La Contraloría en su Laberinto

La oposición de la Contraloría de Cuentas a las modificaciones a su Ley Orgánica podría impedir que se apruebe cualquier reforma a dicha ley. Sin embargo, han tenido eco en la opinión pública, quizá debido a que la desconfianza que inspira un dictamen respaldado por el partido de gobierno es mayor que la que despierta una muy ineficiente Contraloría.

 Tenemos una Contraloría General de Cuentas –CGC- con una asombrosa inclinación a rehuir de sus responsabilidades. Dice no poder auditar las obras que han generado la vergonzosa “deuda de arrastre” (las cuales amenazan con costarle Q3,500 millones a las futuras generaciones de guatemaltecos), pese a que el Ministerio de Comunicaciones pregona tener un listado de las mismas.

También dice la CGC que no puede fiscalizar los fideicomisos que ejecutan obra pública, con todo y que manejan multimillonarias sumas de dinero proveniente del erario público, tanto a nivel de gobierno central como municipal. Tampoco se responsabiliza la Contraloría por la fiscalización de las obras que realiza una miríada de ONGs por delegación del gobierno, los consejos de desarrollo y las municipalidades. Ni siquiera se ha sabido de algún informe de la CGC que revele cómo se han empleado los millones de quetzales que, por años, los contribuyentes de todo el país hemos regalado a los transportistas urbanos de la Capital.

Estos son, apenas, unos ejemplos evidentes de la calidad de ente fiscalizador que tenemos en Guatemala. Y, con semejantes credenciales, viene ahora la máxima autoridad de la Contraloría a decirnos que si el Congreso osa cambiarle su Ley Orgánica de manera diferente a la que ella quiere, que mejor entonces “cierren la Contraloría”… como si hubiese estado operando eficientemente estos años.

El alboroto que armó la contralora en torno al dictamen de la Comisión de Legislación que –supuestamente- debilita las capacidades fiscalizadoras de la CGC, hizo (pese a la baja credibilidad de esta institución) que varios columnistas y editorialistas mordieran el anzuelo y repitieran en coro las quejas de la contralora, sin analizar la consistencia de las mismas; esta curiosa reacción se explica porque quizás la desconfianza que inspira un dictamen respaldado por el partido de gobierno es mayor que la que despierta la opinión de una Contraloría tan cuestionada.

Pero cuando se analiza objetivamente el referido dictamen en lo concerniente a las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría, lejos de apreciarse un conjunto de normas que mermen sus capacidades, se ve un grupo de reformas tendientes tanto a fortalecer la función fiscalizadora de la CGC respecto de todos los activos, pasivos, derechos, ingresos y egresos de todas las entidades que conforman el Estado, como a fortalecer la figura del Contralor dotándolo de mejores condiciones para ejercer su función de manera independiente.

El dictamen contiene reformas que mejoran la especificación de los objetivos de la CGC conforme a su mandato constitucional; que amplían sus atribuciones y competencias para que pueda fiscalizar a ONGs, organismos internacionales, fideicomisos y cualquiera que administre fondos públicos; que fortalecen la independencia del Contralor respecto del poder político; que fortalecen la profesionalización del recurso humano en la CGC; que obliga a la CGC a hacer público el resultado de su fiscalización, pero que también la dota de plenas facultades para el ingreso ilimitado y sin restricciones a cualquier entidad fiscalizada; que la obligan a evaluar la obra pública en cualquier etapa de su ejecución; y, que crea la falta de “resistencia a la fiscalización” para cualquier funcionario que obstaculice las labores de la CGC.

Seguramente hay algunos aspectos a fortalecer en el dictamen (como el tema de las multas y sanciones) pero, por lo demás, lo que parece molestar a la contralora es que se le quite su facultad de utilizar discrecionalmente (como lo ha hecho hasta ahora) los recursos provenientes de las arbitrarias multas que suele imponer a discreción y que han servido para otorgar prebendas, bonos y beneficios –sin control alguno- a sus trabajadores.

En lo que podrían tener razón la contralora es en que quizá debió haber habido más debate en el seno de las comisiones legislativas, en torno a unas propuestas de reforma que son positivas y que buscan fortalecer a la CGC. Pero oponerse a tales reformas sólo porque sí, únicamente contribuye a que se siga posponiendo el urgente fortalecimiento institucional que permita combatir el cáncer de la corrupción que carcome a todo el Estado y amenaza al sistema democrático: exactamente lo que anhelan las fuerzas más oscuras del país.