¿Bienvenido el Relajo?

La ingobernabilidad parece estarse instalando en Guatemala. Una de las posibles causas, si es que no la principal, es la debilidad de las instituciones del Estado. Por muy loables que sean los fines del programa Mi Familia Progresa, y por muy eficiente que sea para aliviar la extrema pobreza de grandes sectores necesitados de la población, resulta preocupante que la aplicación de tal programa se esté haciendo a costa de debilitar aún más las endebles instituciones formales del gobierno, tal como parece estar sucediendo en el caso de Ministerio de Educación. Sobre eso escribimos esta semana.

Opinión

¿Bienvenido el relajo?

Convendría recordar que en la administración de bienes públicos no basta con ser honesto; también hay que parecerlo.

Bienvenido Argueta estuvo en el epicentro de una serie de turbulencias que remecieron las últimas semanas de su gestión al frente de Ministerio de Educación y que culminaron con su remoción del cargo por resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este episodio invita a reflexionar con profundidad algunos temas. En primer lugar, es de lamentar que una buena política pública, como las transferencias condicionadas de efectivo (TCE) (que han sido exitosas en otras latitudes), se desprestigie y pierda el respaldo de buena parte de la opinión pública debido a errores estratégicos y de relaciones públicas. Estratégicamente es válido y encomiable que Mi Familia Progresa (Mifapro) se constituya en un programa clave del Gobierno, pero es un error que ello se haga a costa de sacrificar la eficiencia en áreas sustantivas de la gestión pública, tal el caso del Ministerio de Educación que, si apenas podía con sus responsabilidades específicas en materia educativa, se ha visto desbordado por sus nuevas cargas administrativas en el reparto de las TCE, área en la que este ministerio no tiene experticia alguna.

Otro aspecto que llama a la reflexión es que toda la discusión pública se haya centrado en el acceso a la información relativa a las cédulas de vecindad de los recipiendarios de las TCE. Por una parte, los fiscalizadores de Mifapro deben percatarse de que dicha información no puede contribuir de manera relevante a evaluar la eficiencia del referido programa y que únicamente revelará datos que podrán interpretarse de mil formas distintas, lo que quizá solamente sirva para azuzar conflictos políticos. La verdadera fiscalización de Mifapro debe basarse en indicadores que midan objetivamente el impacto que el programa tenga en las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas, en relación con los recursos allí gastados.

La existencia de estos indicadores, su análisis y su difusión pública han sido fundamentales en otros países para darle sostenibilidad política a este tipo de programas. Por el lado de los fiscalizados resulta injustificable su resistencia a trasladar los datos solicitados por la diputada Nineth Montenegro, pues con ello solamente levantan suspicacias y minan la fe de la ciudadanía en el programa. Convendría recordarles que en la administración de bienes públicos no basta con ser honesto; también hay que parecerlo.

El relajo de las últimas semanas tuvo el aderezo de una inexplicable y confusa huelga magisterial. Las medidas de hecho perseguían reivindicar la postura de “negociación” de su dirigencia para que se hiciera efectivo el aumento salarial acordado en su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Parece ser que los maestros ignoran que dicho pacto es Ley de la República, que no hay nada que negociar al respecto, y que el incumplimiento de las leyes se reclama en los tribunales, no en las calles perjudicando la actividad productiva del país.

La confusión se agudiza cuando un Viceministro de Finanzas declara que el pago a los maestros no podrá resolverse hasta que se perfeccione un préstamo del exterior, cuando sabe bien que la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los préstamos no pueden destinarse al gasto corriente (sueldos) sino solamente a inversión. Y se complica más cuando otra buena idea (la bancarización de los recipiendarios de las TCE) se adopta precipitada e inoportunamente, con el respaldo del Superintendente de Bancos, lo que despierta nuevas suspicacias y mina la credibilidad, no sólo deMifapro, sino también del ente fiscalizador bancario (autónomo según la ley) que nada tendría que estar haciendo en un asunto político-administrativo del Gobierno.

Lo preocupante de todo esto es que existen personas que viven del conflicto, que medran del desorden público, que usufructúan de la confrontación social y que se solazan en una mala imagen del país en el exterior. Solamente ellos y el crimen organizado pueden darle la bienvenida al relajo institucional.

OPINIÓN DE LECTORES

Pepe Recinos 02-03-2010 07:48:39 horas

Los gastos se fiscalizan modernamente, en detalle, tanto por su calidad y cantidad, como en forma global por sus resultados. Lo que quiere decir que no se puede renunciar a establecer si efectivamente Juana Pérez y su familia recibieron las TCE u otro aprovechado; y si Juana López y otras más están recibiendo varias entregas con el fin de hacer proselitismo político por el partido oficial y por la ya candidata oficial. Si de allí resulta relajo, eso es mejor que encubrir malversaciones. Roberto Escobar 02-03-2010 10:20:10 horas Todos los programas como estos son para establecer familias y ayudarles a tener autoestima familiar, pero dándoles dinero sin sentido es sólo una manera de fomentar el óseo, sin resultados. Los diferentes programas no funcionan porque no se les da un seguimiento con honradez y deseos ver los cambios. Francisco Franco 02-03-2010 12:20:08 horas Hay un dicho que dice que es mejor enseñar a pescar que dar directamente el pescado, ya que lo que se ocasiona con esto es detener la actitud del trabajo y vuelve al ser humano un ser dependiente. Lamentablemente los programas creados por el Gobierno tienden crear falsas expectativas ya que no atacan el problema que padece la población directamente, sino que toman decisiones al azar sin consultar y sin medir las consecuencias. Simplemente están improvisando.

