Reforma Tributaria ¿Desperdiciada?

La insuficiencia de ingresos de la que se queja el gobierno, no se debe a que haya fracasado la reforma tributaria

Desde muy temprano en su gestión, en marzo del año pasado, el gobierno logró una muy expedita aprobación por parte del Congreso de un paquete de reformas tributarias. Dichas reformas se centraban en aumentar la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta –ISR-, particularmente en cuanto al ISR de las empresas, para lo cual que incluyó medidas de aumento gradual del porcentaje sobre la renta bruta (de 5% a 7%), una reducción gradual en la tasa sobre el ingreso neto (de 31% a 25%), y algunas medidas de control sobre sus distintas fuentes de ingreso. La reforma tributaria también incluyó cambios al ISR de las personas (incluyendo la reducción del monto del IVA acreditable al ISR), la introducción de un impuesto de 5% sobre dividendos y  alzas importantes al impuesto sobre la circulación de vehículos.

Pese al éxito político que significó la pronta aprobación de estas reformas, las prisas excesivas del proceso se tradujeron en una serie de complicaciones y confusiones operativas que dificultaron su puesta en práctica. Por ejemplo, el reglamento de aduanas sorprendió desprevenida a la mismísima SAT y, al día de hoy, la ley aduanera sigue pendiente de ser actualizada. También generó confusión la precipitada entrada en vigencia de los cambios de procedimiento en la recaudación del IVA para las pequeñas empresas. A la luz de las críticas y dificultades de interpretación de las reformas, el gobierno tuvo que decretar una amnistía y dar marcha atrás en algunas medidas (como el impuesto de circulación de vehículos), lo cual representó un retroceso en las aspiraciones recaudatorias del gobierno.

Evidentemente, la estrategia de enviar “en paquete” un conjunto de leyes puede tener sus méritos políticos de corto plazo, pero es técnicamente anómala y sus resultados son, a fin de cuentas, contraproducentes. Prueba de ello son las leyes relacionadas con mejorar la transparencia en el gasto público que han estado estancadas en el Congreso desde hace más de un año y que son, como veremos a continuación, el complemento indispensable para que cualquier reforma tributaria tenga alguna posibilidad de éxito.

Pero, a pesar de las dificultades auto-infligidas, la reforma tributaria no puede ser catalogada como un fracaso. Al contrario, pese a lo que algunos críticos e incluso el propio gobierno (agobiado porque los ingresos tributarios no fluyen como lo esperaba) sostienen, las cifras puras y duras demuestran que las reformas al ISR aprobadas en 2012 han sido exitosas. En efecto, hasta el mes de julio del presente año, la recaudación de ISR había crecido a un ritmo sobresaliente de 24% por encima de lo recaudado a la misma fecha del año anterior. De esta cifra, digamos que un 8% se explica por el crecimiento nominal de la economía, por lo que el resto (16%) es atribuible al efecto derivado de la reforma tributaria del año pasado y que tuvo su pleno impacto en el presente año.

Gran parte de ese éxito refleja la mayor cantidad de impuestos pagados por las empresas. El sector empresarial debería tener con ello un argumento irrefutable para afirmar que ha cumplido con su parte de la reforma tributaria pero que, según lo indican el resto de cifras fiscales, el gobierno está muy lejos de cumplir con la suya: a pesar del aumento en la recaudación de ISR, el resto de impuestos se ha comportado desastrosamente. ¿Por qué?

Por las aduanas. La insuficiencia de ingresos tributarios de la que se queja el gobierno no se debe a que haya fracasado la reforma tributaria, sino al enorme agujero que se vislumbra en la recaudación de impuestos asociados a las importaciones: lo recaudado al mes de julio por concepto de IVA sobre importaciones no ha crecido nada en comparación al año anterior, pese a que las importaciones están creciendo a un ritmo de 4% anual. Peor aún, la recaudación por aranceles se ha caído en un escandaloso 25% en lo que va del año.  

Algo muy malo debe estar pasando en las aduanas para que se haya producido tal desastre recaudatorio. Y por eso urgen acciones fuertes en contra de la evasión y el contrabando, dentro de un esfuerzo más amplio de combate a la corrupción y a la ineficiencia del gasto público. Si no se producen avances concretos en materia de transparencia, cualquier reforma tributaria terminará siendo un lamentable desperdicio.

