy espinoza 23-11-2010 06:57:31 horas

Un Estado fuerte sería lo ideal. Sin embargo, en las actuales condiciones de Guatemala eso es más que una fantasía. No quiero ser pesimista pero lo veo casi imposible. El dominio de la oligarquía, el militarismo, la corrupción entre funcionarios, congresistas, jueces y empresarios, el poco profesionalismo de los medios de información, la política sucia, etc, hacen muy difícil que algún día se llegue a contar con un Estado fuerte. Dorval Carías 23-11-2010 08:23:26 horas Absolutamente de acuerdo con esta propuesta racional. Sin embargo, ¿Cómo se mide objetivamente la fortaleza de un Estado? ¿Es el % de participación del Gobierno en el PIB una medida razonable de su "tamaño"? Marta Ramírez 23-11-2010 10:30:44 horas La verdad es que si necesitamos un Estado más fuerte y creo que eso es una fantasía muy lejana, además si queremos que en Guatemala haya un estado mas fuerte tenemos que luchar todos por conseguirlo, no es tarea solo de las autoridades pues recordemos que Guatemala somos todos y todas, recordemos que un estado fuerte nos beneficiara grandemente, para lograr llegar a esto debemos unirnos y cohesionarnos socialmente, para que todos y todas construyamos un estado fuerte Arturo Pirir 23-11-2010 10:33:36 horas El informe de la PNUD decía que el Estado está débil porque no tiene dinero, eso decía, no se puede hacer nada sin dinero, invertir en salud, en educación, en seguridad, etc. Por eso es que la reforma fiscal urge ya el presidente lo dijo: si la reforma fiscal no se hace en este gobierno tendrá que hacerlo el próximo gobierno pues es muy necesaria, hay que obligar a todos esos ladrones empresarios evasores de impuestos a que paguen como todos lo hacemos sergio licardie V 23-11-2010 10:42:37 horas Un estado fuerte no es un estado inflado y dictatorial, es un gobierno eficiente y con el manejo adecuado de los ingresos que recibe. El CHAMBITALISMO es la organización de gobierno que padecen los países en desarrollo que están mal administrados, inflados de trabajadores y en constante conflicto con sus propios empleados por incrementos y granjerías laborales. La raíz básica de un gobierno es el presupuesto y el manejo que se haga del mismo será la forma como será juzgado históricamente Sebastián Herrera 23-11-2010 10:49:09 horas Yo creo que este gobierno si ha impulsado el desarrollo humano a través de sus programas de cohesión social los cuales apoyan en su mayoría a la población pobre del país, ayudándolos a que se superen y puedan salir de su condición actual, es lamentable que los mismos guatemaltecos de la clase media sean los que no apoyen los mismos, hay que ayudar a nuestros hermanos a salir de la pobreza extrema en que viven, ellos también merecen una oportunidad. Marvin Boror 23-11-2010 11:29:46 horas Que reflexión tan linda sobre un estado fuerte!!!, seria bueno también que las leyes que ese estado cree no fueran violadas, que no favorecieran a determinadas elites o grupos sociales, que funcionara en calidad de servicio a la población. El actual estado esta lleno de corruptos aunque no todos lo son y debido a esto la gente piensa que todos son iguales, con esta idea no vamos a llegar muy lejos, hay que revolucionar la cosa con ideas y no con violencia. Marco Antonio Villeda Sosa 23-11-2010 15:24:17 horas Un Estado fuerte es con respeto es un Estado existente algo que en Guatemala casi no existe el Estado, en Guatemala desde 1,954 y luego desde 1,986 al Estado se le intentó desborronar y privatizarlo lo cual no se tiene que hacer, el Estado de Guatemala tiene que darnos a la ciudadanía Educación, Salud, acceso a la vivienda no gratis, Justicia, Seguridad Pública y acceso a empleo no gratis, respeto a la propiedad propiedad privada, lo cual se hace con un gobierno que sirva a su pueblo.

