Para Abordar el Desarrollo Rural

La reciente propuesta de URL-USAC para abordar el tema del Desarrollo Rural es meritoria. Se trata, empero, de un asunto polémico, complejo y pasional. No obstante ello, vale la pena hacer el esfuerzo de dialogar y tratar de definir algunas políticas públicas que, con pragmatismo y efectividad, contribuyan a mejorar las deplorables condiciones en las que vive un gran segmento de la población rural del país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA ABORDAR EL DESARROLLO RURAL

El abandono del antagonismo ideológico como punto de partida para abordar este delicado tema

Ya La pobreza el principal problema del área rural guatemalteca; y también lo es la baja productividad en el campo. Ambos son las dos caras de una misma medalla, que no es exclusiva de la ruralidad guatemalteca.  Muchos expertos en desarrollo, como Abhijit Banerjee de Instituto de Tecnología de Massachusetts –MIT-, sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.

En un mundo caracterizado por esa volatilidad de precios, la actividad agrícola no es el mejor mecanismo para que los pobres se protejan de tales vaivenes. Sin embargo, sacar a los pobladores rurales de sus actividades ancestrales, o sustituirlas con técnicas más productivas, es una tarea política y socialmente compleja, por lo que elevar la productividad en el área rural es uno de los principales desafíos para las políticas públicas en los próximos años.

En ese sentido, es oportuna la reciente propuesta conjunta de las universidades Rafael Landívar (y su instituto de ambiente y recursos naturales –IARNA-)  y de San Carlos (y su instituto de problemas nacionales –IPNUSAC-) para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala. La propuesta se refiere a la problemática de la pobreza rural, la desnutrición crónica y la degradación ambiental, y al respecto plantea la necesidad de lograr un acuerdo nacional que defina las políticas prioritarias para enfrentar esos retos.

Entre los aspectos positivos de la propuesta destacan el abandono del antagonismo ideológico como punto de partida para abordar este delicado tema, así como la identificación de varios puntos de convergencia entre la visión economicista del desarrollo rural (que enfatiza el aumento de la productividad) y el modelo de economía campesina (que se centra en el combate a la pobreza) que, hasta ahora, eran vistos como contrapuestos. Tales puntos de convergencia incluyen la búsqueda de la competitividad, la inserción en los mercados mundiales, la subsidiariedad del Estado hacia los campesinos pobres, así como el rol primordial de la inversión privada y de la empresarialidad rural.

Si bien la propuesta de IPNUSAC-IARNA reconoce la posibilidad de construir sobre las convergencias identificadas, recomienda que los vacíos que existen en ambos modelos (economicista y campesino) se llenen en el mediano plazo mediante el ejercicio de una ciudadanía plena de los campesinos, el enfoque territorial de las políticas y el cuidado de la sostenibilidad ambiental, mientras que en el corto plazo aboga por rescatar la política de seguridad alimentaria y nutricional abandonada casi desde su nacimiento en el gobierno de Oscar Berger.

No obstante lo anterior, la propuesta de IPNUSAC-IARNA tiene algunas debilidades que deben solventarse previo a lograr un acuerdo nacional que de verdad sea útil  para el desarrollo rural. Por ejemplo, la inclusión de varias políticas polémicas como la concesión de subsidios estatales a los agricultores o la “recuperación” de tierras ociosas, que en otros países no han sido precisamente exitosas. O la curiosa defensa que hace de la iniciativa de Ley 4084, presentada por la UNE durante la actual legislatura, cuando se trata de una ley internamente inconsistente y políticamente inaplicable que resulta perversa pues, lejos de ayudar al desarrollo rural, desvía la discusión hacia temas ideológicos. Desafortunadamente, la propuesta pone dicha iniciativa de ley (así como la política de desarrollo rural del actual gobierno, igualmente inconsistente e impracticable), como un “piso” para el diálogo (pero, curiosamente, el excelente documento técnico sobre desarrollo rural que el propio IARNA preparó en 2006 en el contexto del esfuerzo del Plan Visión de País ni siquiera se menciona en la bibliografía de la actual propuesta).

Si estas debilidades logran superarse, la propuesta de IPNUSAC-IARNA es un buen punto de partida para lograr una verdadera política de largo plazo para el desarrollo rural que el país reclama con urgencia.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 11/29/2011 - 10:11 — Hector Adolfo Barrera Ortiz