La Incapacidad de Dialogar

Pareciera que en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta

Hace algunos días un amigo y mentor me envío una columna de Arturo Pérez-Reverte que me pareció sencillamente fascinante. Aunque dirigida por el escritor y periodista español al público ibérico, la columna (titulada Conmigo o Contra Mi) que critica el triste estado del sistema político y –especialmente- el alto grado de responsabilidad que los propios ciudadanos tienen en el deterioro de dicho sistema, es absolutamente aplicable y relevante al caso de Guatemala.

El escepticismo sobre el futuro del sistema político y el desencanto con la “casta parásita que nos gobierna” es atribuible, según al autor, a la ignorancia y abulia política de los propios gobernados, que los convierte en ovejitas indefensas en manos de los viejos lobos políticos. Sin una participación activa ni decisiones educadas por parte de los ciudadanos, no habrá democracia plena aunque haya elecciones periódicas. Además, el sistema actual no soluciona los asuntos de estado mediante el diálogo y el debate de argumentos serios, sino que –casi por instinto- recurre a la descalificación, al enfrentamiento visceral, a la polémica teatral. Y así, no hay manera de que las decisiones políticas se basen en el sentido común ni que procuren el bien común.

La incapacidad de debatir es igual de grande que la tendencia a encasillar ideológicamente al oponente. Pérez-Reverte da ejemplos concretos de esta tendencia en España, pero igualmente se pueden encontrar para Guatemala. Si alguien opina que Árbenz perdió el control de la Revolución del 44 al confiar ciegamente en los comunistas, no encontrará argumentos respecto a si confió o no confió en ello, sino furibundas críticas que, aderezadas con el infaltable ataque contra la oligarquía criolla, tildarán de fascista y genocida a quien así osó opinar. O si opina que la Revolución de 1871 cometió enormes abusos contra los indígenas y contra la Iglesia Católica, el opinante será acusado de rechazar al glorioso ejército nacional o de ser un cachureco irredento.

Pareciera además que, al igual que Pérez-Reverte lo percibe para España, en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta, de militar en algún bando ideológico o en un grupo de interés. Y desde el “juicio por genocidio” se ha acentuado esta inclinación en encasillar en el bando enemigo a quien sea discrepe: sos rojo o sos crema. Qué importa si sos probo, detestás la corrupción y está dispuesto a combatirla; y qué importa si creés que la impunidad se combate con el imperio de la ley, aplicado por parejo a todos; y qué importa si creés que la desnutrición crónica infantil es la peor vergüenza que podamos sentir los guatemaltecos, y actuás en consecuencia. Me vale. Si sos del bando contrario, sos mi enemigo y cuanto digás carece de validez.

Con esas actitudes resulta fácil entender la Guerra Civil. La de España, según Pérez-Reverte; pero quizá también la guatemalteca. Según el escritor, los abusos y crímenes que ambos bandos cometieron en el conflicto de 1936-39 ya no son repetibles, pero la pulsión vil de destruir sin misericordia al adversario permanece en el inconsciente colectivo español. En el caso de Guatemala uno podría ser, incluso, menos optimista: los abusos y crímenes extremos son aquí algo real y presente. Un nuevo conflicto interno violento es algo más que un riesgo.

Ojalá que este autodestructivo clima de desconfianza pueda cambiar. Quizá, como Pérez-Reverte lo diagnostica para su país, la solución pase por reconocer una historia conflictiva y enseñarla correctamente a las nuevas generaciones para que –a diferencia nuestra- la asuman, desde las guerras intestinas antes de la Conquista, hasta el abuso y la explotación de después, pasando por revoluciones y contrarrevoluciones excluyentes, dirigidas por grupos de interés y líderes de poca calidad moral. Y pasa también, como en España, por tener dirigentes políticos lúcidos, probos y dispuestos a decir la verdad sobre el país que hemos construido.

En ausencia de líderes internos que llamen a la conciliación, conviene escuchar el reciente llamado a la paz, a la tolerancia y al diálogo del Papa Francisco (http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013). O reflexionar, a la luz de la situación guatemalteca, el artículo de Pérez-Reverte (http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso).