Los Poderosos del Mundo

Hasta hace algunos años, los países en vías de desarrollo conformaban grupos de negociación (como el G77 o el G24) para hacer valer (casi siempre con muy poco éxito) sus puntos de vista ante los países industrializados o ante los organismos e instituciones multilaterales. Hoy en día, los nuevos ricos del mundo (como China o Corea del Sur) y los que, sin serlo, tienen un tamaño económico formidable (como India, Brasil o México) tratan de codearse "de tú a tú" con los países industrializados, tal como lo muestra el caso del nuevo G20 que se ha auto nombrado el principal foro de discusión de temas económicos internacionales. El nuevo grupo no las tiene todas consigo, dada su heterogeneidad y la compleja situación internacional.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LOS PODEROSOS DEL MUNDO

El G7 solía ser el club de los poderosos. Desde que se fundó en 1976, en este foro de ministros de finanzas de los siete países más industrializados (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Canadá) se definían las directrices más importantes de la política económica internacional, que rápidamente eran ratificadas por los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional –FMI-.

La gran crisis financiera internacional de 2008, generada y contagiada al resto del mundo desde los países industrializados, han obligado a estos países a ampliar la membresía del club de los poderosos. Entre los innumerables “Grupo de los…” que existen sobre la faz de la tierra, el G20 es el que se ha auto erigido en el foro decisorio de las políticas económicas internacionales. Los que realmente parten el queso en el G20 siguen siendo el antiguo G7 más el emergente grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a quienes acompañan en un rol más secundario otras economías de gran tamaño como Corea o México.

El G20 enfrenta, en términos prácticos, dos complejos desafíos para funcionar adecuadamente. El primer desafío es el de armonizar los heterogéneos intereses de sus miembros. Por ejemplo, en el G20 hay países con grandes déficit comerciales (como Estados Unidos) que quisieran discutir los grandes desequilibrios cambiarios, cosa que no le interesa a otros miembros (superavitarios) como Alemania, Japón o, especialmente, China. Otras divisiones en el G20 se dan, por ejemplo entre las democracias y las autocracias (China, Arabia Saudí), o entre los que quisieran firmar acuerdos vinculantes (los europeos) y quienes quieren un G20 que sólo dé consejos (China y Estados Unidos).

Con esas divisiones no es extraño que el G20 produzca comunicados tan anodinos como el emitido en la Cumbre de Seúl de la semana recién pasada, que no pasó de repetir las fórmulas usuales respecto de que los países “se abstendrán de aplicar devaluaciones competitivas”; "permanecerán vigilantes sobre la volatilidad excesiva de los tipos de cambio”; tomarán “acciones coordinadas” respecto de la crisis mundial, ayudarán al FMI a “identificar desequilibrios comerciales importantes que requieran acciones preventivas y correctivas"; "resistirán el proteccionismo bajo todas sus formas"; y reafirmarán “su compromiso de combatir el cambio climático”. Lo mismo de siempre, pues.

El segundo desafío del G20 es su propia legitimidad, pues allí no están todos los que son, ni son todos los que están. Si la lógica de su composición era incluir a las economías más grandes, resulta extraño que no estén incluidas España y Holanda (que sólo están representadas indirectamente por la presidencia de la Unión Europea), o Taiwán (aunque las razones políticas de su exclusión son evidentes). Por otro lado, más de 150 países (incluyendo Guatemala) no alcanzaron a recibir invitación a la magna cumbre de Seúl, y tendrían razones de sobra para no sentirse representados por el G20, por mucho que hayan participado como invitados los representantes de Naciones Unidas y del FMI.

