Pedir al Magisterio Algo a Cambio

Quien quiera buscar un joven guatemalteco con bajo nivel educativo, puede buscarlo en las escuelas. Meter más dinero al sistema educativo sin pedir nada a cambio es hacer más de lo mismo.

La calidad de la educación en el país está por los suelos. Los resultados de las pruebas Pisa muestran las terribles debilidades del sistema educativo: el 90 por ciento de los alumnos de la edad de quince años tienen un bajo desempeño y no alcanzan el nivel mínimo de conocimientos y habilidades, ni en lectura, ni en matemática, ni ciencias. Las calificaciones de Guatemala son las más bajas del Continente (junto a República Dominicana). El reporte –publicado el año pasado- también establece que nuestro país tiene el cuarto nivel más alto de repitencia entre todos los países evaluados: antes de llegar a primero básico, el 36 por ciento de los estudiantes ya han repetido por lo menos un grado. Quien quiera buscar un joven guatemalteco con bajo nivel educativo, debe buscarlo en las escuelas.

El magisterio nacional no puede estar satisfecho con los resultados de su trabajo. Y sus dirigentes sindicales deberían ser menos soberbios al celebrar la firma de un pacto colectivo cuyas prebendas y beneficios pocos de ellos merecen. Ese pacto colectivo nos costará a los contribuyentes más de Q4 millardos, que serán repartidos a todos los maestros –independientemente de su desempeño-, sin que a cambio se obtenga una mejora en la calidad educativa. Mucho dinero a cambio de nada.

No es gastando más dinero como se va a mejorar la calidad educativa, porque el problema de las aulas no es esencialmente financiero, sino político: los maestros son nombrados con base en normas clientelistas y no por mérito; el sindicato de maestros extorsiona a los gobernantes con su apoyo político e impide que los maestros incapaces y faltistas (que no deben ser la mayoría, pero sí muchos) sean sustituidos por educadores capaces y cumplidores, mientras que los líderes políticos prefieren tomarse fotos con el líder sindical o inaugurar escuelas sin ocuparse de lo que pasa adentro de ellas.

Limitarse a meter más dinero al sistema educativo sin pedir nada a cambio es hacer más de lo mismo. A cambio del pacto colectivo debería exigírsele a los maestros y al Ministerio de Educación que apliquen medidas efectivas, de bajo costo, para mejorar la calidad de la enseñanza: llevar controles (y publicar reportes) de asistencia-ausentismo de los maestros; realizar mediciones sistémicas de la calidad educativa y vincular a ellas los incentivos salariales; introducir mejoras a los enfoque pedagógicos; introducir contratos de corto plazo con los maestros y vincularlos con el desempeño de los alumnos en exámenes estandarizados.

Reformar el sistema educativo, renovar las escuelas y mejorar la calidad de la enseñanza deben ser prioridades de Estado. Eso conlleva premiar a los buenos maestros y penalizar a los malos. Solo así le logrará que más niños asistan a la escuela y que más jóvenes completen su educación secundaria (sin repitencia), lo cual les permitirá adquirir capacidades para desempeñarse en la vida, alejarse de la delincuencia, mejorar sus hábitos de salud y, en el futuro, obtener buenos empleos, lograr mayores ingresos y mejorar su calidad de vida.

Un Gran Debate Nacional: ¿la Solución?

Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

El Presidente de la República fue electo, postulado por un partido político nuevo, de derecha moderada. Los votantes lo eligieron, entre otras razones, por ser relativamente joven y nuevo en el tinglado político, lo que entrañaba la ansiada posibilidad de que un outsider, una vez en el poder, pudiera cambiar las viejas maneras de hacer política. El Presidente comenzó su mandato con entusiasmo, proponiendo cambios que se alineaban con las expectativas ciudadanas de una profunda reforma de la gestión pública.

Sin embargo, pronto se encontró con realidades políticas que dificultaron su gestión y obstaculizaron los cambios anhelados. Proliferaron las protestas de diferentes grupos exigiendo, unos, modificar el rumbo de los cambios y, otros, acelerar las reformas. La reacción del gobernante fue la de poner oídos sordos a las voces de los descontentos e improvisar medidas bajo presión llegando, incluso, a recurrir a la fuerza pública para reducir al orden a sus opositores.