Tipo de Cambio y Nerviosismo

Pese al nerviosismo (injustificado) que ocasionó la semana pasada, el reciente aumento del tipo de cambio es simplemente normal y su magnitud, relativamente pequeña

En el último par de semanas abundaron las noticias que reportaban un alza en el tipo de cambio y las reacciones de inquietud por parte de algunos empresarios y políticos al respecto. El alza en el precio del dólar (que subió en agosto de Q7.84 a Q7.97), la primera que se produce en forma sensible en lo que va del año, aunque no fue realmente de una magnitud significativa, sí generó noticias y nerviosismo.

Sin embargo, tanto las noticias como el nerviosismo resultan francamente exagerados a la luz de las circunstancias que rodean el comportamiento cambiario reciente. Por un lado, a lo largo de los primeros siete meses del año el tipo de cambio ha permanecido extremadamente estable (excepto por una levísima apreciación ocurrida en las primeras semanas del año), por lo que es simplemente normal que –por fin- tenga algún movimiento; además, el tipo de cambio en Guatemala tiene una cierta estacionalidad que hacía prever, de cualquier modo, que habría algún alza en el valor de dólar a partir de agosto.

Por otro lado, los movimientos de capitales alrededor del mundo están mostrando una tendencia generalizada (aunque aún no se sabe si permanente) de un regreso de los capitales desde las economías emergentes hacia los Estados Unidos. El anuncio del banco central de ese país (la Reserva Federal) de un posible cese –en un futuro sin precisar- de su política monetaria expansiva ocasionó alzas en las tasas de interés estadounidense y una consiguiente llegada de capitales proveniente del resto del mundo, incluyendo posiblemente desde Guatemala, lo cual en algo habrá contribuido al reciente movimiento del tipo de cambio quetzal-dólar.

Los dos factores comentados explican que el reciente aumento del tipo de cambio es simplemente normal, pero también hay que indicar que la magnitud de aumento ha sido muy pequeña. De hecho, hace un año, el tipo de cambio era de Q7.96 por dólar, es decir que en un año la depreciación es de apenas un centavo o 0.1%. En contraste, y a manera de comparación con otros países con regímenes cambiarios similares al guatemalteco, la depreciación de sus respectivas monedas en el mismo periodo de tiempo ha sido de 5% en Colombia, 6% en Chile, 7% en Perú y 12% en Brasil.

En estos países, como en todos aquellos que manejan tipos de cambio flexibles, las fluctuaciones cambiarias no sólo son mucho más frecuentes sino que mucho más pronunciadas que las que vemos en Guatemala, por lo que los agentes económicos están habituados a este tipo de variaciones y han aprendido a diversificar las monedas en sus operaciones financieras y a realizar las coberturas cambiarias que les permitan minimizar los riesgos de pérdidas por las fluctuaciones cambiarias.

En Guatemala, en cambio, los agentes económicos se han malacostumbrado a un tipo de cambio muy estático por muchos años y, equivocadamente, creen que una moneda fuerte es el reflejo de una economía sana.  Como sociedad, deberíamos entender que, si tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, es para que éste fluctúe (para arriba y para abajo) y los empresarios deberían hacer uso de los instrumentos que el mercado de futuros les ofrezca para protegerse de dichas fluctuaciones.

Para que el tipo de cambio sea en verdad flexible es necesario, por un lado, que el Banco de Guatemala relaje la regla de participación que actualmente aplica para comprar y vender divisas, pues la misma ha creado un ambiente de poca tolerancia ante la normal volatilidad del tipo de cambio y ha impedido que se desarrolle un mercado cambiario más profundo, líquido y activo. La segunda es que dicho mercado incluya un componente de productos derivados y a futuro para que los participantes se protejan ante los riesgos de fluctuaciones cambiarias.

Las autoridades y el público deberían perderle el temor a la flexibilidad del tipo de cambio, pues la misma ha mostrado su utilidad en otros países que, como el nuestro, privilegian la estabilidad de precios internos. Eso sí, para que el sistema de tipo de cambio flexible funcione, para que se aprovechen sus virtudes y se minimicen sus riesgos, la política económica en general, y el área fiscal en particular, deben evitar excesos (como por ejemplo, elevados déficits fiscales o niveles insostenibles de deuda pública) que amenacen la estabilidad de la moneda.