Formalmente, sería más legítimo que las discusiones de política económica internacional se realizaran en el ámbito de los organismos multilaterales, específicamente en el FMI. Allí, cuando menos, las decisiones se toman por votación de todos los países del mundo aunque, claro está, el poder de voto depende del monto de las contribuciones o “cuotas” de los miembros, en virtud de las cuales los países ricos tienen la preponderancia del poder de voto, mientras que los países en desarrollo se quejan de un "déficit democrático" que los deja con muy poca influencia sobre las políticas del FMI.

Haciendo uso de su nuevo poder, los BRIC lograron hace algunas semanas un ajuste a las cuotas de los miembros del FMI que permite que el poder de voto de las economías emergentes aumente en 6%, en detrimento de las economías industrializadas. Para que estemos ubicados conviene saber que, luego de estos ajustes, Estados Unidos reducirá su poder de voto de 17.0% a 16.5% del total, y que continuará siendo el único país capaz de vetar cualquier decisión del Directorio. Guatemala, por su parte, aumenta su voto de 0.108% a 0.114%; ¡vaya mejora!

Comentarios de los lectores

ROBERTO LOPEZ PORRAS 16-11-2010 09:57:44 horas

¿Alguien cree en el Poder del G20? En la actualidad su autoridad está en duda, ya que los intereses de sus miembros son encontrados. Las políticas de China, Japón, la EuroZona y América Latina, responden a sus propios intereses con algún barniz mediático, con poca efectividad. El mundo no está preparado para la globalización y las decisiones de este Grupo, solo reflejan sus buenas intenciones, pero lo que practican es un proteccionismo disfrazado. Dichos bloques más son proclives a la autarquía Antonio Morales 16-11-2010 12:51:13 horas El G20 es la vía incorrecta para coordinar políticas internacionales. Para eso inventaron al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a la Naciones Unidas. Cualquier otro grupo es sólo un esfuerzo por proteger intereses de países individuales fuera del marco multilateral. Guatemala debería protestar (aunque sea con su 0.00001% de votos) contra estos movimientos.

¡Tan Lejos que Está Finlandia!

Sería muy ingenuo pretender que Guatemala se parezca a Finlandia. Además, hace mucho frío allí. Pero ese país nórdico sí que sirve como ejemplo a seguir en lo que se refiere a combatir la corrupción, que es uno de los peores cánceres que está minando la salud de nuestra sociedad.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¡TAN LEJOS QUE ESTÁ FINLANDIA!

Guatemala volvió a registrar una pésima calificación (3.2 puntos sobre 10 posibles) en el Índice de Precepción de Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional, organización que lucha contra la corrupción a nivel mundial. Según la definición de Transparencia Internacional, la corrupción se da cuando una persona (por lo general un funcionario público) abusa del poder que le ha sido delegado con el objeto de obtener beneficios privados (para sí o para otros); en ese sentido, se trata de una actividad dañina para todo aquel cuya vida, subsistencia o felicidad dependa de la integridad de quienes ejercen puestos de autoridad.

La corrupción es causa de pobreza y de inestabilidad social, por lo que no debe ser motivo de sorpresa que Guatemala califique mal y ocupe el puesto 91 de 178 países calificados mientras que, por ejemplo, Finlandia obtiene las mejores calificaciones en el referido índice.

El éxito finlandés en la lucha contra la corrupción se debe, claro está, a una combinación de factores, entre los que destaca la solidez de sus instituciones (educación universal, acceso a la información pública, servicio civil profesional, administración pública poco jerárquica, etcétera) y los valores sociales de total intolerancia al abuso de poder. Estos valores se expresan en ocho principios explícitos de observancia obligatoria.

Primero, cualquier compra que realice un ente público debe hacerse a precios de mercado e incluir ofertas de al menos tres proveedores, para poder elegir la más baja; además, no se admiten precios por encima de ciertos máximos pre establecidos. Segundo, transparencia total en las actuaciones: cualquier decisión tomada por un funcionario público en el ejercicio de su cargo (excepto las relacionadas con seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos; es ilegal negarse a proporcionar tal información cuando se solicita.