Desafortunadamente, el descontento fue escalando y el nivel de confrontación aumentó a tal grado que incluso muchos de quienes apoyaban la postura del Presidente empezaron a resentir los efectos negativos que la incertidumbre y la confrontación estaban ejerciendo sobre su actividad comercial y su viabilidad económica. El Presidente, como hombre de Estado, sabe que la polarización política puede poner en riesgo las instituciones republicanas que tanto ha costado construir; sabe que la confrontación no es buena; sabe que conviene escuchar las voces razonables de descontento de la ciudadanía; y sabe que hay bienes comunes (como preservar la República, la democracia y sus instituciones) superiores a los intereses personales o partidarios.

Por ello, ante la amenaza de una debacle institucional, el Presidente convocó a un Gran Debate Nacional en el que, a través de cabildos abiertos en todo el país, consultará el sentir de los ciudadanos para que expresen sugerencias respecto de cuatro temas esenciales (ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia) con la intención de “transformar el descontento en soluciones”. Solo el tiempo dirá si este debate público solucionará la tensa situación que hoy vive Francia, pero ciertamente es una forma civilizada, democrática y republicana de enfrentar las crisis. La estrategia entraña riesgos, pero el Presidente Macron sabe que el futuro de su país bien vale la pena correrlos.

Extrayendo lecciones del ejemplo francés, quizá a Guatemala le convendría también –para salir de la crisis política que nos está agobiando y resquebrajando las instituciones republicanas- un gran debate nacional sobre reformas clave (sistema electoral, calidad del gasto público, sistema de justicia, e infraestructura, por ejemplo) que le aseguren al país un mejor futuro. Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”.

Estado de Derecho y Crecimiento Económico

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas: sin Estado de Derecho no hay prosperidad

El principal problema de la economía guatemalteca es que su ritmo de crecimiento es extremadamente lento, lo cual no solo impide corregir los bochornosos indicadores de pobreza del país, sino que nos deja cada vez más atrasados respecto de otras naciones que hasta hace cuarenta años mostraban niveles de bienestar material similares a los nuestros: en 1978 Guatemala tenía un ingreso per cápita real superior en 80% al de Tailandia, y en más de 100% al de China; hoy ambos países superan a Guatemala en más de un 80%.

La razón fundamental de este retroceso relativo radica en la baja productividad sistémica de la economía guatemalteca que, a su vez, se deriva principalmente de la (cada vez más grave) debilidad de las instituciones públicas que impide al Estado cumplir con su obligación de proveer los servicios públicos esenciales para el funcionamiento básico del aparato económico (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias).

La crisis política actual -donde la policía se enfrenta con los fiscales, donde la suprema corte se enfrenta con la corte de lo constitucional, donde diputados al Congreso llaman a desobedecer las órdenes judiciales y donde el Ejecutivo se enfrenta con la ONU- no hace más que revelar y agudizar el continuo deterioro institucional. Y eso, querámoslo o no, tiene graves repercusiones para la economía. Ya desde hace tiempo que las calificadoras de riesgo y la banca internacional vienen advirtiendo que la disfuncionalidad institucional es un obstáculo para la inversión y el crecimiento en Guatemala; y la semana pasada la calificadora Moody’s lo reiteró enfáticamente.

Pero el principal peligro radica en las consecuencias de largo plazo de este deterioro. Vale la pena verse en el espejo de países que se han tornado fallidos para evitar cometer sus mismos errores. Moisés Naim y Francisco Toro lo describían a la perfección en un reciente artículo sobre el suicidio colectivo de su país: “...las causas del fracaso de Venezuela tienen raíces más antiguas y profundas. Varias décadas de gradual descalabro económico le abrieron el camino a un demagogo carismático que, inspirado por una ensalada de malas ideas, consiguió instaurar una autocracia corrupta”.