Paráfrasis de un Sueño

El 28 de agosto de 1963 se pronunció una de las alocuciones más célebres de la historia contemporánea. Me aventuro a elucubrar qué habría dicho Martin Lugher King si, en vez de ser el líder espiritual de la minoría afroamericana de Estados Unidos ese año, fuese el líder de un grupo víctima de la exclusión en la Guatemala actual. A sus 50 años, el discurso del reverendo King aún puede inspirar sentimientos de esperanza y de conciliación social... incluso entre nosotros 

En 1985, inspirados por el clamor ciudadano de vivir en una democracia y de poner fin al enfrentamiento fratricida, los representantes electos por el pueblo plasmaron en la Constitución de la República que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; que deben tener iguales oportunidades y responsabilidades; que el estado, cuyo fin supremo es la realización del bien común, debe proteger a la persona y a la familia; y, que los guatemaltecos deben guardar una conducta fraternal entre sí.

Pero casi un cuarto de siglo después, debemos enfrentar el hecho trágico de que la igualdad de oportunidades es un espejismo lejano, que el estado no brinda protección a sus ciudadanos ni procura el bien común, y que la desconfianza y el recelo mutuos –contrarios a la conducta fraternal- definen las relaciones entre los guatemaltecos. Las promesas de la Constitución son el pagaré de una deuda que el pueblo ansía cobrar sin más demoras.

Los injustificables niveles de desnutrición infantil, la falta de oportunidades de empleo, la debilidad de nuestras instituciones políticas, de seguridad y de justicia, y la escandalosa corrupción en el manejo de la cosa pública, son todos factores que deprimen las posibilidades de un futuro mejor y que amenazan con perpetuar la sensación de frustración y desesperanza que invade hoy a los guatemaltecos.

No, no podemos estar satisfechos hasta que estas realidades dolorosas cambien. Pero tampoco podemos dejarnos vencer por el pesimismo: los guatemaltecos somos veteranos de la angustia creativa y nos hemos sobrepuesto muchas veces (sobre crisis, terremotos, dictadores y desastres), trabajando con la fe puesta en el poder redentor del sufrimiento inmerecido. Y con base en esa experiencia debemos ser capaces de creer que la situación actual puede cambiar y, sin dejar de ser realistas, soñar esperanzados en una Guatemala mejor.

Podemos soñar que un día el estado cumplirá su misión constitucional  de “garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Soñar que un día en los verdes llanos de Urbina, cerca de Xelajú, los hijos de los guerreros quichés y los hijos de los soldados castellanos y de sus aliados nahuas serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.

Podemos soñar que un día todos los territorios del país, incluyendo rincones como Camotán y Jocotán, hundidos hoy en un oprobioso abandono y en una hambruna inexcusable, se transformarán en oasis de justicia, abundancia y bienestar. Soñar que nuestros hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel ni por el dinero que posean, sino por el contenido de su carácter, por su honradez, su intelecto y su bondad. Soñar que un día el ser corrupto, ladrón o ventajista no será una aspiración política ni una causa de vanagloria, sino un motivo de vergüenza familiar, de escarnio público y de proceso penal.

Podemos soñar. Debemos soñar. Soñar como el profeta (Isaías 40, 4-5) para “que se eleven todos los valles, y las montañas y colinas se abajen; que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria de Dios y la verán juntos todos los hombres”. Esa es nuestra esperanza, que refleja el profundo anhelo de los guatemaltecos de vivir en libertad, igualdad y fraternidad; anhelo que surge de esta tierra anegada en una  sangre que no cesa de manar, dividida aún por la desconfianza, la descalificación, la exclusión y la discriminación mutuas. El día que ese anhelo se cumpla, ese día podremos cantar, sin sentir vergüenza, el hermoso himno de Alcántara: “Es mi bella Guatemala un gran país que en la América del Centro puso Dios; es su suelo paraíso do anida la paz, ¡la libertad!”.

Cuando permitamos que aniden –y prevalezcan- entre nosotros- esa paz y esa libertad; cuando erradiquemos el rencor y la desconfianza; cuando luchemos juntos por generar prosperidad, igualdad de derechos y de oportunidades; ese día, todos los hijos de Dios y de esta tierra; mayas, ladinos, garífunas y xincas; protestantes, católicos o irreligiosos; acoplados en nuestra diversidad, podremos caminar hacia un destino común y exclamar: ¡Unidos, por fin! ¡Hermanos, por fin! ¡Guatemaltecos, por fin!

