El Peso de la Desconfianza

La profunda desconfianza, el "sospechosismo" sobre la "agenda oculta" del otro, el recelo respecto de la ideología contraria, nos están llevando a una situación de polarización y maniqueísmo que no solo impide el avance de las reformas que el país necesita, sino que impone costos enormes sobre la vida económica, política y social del país

Uno de los más pesados lastres que impiden que en Guatemala avancen las acciones, políticas y actividades cotidianas necesarias para el progreso del país es la profunda desconfianza que impera tanto en las relaciones entre unos y otros, como en las actitudes frente a las autoridades y a las instituciones.

La más reciente encuesta de Latinobarómetro revela que la sociedad guatemalteca manifiesta una severa falta de confianza: somos el país con porcentaje más bajo (31% de los encuestados, en comparación con el 54% regional) que confían en la democracia como sistema de gobierno; sólo el 20% de guatemaltecos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas; muy pocos (34%) le confieren alguna credibilidad a la política y a los políticos; sólo el 15% (versus el 24% de los latinoamericanos) cree que el país está progresando. No sorprende, entonces, que seamos el país donde el mayor porcentaje de ciudadanos encuentra justificada la evasión de impuestos. La desconfianza generalizada en las autoridades se confirma en otras encuestas de opinión ciudadana que ubican a los partidos políticos, los sindicatos, el Congreso, el Gobierno Central y el Organismo Judicial como las instituciones menos confiables del país.

La extrema ineficiencia de los tres poderes del Estado, manifestada en la omnipresencia de la corrupción, y provocada fundamentalmente por un sistema político conformado ex profeso para esquilmar el erario público, explica y justifica las actitudes prevalecientes de desconfianza. Esta se manifiesta, por un lado, en un sospechosismo  -como dicen los mexicanos- y un recelo automático respecto de las intenciones que pueda haber detrás de cualquier propuesta que se plantee y, por otro, en una tendencia automática a encasillar (y generalizar) ideológicamente a quien se atreva a hacer propuestas.

Lo anterior está derivando en una peligrosa polarización de opiniones y posiciones en la dinámica pública del país. Ello se ha visto claramente, por ejemplo, en la reciente discusión de las reformas constitucionales al sector justicia: o se está en el bando que las apoya ciegamente, o en el que las adversa férreamente. Cualquier posición intermedia que reconozca que dicha propuesta de reformas tiene virtudes que deben preservarse, pero también defectos que deben corregirse, es vista, por un bando, como una actitud de obstaculización al progreso de país y, por el otro, como una traición a la sagrada soberanía nacional.

Desde el punto de vista de la eficiencia económica de las interacciones sociales, la desconfianza generalizada se traduce en unos elevados costos de transacción para la sociedad que, entre otros efectos nocivos, hace que a nivel privado los acuerdos contractuales deban ser blindados por un sinnúmero de cláusulas para prevenir el fraude, y que a nivel público se estanque la aplicación de políticas públicas virtuosas. Numerosos estudios demuestran que la falta de confianza en la sociedad obstaculiza el crecimiento económico, obstaculiza el comercio, afecta el desarrollo financiero, entorpece la innovación y el emprendedurismo, e impide la necesaria cooperación para la provisión de bienes públicos.

Trump y la economía (de Guatemala)

La mala noticia es que las políticas económicas anunciadas por Trump durante su campaña electoral serían -en general- negativas para Guatemala. La buena noticia es que es muy poco probable que algún día se lleguen a aplicar.

Durante su campaña electoral, el ahora presidente electo de los Estados Unidos anunció varias medidas de política que, si se llegan a aplicar (lo cual podría nunca ocurrir, tratándose de promesas de campaña) tendrían repercusiones, directa o indirectamente, sobre la economía guatemalteca.

En su plan de acción, Trump enfatizó el objetivo de proteger el empleo estadounidense mediante medidas proteccionistas, entre las que incluye: renegociar o denunciar tratados de libre comercio (incluyendo el NAFTA); elevar tarifas (aranceles) sobre bienes importados para proteger la producción de bienes locales; declarar oficialmente a China como “manipulador cambiario” e identificar abusos comerciales-laborales que cometan otros países en perjuicio del empleo estadounidense (con posibles sanciones); y, facilitar la producción de fuentes de energía doméstica (incluyendo petróleo, shale y gas natural).