Tercero, transparencia total en las cuentas: los finlandeses tienen acceso a las declaraciones tributarias de todos sus conciudadanos contribuyentes, desde el menor de los asalariados, hasta el presidente de Nokia, pasando por el futbolista más famoso o cada uno de los vecinos de Helsinki. Cuarto, no hay alcaldes que ejecuten obra pública: la autoridad del municipio es el Concejo (electo en las urnas), quien contrata a un “gerente de la ciudad”, que es un funcionario público profesional sujeto a la autoridad del Concejo (y, por ende, de los votantes).

Quinto, gestión pública profesional: la gran mayoría de los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto mediante pruebas objetivas, y no mediante una designación político-partidista. Sexto, estructura de poder colegiada: en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso; tal como la máxima autoridad municipal es el Concejo, así el Consejo de ministros tiene mayor poder decisorio que el propio Presidente de la República.

Séptimo, acceso libre al poder: los puestos de alto rango de la administración pública, incluyendo los ministerios finlandeses, son cubiertos por funcionarios públicos cuya carrera (siguiendo un baremo meritocrático) está abierta a todos los ciudadanos. Y octavo, proporcionalidad en el castigo: la cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos del infractor (individuos o empresas). Por ejemplo, hace unos años un alto ejecutivo de Nokia fue condenado por una infracción de tránsito (por exceso de velocidad) y se le impuso una multa por el equivalente a 104 mil dólares, proporcional a sus ingresos.

En Guatemala, evidentemente, estamos muy lejos de respetar estándares tan claros como los finlandeses, pero lo más grave de nuestra situación es, quizá, la falta de conciencia sobre cuán nociva es la corrupción para el país. Es trágico que la apología de la picardía y la búsqueda del dinero fácil se hayan instalado como prácticas comunes a todo nivel de nuestra sociedad. Así, a los guatemaltecos nos cuesta cada día más reconocer que la corrupción es una grave amenaza para el buen funcionamiento del gobierno, para la eficiencia de la actividad comercial, para el proceso democrático y para el desarrollo económico sostenible. Si no cambiamos esto, Finlandia estará cada vez más lejos.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