Errores Históricos

No hay política monetaria exitosa sin el apoyo de una política fiscal disciplinada. Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre la Historia Monetaria de Latinoamérica que tuvo lugar en Bogotá, organizado por el Liberty Fund, donde se analizó la evolución y experiencias de las instituciones monetarias en varios países de la Región a lo largo de 150 años. Algunas de esas experiencias llaman la atención sobre graves errores de política pública que bien vale la pena tener presentes porque pueden guardar lecciones útiles para nuestra realidad actual.

Muchos de esos errores –si es que no todos- tienen que ver con decisiones de naturaleza fiscal que, eventualmente, ocasionan distorsiones y crisis en el área monetaria. En Chile, por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra Mundial se produjo una escasez aguda de divisas debido a que la industria del salitre, que representaba una proporción excepcionalmente alta de las exportaciones, se vio afectada por abrupta caída de la demanda mundial. El fisco chileno decidió apoyar mediante préstamos a la industria salitrera para que mantuvieran (artificialmente) su nivel de producción.

Para otorgar esos préstamos, el fisco emitió cantidades cada vez mayores de “vales de tesorería”, que se convirtieron paulatinamente en medios de pago que, inevitablemente, alimentaron una inflación indeseable que perduró entre 1919 y 1925. Este fue un caso típico en que una decisión fiscal, adoptada para favorecer a una industria particular, tenía consecuencias negativas sobre la mayoría de la población afectada por la inflación.

De manera similar, en Brasil, entre 1906 y 1912, el gobierno decidió que los productores de café necesitaban del apoyo estatal para superar una crisis generada por precios bajos; aprovechando la posición dominante del país como principal productor mundial de café, el Estado adquirió un préstamo externo por millones de libras esterlinas para retirar del mercado la producción de café y, así, elevar artificialmente sus precios internacionales.

Aunque fue efectiva en cuanto a beneficiar a los caficultores, esta medida de apoyo gubernamental provocó un súbito aumento en la oferta de dinero doméstico (debido al ingreso de divisas del empréstito externo) que, inevitablemente, ocasionó presiones inflacionarias. De nuevo, el beneficio fiscal para un sector particular provocaba un daño a la mayoría de la población.

Un ejemplo aún más espeluznante lo encontramos en Argentina, 1946, cuando el país sufría uno de sus ya recurrentes episodios inflacionarios. Haciendo gala de ingenio, el recién inaugurado presidente Perón decidió aplicar una solución drástica: incautó todos los depósitos bancarios; los bancos debieron registrar a nombre del Banco Central todos los depósitos de sus clientes; el Banco Central se convirtió en una dependencia de la presidencia de la República; y, se prohibió a los bancos efectuar préstamos sin autorización previa del Estado. Esa política redujo, claro está, la inflación, pero a costa de destruir completamente el sistema financiero y el flujo de crédito para la producción. Inevitablemente, Perón tuvo que dar marcha atrás tres años después.

Aunque estas experiencias parecen extremas, no está de más tenerlas presentes para evitar cometer errores parecidos en Guatemala. Vale la pena recordar que en nuestro país, aunque hemos logrado mantener unas condiciones monetarias remarcablemente estables desde hace un par de décadas, tenemos un sistema monetario que requiere de determinadas condiciones para seguir manteniendo la estabilidad. El régimen de libre negociación de divisas –vigente desde 2002, y que también fue objeto de análisis en el coloquio de Bogotá- implica que en el momento en que el público llegue a perder la confianza en la moneda nacional, la estabilidad que hemos disfrutado todo este tiempo empezará a desmoronarse.

Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país. Por esta razón, entre otras, es que resulta tan fundamental mantener el déficit fiscal bajo control y evitar aumentos abruptos en la deuda pública (vía emisión de bonos no presupuestados, por ejemplo), especialmente ahora que las condiciones de abundante liquidez en los mercados internacionales que vivimos en el último quinquenio, amenazan con empezar a revertirse más temprano que tarde.

La Contraloría en su Laberinto

La oposición de la Contraloría de Cuentas a las modificaciones a su Ley Orgánica podría impedir que se apruebe cualquier reforma a dicha ley. Sin embargo, han tenido eco en la opinión pública, quizá debido a que la desconfianza que inspira un dictamen respaldado por el partido de gobierno es mayor que la que despierta una muy ineficiente Contraloría.