Este es un tiempo político  en el que analistas y los nuevos funcionarios tratan de reanimar las propuestas y el lanzamiento de nuevas ideas. Este es el caso del desarrollo rural. García Lara hace un recuento de esta dinámica de análisis a partir de las propuestas del IPNUSAC-IARNA. La perspectiva del desarrollo rural tiene varios caminos. El enfoque legalista que asume la necesidad de que el Congreso de la República apruebe una ley especifica, apoyado por la UNE, IARNA, SEGEPLAN y A. Zapata, que no es mas que la continuaciòn de un modelo que viene desde el gobierno de O. Berger, socializado por este último desde los dialógos de Visión de País. Esta orientación ya tiene un fuerte desgaste, primero por la propia presión de los partidos polìticos, el cual no lleva a ningún destino final, es la excusa para màs estudios-"consultorías", que van y vienen, ahora actualizados otra vez por A. Zapata y comitiva.
La viabilidad del desarrollo rural para por las ideas ya esbozadas por García Lara, así como los planteamientos de Abhijit Banerjee, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.
Esto es cierto y me parece oportuno con los problemas cíclicos de vulnerabilidad alimentaria, especialmente en áreas muy pobres del país, en donde las familias, en situación de subsistencia familia, tienen como base de su economía la producciòn de maíz y frijol. Afortunadamente en los últimos dos años las lluvias han sido favorables a estos cultivos y los campesinos no han sufrido escacez de granos básicos. Pero tengamos a la vista, por que puede producirse una alarma alimentaria. Resulta que por la misma precariedad es frecuente que las familias rurales, se ven obligados a vender sus inventarios, quedando expuestos a una extrema vulnerabilidad, debido a la falta de efectivo para poder acudir al mercado. Al respecto el Programa Mundial de Alimentos, PMA-, ha generado una valiosa experiencia en el área rural en acciones de fortalecimiento organizacional, compra de excedentes de maíz, educaciòn y comprensión de lal importancia de la administración adecuada de los inventarios de granos básicos comoo un principio de gestión de las reservas alimentarias, protección de estas reservas, facilitándoles silos familiares y una visión integral del desarrollo rural, con la idea de que las familias pasen a otras actividades de mayor productividad y diversificación de sus opciones para el mejoramiento de la economía rural y fuerte apoyo a la asociatividad como una estrategia para darle sostenibilidad a los esfuerzos comunitarios.
Desde luego esta perspectiva de integralidad del desarrollo rural, tiene otras implicaciones y de aquí se desprende el otro camino que me parece màs práctivo, más viable y es el de la articulación y promoción de la institucionalidad rural. En el país ya existen muchos esfuerzos, el MAGA-ICTA, USAID, FAO, PMA, INTECAP y otras cadena de instituciones que deben coordinarse, cambiando la lógica de la práctica de hacer las cosas. Abandonar el discurso de la oferta y pasar a la lógica desde el tejido social, desde lo rural, desde lo comunitario atender las demandas de las organizaciones rurales, de los comités de mujeres rurales que ya han sido preparadas por el PMA, facilitándoles metodologias para la inclusiòn de las políticas de género, como sustento del desarrollo rural y de la economía campesina.
El potencial del desarrollo rural es parte de las reservas que el país tiene para promover la producción de alimentos, de recursos forestales y en general de los recursos naturales, tan desarticulados del empresariado rural, pero sobre todo para crear condiciones para la eliminación de la pobreza y el desempleo y la baja productividad de los empleos y los ingresos de la población rural. Pero de nuevo, el nuevo gobiernoo de debería de retomar la vía del impulso a nueva institucionalidad, despolitizada, más técnica y más comprometida, dejando por un lado la tentación de ser "ejecutores" y dejar en manos de contrapartes y organizaciones calificadas para dar asistencia técnica y  tecnologías más efiicientes. Este es el modelo que han seguido otros países más competitivos. Que el Estado sea únicamente un gestor de la política pública, pero que ésta sea expresión de la demanda de los campesinos y sus organizaciones desde lo rural.

Mar, 11/29/2011 - 12:07 — Facebook User

Pese al abandono total de las áreas rurales afectadas por la guerrilla en Guatemala se logró y se dio un gran paso con la política social que desarrollo este gobierno, porque ahora estos sectores tiene una mayor atención, realmente hay que considerar estas propuestas  e iniciativas y pese a que esta gestión ya está por concluir le compete ahora al próximo Gobierno.

Mar, 11/29/2011 - 12:32 — Sofi Ruiz

No todo será fácil y menos en temas agrarios y rurales, acordémonos que ese campo ha sido el
más olvidado y que ahora hay que volver a retomar para propiciar el desarrollo de miles de guatemaltecos.

Mar, 11/29/2011 - 12:47 — Crista Lopez

Estas son las reformas e iniciativas que se necesitan para que Guatemala pueda culminar con ese desarrollo que tanto se ha esperado,  ya se iniciaron las bases de este pero se necesita dotar a la población de las herramientas necesarias para su evolución.

Mar, 11/29/2011 - 15:06 — ssamayoa

No es dando abono "gratis", no es dando crédito "barato" por parte de una institución gubernamental (ese espacio ya lo llenan algunas ONGs, algunas reales y otras de papel), no es creando entes estatales que traten de "dirigir" el desarrollo agrario (donde está el MAGA? donde está en INTA?), el desarrollo agrario se dará cuando EDUQUEMOS a nuestros connacionales no solo en cuestiones técnicas (se le enseña algo en la escuela al niño del campo que pueda usar en sus faenas diarias? aló reforma educativa!) sino en que PUEDEN LOGRAR SALIR DE LA POBREZA. ¿Acaso no lo han hecho muchos pese a la carga cultural y a los gobiernos shutes?
A los que menos les conviene que salgamos de la pobreza es a los políticos.

Jue, 12/01/2011 - 16:55 — david castro

Como campesino trabajador de la tierra desde mis 5 años, tuve la dicha de sembrar y cosechar muchas legumbres y granos básicos; les digo a los estudiosos y politiqueros: No necesitamos limoznas, ni que se apiaden de nosotros, menos que los que dicen "pagan impuestos" reclamen que la "redistribución de la Riqueza" no les beneficia a ellos etc. etc. etc.SOLO NECESITAMOS CONDICIONES JUSTAS DE COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y COSECHAS respectivamente.
Es imposible sobrevivir y siendo totalmente antieconómico si hace 20 años el quintal de abono 15-15-15 costaba Q40.00 y hoy Q.200.00 (incremento del 500%), mientras que el quinta de papas, se sigue vendiendo hoy a Q,100.00 igual que hace 20 años (0% de incremento).