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas. Como dijo en su comunicado el Consejo Nacional Apostólico de los jesuitas: “más importante que cualquier comisión es el respeto al Estado de Derecho y el servicio al bien común de todos los habitantes del país”. Sin Estado de Derecho no será posible alcanzar un crecimiento económico robusto, ni combatir la pobreza, ni vivir en una democracia funcional.

El TSE Ante la Incertidumbre

Al estar vigente el gatopardista paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobado en 2016, el TSE se enfrenta, como pocas veces en su historia, a múltiples y delicados desafíos de cara al proceso electoral de 2019

El proceso electoral que está a dos semanas de arrancar se vislumbra lleno de incertidumbres. Pocas veces en la historia el Tribunal Supremo Electoral –TSE- se había encontrado con tantos desafíos –y con tan poco tiempo para solventarlos- como ahora, cuando deberán aplicarse las nuevas reglas del juego. Algunas de estas reglas, pobremente concebidas y peor redactadas en el gatopardista paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobó el Congreso en 2016, serán una prueba de fuego para la autoridad electoral.

Entre los principales retos que deberá enfrentar el TSE en 2019 destaca el de distinguir proselitismo partidario de campaña electoral. Esta distinción es importante, no solo para definir correctamente cuándo los partidos políticos incurren en campaña electoral anticipada (falta cuyas sanciones son muy severas), sino también para fomentar el necesario proselitismo y formación política al interno de los partidos. En las democracias avanzadas, los líderes políticos mantienen un presencia permanente en la opinión pública, externando sus opiniones y criterios respecto del quehacer gubernamental, lo cual es sano y necesario para que los ciudadanos formemos criterio respecto de las distintas opciones políticas. Hasta ahora, el TSE no ha logrado aclarar en sus reglamentos este aspecto crucial para la vida democrática del país: una reglamentación excesiva que reprima el proselitismo y la opinión de los líderes políticos puede dañar la esencia misma de la democracia.

De manera similar, el TSE debe aclarar en un reglamento cómo se interpreta el tema de “publicitar la imagen” personal, pues una interpretación rígida de la reforma legal aprobada podría significar que cualquier ciudadano que haya emitido opiniones políticas (en las redes sociales, por ejemplo) durante los meses anteriores al inicio de la campaña electoral podría quedar inhabilitado para participar como candidato.

El complejo asunto de cómo el TSE va a distribuir la propaganda electoral también debe regularse cuidadosamente para no perjudicar ni a los partidos políticos –con poca equidad en la distribución de espacios publicitarios- ni a los medios de comunicación –confiscándoles sus espacios comercialmente más valiosos-, además de incluir explícitamente (tarea casi imposible) la manera en que tales disposiciones se aplicarán a las cada vez más influyentes redes sociales. Asimismo, el espinoso tema del financiamiento electoral debe reglamentarse pues quedó legislado con disposiciones tan exageradas como la de que cualquier apoyo dinerario o en especie (por ejemplo, la donación de cinco gallinas a un candidato por parte de un simpatizante) debe ser registrado en un libro especial.

Si el TSE no logra aclarar a tiempo estos y otros temas, veremos un proceso electoral atiborrado de amparos y querellas que no solo judicializarán un evento eminentemente político, sino que podrían aumentar la conflictividad y restar legitimidad a un sistema que, hasta la última consulta popular, gozaba –como pocos- de prestigio y credibilidad entre los guatemaltecos.

Por Qué se Depreció el Quetzal en 2018

El valor del dólar no es solamente una decisión de las autoridades del banco central, sino el resultado de una confluencia de factores que determinan su cotización en el mercado de divisas

Después un lustro en el que el tipo de cambio (quetzales por dólar) se redujo, en promedio, un 1.5 por ciento cada año, en lo que va de 2019 ha aumentado un 5.3 por ciento. Esta depreciación de nuestra moneda, aunque modesta cuando se compara con las que son habituales en otros países con regímenes cambiarios similares al nuestro (como Colombia, Perú o México), resulta contrastante y significativa respecto de la tendencia a la apreciación que el quetzal ha registrado durante varios años.

