Para Progresar Hay que Reformar

La mejor agenda de reactivación económica que podamos imaginar tiene como componentes clave las medidas de fortalecimiento institucional que permitan que el Estado provea los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad y el clima de negocios

La mejor -si es que no la única- manera de aumentar el bienestar y reducir la pobreza es mediante el crecimiento económico sostenido e incluyente. Pero este tipo de crecimiento se ve obstaculizado en nuestro país por la insuficiente e inadecuada provisión de bienes públicos básicos, que son esenciales para mejorar la productividad de la economía (pues sin un aumento de la productividad es imposible acelerar la producción de bienes y servicios).

Cualquier proceso de producción requiere insumos; una gran parte de tales insumos los proporciona el mercado en el ámbito privado, pero otros deben ser provistos por el Estado. Por ejemplo, una industria farmacéutica o una alimenticia (como las plantas que en los años setenta del siglo pasado se instalaron en Guatemala, pero que se trasladaron en años recientes a plazas más atractivas como Panamá o Costa Rica) es más viable y valiosa si cuenta con insumos públicos tales como una infraestructura de comunicaciones, una agencia reguladora confiable (no corrupta) para el control de calidad, o un buen sistema de seguro social.

Cualquier otro ejemplo que a uno se le ocurra para que un emprendimiento privado sea exitoso y competitivo, requiere de que el ambiente económico, político y social sea propicio para hacer negocios, lo cual implica la presencia de bienes públicos esenciales: seguridad, impartición de justicia, carreteras, capital humano educado y saludable (física y psicológicamente), paz social, etcétera. Insumos como estos están dados por un Estado funcional, con un marco legal estable y con instituciones fuertes y eficientes.

Por desgracia, el Estado guatemalteco ha sufrido tal deterioro institucional en los últimos lustros (en gran parte por culpa de la omnipresente corrupción generada por el voraz sistema político patrimonialista) que cada vez es menos capaz de proveer los bienes públicos esenciales para que el aparato productivo funcione. La ingente necesidad de fortalecer las instituciones del Estado es una conclusión en la que coinciden diversas y calificadas opiniones que bien vale la pena escuchar.

Esa conclusión la sostienen los empresarios encuestados para la elaboración del índice Doing Buisiness, quienes mayoritariamente achacan la dificultad para hacer negocios en el país a factores eminentemente institucionales, tales como la inseguridad, la corrupción, la ineficiencia gubernamental y la falta de infraestructura. También la sostiene la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que recientemente evaluó el país y que identificó una serie de desafíos en materia de reforma institucional, necesarios para mejorar el desempeño económico. Y también la sostienen los reportes de las calificadoras de riesgo-país, que afirman que para mejorar su calificación, Guatemala debe fortalecer sus instituciones y mejorar sustancialmente la manera en que el gobierno utiliza sus escasos recursos financieros.

De tal manera que las reformas del sistema político, del sistema de justicia, del sistema de servicio civil, del sistema de control del gasto público, del sistema de compras y de contratación de obra pública, o de los sistemas de educación y de salud pública se erigen como las piezas clave de un programa de desarrollo económico sostenible e incluyente para Guatemala. Esas reformas son indispensables para darle un propósito de largo plazo a los actuales esfuerzos de combate a la corrupción, así como para recuperar a mediano plazo la confianza ciudadana en la integridad y en la utilidad del sector público. Si esa confianza no se recupera, seguirá ensanchándose la brecha que separa a la ciudadanía de las instituciones republicanas y abonándose el campo para que germine y crezca el populismo.

La Generación de los Treintañeros

En momentos de transiciones políticas trascendentales, los relevos generacionales pueden cobrar una importancia crucial. Se vislumbra en Guatemala una nueva generación de líderes capaces de darle rumbo y esperanza al futuro del país.

Guatemala está viviendo una importante transición política –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- que se está tornando lenta y costosa debido no solo a la inútil confrontación entre un bando de radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y otro de reaccionarios (que quieren retornar al status quo imperante antes de 2015) sino que, también, debido a una preocupante ausencia de liderazgos que conduzcan el proceso. ¿Quién puede conducir la transición e impulsar las reformas institucionales que le den sostenibilidad y propósito?