Efecto Desplazamiento a la Vista

La velocidad meteórica a la cual se está endeudando el gobierno guatemalteco no podía quedar impune. Poco a poco, los excedentes de liquidez de los cuales bebía el sediento aparato estatal se están agotando... y las tasas de interés están comenzando a repuntar. Parece ser una tendencia que va para largo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EFECTO DESPLAZAMIENTO A LA VISTA

El ritmo de endeudamiento del gobierno ha requerido de grandes montos de financiamiento que empiezan a desviar recursos productivos

Ya lo dijo Lafontaine: “a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo”. La política fiscal expansiva que el gobierno actual adoptó en 2009, en medio de la gran crisis económica mundial, se basaba en dos supuestos que la justificaban o, al menos, la hacían tolerable. El primero era que se trataba de una medida anticílica de carácter temporal. El segundo, que el gasto público adicional iba a llenar el vacío que dejaba la reducción de la actividad económica de las empresas.

La idea central era evitar, mediante el apoyo del gasto fiscal, que la producción nacional se contrajera. Al principio, los dos supuestos se cumplieron y la política fiscal expansiva moderó los efectos negativos de la crisis. Lo malo es que, con el tiempo, ambos supuestos fueron violados. El déficit fiscal superó en 2009, después de muchos años de prudencia, el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto –PIB-, y luego se suponía que debía reducirse gradualmente. Eso no sucedió y el déficit ha permanecido en esos niveles elevados. Al empezar a recuperarse la actividad productiva del sector privado, el gasto público excesivo ya no llena un vacío, sino que desplaza al gasto privado.

El destino, entonces, nos alcanza: el ritmo de endeudamiento del gobierno ha requerido de grandes montos de financiamiento doméstico que empiezan a desviar recursos que deberían emplearse para conceder créditos productivos y ello comienza a presionar al alza las tasas de interés.

Durante 2010 la oferta de dinero –o medios de pago, que son los pasivos  del sistema bancario, es decir, los depósitos del público- creció a una tasa anual de 11.3%, en tanto que el crédito bancario al sector privado lo hizo en 5.7%; esto significaba que había suficiente liquidez excedente en el sistema bancario (más depósitos que préstamos) para financiar la emisión de deuda pública en el mercado interno, la cual ascendió ese año a Q6.2 millardos. Para 2011 este escenario cambió: mientras que el crédito bancario se reactivó (a octubre registraba un ritmo de crecimiento de 13.1% interanual), la oferta de dinero se desaceleró (a octubre crecía 10.9% interanual), lo cual implica que ahora existe una menor disponibilidad de liquidez para financiar el déficit fiscal. Sólo de enero a septiembre del presente año, dicho déficit había requerido la colocación de bonos del tesoro y letras de tesorería en el mercado doméstico por un monto superior a los Q7.4 millardos.

Y, claro está, con menos liquidez disponible, las tasas de interés para préstamos han estado aumentando en los últimos meses, no sólo por el efecto desplazamiento derivado del incremento constante de la deuda pública, sino también porque el aumento de la cartera crediticia del sistema bancario se ha concentrado principalmente en préstamos al consumo que, por su propia naturaleza, entrañan un mayor nivel de riesgo y, por ende, una mayor tasa de interés.  Para muestra un botón: entre 2010 y 2011 las tasas de interés que el sistema bancario reporta para los préstamos concedidos para consumo han subido de 23.5% en septiembre de 2010, a 40.0% en septiembre de 2011.

Es importante notar que, incluso si el déficit fiscal se redujese del equivalente a 3.0% del PIB que se espera para 2011, a un 2.5% del PIB como está planteado en el proyecto de presupuesto 2012 que el gobierno envió al Congreso para su aprobación, sería necesario que el próximo año el gobierno se endeudase de nuevo en el mercado interno por otros Q7.2 millardos, lo que en adición a la política antiinflacionaria del Banco Central (que durante 2011 elevó la tasa líder de interés de 4.5% a 5.5%), continuará presionando al alza las tasas de interés bancaria en los próximos meses.

Y he aquí que la política fiscal expansiva, que en 2009 pretendía evitar una caída en la producción nacional, está logrando en 2011 exactamente lo contrario: al ocasionar un aumento de las tasas de interés, el déficit fiscal termina por desincentivar la inversión privada.

Las soluciones a este problema no son sencillas, ni técnica ni políticamente. Una vía es elevar los ingresos, lo que implica pedir a los guatemaltecos que paguen más impuestos. La otra es reducir el gasto, lo que significa dejar de invertir en escuelas, o en policías o en carreteras. Vaya dilema para el nuevo gobierno.

El Desafío del Desempleo

Por fin se publicó la Encuesta de Empleo e Ingresos. En los países civilizados este tipo de encuestas se produce trimestralmente. En Guatemala se produce cada vez que el INE se acuerda. Afortunadamente, esta vez el INE la publica por segundo año consecutivo, lo cual está lejos de lo ideal pero constituye un avance sin precedente en la historia de la estadística oficial guatemalteca. Ojalá que sigan así.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESAFÍO DEL DESEMPLEO
El principal desafío en Guatemala no es el desempleo abierto, sino el subempleo 

Por fin, el Instituto Nacional de Estadísticas –INE- publicó los resultados sobre la situación del empleo en Guatemala. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos fue levantada en julio del presente año y es la única información oficial que sobre este importante tema ve la luz durante el año. Las cifras son un necesario y útil seguimiento a la misma encuesta publicada el año pasado. Antes de esto, la anterior encuesta de empleo se hizo en 2007 (con una metodología distinta) y, previo a esta, hubo un esfuerzo más metódico y ambicioso en 2002 y 2003 que, lamentablemente, se descontinuó por falta de apoyo financiero al INE.