Trump también ofreció medidas para restaurar la seguridad nacional con potenciales repercusiones económicas, entre las que se incluyen: deportar a millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales; aumentar sensiblemente el gasto militar y de seguridad estratégica; y, restringir la inmigración desde países que se juzguen incapaces de identificar los antecedentes (terroristas) de los potenciales migrantes.

En el área fiscal, Trump ofreció un plan de alivio (reducción) de impuestos sobre la renta y una simplificación tributaria que, aunados a un plan de facilitación de regulaciones y eliminación de restricciones a ciertas actividades (como la energética) generaría un aumento de la actividad económica que podría (según él) duplicar el crecimiento del PIB y pagar la totalidad de la deuda pública.

En el corto plazo todas esas políticas (si llegan a aplicarse) tardarán en tener algún impacto y, sin lo tienen, hasta podría ser positivo en términos de crecimiento de la economía estadounidense. Pero en el mediano plazo, para países como Guatemala podrían tener repercusiones –no del todo positivas-, pues se trata de medidas claramente proteccionistas, de tono nacionalista (algunas muy radicales que, aunque no guste reconocerlo a los admiradores de Trump, rayan en el populismo).

Las restricciones comerciales que favorece el nuevo presidente republicano perjudicarían directamente a las exportaciones guatemaltecas y, en general, al comercio mundial. El desequilibrio fiscal que ocasionarían las políticas de Trump impactaría en la inflación y en las tasas de interés internacionales, encareciendo el financiamiento externo que Guatemala necesita. Y, aunque lo anterior podría propiciar una depreciación del quetzal que dé algún alivio a los exportadores, las restricciones migratorias podrían tener un impacto mucho más negativo, al implicar una reducción de los flujos de remesas familiares, factor clave en el que se ha sustentado nuestra demanda interna (y el crecimiento económico) en los últimos años.

Pero quizá no haya que preocuparse demasiado. El plan económico de Trump es inconsistente por donde se le mire (reduce impuestos pero eleva aranceles, paga la deuda pero sube el gasto, elimina restricciones pero obstruye el mercado laboral). Por su parte, los republicanos, que tienen mayoría en las dos cámaras legislativas, no tolerarán un aumento desmedido del déficit fiscal. Y la realidad hará ver al nuevo presidente que es más fácil prometer en campaña, que incidir desde el gobierno en las variables económicas. Pronto habrá de percatarse de que no es factible reactivar la economía simplemente mediante decretos ejecutivos. Eso, ojalá, lo tornará más pragmático y menos dogmático.

Perspectiva Negativa

La calificadora Standard & Poor's redujo a "negativa" la perspectiva de Guatemala, pero no porque hayamos hecho algo malo, sino por lo que hemos dejado de hacer.  Los eventos políticos del año anterior nos dieron la oportunidad de reformar las instituciones y de reorientar el gasto público hacia los fines que el desarrollo demanda; pero parece ser (y a eso se refiere la calificadora de riesgos) que como país hemos desperdiciado esa oportunidad

Hace algunos días, la calificadora internacional Standard & Poor´s (S&P) revisó la calificación de riesgo-país (riesgo soberado) de Guatemala y, aunque decidió mantener la calificación central en el nivel de BB (por debajo del anhelado grado de inversión) que le ha asignado al país en los últimos años, dispuso reducir la perspectiva de la calificación de “estable” a “negativa”. Esta revisión es una advertencia a los mercados sobre un aumento de las probabilidades de que la calificadora reduzca la calificación del país en un futuro cercano, si no se corrigen ciertos aspectos que la evaluación efectuada señala como preocupantes.

La justificación de la revisión efectuada radica, según la calificadora, en que la debilidad del Estado y de sus instituciones se traduce en unos niveles excesivamente bajos de ingresos fiscales que, a su vez, se reflejan en niveles igualmente bajos de inversión en infraestructura pública. La ausencia de infraestructura física y social básica ocasiona que la productividad nacional sea baja y, por lo tanto, que el crecimiento económico sea lento e insuficiente para reducir los elevados índices de pobreza.