Décadas de conflicto armado interno dejaron un cierto talante autoritario y reacio al diálogo a la generación de los que ahora rondan la edad de setenta años, mientras que infundieron una actitud de desidia y evasión entre quienes estamos alrededor de los cincuenta. Afortunadamente, la generación de los treintañeros que ahora está tomando la estafeta, parece estar encontrando formas más novedosas y efectivas de expresarse e incidir en las esferas del poder.

He tenido el gusto de conocer e interactuar con muchos de estos treintañeros, genuinamente interesados es ser partícipes de la transformación del país. Se trata de una generación más urbana, más educada, más tecnológica y más cosmopolita que sus antecesoras. Una generación que cada vez se parece menos al cauto, discreto y reservado arquetipo del guatemalteco. Muchos de ellos le dieron vida y forma a las manifestaciones de la Plaza en 2015.

Esta generación puede darle rumbo y sentido a la transición que hoy vivimos, pues posee las herramientas y las actitudes necesarias para liderarla: su familiaridad con las tecnologías informáticas, su apertura a nuevas expresiones culturales, su tendencia a trabajar en redes y su búsqueda constante de nuevos conocimientos, experiencias y soluciones, son características que los hacen ser cada vez más ciudadanos del mundo, alejados de los aislacionismos obscuros que impiden el progreso económico y social de los países.

Para la naciente élite de treintañeros, el régimen patrimonialista que saqueó el Estado mediante corrupción y tráfico de influencias es un sistema arcaico que debe cambiarse; por ello está llamada a jugar un rol central en el esfuerzo de darle forma al país que anhelamos. No se trata, claro está, de un grupo homogéneo: existen entre ellos naturales diferencias, rivalidades y ánimos de protagonismo. Pero también tienen entre ellos más aspiraciones e ideas en común que las que tuvieron las generaciones anteriores con sus traumas de guerra y sus desconfianzas viscerales.

Como están bien informados, saben que en el mundo (hoy más accesible que nunca) existen experiencias de cambio exitosas que pueden emularse y, como saben que la corrupción y la debilidad del Estado y sus instituciones les han robado las oportunidades de vivir en una sociedad moderna y próspera, le apuestan decididamente a los beneficios que acarrean las reglas claras, el imperio de la ley y la transparencia. Muchos de ellos ya han tenido ocasión de participar en la función gubernamental y en puestos de elección popular; otros influyen en los tanques de pensamiento existentes o inciden desde las organizaciones de la sociedad civil, algunas creadas por ellos mismos.

Nada garantiza que vayan a tener más éxito que nosotros, los de generaciones anteriores, en construir un mejor país; pero ahora es su turno, inevitablemente. Nos corresponde cederles gradual, pero prontamente, la estafeta. Y aconsejar, acompañar y empoderar a esta nueva generación de líderes más enfocados en los valores y en las ideas, que en los antiguos órdenes e ideologías.

El FMI y la Agenda Legislativa

Aunque para los políticos no sea evidente, las reformas a los sistemas electoral, de servicio civil, de compras gubernamentales, de infraestructura pública, de control del gasto, del sector justicia, etcétera, son fundamentales para activar el aparato productivo y generar empleos duraderos

Dejando por un lado la mal comprendida (por mal explicada) sugerencia de elevar la carga tributaria, realizada por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- en su más reciente evaluación de la economía guatemalteca, es importante tomar nota de las opiniones de estos expertos respecto de las prioridades de política pública para potenciar nuestro desempeño económico y, en consecuencia, de una eventual agenda legislativas que se deriva de tales prioridades.

El principal problema de la economía guatemalteca es, según los expertos, la extremada lentitud en su ritmo de crecimiento que, pese a contar con una sólida estabilidad macreconómica, imposibilita mejorar los niveles de vida y reducir los elevados índices de pobreza. Para revertir este problema resulta esencial aumentar sustancial y rápidamente la inversión –tanto pública como privada-, pero ello no ha sido posible en las últimas décadas debido a una serie de impedimentos estructurales.