En otros países se cuenta con información periódica sobre el empleo, ya que constituye una herramienta básica para el diseño e implementación de la política económica, especialmente en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Colombia y Brasil los institutos de estadística producen información mensual sobre el empleo; en México la información es trimestral y en República Dominicana, semestral; en los países centroamericanos (a los que apenas se empieza a unir Guatemala) la oficina de estadísticas publica información anual del desempleo. Ojalá que el INE continúe publicando este tipo de encuestas, aunque sea anualmente.

Los datos de la más reciente encuesta arrojan indicadores preocupantes. El desempleo abierto creció respecto del año anterior. En 2010 los desempleados representaban el 3.52% de la población económicamente activa –PEA-, mientras que en 2011 habían aumentado a un 4.06%, lo que evidencia el hecho de que aunque la producción (medida por el PIB) ha estado aumentando, su recuperación no se ha reflejado en la creación de empleos formales.

Si bien estos porcentajes son relativamente bajos si se comparan con el porcentaje de desempleados en otros países (la tasa de desempleo en Estados Unidos en octubre fue de 9.0%), eso se debe a que el principal desafío en Guatemala no es el desempleo abierto, sino el subempleo, que se refiere a las personas que trabajan y ganan menos de lo que quisieran o que están sobrecalificadas para las labores que desempeñan. En la práctica, nuestro subempleo hace las veces de lo que en los países desarrollados es el seguro contra el desempleo.

Aunque el porcentaje de subempleados se redujo (de 59.6% de la PEA en 2011 a 57.2% en 2011), su número absoluto es muy elevado: más de 3.3 millones de guatemaltecos (40% mujeres y 60% hombres) están en esta difícil situación en la que son contratados informalmente, carecen de prestaciones y estabilidad laboral, y ganan menos del salario mínimo o de lo que deberían ganar dadas sus capacidades. Apenas el 16% de la población económicamente activa se encuentre cubierta por los beneficios de la seguridad social.

Particularmente agudo es el problema del desempleo juvenil: mientras que el 51% de la PEA está formado por menores de 30 años de edad, estos jóvenes representan al 73.2% de los desempleados, lo que da una idea del porqué este grupo poblacional es de los más vulnerables a los problemas de la violencia y la delincuencia.

Otro de los problemas revelados por la encuesta es el del bajo nivel educativo de la mano de obra. Los resultados de la encuesta revelan que los trabajadores guatemaltecos tienen un promedio de escolaridad de apenas 5.93 años; es decir, que la gran mayoría no ha completado la educación primaria. La baja calificación de la mano de obra local es una de las limitaciones para atraer inversiones de calidad y obtener un mayor crecimiento económico.

Y ello es más dramático en el área rural y en las actividades agrícolas, en las que la escolaridad es de apenas 3.53 años. No es sorpresivo, entonces, que la productividad en al campo sea extremadamente baja: la agricultura concentra el 41% de la PEA, pero sólo genera el 14% del PIB. Esta baja productividad se traduce en menores niveles de ingreso y mayores índices de pobreza en el área rural.

Para revertir esta situación, el primer requisito indispensable es tener una economía sana y estable que propicie la creación de empleos formales, lo cual implica la aplicación de políticas públicas responsables y con visión de largo plazo. El otro requisito es que el entorno económico internacional no perjudique las perspectivas de crecimiento económico. El año 2012 se anuncia difícil en ambos frentes.COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 11/15/2011 - 16:47 — ssamayoa

Tristemente los gobernates piensan que son mas inteligentes que todos los demás y que saben que es mejor para "el pueblo" y tratan de dirijir la economía y de redistribuir la riqueza con impuestos.
Y cada vez lo veo más lejos que en Guatemala vayamos a tener mejores condiciones donde el gobierno a estrenar se propone crear el ministerio de desarrollo social, es decir, mas burocracia y mas corrupción solo que ahora institucionalizada, ni siquiera ha tomado posesión y ya está negociando subir el presupuesto a casí Q60,000,000,000 SIN CANDADOS, quieren un CHEQUE EN BLANCO "FIDUCIARIO" - Dejamos el corral a cargo del lobo.
Se están desmoronando los gobiernos alrededor del mundo dado al crecimiento desmedido del gasto "publico" y a la intervención de éstos en la economía pero parece que nuestros futuros fuionarions piensan que en esos países son brutos pero nosotros si somos inteligentes y no nos va a pasar lo mismo.