A fin de cuentas, lo que S&P advierte –en su rol de calificadora de riesgos- es que el escaso dinamismo de la economía entraña el riesgo de que el país no genere suficientes ingresos para hacer frente a sus compromisos de pago de deuda externa y, al mismo tiempo, que los elevados indicadores de pobreza generen un clima de ingobernabilidad que también pueden derivar en amenazas a la capacidad del país de honrar sus compromisos financieros.

Con esa advertencia, la calificación del país podría ser reducida si no se produce un aumento en los ingresos fiscales que permitan incrementar la infraestructura púbica y reducir el indicador del servicio de la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios. También indica S&P que la calificación se reduciría si el déficit fiscal excede persistentemente el equivalente al 2% del PIB, lo cual realza la importancia de que el Congreso apruebe un presupuesto estatal para 2017 con un déficit moderado.

No obstante ello, la calificadora reconoce que el país cuenta con importantes fortalezas que sustentan el mantener, por ahora, la calificación soberana en un nivel de BB: el reducido déficit comercial con el exterior, el reducido monto de la deuda pública (como porcentaje del PIB), así como la ortodoxia y autonomía de la política monetaria –que ha contribuido a preservar bajos índices inflacionarios-, son factores que favorecen la calificación del país y que es menester salvaguardar.

Sugiere incluso S&P que la calificación podría subir en el mediano plazo si, además de preservar sus fortalezas, el país logra impulsar una agenda integral de reformas que fortalezcan los ingresos fiscales, la efectividad de las instituciones, y la calidad de la infraestructura pública, a fin de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza.

En el recién pasado Investment Summit organizado por la Cámara de Industria quedó claro que Guatemala ofrece oportunidades atractivas de inversión, y que existen potenciales inversionistas en el mundo que podrían atenderlas, pero también quedó claro que los prerrequisitos para generar un clima propicio para que tales inversiones se materialicen, pasan por el fortalecimiento institucional y la mejora en la provisión de servicios públicos que el diagnóstico de Standard & Poor´s ha identificado con precisión. Es cuestión de que el liderazgo nacional tome debida nota y se aplique en las políticas públicas que tan claramente se desprenden de dicho diagnóstico.

¿Y Dónde Está la Contraloría?

La lucha contra la corrupción, en cualquier país civilizado, tiene como pieza clave el rol fiscalizador de la Contraloría de Cuentas. ¿Por qué en Guatemala -inmersa desde hace meses en una histórica batalla contra la corrupción estatal- la Contraloría brilla por su ausencia?

La corrupción en el Estado es un cáncer perverso de consecuencias nefastas sobre el desempeño global del país, pues distorsiona la asignación de recursos económicos -lo que ocasiona ineficiencia-, provoca la pérdida de confianza en lo líderes -lo que abona a la ingobernabilidad- y amenaza los cimientos mismos de la democracia. Estos efectos adversos de la corrupción son ampliamente reconocidos, pero poco se dice de cuáles son las mejores herramientas para combatirla.

La experiencia reciente a nivel internacional resalta dos vías exitosas para el combate a la corrupción. Una se refiere a las instituciones políticas que restringen la búsqueda de renta de los funcionarios, especialmente de aquello electos, a quienes la vigilancia ciudadana, la vindicta pública y el riesgo de no ser re-electos pueden inducirlos a evitar actos de corrupción (en Guatemala, los acontecimientos iniciados en mayo de 2015 son una muestra de lo que el poder ciudadano puede hacer al respecto). La otra se enfoca en la efectividad de las instituciones judiciales y de persecución penal, cuyas acciones legales pueden disuadir a los potenciales corruptos de intentar infringir la ley.

Pero ambos enfoques, para ser efectivos y sostenibles en el tiempo requieren, en primer lugar, de la habilidad del Estado de detectar oportunamente los actos de corrupción. Tal habilidad debe estar en manos de la institución que está llamada a ser la pieza central del fortalecimiento de la probidad de la gestión pública y de su rendición de cuentas, como medios de lucha contra el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos públicos: la Contraloría de Cuentas.

La Contraloría, en cumplimiento de su mandato legal, debería emitir dictamen de los estados financieros y liquidación del presupuesto del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas e informarlo al Congreso de la República; promover de oficio los juicios de cuentas en contra de funcionarios y empleados públicos; y, nombrar interventores en las instituciones sujetas a control cuando compruebe actos anómalos. Pero, además de estas labores habituales, la Contraloría debería hacer auditorías aleatorias a las entidades públicas, tal como, por ejemplo, lo ha hecho exitosamente Brasil en años recientes.