Sube y Baja

El tipo de cambio se mantuvo al alza el año pasado, en gran parte debido a la incertidumbre que provocó la crisis financiera mundial respecto de la disponibilidad de dólares para la actividad productiva. De pronto, a inicios de febrero, el tipo de cambio empieza a caerse rápidamente luego de que se publica una regulación bancaria que desalienta los préstamos en dólares, reduciendo su demanda. El martes pasado, que salió publicada la columna que hoy comparto con ustedes, fue el último día de esa caída. De pronto, el tipo de cambio volvió a subir. Todo esto ha sido motivo de quejas (las más visibles, las de la Cámara de Comercio cuando el tipo de cambio subía), de titulares de prensa, de columnas de opinión, de análisis económicos por parte de expertos, y de inquietudes y rumores en la calle. Si un mexicano, o un chileno, o un colombiano o un brasileño viera el gran alboroto que en Guatemala se arma por fluctuaciones que en esos países serían calificadas de insignificantes, se daría cuenta de inmediato que a los guatemaltecos nos falta mucho para aprender a vivir en el mundo del tipo de cambio flexible en el que estamos viviendo desde hace casi veinte años. Confío en que, eventualmente, aprendamos.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

SUBE Y BAJA

La reducción que ha mostrado el tipo de cambio del quetzal durante febrero ha tomado a algunos por sorpresa. Aún pueden verse, sorprendidos en toda su inutilidad, los carteles colocados hace algunos meses en algunas paradas de bus exigiendo a las autoridades dejar de “manipular” el valor del quetzal, cuyo tipo de cambio subía entonces sostenidamente. A pesar de que el sistema de tipo de cambio flexible se instauró en el país hace veinte años, a los guatemaltecos todavía nos cuesta acostumbrarnos a que esta variable es volátil por naturaleza y que puede cambiar de tendencia de forma repentina, tal como sucede en países como Brasil, Chile o México, que tienen regímenes cambiarios similares al de Guatemala (aunque mucho más volátiles), y donde empresarios y ciudadanía en general han aprendido a convivir tranquilamente con ese sube y baja.

Cualquier bien que se transa en un mercado tiene un precio, y el tipo de cambio es simplemente el precio de la moneda, que se expresa en términos de otra. Así, el quetzal tiene un valor en términos de dólar; el dólar tiene un precio en libras esterlinas; la libra tiene un valor en euros, etcétera; estos tipos de cambio están variando constantemente. Cuando el quetzal se deprecia respecto del dólar y el dólar, a su vez, se deprecia ante el euro, el quetzal se deprecia también frente al euro. Si uno mira en internet cualquier sitio de transacciones cambiarias, se dará cuenta de que estos tipos de cambio cruzados varían miles de veces por minuto. El mercado cambiario opera 24 horas diarias mediante transacciones electrónicas que tienen lugar en miles de centros financieros alrededor del mundo.

El tipo de cambio está determinado, como el precio de cualquier mercancía, por la interacción entre la oferta y lo demanda: cuando en Guatemala se compran muchos vehículos o pantalones vaqueros importados, o cuando se pagan deudas al exterior, el valor de dólar sube (el quetzal se deprecia). Igualmente, si los estadounidenses compran mucha azúcar o bananos guatemaltecos, o cuando nos otorgan préstamos, el valor del dólar en Guatemala baja (el quetzal se aprecia). Claro que el banco centrar a veces interviene para moderar la volatilidad del tipo de cambio (por eso el régimen se llama “de flotación sucia”), pero ningún banco central puede (ni debe) alterar la tendencia del mercado, pues su participación en un mercado tan amplio y complejo es como una gota de agua en una piscina.

El tipo de cambio se ve influido también por eventos económicos y políticos, así como por la inevitable actividad especulativa de los cambistas, quienes reaccionan rápidamente ante cualquier oportunidad de lograr ganancias y están siempre atentos tanto a los diferenciales entre las tasas de interés domésticas y externas, como a los riesgos de inestabilidad económica o política que los mueven a refugiarse en el dólar u otra moneda fuerte.

A veces mis amigos me preguntan si sé hacia dónde se moverá el tipo de cambio. Les respondo que nadie sabe a ciencia cierta la dirección que los mercados cambiarios van a tomar en el futuro cercano. Si lo supiera no estaría escribiendo esta columna, sino haciéndome millonario en el mercado cambiario. En un mundo en el que la información está disponible para todos instantáneamente, cualquier predicción del tipo de cambio es pura especulación.