Mar, 11/15/2011 - 11:54 — Sergio Petronio Licardie Vetorazzi

Hay algunos conceptos que en el concierto de la información suenan desafinados. 1.- "El principal desafío en Guatemala no es el desempleo abierto, sino el subempleo"----- Yo no lo pienso así. El que no tiene trabajo está en peores condiciones que el que medio trabaja. 2.- Empleos formales, son los de gobierno y los que pagan impuestos, empleos informales son los que andan fuera en empresas que no los pagan, Para el que trabaja y se suda el lomo, empleo es lo que consiga. Todos son válidos no debe haber exclusiones porque de todos modos se cuentan. 3.- "En la práctica, nuestro subempleo hace las veces de lo que en los países desarrollados es el seguro contra el desempleo" Yo no lo pienso así. El subempleo es una deficiencia de la economía en torno a las exigencias legales de contratación. El subempleo se paga así mismo con el esfuerzo de patrones y trabajadores. En el seguro de desempleo es un dinero que paga el gobierno durante cierto tiempo a los que han trabajado y quedan sin chamba. 4.-- Los datos de la juventud también se prestan a confusiones  junto a otros números. subempleados 60%, 3 millones PEA= 5 millones. . menores de 30 años 2.5 millones  Escolaridad 6 años =+- 5.96 para un lugar donde el 60% de los niños de primaria desertan es un record y debe considerarse como primaria terminada. Esa hostia está muy grandota. La verdad es que los datos están muy bien logrados como para presentárselos al presidente Ubico y este diga como deben de ser.

Ahora Hay que Actuar

Una vez disipados el polvo y el humo que fueron levantados por la batalla electoral, al nuevo gobierno le toca despertarse a la dura realidad y responderse, francamente, a la pregunta existencia: ¿para qué quería meterme a  gobernar (lo que queda de) este país?
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

AHORA HAY QUE ACTUAR

Ello es necesario para conjurar la amenaza del populismo y aminorar el desencanto de la población con la democracia

 “Están bien indignarse un rato, pero después hay que actuar”, nos dijo Savater en su reciente visita a Guatemala. Y, parafraseándolo, digamos que está bien que durante la campaña electoral proliferen las promesas populistas, pero después toca ponerse serios y actuar en la resolución de los grandes problemas del país.

Pocas veces como en estas elecciones se pudo percibir –ya no sólo entre grandes sectores de la ciudadanía, sino entre los propios políticos- tan poco entusiasmo (e, incluso, una cierta insatisfacción) respecto de las políticas económicas ortodoxas que, aunque les duela a sus detractores (ya sean marxistas trasnochados o anarquistas libertarios), han propiciado un aceptable nivel de estabilidad macroeconómica en el país en los últimos veinte años.

La razón de dicha insatisfacción radica en que no resulta evidente que la estabilidad haya contribuido a reducir los vergonzosos niveles de pobreza o de desigualdad que caracterizan a Guatemala. Por el bien del país, es menester que el nuevo equipo de gobierno electo para el periodo 2012-2016 tenga claro las políticas macroeconómicas responsables pueden y deben ir de la mano con políticas que favorezcan el crecimiento y con políticas que reduzcan la desigualdad. Las unas no excluyen a las otras.

Para empezar, la nueva administración del Partido Patriota deberá velar por el mantenimiento de la estabilidad del nivel de precios, no sólo porque ello es necesario para un buen clima de negocios, sino porque el combate a la inflación es una política que favorece a los más pobres, que son quienes más sufren cuando los precios aumentan. También deberá contener el desmedido crecimiento de la deuda pública, pues sabemos que los costos que acarrea una deuda pública excesiva suelen caer desproporcionadamente sobre la espalda de los más pobres.

Para preservar lo que queda de los buenos números macroeconómicos del país, y para evitar que la necesidad de endeudamiento del gobierno desplace al crédito destinado al sector privado, el gasto público debe ser racionalizado. Esto no significa que deba reducirse el gasto social ni la inversión en infraestructura. Al contrario, significa reducir el gasto superfluo, el desperdicio y la corrupción, a fin de liberar recursos que aumenten la inversión en capital humano y físico necesaria para acelerar el crecimiento económico.

Es imperativo reducir el ritmo de crecimiento de la deuda pública: recordemos que si pudimos sortear con relativo éxito la crisis económica mundial de 2008-2009 fue, en gran medida, porque entonces nuestra deuda pública registraba niveles muy manejables. Hoy esto ha cambiado y, Dios no lo quiera, una nueva crisis mundial nos sorprendería con menos defensas para resistirla.

Otro desafío crucial para el nuevo gobierno será el de aumentar la recaudación y negociar en el Congreso una reforma fiscal integral. Mejor si ésta incluye una flexibilización del gasto, ya que hoy en día una proporción demasiado grande del presupuesto está comprometida por asignaciones legales que poco tiene que ver con la eficiencia o la equidad (como los aportes constitucionales a la universidad estatal o al deporte).

Y así como la política fiscal puede apoyar más decididamente al crecimiento económico si se mejora el gasto en capital humano (educación y salud) y en infraestructura, también puede y debe apuntalar el combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales. Ello es necesario para conjurar la amenaza del populismo y revertir el desencanto de la población con la democracia.

Para el efecto el gasto público debe trasladarse (por doloroso o políticamente difícil que sea) de destinos que favorecen a la clase media (como el subsidio eléctrico, la educación universitaria, o las clases pasivas del Estado) hacia destinos claramente enfocados a los pobres (como las transferencias condicionadas de efectivo debidamente focalizadas, la educación primaria, o el combate a la desnutrición).