La Contraloría brasileña aplica el Programa de Fiscalizaçao por Sorteios Públicos, que consiste en auditorías aleatorias a las municipalidades; las municipalidades se eligen por sorteo (público) y se les audita por el uso de fondos federales durante los tres años previos, por parte de un equipo de 10 a 15 contralores durante dos semanas, para inspeccionar la existencia y calidad de las contrataciones de obras y servicios públicos efectuadas. Los contralores son contratados con base en un examen público y son remunerados con salarios competitivos (de manera que se reduzca el riesgo de que caigan en actos corruptos). El resultado de la auditoría es publicado en internet y enviado el Ministerio Público.

Un programa como éste debería ser inmediatamente implementado por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, y no sólo enfocado a las municipalidades del país, son también a los consejos de desarrollo, a las entidades autónomas (especialmente a aquellas que, como la Universidad de San Carlos, se niegan a acogerse a herramientas de transparencia como el SIAF y el SICOIN), y a los fideicomisos estatales (tales como el FOPAVI, COVIAL o el del transporte de la Ciudad de Guatemala). Así podría la Contraloría empezar a cumplir el papel que su Ley Orgánica y el momento histórico que vive el país le exigen.

Una Reforma que Debe Mejorarse

La reforma del Sistema de Justicia no solo es necesaria, sino que es, quizá, una de las reformas institucionales más importantes para que Guatemala tenga viabilidad como país. Por eso resulta decepcionante que la iniciativa de reformas constitucionales al sector justicia haya llegado al Congreso plagada de errores elementales, conceptuales y hasta de redacción. Y, para más inri, muchos de los diputados "ponentes" ni siquiera la leyeron antes de firmarla.

Sería de necios negar que el sistema de justicia en Guatemala tiene innumerables debilidades que generan graves obstáculos a la gobernabilidad, al desarrollo económico y a la paz social. Ello clama por una efectiva reforma que garantice la independencia de los jueces y una mejora de su efectividad y organización institucional. Por ello, sería de necios oponerse a una reforma constitucional que atienda este clamor.

También sería de necios no reconocer el esfuerzo que diversas entidades nacionales (como el Ministerio Público o la Procuraduría de los Derechos Humanos) e internacionales (como la CICIG), así como un amplio espectro de organizaciones ciudadanas, hicieron en meses recientes durante largas sesiones de trabajo para discutir las reformas a la Constitución en cuanto al sector justicia.

Tal esfuerzo fue muy meritorio. Sin embargo, cuando se lee el texto que se convirtió –mediante la firma de un grupo de diputados, que ojalá la hayan leído antes- en iniciativa de ley, se aprecian varios errores conceptuales y de redacción que demeritan el esfuerzo realizado durante las agotadoras mesas de diálogo de meses previos. Estos errores pueden justificarse, quizá, por la premura con que se redactó el texto final, lo cual es una lástima porque la prisa suele ser mala consejera (y más tratándose de algo tan trascendental como una reforma constitucional).

Si bien, en general, la iniciativa de reforma presenta mejoras considerables para superar muchas de las limitaciones a la garantía de independencia del Poder Judicial, también es cierto que incluye propuestas que deben ser corregidas ya que, de lo contrario, podrían impedir que se alcancen los objetivos planteados y hasta debilitar la institucionalidad del Poder Judicial. Al menos tres aspectos de la iniciativa ameritan ser corregidos.

El primero es el tema del Consejo de la Carrera Judicial. Resulta muy peligroso que se cree una entidad súper-independiente, separada de la jerarquía de la Corte Suprema, para dirigir la carrera judicial; ello equivale a crear un poder autónomo (vulnerable a ser capturado por grupos de interés) dentro del Poder Judicial. Lo planteado en la iniciativa es un absurdo organizacional que debería corregirse sin mayor dificultad, sujetando el Consejo a la autoridad de la Corte.