luisfe uk 09-11-2010 06:09:43 horas

Según me contaron un ministro de Chile explicaba porque ellos tenían baja corrupción y era por que los chilenos así eran y bueno muchos guatemaltecos no lo son, tanto peca como el que da como el que recibe. Tambien en una conferencia comentaban que el nivel de calidad de vida puede incidir en la corrupción ya que entre mejor sea menor sera esta y son elementos que como menciona son importantes. Tenemos que invertir más en Guatemala y exigir más transparencia y los partidos políticos son clave. Julia Castillo 09-11-2010 07:40:29 horas Considero que Guatemala no es Finlandia, y esta de más compararlos, son dos países totalmente diferentes, en condiciones económicas y geográficas, por esto es que es casi un absurdo pretender que en algún momento nosotros seamos Finlandia. Pero quiénes son afines a ganar dinero de la manera más fácil, son los mismos ricos que ambicionan tanto, que cuando ya tienen más de lo necesario quieren más, por esta razón es que muchas veces no entendemos el porque de tanta riqueza en las mismas manos. Miguel Asturias 09-11-2010 08:37:26 horas Claro está, que la corrupción es un mal social que se ha ido deformando las correctas relaciones entre los individuos y las instituciones; que al final de cuentas (como dice el Señor García) crea pobreza e inestabilidad social. Pobreza porque no crea condiciones necesarias de inversión de desarrollo en las comunidades. Y la inestabilidad social provocada por la pobreza, en donde se pierden las correctas estructuras funcionales. Fernando Ortíz 09-11-2010 08:44:40 horas Estoy completamente consciente que no se deben de acabar con la corrupción existente y que tiene muchas formas. Pero en el caso guatemalteco, mucho se habla de corrupción, pero es una mera “percepción” de los medios y que nos han inculcado a todos y que tendemos a reproducir. Pero ¿acaso hay datos que sustenten estos argumentos? No hay que dejarse llevar por una mera percepción que no demuestra realmente la realidad nacional. Alan Lopez 09-11-2010 08:55:02 horas La corrupción de los guatemaltecos y toda Latinoamérica es genética. Es el gen español = conquistar, destruir, robar, esclavizar y luego huir. Del río grande para abajo todo es lo mismo. Debiéramos ser un solo país y llamarnos: Estados Unidos Corruptos de Latinoamérica. Siendo México nuestro máximo representante y Guatemala una copia chiquita. Nada nuevo. Nadie tiene miedo a la justicia en Guatemala. Todos abusan parejo, desde el presidente hasta el policía. Cuídense compatriotas. Arturo Pirir 09-11-2010 09:07:27 horas Es muy triste saber y darse cuenta de toda la corrupción que hay en Guatemala, pienso que luchar contra la misma es tarea de todos y todas, se supone que el pueblo tiene la autoridad de elegir a sus autoridades, no es justo que unos pocos estanquen el progreso de todos, ya basta de tantos desgraciados vende patrias por eso yo digo que ese señor Arzú, ni siquiera debería vivir en este país. Sebastian Herrera 09-11-2010 09:21:04 horas Tan injusta es la corrupción con el pueblo ya que nos estanca en este hoyo en que ahora nos encontramos, siento que habría que hacer muchas reformas para comenzar a luchar contra la corrupción que esta muy crecida, la corrupción es la razón por la cual las personas ya no creen en los gobiernos pues se sabe que es corrupto mucho antes de que este lo sea, yo creo en este gobierno solidario que ayuda a los pobres y hasta el momento no se le ha demostrado ningún acto de corrupción. Alejandro Locon 09-11-2010 09:29:33 horas Currupción responsable de la desgracia del país, pero no solo los funcionarios públicos o las autoridades son corruptas, actualmente me he dado cuenta que los medios de información también son unos corruptos, pienso que en la nota deberían también comentarse esto. En general todos somos corruptos o lo hemos sido alguna vez, es importante que todos dejemos de ser corruptos, que fácil es solo criticar y hablar, pero el cambio comienza por mí. Fernanda del Valle 09-11-2010 09:52:25 horas Nosotros, tenemos el poder de cambiar muchas cosas en Guatemala. Cuando pensamos que probar un nuevo candidato es una solución no estamos viendo avances en materia de corrupción. La corrupción en Guatemala es promovida porque siempre designamos a los mismos para que nos gobiernen, y cuando finalmente están en el poder, actúan solo por beneficio propio, y la derecha nunca va a cambiar. No podemos pensar en Guatemala con un nivel de desarrollo como Finlandia, no es lo mismo, no es igual. eduardo quiñónez 09-11-2010 10:31:34 horas Y el éxito de la educación en Finlandia, aparte de ser gratis, dice el ministro de esa cartera en ese país, es que los maestros tienen un buen salario y sobre todo reciben un gran respeto por parte de la sociedad finlandés. En Guatemala podría cada uno de nosotros, empezar respetando y apoyando al profesor/a de nuestros hijos. Mario Fajardo 09-11-2010 15:27:57 horas Lastimosamente en nuestra nación cada quien busca su propia satisfacción, olvidando que lo principal es que el país desarrolle y alcance un nivel de vida mejor. Lamentablemente la corrupción es algo que atasca al país, no lo deja crecer, impide que muchos tengan desarrollo, y esto es lo que mejor saben hacer los ricos los que se dicen financiar al país, piden resultados pero no dan estrategias que beneficien a todos, sino son estrategias que solo los benefician a ellos. Marco Antonio Villeda Sosa 09-11-2010 21:12:44 horas Hablar de una nacion como Finlandia es mucho mejor que Guatemala en muchos aspectos aunque lo mejor es que no tienen funcionarios corruptos en su gobierno algo que no es aceptado por el pueblo finlandés, lo que se tiene que hacer es tener una nación sin secretos financieros o bancarios algo que ya se está haciendo en países nórdicos de Europa, es lo que tendríamos que hacer en Guatemala algo difícil en una partidocracia corrupta, aunque es lo que tendriamos que hacer.