Se acabó el tiempo de ofrecer; ahora es tiempo de actuar. Y la promoción de la  estabilidad y del crecimiento económico, simultáneamente con la igualdad de oportunidades (que incluye el acceso a la educación y a la salud primarias, al crédito y a la infraestructura básica), es el lugar correcto para que el nuevo gobierno concentre sus esfuerzos.COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 11/08/2011 - 16:29 — Josue Augusto Perez Figueroa

Siempre es tiempo para actuar. El actuar de los politicos, estará conforme a sus planes, pero el pobre no puede esperar a que los politicos entiendan de como funciona la economia, para de ahi partir para un cambio de la realidad del pobre. El pobre vive su realidad que se convierte en desnutricion. No puede esperar a que el empresario funde empresas, Hoy por hoy, sugieren combatir la informalidad de los negocios. Quieren penalizar la informailidad.
La informalidad es un alivio para evitar una explosión social, que solo espera el toque de una trompeta de alerta para aslater al que tiene.
Por mucho tiempo se ha ignorado al pobre. Hoy se le tiene miedo de que reaccione. A eso, el autor de la columna, le llama populismo.
La bomba de tiempo de una explosión social tiene encendida la mecha.

Mar, 11/08/2011 - 19:03 — Guillermo Casta...

Las elecciones en lo que respecta al manejo de información  y de los datos del TSE no tenemos de que quejarnos, lo cual ha sucedido en los 25 años últimos, donde no hay queja ni indicio de fraude en papeletas.
Desafortunadamente estas fueron las elecciones mas sucias que han habido, pues el gobierno dilapidó dinero comprando votos, repartiendo vales de láminas y condicionado los programas sociales al voto para el partido oficial y para la canditatura ilegal de la esposa del presidente. Además se pagó buses urbanos para que no circulalran y se dió feriado para que se fueran de la ciudad.
Si no se sienta un precedente procesando a los responsables, esta suciedad acabará con el sistema democrático de Guatemala, así que exigimos al MP que inicie los procesos legales de los contrario demostraría que es copartícipe de esta suciedad.

Mar, 11/08/2011 - 20:39 — Hermes Esovel

buen comentario y esperemos que ahora cada uno de nosotros actue aun con mas ganas y fervor en generar un cambio interno hacia afuera y que afecte positivamente a los demas, gano PP y le deseo lo mejor y que sobre todo busque el beneficio comun que es el que cuenta y que tambien, busque este gobierno que entra, la reeleccion basada en acciones buenas y utilizacion moral y medida de nuestros recursos, aplicando la ley, ampliando la cobertura de salud y educacion, comodijo una comentarista, no creo que en la suerte, pero si en el esfuerzo personal y colectivo, el cual espero que le abunde al PP

Motivo de Orgullo

Guatemala tiene tan pocos éxitos a nivel internacional, que bien vale la pena celebrar las medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y también vale la pena sacar de ello algunas lecciones sobre el uso de los recursos presupuestarios de los que goza el deporte federado...
§ POLÍTICAS PÚBLICAS 

MOTIVO DE ORGULLO

El triunfo de nuestros deportistas en Guadalajara puede tener un efecto sutilmente importante en la conciencia colectiva 

Fue un triunfo histórico: 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce en los Juegos Panamericanos, más que nunca antes. Un motivo real de orgullo para un para un país tan poco acostumbrado a los éxitos. Brol, Castellanos, Cordón, Franco, Gheorghe, Gómez, González, Hernández, Hess, Maegli, Ortiz, Quiyuch, Sánchez y Solórzano son apellidos que, en su hermosa diversidad étnica, se han inscrito con letra destacada y por mérito propio en el imaginario social guatemalteco.

El deporte, parafraseando a Valdano, es la cosa más importante de las menos importantes: el éxito de nuestros atletas representa un significativo (aunque pasajero) alivio moral para nuestro país en un año horrible que, además de una campaña electoral frívola, ha traído consigo el dolor de una nueva catástrofe natural, la angustia cotidiana de la inseguridad ciudadana, o el aumento lacerante del desempleo.

El triunfo en los panamericanos no sólo es histórico porque sumamos tantas medallas de oro (en unas solas justas) como en las quince participaciones panamericanas previas, ni sólo porque quedamos mejor ubicados en el medallero (en el puesto 11 de 42 países) que otros países con más tradición o recursos (como Puerto Rico, Chile, Perú o Jamaica), sino porque este progreso demuestra que los guatemaltecos podemos competir –y no sólo deportivamente- a nivel mundial.

El éxito panamericano no puede ser casualidad. Las razones de este desempeño deberán ser analizadas con calma cuando la emoción se calme. Pero es indiscutible que, entre ellas, destacan las características que exhibieron nuestros atletas: fueron humildes, pero tenaces; mostraron un gran corazón, no se sintieron menos que sus contendientes y fueron puro coraje.

Otra razón probable del éxito es que, ¡por fin!, los millones de quetzales de nuestros impuestos otorgados al deporte desde que la Constitución Política estableció un aporte presupuestario obligatorio han empezado a dar frutos. Aunque la forma en que se han gastado estos millonarios recursos a lo largo de los años ha sido extremadamente opaca, es evidente que el aporte constitucional le ha permitido a algunas federaciones deportivas (no a todas) democratizar el deporte de alto rendimiento mediante la búsqueda y rescate de talentos y el entrenamiento profesional de los deportistas destacados. Pero no hay que perder de vista que tales aportes han convertido al deporte en un negocio multimillonario de cuya ejecución presupuestaria los contribuyentes sabemos muy poco –excepto que, hasta ahora, no generaba muchas medallas-.

Puede ser debatible que estos dineros podrían estar mejor empleados en otros destinos, pero es incuestionable que sirven como un complemente económico insustituible para los deportistas cuyo nivel socioeconómico no les permitiría, sin tal ayuda, dedicar largas horas a entrenarse. Las personas requieren de cierto nivel de prosperidad antes de poder dedicarse prioritariamente al deporte: las medallas panamericanas son, bajo esa óptica, bienes suntuarios. Por eso es positivo que los medallistas reciban un premio económico por sus logros, no sólo porque se lo merecen, sino porque ello puede servir de incentivo para que otros potenciales deportistas se arriesguen a considerar el deporte como una actividad económicamente viable.