 Tenemos una Contraloría General de Cuentas –CGC- con una asombrosa inclinación a rehuir de sus responsabilidades. Dice no poder auditar las obras que han generado la vergonzosa “deuda de arrastre” (las cuales amenazan con costarle Q3,500 millones a las futuras generaciones de guatemaltecos), pese a que el Ministerio de Comunicaciones pregona tener un listado de las mismas.

También dice la CGC que no puede fiscalizar los fideicomisos que ejecutan obra pública, con todo y que manejan multimillonarias sumas de dinero proveniente del erario público, tanto a nivel de gobierno central como municipal. Tampoco se responsabiliza la Contraloría por la fiscalización de las obras que realiza una miríada de ONGs por delegación del gobierno, los consejos de desarrollo y las municipalidades. Ni siquiera se ha sabido de algún informe de la CGC que revele cómo se han empleado los millones de quetzales que, por años, los contribuyentes de todo el país hemos regalado a los transportistas urbanos de la Capital.

Estos son, apenas, unos ejemplos evidentes de la calidad de ente fiscalizador que tenemos en Guatemala. Y, con semejantes credenciales, viene ahora la máxima autoridad de la Contraloría a decirnos que si el Congreso osa cambiarle su Ley Orgánica de manera diferente a la que ella quiere, que mejor entonces “cierren la Contraloría”… como si hubiese estado operando eficientemente estos años.

El alboroto que armó la contralora en torno al dictamen de la Comisión de Legislación que –supuestamente- debilita las capacidades fiscalizadoras de la CGC, hizo (pese a la baja credibilidad de esta institución) que varios columnistas y editorialistas mordieran el anzuelo y repitieran en coro las quejas de la contralora, sin analizar la consistencia de las mismas; esta curiosa reacción se explica porque quizás la desconfianza que inspira un dictamen respaldado por el partido de gobierno es mayor que la que despierta la opinión de una Contraloría tan cuestionada.

Pero cuando se analiza objetivamente el referido dictamen en lo concerniente a las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría, lejos de apreciarse un conjunto de normas que mermen sus capacidades, se ve un grupo de reformas tendientes tanto a fortalecer la función fiscalizadora de la CGC respecto de todos los activos, pasivos, derechos, ingresos y egresos de todas las entidades que conforman el Estado, como a fortalecer la figura del Contralor dotándolo de mejores condiciones para ejercer su función de manera independiente.

El dictamen contiene reformas que mejoran la especificación de los objetivos de la CGC conforme a su mandato constitucional; que amplían sus atribuciones y competencias para que pueda fiscalizar a ONGs, organismos internacionales, fideicomisos y cualquiera que administre fondos públicos; que fortalecen la independencia del Contralor respecto del poder político; que fortalecen la profesionalización del recurso humano en la CGC; que obliga a la CGC a hacer público el resultado de su fiscalización, pero que también la dota de plenas facultades para el ingreso ilimitado y sin restricciones a cualquier entidad fiscalizada; que la obligan a evaluar la obra pública en cualquier etapa de su ejecución; y, que crea la falta de “resistencia a la fiscalización” para cualquier funcionario que obstaculice las labores de la CGC.

Seguramente hay algunos aspectos a fortalecer en el dictamen (como el tema de las multas y sanciones) pero, por lo demás, lo que parece molestar a la contralora es que se le quite su facultad de utilizar discrecionalmente (como lo ha hecho hasta ahora) los recursos provenientes de las arbitrarias multas que suele imponer a discreción y que han servido para otorgar prebendas, bonos y beneficios –sin control alguno- a sus trabajadores.

En lo que podrían tener razón la contralora es en que quizá debió haber habido más debate en el seno de las comisiones legislativas, en torno a unas propuestas de reforma que son positivas y que buscan fortalecer a la CGC. Pero oponerse a tales reformas sólo porque sí, únicamente contribuye a que se siga posponiendo el urgente fortalecimiento institucional que permita combatir el cáncer de la corrupción que carcome a todo el Estado y amenaza al sistema democrático: exactamente lo que anhelan las fuerzas más oscuras del país.