Qué Hacer con el RENAP

La situación del RENAP es tan desastrosa que ahora, luego de años de haberla dejado en el descuido, se propone tomar medidas drásticas (como la intervención o la modificación radical de su Ley Orgánica) para tratar de rescatarla. Es cierto que la actual Ley del RENAP adolece de múltiples deficiencias, pero no es eso lo que ha causado el colapso de la institución; más bien al contrario, la absoluta falta de cumplimiento del marco legal vigente ha sido la causa del terrible deterioro de la institución. Quizá (como en tantos otros aspectos de la vida pública nacional) valga la pena que, antes de intentar soluciones radicales y drásticas (cuya viabilidad política las hace complicadas) se intente el rescate institucional mediante el cumplimiento de las normas vigentes; para ello es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo (que integran la autoridad máxima del RENAP) dejen de actuar con la negligencia que han exhibido en este tema desde la creación del RENAP.

POLÍTICAS PÚBLICAS

QUÉ HACER CON EL RENAP

La viabilidad de un país depende de la fortaleza de sus instituciones. Por eso es lamentable que una institución tan importante como el Registro Nacional de las Personas –Renap-, haya sido tan mal manejada desde su nacimiento y esté a punto de perderse irremediablemente. El esfuerzo por rescatarla es algo que, por difícil que luzca, vale la pena intentar en aras de que el Estado no siga desmoronándose.

El Renap incumplió su mandato original de darle a todos los guatemaltecos un Documento Personal de Identidad –DPI- antes de la convocatoria a las próximas elecciones, lo cual ha despertado dudas sobre la credibilidad del proceso electoral; la sola existencia de tales dudas es una amenaza para la gobernabilidad del país que clama porque se adopten acciones urgentes. Lo más importante es que el próximo proceso electoral se realice con eficacia, transparencia y credibilidad, al tiempo que se preserva la gobernabilidad del país y el prestigio de las instituciones involucradas, particularmente el Tribunal Supremo Electoral –TSE- y el propio Renap.

Para ello debe lograrse que todos los ciudadanos tengan una identificación (cédula o DPI) y estén empadronados, así como que exista suficiente información y transparencia para que el proceso electoral sea creíble; y debe hacerse con urgencia, pues quedan pocos meses para la convocatoria a elecciones.

Para lograr el objetivo de que todos los ciudadanos puedan votar, un primer buen paso ha sido que el Congreso prorrogara la vigencia de la cédula de vecindad. Ahora el Renap debe enfocarse en documentar tanto a los ciudadanos que requieren reponer su cédula o DPI, como a aquellos que nunca han tenido tal documento. Ello implica restarle prioridad a quienes buscan sustituir su cédula, para no distraer los recursos que deben centrarse en los indocumentados. Todo aquél que obtenga su DPI debería ser empadronado automáticamente, lo que requiere un esfuerzo de coordinación informática entre el Renap y el TSE.

Un problema adicional es el de los casi 1.5 millones de ciudadanos cuyos Registros Municipales fueron destruidos en el conflicto armado interno, cuya documentación requiere que el Renap provea el apoyo legal necesario, que se revise la ley especial de inscripción para facilitar el proceso de registro de personas y que se minimice el riesgo de que se produzcan casos doble identidad, cruzando los bancos de huellas y fotografías digitalizados que ya existen en el país.