En el caso de la inversión privada, tales impedimentos tienen que ver con un débil clima de negocios, deteriorado por la falta de certeza jurídica y agravado por la decreciente confianza de los agentes económicos en un ambiente de fragmentación política e inadecuada gobernanza. La inversión pública, por su parte, es la más baja del continente americano debido, a impedimentos tales como la incapacidad del Estado de movilizar recursos financieros, así como la muy pobre ejecución del gasto que se suma al enorme desperdicio y corrupción en el uso de los recursos fiscales.

Dado que los impedimentos a la inversión y, por ende, al crecimiento económico son de naturaleza institucional, se deduce que las reformas institucionales clave que el país debe emprender implican una serie de reformas legales, las cuales se mencionan explícita o implícitamente en el informe del FMI. Primero, la fragmentación política, y la consecuente dificultad de impulsar políticas públicas favorables al crecimiento, implica la necesidad urgente de una reforma al sistema electoral y de partidos políticos.

Por su parte, la necesaria reforma del clima de negocios conlleva, además de continuar con reformas como las del factoraje o garantías mobiliarias -que el FMI reconoce como logros de la actual legislatura, avanzar con reformas como la de simplificar los procedimientos aduaneros, la de regular los compromisos derivados del Convenio 169 dela OIT (incluyendo las consultas a las comunidades indígenas), la de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones y la de adoptar una ley general de competencia, aspectos que impulsarían la inversión local y mejorarían el atractivo para la inversión extranjera.

En cuanto a la inversión pública, las reformas planteadas por el FMI tienen que ver con mejorar la movilización de recursos, focalizar el gasto público en las áreas prioritarias (lo que implica una adecuada aprobación legislativa del presupuesto anual del Estado) y reformar el marco que rige la infraestructura vial.

Finalmente, tanto para la inversión pública como para la privada, el FMI hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza general, lo cual conlleva, entre otras reformas, la de consolidar el sistema financiero mediante la aprobación de las reformas a la Ley de Bancos, restructurar el sistema de Servicio Civil, mejorar sustancialmente los procedimientos de la Contraloría General de Cuentas, legislar el tema de conflictos de interés en el marco de la Ley de Probidad de los empleados públicos y, crucialmente, fortalecer la integridad del Organismo Judicial a través de mejores procedimientos para el nombramiento de los Jueces y Magistrados. He aquí una agenda legislativa integral para mejorar la economía de Guatemala.

Semana Santa y la Economía Antigüeña

Los servicios públicos (limpieza, orden, información, alojamiento, seguridad, estacionamiento, sanidad, conservación, iluminación, agua potable, etecétera) son esenciales para la convivencia urbana y son cruciales para que las celebraciones populares (como la Semana Santa en La Antigua) cumplan sus propósitos religiosos, sociales y económicos. Las autoridades deben saber que los costos que dichos servicios entrañan no son un gasto, sino una inversión

La Semana Santa en la Antigua Guatemala, aunque en esencia una celebración obviamente religiosa, es en la práctica una manifestación más amplia de arte y cultura que tiene componentes de estética, historia, identidad y simbolismo en muchos sentidos que, además, entraña valores de carácter humano, social y económico. Podríamos decir que es uno de los pilares en los que se cimienta la sociedad antigüeña y, por extensión, la guatemalteca.

La relevancia de esta celebración radica, entre otros factores, en la gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que acuden a la ciudad colonial, atraídos por sus particulares características, entre las que destacan al menos cinco. Primero, las procesiones, con sus elementos artísticos coloniales, que son cargadas por miles de devotos ataviados con túnicas, con diversos accesorios y complementos de vestuario, y con el acompañamiento de bandas musicales. Segundo, las coloridas alfombras de aserrín, flores y frutos, elaboradas por los propios habitantes de la ciudad para el paso de las procesiones.

Tercero, las tradiciones arraigadas en la comunidad, que se han mantenido vivas a lo largo de los años gracias a factores tales como la rica gastronomía de la época o el invaluable trabajo y dedicación de las Hermandades, que son organizaciones de devotos que aportan su trabajo voluntario, a lo largo de muchos meses, a la preparación y realización de las procesiones y demás actos conmemorativos. Cuarto, el escenario que impone La Antigua misma, con su clima benigno y su paisaje natural y arquitectónico único en el mundo. Y, quinto, la accesibilidad de la ciudad para los visitantes nacionales y extranjeros.