El segundo se refiere al mandato del Ministerio Público y la elección del Fiscal General. Por un lado, la iniciativa pretende redefinir el mandato del MP, eliminándole la actual responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y dejándolo sólo a cargo de ejercer la acción penal, lo cual iría en detrimento de una investigación criminal objetiva. Por otro lado, también se pretende que en la elección de Fiscal General participe el propio Organismo Judicial, lo cual evidentemente menoscabaría la independencia que debe tener la persecución penal respecto de quienes imparten justicia.

El tercer aspecto a corregir se refiere a la propuesta de reformar algunos principios de administración de justicia, entre los que destaca el de incluir a la oralidad como principio general del sistema, lo cual tendría un efecto sobre los procesos de todas las materias judiciales, aspecto sobre el cual ciertamente no existe consenso (la oralidad es efectiva en materia penal, pero quizá no lo sea tanto en materia civil y mucho menos en el área mercantil).

Ahora corresponde al Congreso (¡qué lástima que la sociedad civil no pudo hacerlo mejor!) corregir estos detalles –muy importantes- de la reforma, observando estrictamente la normativa constitucional del proceso, a efecto de que la misma se traduzca en el sistema de jueces probos e independientes que el país reclama para contar con una justicia pronta y cumplida.

Más Allá del Presupuesto Anual

Cada año que se discute el proyecto de presupuesto del Estado surgen una serie de debilidades y falencias que reflejan problemas estructurales de las finanzas públicas. Tales problemas no pueden, ni deben, solventarse dentro del presupuesto, sino que mediante un diálogo integral que dé como resultado un pacto nacional en materia fiscal

Ahora que la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso está analizando el proyecto de Presupuesto del Estado para 2017, se escuchan diversas opiniones respecto de los problemas que presenta el mismo. Muchos de esos problemas son de naturaleza estructural y, por desgracia, no resulta razonable pretender solucionarlos de inmediato. Por ello sería un error oponerse a la aprobación del presupuesto con la excusa de que tiene muchas debilidades (que, en efecto, las tiene y se repiten año con año), ya que la improbación del mismo, lejos de contribuir a superar tales debilidades, podría significar un serio peligro de ingobernabilidad y de opacidad en la ejecución del gasto público en 2017.

Lo que sí hay que hacer es plantearse, desde ya, qué tipo de medidas deben tomarse en los años venideros para superar los problemas presupuestarios y darle viabilidad a las finanzas públicas. Y para ello es necesario, primero, reconocer cuáles son los principales problemas a enfrentar.

Entre estos destaca la extrema rigidez del gasto que se deriva, por un lado, de las numerosas asignaciones fijas que, ya sea por mandato constitucional o por disposición de leyes ordinarias, deben destinarse a fines específicos (como los aportes a las municipalidades, al deporte, o a la universidad estatal) y, por otro, de los gastos corrientes (como los salarios de los empleados públicos, la jubilaciones de las clases pasivas, o el servicio de la deuda pública) que no es fácil reducir en el corto plazo. Estas rigideces obligan a que apenas un 17% del gasto público pueda ser presupuestado para programas clave o para inversión, pues el restante 83% ya está comprometido.

Asociado a lo anterior, otro problema es que los presupuestos le asignan una prioridad creciente a los gastos de funcionamiento, que han aumentado de 7.8% del PIB en 2008 a 9.3% en 2017, en detrimento de la inversión en infraestructura, que cada vez representa una menor proporción del total de gastos del gobierno. El asunto se complica aún más por el nivel de ingresos estructuralmente bajo y la sobre-estimación que de los mismos se hace año con año en cada presupuesto.

Otro grave problema que persiste en cada presupuesto anual es que, sin ningún recato, se indica que varios gastos recurrentes (como el pago al adulto mayor, los costos de las jubilaciones de las clases pasivas del Estado, o la asignación a la Universidad de San Carlos) se financien mediante endeudamiento público, lo cual no solo es técnicamente inconveniente –pues es financieramente insostenible cubrir gastos corrientes endeudándose-, sino que está expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Presupuesto.

Otros problemas estructurales del presupuesto incluyen la escasa transparencia en el gasto de varias entidades autónomas que, además, están fuera de los sistemas de control financiero del gobierno y desconectados de las políticas nacionales de desarrollo; o las transferencias a entidades privadas de caridad que, aunque bien intencionadas, deberían financiarse con donaciones privadas y no con fondos públicos.