El FMI Nos Supervisa

El Fondo Monetario Internacional evalúa sistemáticamente el desempeño económico de Guatemala. En su más reciente revisión recomienda reducir gradualmente el déficit fiscal y erradicar de manera ordenada y transparente la “deuda flotante”

Con base en el artículo IV de su Convenio Constitutivo, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó su consulta bilateral de cada año con Guatemala en mayo pasado, publicándose el correspondiente reporte el 9 de julio, donde señala aspectos positivos y negativos de la economía y de las políticas económicas del país. Entre los temas positivos, destaca que el desempeño económico ha sido sólido desde la crisis mundial de 2009, que la producción ha convergido hacia su nivel potencial, que la inflación está bajo control, que la política macroeconómica sigue siendo prudente, y que el sistema bancario se ha fortalecido.

El panorama económico en el corto plazo es relativamente benigno: el FMI espera que el crecimiento económico suba a 3.5% (su tasa potencial) en 2014, apoyado en el consumo privado y el crédito bancario. La inflación se mantendría cercana al límite superior del rango meta para 2014. El déficit de la balanza de pagos se reduciría gradualmente hasta un nivel de 2.5% del PIB, fácilmente financiable mediante los flujos de crédito e inversión extranjera.

Sin embargo, el reporte también señala debilidades estructurales y coyunturales. Del lado estructural, el FMI indica que el potencial de crecimiento económico es excluyente y con pocas posibilidades de aumentar sosteniblemente en el largo plazo, debido a la baja inversión en capital físico y humano, a la debilidad de las instituciones del Estado, y a la inseguridad. Del lado coyuntural, el Fondo destaca la vulnerabilidad de la economía nacional ante los vaivenes mundiales, así como el escaso margen de maniobra de las políticas macroeconómicas para amortiguar tales riesgos, debido a la debilidad de la política fiscal.

Se desprende del reporte que el principal reto de la política económica es mejorar la sostenibilidad fiscal. Aunque el Fondo reconoce que la deuda pública (como porcentaje del PIB) continúa siendo manejable, la capacidad de maniobra de la política fiscal es muy limitada debido a que la referida deuda es muy alta como proporción de los ingresos del gobierno. El logro de la sostenibilidad fiscal requeriría de un ajuste presupuestario que permita la reducción gradual del déficit fiscal. Según el FMI, el énfasis en dicho ajuste debe estar en aumentar los ingresos.

Tal ajuste se puede ver obstaculizado por tres aspectos que destaca el reporte. Primero, la incertidumbre asociada con la implementación de la reforma tributaria aprobada el año pasado que, de no ser dilucidada, puede erosionar los ingresos. Segundo, el proyecto de ley de competitividad enviado al Congreso, que concedería incentivos fiscales a las empresas que se constituyan fuera de la ciudad de Guatemala, podría generar costos fiscales significativos. Y, tercero, el tratamiento que se le dé a la llamada “deuda flotante” generada por obras públicas contratadas en el pasado extrapresupuestariamente.

Al FMI le preocupa que la “deuda flotante” y, aunque reconoce que se han hecho algunos esfuerzos para cuantificarla, señala que no existe ningún plan serio para eliminarla debido a que el debate se obscurece por las dudas respecto de la legitimidad de la “deuda”. El Fondo también señala que no ha habido avances en alguna estrategia para evitar que la “deuda flotante” se repita, dado que las enmiendas necesarias a la Ley Orgánica de Presupuesto se encuentran estancadas en el Congreso. El Fondo reiteró a las autoridades la necesidad de mejorar la gestión financiera gubernamental para evitar la “deuda flotante”, realizar una cuantificación fiable del verdadero saldo de dicha “deuda”, y establecer una estrategia viable para su erradicación.

En otras áreas de política económica, el FMI aconseja profundizar las mejoras al esquema de política monetaria y cambiaria basadas en las metas de inflación y la (mayor) flexibilidad del tipo de cambio. Insiste en que el fortalecimiento del sistema financiero es necesario, sobre todo para aplicar plenamente la supervisión consolidada basada en riesgos. Y, finalmente, enfatiza que las reformas estructurales son esenciales para lograr un crecimiento incluyente a largo plazo, lo cual dependerá, en buena medida, de elevar la carga tributaria a efecto de habilitar al gasto público para atender áreas prioritarias en materia de necesidades sociales, competitividad y desarrollo.