Pero quizá lo más importante es fortalecer la gobernanza del Renap. Su Directorio –compuesto por representantes del TSE (quien lo preside), del Organismo Ejecutivo (representado por el Ministro de Gobernación) y del Legislativo- debe asumir el rol que la ley le asigna, que es el de definir sus estrategias, aprobar sus contratos, y nombrar y supervisar a su Director Ejecutivo. El fracaso actual del Renap es también el fracaso de las tres entidades que conforman su Directorio, quienes debieron antes, y deben más ahora, involucrarse plenamente en el rescate institucional.

El TSE dice estar en posibilidad de llevar a cabo el proceso electoral con dos documentos (cédula y DPI), pero es menester que mejore su coordinación con el Renap en las áreas de informática, logística y de comunicación con los votantes, en un proceso que debe liderar el propio TSE, dado que su credibilidad y experiencia son superiores a las del Renap.

Para ello es indispensable que el TSE tenga todo el apoyo político, presupuestario y ciudadano, y que el Renap se sujete a la orientación del TSE en materia electoral. Además de la coordinación entre ambas entidades, se requiere del apoyo del Ejecutivo en todo aspecto técnico, político y financiero del proceso electoral.

También conviene que una entidad internacional con credibilidad y experiencia en la materia (como la OEA) certifique que los sistemas informáticos y de transmisión de datos, así como el padrón electoral, son adecuados para realizar las elecciones con cédula y DPI; asimismo, que los sistemas del Renap sean auditados por una entidad independiente que garantice su seguridad e inviolabilidad.

Finalmente, se requiere de una campaña de opinión pública convincente respecto de la credibilidad de las elecciones para lograr su legitimidad y preservar la gobernabilidad. Aunque el desafío es tremendo, quizá sea la última oportunidad de rescatar el Renap; ojalá no se siga posponiendo.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Darlen Solis 02-11-2010 14:06:28 horas Es claro que las autoridades trataron de ser equilibrados en el tema, tomando en cuenta que se acercan las próximas elecciones y pienso en lo particular que es mejor que las autoridades tomen posesión del Renap , y no que empresas extranjeras tengan el banco de datos de todos los guatemaltecos. Necesitamos como menciona lo de la fortaleza de la gobernanza del Renap, cabe mencionar que los guatemaltecos se dejaron llevar por el mal manejo de la información por parte de los medios de comunicación sergio licardie V 02-11-2010 14:22:00 horas

La función del Renap es la de darle identidad a todos los guatemaltecos existentes o no. Desde recién nacidos hasta muertos. En algunos procesos se intersecta con el TSE y allí debe de garantizar eficiencia y transparencia. El TSS debe garantizar que las elecciones se efectúen con limipieza y transpare3ncia. Están definidos los campos si no cumplen los interesados deben de estar vigilantes y proceder conforme la ley o mediaticamente para evitar que los abusos destruyan la institucionalidad. Alonso Quijano 02-11-2010 15:58:09 horas El RENAP contrató a un montón de ineptos, recomendados políticos de diputados igualmente ineptos y los resultados están a la vista. Ahora la tarea de limpieza se complica pues están sindicalizados y en manos de dirigentes de igual o peor calaña a la que los sindicalistas nos tienen acostumbrados. Pobre Guate. pablo juarez 02-11-2010 16:42:52 horas El presidente Álvaro Colom dio hoy marcha atrás a la intervención del Registro Nacional de las Personas (Renap) por lo mismo se formó una comisión para que dirigiera este organismo el renap sufre de carencias pero su mayor problema viene de tiempo atrás cuando estaba en la muni con los libros todos tirados y en mal estado por lo mismo es que ahora se heredaron esos problemas no son nuevos pero lo que hay que hacer es encontrale una solución yo si apoyaba a que presidencia interveniera el renp Hugo Santizo 02-11-2010 22:49:18 horas Lo que realmente requiere el RENAP es una política de cambio estratégica organizacional, para que realmente funcione a cabalidad, el Gobierno asumió la responsabilidad de intervenirla y muchos sectores se opusieron y los mismos son los que exigen resultados ¿entonces?