El dinero invertido en el deporte puede estar bien empleado si los éxitos internacionales contribuyen a la conciliación nacional y a fortalecer el tejido social, pues el deporte es una de las pocas cosas capaces de unir a los guatemaltecos. Para seguir construyendo sobre lo logrado, es esencial que las autoridades deportivas aprendan a rendir cuentas publicando, al menos, los estados financieros de la Confederación y sus afiliadas, debidamente auditados, así como informes periódicos de sus actividades, incluyendo evaluaciones de desempeño con base en estándares internacionales.

El triunfo de nuestros deportistas en Guadalajara puede tener un efecto sutilmente importante en la conciencia colectiva. Pocas veces como ahora tenemos motivos tan claros para sentirnos orgullosos y para conmovernos hasta las lágrimas cuando hemos visto ondear nuestra bandera y escuchado que el “¡Guatemala Feliz!” es, por una vez, verdad. Y eso no es poca cosa para una sociedad tan fracturada como la nuestra.

Crecer Más Para Reducir la Pobreza

Aunque muchos quisieran que existieran soluciones mágicas que, sin esfuerzo, nos permitieran lograr en pocos años el desarrollo económico y social del país y reducir los oprobiosos niveles de pobreza que nos aquejan, la realidad objetiva es que eso sólo puede lograrse con mucho esfuerzo, disciplina en políticas públicas y visión política de estadista. Incluso si uno no es simpatizante del FMI, no puede negarse la sensatez de uno de sus estudios más recientes, que comento a continuación...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CRECER MÁS PARA REDUCIR LA POBREZA

Los factores clave tienen que ver con el aumento de la inversión física y la mejora del capital humano 

El La pobreza ha sido siempre –y todavía es- el principal problema económico y social de Guatemala. Claro que han existido –y aún existen- otros problemas que, coyunturalmente, parecen ser más agobiantes, tal el caso de la inseguridad ciudadana que hoy padecemos, o la guerra civil que nos afligió hace treinta años, o el despotismos que sufrimos hace setenta. Pero el bajo nivel de ingresos económicos de la población ha sido la debilidad de siempre, que se manifiesta en fenómenos tan vergonzosos como la escandalosa desnutrición que afecta a una gran cantidad de niños guatemaltecos.

Esa insuficiencia estructural de ingresos de los guatemaltecos no es sino el fenómeno recíproco de la incapacidad del país de producir suficientes bienes y servicios. En efecto, el bajo nivel de ingreso por habitante es simplemente la otra cara de la medalla de nuestra mayor debilidad económica: la baja productividad (medida por el PIB per cápita) de nuestro país en comparación con otros de similar tamaño.

Por ello es siempre necesario preguntarnos cómo podemos salir de pobres, cómo lograr que nuestra economía genere más ingresos, y cómo hacer para mejorar la productividad de los guatemaltecos, aunque a veces la falta de respuestas tangibles pueda ser frustrante. En ese sentido resulta pertinente un estudio reciente preparado por expertos (Andrew Swiston y Luis Diego Barrot) del Fondo Monetario Internacional –FMI-, que analiza cómo elevar el crecimiento económico en Centroamérica, que pone en claro por qué Guatemala necesita elevar urgentemente su ritmo de crecimiento económico.

Al contrario de lo que ocurre en muchos otros países de Asia y Latinoamérica, el ingreso por habitante centroamericano es menor hoy al de hace cincuenta años cuando se le compara con el ingreso per cápita de un estadounidense promedio; y lo peor es que los expertos prevén que esta situación empeorará en el próximo lustro, lo cual significa que seremos cada vez más pobres en relación con aquellos países.

El estudio del FMI utiliza una serie de nuevas técnicas e índices económicos para identificar las áreas prioritarias en las que nuestro país debe actuar para revertir esta terrible situación. Curiosamente, sus conclusiones no difieren sustantivamente de lo que otros estudios previos han señalado: los factores clave para aumentar el nivel de ingreso del país tienen que ver con el crecimiento de la inversión física y la mejora del capital humano (salud y educación).

Según el estudio, si la inversión nacional (medida como porcentaje del PIB) subiera del actual 17% a un 25% (el promedio de los tres países latinoamericanos más grandes), nuestro PIB crecería un 1.2% por encima del actual 3% anual. De manera similar, si el número de años de educación superior que en promedio reciben los guatemaltecos se elevara al nivel de los tres grandes países latinoamericanos, el crecimiento económico de Guatemala sería 1.6% mayor. Estos logros se potenciarían si, al mismo tiempo, se profundizan las políticas públicas que favorecen la flexibilidad de los mercados de productos (en telecomunicaciones, electricidad o agricultura) y la eficiencia del sistema financiero.

Aunque las herramientas analíticas del estudio son nuevas, sus hallazgos reiteran lo que se ha señalado una y otra vez. El camino hacia un mayor crecimiento y mejores ingresos es el mismo que necesariamente debemos transitar para reducir la pobreza. A grandes rasgos, lo que sugiere el reciente estudio del FMI coincide con los diversos planteamientos que, en años recientes, se han estado haciendo para impulsar un acuerdo nacional respecto de ciertas políticas públicas esenciales (en las áreas de salud, educación, infraestructura, instituciones y seguridad). Poco a poco parece que se configura un consenso sobre tales temas. La propuesta del sector empresarial organizado presentada en el último Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- confirma lo anterior.