En un sistema cambiario como el nuestro (que es un régimen de tipo de cambio flexible, pero administrado mediante intervenciones del banco central comprando o vendiendo dólares), el valor del dólar no es una decisión de las autoridades del banco central, sino el resultado de una confluencia de factores que determinan su cotización en el mercado de divisas. Cuatro son los factores que determinaron el aumento del tipo de cambio en 2018.

El primero es la enorme expansión del déficit comercial de Guatemala con el resto del mundo. Hasta septiembre, el valor de las exportaciones era menor respecto del registrado el año anterior, mientras que las importaciones estaban creciendo fuertemente; como resultado, el déficit comercial del país (la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos) ha crecido en más de 27 por ciento sobre el del año previo. Esto implica que el intercambio comercial del país ha demandado unos US$1.5 millardos más que en 2017.

El segundo factor es la (leve) desaceleración que registra el ingreso de remesas familiares al país: mientras que a octubre del año pasado este flujo crecía a una tasa de más del 16 por ciento anual, este año lo hacía a un 12.5 por ciento. Esto, combinado con el comentado déficit comercial, redujo sustancialmente el excedente de dólares que inundó el mercado el año pasado. El tercer factor es la reducción en la diferencia entre las tasas de interés domésticas y las internacionales. El año pasado dicho diferencial superaba los 3 puntos porcentuales, mientras que en 2019 no llega ni al medio punto porcentual, lo cual quiere decir que es cada vez menos atractivo mantener inversiones financieras en el país, ante los mejores rendimientos en el extranjero.

El cuarto (y, quizá, más importante) factor que hizo que el tipo de cambio aumentara es la continua intervención del Banco de Guatemala comprando divisas en el mercado. Estas compras eran normales en años previos cuando la tendencia del tipo de cambio era hacia la baja y el banco central buscaba moderar esa tendencia. En cambio, este año esas compras se hicieron incluso cuando el tipo de cambio iba subiendo, lo cual contribuyó a acelerar la depreciación cambiaria. En la medida en que estos cuatro factores (aumento del déficit comercial, desaceleración de las remeses familiares, menores diferenciales de tasas de interés y continuas intervenciones del banco central) prosigan en lo meses subsiguientes, no es nada descartable que el quetzal vuelva a registrar una moderada depreciación en 2019.

Por Qué Triunfan las Naciones

No existen soluciones mágicas para salir del subdesarrollo. Las naciones que han tenido éxito en las últimas décadas han sido perseverantes en privilegiar el crecimiento económico a través de una agenda coherente de políticas públicas que aumentan la productividad

Hace poco más de un lustro dos economistas del MIT y de Harvard escribieron un exitoso libro (Por Qué Fracasan las Naciones) que mostraba cómo los países que carecen de instituciones económicas incluyentes –que resguarden los derechos de propiedad, creen igualdad de oportunidades y fomenten la inversión en nuevas tecnologías- son aquellos que fracasan en sus intentos de aumentar el crecimiento económico y lograr el bienestar para sus habitantes.

Sabemos que la carencia de instituciones conduce al fracaso de las naciones; pero, ¿cómo hace para triunfar los países exitosos? Un reciente reporte (Otuperformers: High-growth emerging economies and the companies that propel them)del McKinsey Global Institute identifica los factores comunes que caracterizan a los países que han logrado mayores crecimientos de su ingreso per cápita en los últimos años. Siete economías (China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia) han registrado tasas de crecimiento del PIB por habitante mayores al 3.5 por ciento anual durante 50 años, mientras que otras 11 (entre las que se incluyen Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya y Vietnam) lo han logrado durante 20 años, sacando así de la pobreza a cientos de millones de sus habitantes. En contraste, el crecimiento del PIB por habitante de Guatemala ha crecido en menos de 1 por ciento anual en promedio durante la última década.

Es posible establecer un patrón en el comportamiento de esas naciones exitosas: ha existido en todas ellas un consenso respecto a la prioridad de fomentar el crecimiento económico y de alinear la agenda pública en torno al objetivo de elevar la productividad (producir más, con menos recursos), centrándose para ello en tres aspectos que se refuerzan mutuamente: productividad (para permitir mejores decisiones en la asignación de los recursos), ingresos (para que esa inversión productiva retorne a la gente que la creó), y demanda (para reinvertir ese ingreso en nueva productividad).