Todas esas condiciones llevan a concluir que la Semana Santa en La Antigua Guatemala es un fenómeno cultural y económico de trascendental importancia. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un estudio sobre el valor económico de la Semana Santa antigüeña en el que, aplicando una metodología de cálculo utilizada para cuantificar el producto de diversas expresiones culturales,  se llegó a determinar que ésta llega a generar 165 veces más beneficios que el costo que implica la producción de la celebración: con una “inversión” inicial de poco más de Q4 millones (por parte de las Hermandades, las autoridades y los vecinos), se llega a generar un valor bruto económico de más de Q670 millones durante la semana mayor (montos que aumentan considerablemente cuando se considera la Cuaresma completa).

Para potenciar los beneficios económicos, sociales y culturales de la Semana Santa, es menester que las autoridades municipales y del gobierno central se coordinen adecuadamente con los liderazgos locales (principalmente las Hermandades y los vecinos organizados) para apoyar la infraestructura y la prestación de servicios durante estos días en la Antigua. Por desgracia, en años recientes los servicios públicos de apoyo a esta celebración (y a la generación de ingresos y empleos derivada de la misma) se han deteriorado dramáticamente. Las autoridades locales y nacionales deben saber que esos servicios no son un gasto, sino una inversión de enormes retornos para la ciudad y para el país.

La apuesta debe ser aprovechar al máximo el potencial económico y cultural de la Semana Santa antigüeña, con vistas a lograr un efecto positivo en la preservación de esta herencia cultural que fortalece su orgullo y la identifica local e internacionalmente como un atractivo para el turismo. El desafío es lograrlo en un marco de respeto a la identidad y diversidad del pueblo guatemalteco. Ojalá este año las autoridades estén a la altura de la ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad.

Transporte Pesado en las Ciudades

Para regular la circulación de transporte pesado en los centros urbanos -y, con ello, solucionar una de las principales causas del insoportable tránsito citadino- no hay que inventar en agua azucarada. Basta ver las medidas racionales y efectivas que aplican en otras partes del mundo.

El transporte de mercancías es de vital importancia para la economía de cualquier región y, a pesar de que la demanda por este servicio va en aumento a media que las poblaciones urbanas crecen, las distintas autoridades no le han prestado la necesaria atención a la planificación, diseño, operaciones de los camiones y contenedores, así como de las vías por las que estos deben transitar. Esta falta de regulaciones adecuadas ocasiona aumentos en la congestión vehicular, costosos retrasos y genera riesgos a la seguridad física de las personas, tal como lo atestiguan los trágicos accidentes acontecidos hace pocos días en las afueras de la ciudad capital. Todo ello reduce la productividad de las áreas urbanas y obstaculiza su desarrollo económico.

En Guatemala, al igual que muchos países en vías de desarrollo, el crecimiento poblacional y la tasa de urbanización han avanzado más rápidamente que la oferta de infraestructura y de servicios de transporte. Una gran parte de las vías está deteriorada o sin asfaltar; el creciente tráfico se agrava por la mezcla de diferentes transportes que incluyen desde carretas haladas por personas hasta vehículos motorizados en mal estado. Los barrios marginales, parte del paisaje urbano, tienen necesidades y características de suministro diferentes que otras áreas de la ciudad.

En este escenario resulta esencial establecer medias que minimicen los problemas de congestión, polución e ineficiencia económica generados por el transporte pesado en las áreas urbanas. Ls países civilizados han aplicado con éxito medidas de este tipo, entre las que destacan la segregación de la circulación de camiones en tres ámbitos: las restricciones según el tonelaje de los camiones, la creación de vías especiales, y la limitación de horarios de circulación. Esta última se ha aplicado en la ciudad de Guatemala para forzar la circulación de camiones en horarios pico y así reducir la congestión.