Todos estos problemas no pueden solucionarse de inmediato, ni a través únicamente del decreto que autoriza el presupuesto del Estado. Las soluciones solo podrán encontrarse mediante un diálogo fiscal integral que, sobre la base de una discusión técnica, permita identificar y acordar la forma de mejorar no solo los ingresos fiscales, sino también la calidad del gasto público, establecer prioridades, eliminar rigideces y facilitar la adecuada fiscalización de los recursos del estado.

El Techo del Presupuesto del Estado

La determinación del Presupuesto del Estado es un acto político, pero también es uno técnico que debe realizarse con cuidado y atención a variables esenciales.  En ese sentido, la variable clave para determinar el techo del presupuesto debe ser el tamaño del déficit fiscal. 

En el marco de las discusiones en torno al presupuesto del Estado para 2017 se ha oído decir que el techo presupuestario es lo de menos; que lo importante es que el gasto se destine a las prioridades básicas y se realice con calidad y eficiencia. ¡Ojalá fuera tan fácil! El tamaño (techo) del presupuesto de gastos del gobierno es importante; tanto como la calidad y pertinencia del propio gasto.

El asunto es que el techo presupuestario no debe calcularse con base solamente en las necesidades y demandas existentes. Si así fuera, bastaría con hacer reuniones con todos los grupos sociales del país para tomar nota de sus peticiones e incluirlas en el presupuesto que, así, alcanzaría cifras estratosféricas. La realidad es otra: cualquier estudiante de primer año de economía sabe que las necesidades son infinitas, pero los recursos limitados. Por ello, el proceso presupuestario debe identificar un techo de gastos que sea razonable en función de los muy limitados recursos disponibles.

La variable clave para determinar el techo del presupuesto debe ser el tamaño del déficit fiscal. La decisión relevante es la de identificar hasta qué punto las finanzas públicas son capaces de tolerar un déficit fiscal que no distorsione el funcionamiento de los mercados financieros y no genere riesgos de provocar una crisis macroeconómica en el futuro. El Fondo Monetario Internacional reiteró recientemente que, dado el estructuralmente bajo nivel de ingresos fiscales, un déficit fiscal tolerable para Guatemala debería estar en alrededor del equivalente a 1.6% del PIB y, sólo en casos muy excepcionales, dicho porcentaje podría elevarse a no más del 2%.

En el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó al Congreso hace algunos días, se consignó un déficit fiscal equivalente a 2.3% del PIB, lo que implica unos Q900 millones por encima del máximo recomendado, y denota la visión optimista que prevaleció en el diseño de dicho proyecto. Porque igualmente optimista resulta la estimación de ingresos que se incluyó para 2016 y, consecuentemente, para 2017. Ello contraría el principio de conservatismo que aconseja que el presupuesto debe elaborarse bajo supuestos sobrios.

En efecto, el proyecto de presupuesto consigna un estimado de Q58 millardos de ingresos tributarios para el presente año, lo cual es claramente muy optimista y distorsiona (hacia el alza) la proyección de ingresos fiscales para 2017 que, por ello, podría estar sobre-estimada en unos Q1.9 millardos. Por ende, el techo presupuestario presentado debería reducirse en, al menos, unos Q2.8 millardos para ajustarlo a un déficit tolerable y a un nivel de ingresos realista.

Esa reducción, inevitablemente, requiere de un sacrificio en algunos rubros presupuestarios; pero es fácil identificar algunos de ellos que en el pasado reciente han demostrado ser muy opacos o extremadamente ineficientes: programas como los de transferencias condicionadas, las bolsas de alimentos y los fertilizantes; el creciente monto de salarios en una planilla de trabajadores de la cual se sospecha existen abundantes plazas fantasma; el listado geográfico de obras; el subsidio al transporte urbano; o, las transferencias a ONGs de dudoso desempeño, entre otros.

El Congreso debe aprobar el presupuesto para 2017; de no hacerlo estaría generando un escenario de opacidad del gasto y de ingobernabilidad que no le conviene a la estabilidad del país. Pero dicha aprobación debe hacerla ajustando las cifras del proyecto presentado a una realidad financiera que aconseja prudencia (además de transparencia, calidad y eficiencia) en el gasto.