Para Progresar Hay que Reformar

La mejor agenda de reactivación económica que podamos imaginar tiene como componentes clave las medidas de fortalecimiento institucional que permitan que el Estado provea los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad y el clima de negocios

La mejor -si es que no la única- manera de aumentar el bienestar y reducir la pobreza es mediante el crecimiento económico sostenido e incluyente. Pero este tipo de crecimiento se ve obstaculizado en nuestro país por la insuficiente e inadecuada provisión de bienes públicos básicos, que son esenciales para mejorar la productividad de la economía (pues sin un aumento de la productividad es imposible acelerar la producción de bienes y servicios).

Cualquier proceso de producción requiere insumos; una gran parte de tales insumos los proporciona el mercado en el ámbito privado, pero otros deben ser provistos por el Estado. Por ejemplo, una industria farmacéutica o una alimenticia (como las plantas que en los años setenta del siglo pasado se instalaron en Guatemala, pero que se trasladaron en años recientes a plazas más atractivas como Panamá o Costa Rica) es más viable y valiosa si cuenta con insumos públicos tales como una infraestructura de comunicaciones, una agencia reguladora confiable (no corrupta) para el control de calidad, o un buen sistema de seguro social.

Cualquier otro ejemplo que a uno se le ocurra para que un emprendimiento privado sea exitoso y competitivo, requiere de que el ambiente económico, político y social sea propicio para hacer negocios, lo cual implica la presencia de bienes públicos esenciales: seguridad, impartición de justicia, carreteras, capital humano educado y saludable (física y psicológicamente), paz social, etcétera. Insumos como estos están dados por un Estado funcional, con un marco legal estable y con instituciones fuertes y eficientes.

Por desgracia, el Estado guatemalteco ha sufrido tal deterioro institucional en los últimos lustros (en gran parte por culpa de la omnipresente corrupción generada por el voraz sistema político patrimonialista) que cada vez es menos capaz de proveer los bienes públicos esenciales para que el aparato productivo funcione. La ingente necesidad de fortalecer las instituciones del Estado es una conclusión en la que coinciden diversas y calificadas opiniones que bien vale la pena escuchar.

Esa conclusión la sostienen los empresarios encuestados para la elaboración del índice Doing Buisiness, quienes mayoritariamente achacan la dificultad para hacer negocios en el país a factores eminentemente institucionales, tales como la inseguridad, la corrupción, la ineficiencia gubernamental y la falta de infraestructura. También la sostiene la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que recientemente evaluó el país y que identificó una serie de desafíos en materia de reforma institucional, necesarios para mejorar el desempeño económico. Y también la sostienen los reportes de las calificadoras de riesgo-país, que afirman que para mejorar su calificación, Guatemala debe fortalecer sus instituciones y mejorar sustancialmente la manera en que el gobierno utiliza sus escasos recursos financieros.

De tal manera que las reformas del sistema político, del sistema de justicia, del sistema de servicio civil, del sistema de control del gasto público, del sistema de compras y de contratación de obra pública, o de los sistemas de educación y de salud pública se erigen como las piezas clave de un programa de desarrollo económico sostenible e incluyente para Guatemala. Esas reformas son indispensables para darle un propósito de largo plazo a los actuales esfuerzos de combate a la corrupción, así como para recuperar a mediano plazo la confianza ciudadana en la integridad y en la utilidad del sector público. Si esa confianza no se recupera, seguirá ensanchándose la brecha que separa a la ciudadanía de las instituciones republicanas y abonándose el campo para que germine y crezca el populismo.