Pero las medidas de restricción de horarios deben complementarse con otras como la prohibición (o al menos el cobro de peajes) de circular o estacionar en ciertas calles: cualquiera que haya visitado un país desarrollado habrá podido ver que ni siquiera los camiones medianos –mucho menos los contenedores- circulan por la ciudad, además de que aplican restricciones al estacionamiento, así como horarios estrictos para hacer fletes o repartir productos. Algunas ciudades han empezado a explorar la creación de carriles exclusivos para camiones, separándolos del resto del tráfico, con el propósito de reducir el tiempo de viaje, mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema, y reducir las emisiones en el movimiento de bienes en áreas urbanas.

Otras medidas más convencionales, aún ausentes en Guatemala, tienen que ver con la segregación del transporte según el tonelaje del vehículo. En las ciudades avanzadas los contenedores se quedan estacionados en grandes terminales específicas ubicadas en las afueras del área urbana, y la distribución de mercaderías se hace en camiones de bajo tonelaje. Solo excepcionalmente se permite a grandes camiones transitar (en horas de la madrugada) con permisos especiales.

Para aplicar estas medidas (normales en otras latitudes) hace falta un profundo cambio que actualice el confuso marco regulatorio del tránsito de vehículos y del ordenamiento urbano en el país. Hoy carecemos de instituciones y autoridades con un mandato preciso en la materia. El desorden prevaleciente está teniendo no solo enormes costos económicos y de bienestar para los habitantes de la ciudad sino que, lo que es peor, está costando valiosas vidas de guatemaltecos.

Combate a la Corrupción y Crecimiento Económico

El combate a la corrupción debe ser entendido como una primera fase de la transición hacia un Estado de Derecho, que necesariamente debe ser complementada con una fase de profundas reformas institucionales. Si no se da este complemento, la transición no tendrá rumbo y sus potenciales beneficios económicos se perderán.

Existen dos narrativas contrapuestas respecto del impacto que el combate a la corrupción puede tener en el desempeño económico del país. Una afirma que los numerosos casos de persecución penal que se han generado desde abril de 2015 en contra de la corrupción y otros delitos similares tienen paralizado no solo el gasto gubernamental, sino también han paralizado las decisiones de inversión privada y dañado el crecimiento económico. La otra sostiene, por el contrario, que la corrupción es intrínsecamente perversa, por lo que su combate y erradicación solo pueden ser positivos para la economía.

Efectivamente, en el largo plazo un país que reduce exitosamente sus niveles de corrupción tendrá, sin lugar a dudas, un mejor desempeño económico. Una economía corrupta no puede funcionar correctamente porque la corrupción impide el funcionamiento adecuado de las leyes económicas naturales y socava la confianza ciudadana en el gobierno, que es incapaz de cumplir su tarea fundamental de proveer servicios públicos esenciales y un entorno propicio para la empresa privada, lo que daña a la sociedad entera: según el Banco Mundial, el ingreso per cápita en los países con altos niveles de corrupción es alrededor de un tercio del de los países con bajos niveles de corrupción.  

Sin embargo, en el corto plazo una política masiva de persecución a la corrupción puede ralentizar el crecimiento económico debido a que, en un país como Guatemala, con instituciones sumamente débiles e ineficientes, la corrupción llegó a convertirse, desgraciadamente, en un “lubricante” para el funcionamiento de la maquinaria gubernamental; de manera que, en una primera instancia, la política de combate a la corrupción puede entorpecer la operación del corrompido sistema estatal.

Además, ante un sistema judicial repleto de taras e ineficiencias, la persecución penal contra funcionarios y empresarios involucrados en actos ilícitos -que, dicho sea de paso, antes eran considerados “normales”-  trastoca el modus operandi de muchas transacciones económicas, lo cual, aunado a la ausencia de políticas públicas de largo plazo (y de liderazgos) que den un norte sobre el futuro económico del país, genera un clima de incertidumbre y pesimismo que se manifiesta en la posposición de decisiones de inversión y de consumo. Los índices oficiales de producción, de otorgamiento de crédito y de confianza en la economía están en niveles muy bajos desde 2016, a pesar de las condiciones favorables de la economía mundial.