Lamentablemente, mientras que muchos sectores sociales parecen coincidir en los grandes temas, los líderes políticos se esfuerzan en mantener la discusión enfocada en otros temas más superficiales, pedestres e inmediatos. Esa falta de claridad o de voluntad política es el principal obstáculo para que Guatemala cuente con una agenda realista y sostenible de combate a la pobreza.

El Temporal Sin Nombre

La naturaleza se ensañó de nuevo con Guatemala. Y, de nuevo, las lecciones vuelven a ser las mismas. Los enormes costos de la catástrofe (humanos y económicos) podrían haber sido mejores si el Estado hubiese hecho algún esfuerzo mínimo en materia de prevención de desastres, que es la primera línea de defensa de un país propenso a este tipo de fenómenos. Pero la segunda, y más contundente, línea de defensa es conseguir un nivel más alto de desarrollo económico y social. Está claro que, mientras más desarrollado es un país, menores son los costos provocados por los desastres naturales (recuerden, si no, los efectos tan distintos de un terremoto en Haití y otro (más fuerte y menos costoso) en Chile).

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL TEMPORAL SIN NOMBRE

La experiencia de los dos desastres anteriores (Stan y Ágata) no ha sido del todo ejemplar

El clima se ha ensañado nuevamente con Guatemala. El Temporal Sin Nombre, con sus copiosas lluvias de los últimos días, ha puesto de manifiesto, otra vez, la precariedad de nuestra infraestructura y, peor aún, la enorme vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser alertados de la amenaza climática que arrasó con cosechas, caminos, viviendas y, por desgracia, vidas humanas.

Apenas el año pasado la tormenta tropical Ágata segó la vida de más de 150 guatemaltecos, destruyó más de 30 puentes y dañó 25 mil viviendas. Antes de eso los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005) habían causado pérdidas aún mayores a las de Ágata, y habían puesto de manifiesto que los desastres naturales, además del terrible costo humano que conllevan, acarrean también consecuencias económicas negativas a corto y mediano plazos. A corto plazo porque los daños al stock de capital (maquinaria, cultivos, infraestructura) significa una pérdida de riqueza nacional; y, a mediano plazo, porque dicha pérdida reduce la capacidad productiva de familias y empresas en las regiones afectadas, lo cual, si no es compensando con un importante aumento en la inversión por reconstrucción, se traduce un reducción permanente de la producción de bienes y servicios.

Evidentemente, cuando ocurren desastres naturales como el actual Temporal Sin Nombre, el gobierno juega un rol crucial, pues es el llamado a prestar y coordinar los servicios de alivio a los damnificados, así como las obras de rescate y emergencia, lo cual ocurre durante e inmediatamente después de que se produce el desastre. También el gobierno debe emprender los esfuerzos posteriores de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública.

Lo ideal sería que estas importantes labores las desempeñara el gobierno con prontitud, efectividad y calidad evitando a toda costa que, en las inevitables premuras con que se debe actuar, se produzcan actos de corrupción y pillaje de los escasos recursos públicos. Lamentablemente, la experiencia de los dos desastres anteriores (Stan y Ágata) no ha sido del todo ejemplar: se produjeron enormes retrasos en la reconstrucción y la calidad de la infraestructura ha demostrado (con gran claridad en los últimos días) ser muy escasa.

El grueso del costo de un desastre natural, sin embargo, recae principalmente sobre los ciudadanos y las empresas. Por una parte, el valor de las vidas perdidas o afectadas es incuantificable. Por otra, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de equipo, cosechas e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el Estado.

Pero existen dos temas puntuales que todo gobierno puede y debe impulsar, mediante las políticas públicas adecuadas, para reducir los costos asociados a los desastres naturales: prevención y desarrollo. Para un país tan vulnerable como Guatemala, la puesta en práctica de políticas permanentes y coherentes de prevención de desastres, por un lado, y la búsqueda sistemática del desarrollo integral, por otra, son esfuerzos que el gobierno, en conjunto con el sector empresarial y la sociedad civil organizada, deben poner en práctica para que en el futuro estos fenómenos no tengan un saldo humano y económico tan negativo.

En una país propenso a los desastres, es menester adoptar medidas preventivas para proteger la vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, códigos de construcción, etcétera). Sin embargo, para muchas personas de bajos ingresos los costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo que requieren del auxilio del Estado.

A la vez, no hay que perder de vista que la experiencia demuestra que mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales desastres ocasionan): de manera que las políticas que propicien el crecimiento de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que, como este Temporal Sin Nombre, nos seguirán afectando en el futuro.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 10/18/2011 - 09:55 — ssamayoa

¿Que tendrán los chilenos que no tienen los guatemaltecos?
En 2010 ellos (los chilenos) sufrieron un terremoto de magnitud 8.8 con una duración de casi 3 minutos (como referencia para los que lo vivimos, el de Guatemala del 76 fué de 7.5 y duró 39 segundos), devastó su infraestructura ($1200 de US$ se estimó que costaría la reconstrucción en 3-4 años) y su economía sufrió un duro golpe.
Pero ya están casi recuperados a menos de 2 años de lo ocurrido.
Nosotros nisiquiera hemos reconstruido lo del Mitch del 98.
¿Que nos hará falta digo yo?
¿Será que tenemos problemas de aprendizaje?