La mejora en la productividad requiere inversión en infraestructura, en tecnología y en talento humano, así como promover la competencia y la eficiencia de los mercados. Trasformar la productividad en un mayor ingreso de las personas requiere flexibilidad de los mercados (incluyendo el laboral) y paz social. Y aumentar la demanda requiere de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) ágiles y adaptables, mercados financieros sanos y apertura al exterior. Y todo ello con base en un estado institucionalmente eficiente. Tal es la receta de los países que han triunfado.

La lección para Guatemala es que no existen soluciones mágicas para salir del subdesarrollo. Lo que se necesita es un liderazgo (político, empresarial, social y sindical) capaz no solo de construir un consenso alrededor del objetivo de aumentar el crecimiento y la productividad, sino también capaz de guiar y aplicar con perseverancia una agenda integral de políticas públicas que conduzca a ese fin.

Riesgos Para la Economía

Los desafíos del entrono para la economía guatemalteca son muchos y muy complejos. Lo interesante es que, para el corto plazo, existen espacios para tomar medidas que aceleren el crecimiento económico en 2019

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- visitó hace pocos días nuestro país para evaluar el despeño de la economía. Este año, el personal del FMI encontró que, pese a la solidez del marco macroeconómico de Guatemala (merced a sus políticas fiscal y monetaria ortodoxas), el crecimiento de la producción en 2018 apenas registrará una tasa anual de 3 por ciento debido a la pérdida de dinamismo sufrida por algunos importantes rubros de exportación, a la escasísima inversión en infraestructura y al desplome de la actividad minera. Y la cosa a penas si mejorará en un 2019 sujeto a las tensiones del sistema político y a los desafíos del entorno económico mundial.

La declaración oficial de los técnicos del FMI destaca la presencia de riesgos importantes para la economía nacional, tanto en el frente internacional como a nivel doméstico. En el frente externo, la escalada de la guerra comercial iniciada por los Estados Unidos contra sus principales proveedores (particularmente China) pueden afectar el comercio mundial y, con él, nuestro desempeño exportador; y, simultáneamente, las políticas antimigratorias del gobierno estadounidense pueden mermar los flujos de remesas familiares sobre los que descansa gran parte del consumo de los hogares guatemaltecos. Por su parte, en el frente doméstico destacan los riesgos de un año electoral que se anuncia políticamente fragmentado y lleno de incertidumbres.

En ese escenario, el principal desafío a mediano plazo para Guatemala continúa siendo el de colocar al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza como las prioridades de la política pública, a través de acelerar el crecimiento de la producción, aumentar la productividad sistémica y mejorar la cohesión social. Para ello, el FMI vuelve a insistir en la necesidad de reformar las instituciones del Estado y mejorar el enfoque, cantidad y calidad de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura vial y sanitaria, lo cual pasa por una reforma fiscal integral que logre mejorar la ejecución y provisión de tales servicios públicos esenciales. Pero eso -el propio FMI lo reconoce- será para el mediano plazo.

Lo interesante es que para el corto plazo el equipo técnico del Fondo reconoce que existe espacio para tomar medidas que aceleren el crecimiento económico en 2019. Por el lado fiscal, la expansión del gasto (incluyendo infraestructura) prevista en el presupuesto del Estado recientemente aprobado es visto como una oportunidad para la recuperación económica (lo que convierte a Guatemala en un caso excepcional pues el FMI suele, al contrario, recetar austeridad a los gobiernos).

Y por el lado monetario también sorprende que la opinión de los técnicos fondomonetaristas sea que la baja inflación esperada proporciona un espacio para la “acomodación monetaria”, es decir, un relajamiento de dicha política. De manera que, aunque los riesgos internos y externos están allí presentes, las autoridades fiscales y monetarias del país tienen en sus manos la posibilidad de tomar medidas prontas que ayuden a revertir la desaceleración económica que estamos viviendo.