Por ello es de crucial importancia que la lucha contra la corrupción iniciada en 2015 tenga un propósito de largo plazo, y que se acelere la transición que nos lleve de un Estado ineficiente e impune a un Estado democrático de derecho lo antes posible. Para darle sentido a la transición que estamos viviendo, es esencial complementar el combate a la corrupción con una reforma institucional profunda en temas como el servicio civil, el sistema estatal de compras, el sector justicia y el sistema electoral.

Y, para acelerar la transición, es necesario aplicar medidas que faciliten, descongestionen y humanicen los procesos penales. Entre tales medidas destacan varias que están en proceso de discusión o aplicación, como la regulación de la aceptación de cargos, la redefinición (ordenada por la Corte de Constitucionalidad) del delito de financiamiento electoral, la regulación adecuada de la prisión preventiva, o la aplicación de los brazaletes para la detención domiciliar. Tanto estas medidas de facilitación judicial, como la indicada agenda de reformas institucionales, deberían ser una prioridad en este momento histórico. Falta, por el bien del país, que las élites políticas así lo comprendan.

El Cometa Haley

La fugaz visita de la embajadora estadounidense dejó mensajes (y secuelas) importantes

La fugaz visita de la embajadora de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, a Honduras y Guatemala la semana anterior, se produjo en un entorno de incertidumbre política y económica en ambos países y, tratándose de la enviada especial del Presidente Donald Trump, levantó expectativas respecto de los motivos de fondo que obligaron a la embajadora a distraer su ocupada agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU para dedicar unas horas de su tiempo a visitar estos dos convulsos países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para comprender las presumibles razones de su visita, conviene revisar que las prioridades de la agenda de los Estados Unidos para estos países, incluyendo especialmente Guatemala, se han centrado claramente en años recientes en tres temas fundamentales: el narcotráfico y sus flujos financieros; la migración ilegal –incluyendo la masiva migración de menores indocumentados; y, las seguridad regional y sus instituciones. El objetivo es evitar que los países del Triángulo Norte nos convirtamos en estados fallidos que sean terreno fértil para actividades terroristas y, por ende, una amenaza grave para la seguridad nacional estadounidense.

La agenda estadounidense no solo está explícitamente plasmada en la estrategia oficial del Departamento de Estado hacia Centroamérica (https://www.state.gov/p/wha/rt/strat/index.htm), sino que forma parte de un acuerdo bipartidista (republicano-demócrata) explicitado en el propio presupuesto gubernamental (Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 a 2017). Para minimizar los riesgos de que Guatemala, Honduras y El Salvador se conviertan en amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, la referida agenda señala como principales caminos, por un lado, la lucha en contra de la corrupción y en pro de construir un estado de derecho y, por otro, la inversión social (particularmente en las áreas más deprimidas del país) para contener la migración ilegal.

No es de extrañar que estos temas hayan sido precisamente sobre los cuales la embajadora Haley (una estrella creciente en la filas del Partido Republicano) hizo hincapié durante su visita a Guatemala. Aunque algún analista haya afirmado que el rango de la funcionaria es demasiado alto y sus funciones demasiado específicas como para creer que su principal objetivo haya sido venir a dejar un mensaje a las autoridades gubernamentales y a otros líderes del país, sería muy ingenuo negar que, efectivamente, la visita de la embajadora dejó un mensaje muy preciso, que puede resumirse en tres temas.

Primero, que es menester garantizar que la elección de Fiscal General sea transparente y que los seleccionados por la Comisión de Postulación sean personas comprometidas con las prioridades antes mencionadas. Segundo, que las fuerzas de seguridad deben renovar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo el ejercido por las maras, pues estas actividades constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y, tercero, reiterar el apoyo firme del gobierno estadounidense a la lucha contra la corrupción, como política global, haciendo explícito el respaldo a CICG y al Comisionado Iván Velásquez.

El mensaje está claro y conviene tomar nota. Aunque admitirlo nos resulte molesto, y por parcial e incompleta que sea la agenda, las consecuencias de no satisfacer los requerimientos planteados por la embajadora Haley en su fugaz visita pueden ser negativas no solo para las relaciones entre ambos países, sino –como inevitable consecuencia- para el ambiente político guatemalteco y para el funcionamiento del aparato productivo nacional, en perjuicio de todos los guatemaltecos.