Conflictos de Interés

El origen de cualquier fraude o estafa en las empresas o en el Estado suele encontrarse en una combinación de "ética relajada" por parte del perpetrador y de controles deficientes por parte de la entidad estafada. Una primera línea de defensa debería ser el evitar los conflictos de interés que dan origen a muchos de esos fraudes y estafas. Para ello es crucial, antes que nada, saber qué es y cuándo se produce un conflicto de interés, y estar vigilante para impedir que éste se produzca. En Guatemala pareciera haber una enorme ignorancia o, lo que es peor, una irresponsable tolerancia respecto de los conflictos de interés. De eso trata la columna de esta semana...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CONFLICTOS DE INTERÉS

Si es cierto que toda maldad tiene su raíz en la ignorancia, como sostenía Sócrates, entonces nadie se comporta mal premeditadamente. Eso explicaría –y exculparía- a una ex-candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien decía no ver nada de malo con el hecho de ser dueña de una empresa contratista del Estado y, al mismo tiempo, ser miembro de la más alta magistratura de la nación. Lamentablemente el caso de esta señora se repite incesantemente en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca, donde prevalece la más absoluta ignorancia respecto de qué significan y qué consecuencias tienen los conflictos de interés que surgen entre las personas y las organizaciones para las que trabajan.

Un conflicto de interés emerge cuando una persona desempeña actividades (como empleado o representante) en nombre de otra persona (individual o jurídica) y tiene, o aparenta tener, un sesgo oculto o interés personal en esas actividades, y su sesgo o interés personal perjudica real o potencialmente a la persona representada sin que ésta haya sido advertida de ello. Un conflicto de interés que se traduce en perjuicios económicos o financieros es, ni más ni menos, un fraude. Los conflictos de interés se dan tanto en el ámbito público como en el privado y en ambos, cuando ocurren, pueden ocasionar pérdidas económicas sustanciales para el Estado o para la empresa privada, respectivamente.

En el sector público convendría denunciar y explicitar los conflictos de interés, pues los funcionarios no deberían aprovecharse de su puesto para obtener beneficios personales. La imparcialidad y la transparencia administrativas son fundamentales para mantener la integridad del sector público, cuyas actividades son pagadas con dinero de los contribuyentes, quienes deberían exigir absoluta probidad de los servidores públicos. Estos, a su vez, no sólo tienen que ser honestos, sino que también deben parecerlo a fin de mantener elevada la moral tributaria. Si existiera conciencia de ello, resultaría impensable, inadmisible e intolerable que un diputado al Congreso fuese también socio de una empresa contratista de obra pública, o que la esposa de un alcalde fuera directiva de una ONG que administra fondos municipales, o que un ministro de energía sea contratado por una empresa petrolera inmediatamente después de dejar el cargo. Los conflictos de interés son, en estos casos, evidentes y los riesgos de fraude, enormes.

En el mundo globalizado los conflictos de interés son también cada vez más comunes en el ámbito privado y civil. Es sorprendente que muchas personas no vean conflicto de interés cuando un miembro de una junta directiva es (o se postula para ser) gerente de la misma organización, o cuando una compañía farmacéutica le paga un lujoso viaje “de capacitación” al médico que debe dictaminar sobre la compra de un medicamento, o cuando una ONG contrata los servicios de una empresa propiedad de uno de sus directivos o de un familiar de éste. En todos estos casos, más comunes en nuestro medio de lo que se reconoce, el peligro de pérdida económica para la organización de que se trate es también evidente.

Ojalá Sócrates tuviera razón y estas malas prácticas se eliminaran incorporando a la formación profesional un mayor énfasis en inculcar una cultura de ética y prácticas modernas de gobierno corporativo a los futuros gerentes de empresas y administradores de la cosa pública.

OPINIÓN DEL LECTOR

Gil Zu 16-02-2010 08:49:05 horas

Habrá negocio cuando ambas partes salgan beneficiadas. Para que yo gane no es necesario que tu pierdas. Benjamin Franlin.

Juan 16-02-2010 10:10:39 horas

Es muy importante inculcar esa cultura de ética en los lideres de mañana para crecer y evolucionar positivamente como sociedad, pero igualmente importante será, que la sociedad civil de hoy se comprometa a denunciar y exigir castigo riguroso para esos casos de fraude. Mario, ojalá pronto lo veamos de nuevo en la administración pública. Ojalá fuese en la Presidencia de la Republica.

Es lugar común decir que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre. Es una afirmación que muchos podrán avalar y de la que muchos otros podrán disentir. Pero la reflexión inevitable que debemos hacer todos es que los indicadores sociales del país no se corresponden con su capacidad de general ingresos y que, por lo tanto, la pobreza extrema que afecta a una proporción enorme de la población guatemalteca debería ser inaceptable y que "algo" deberíamos hacer como sociedad y como Estado para reducir la pobreza. Y aquí, de nuevo, habrá muchos puntos de vista respecto de la mejor manera de combatir la pobreza; pero quizá un punto sobre el que podría haber convergencia de opiniones es sobre el rol central que la educación podría jugar para reducir la pobreza. Lamentablemente a esta convergencia de opiniones no acuden algunos dirigentes magisteriales que están acostumbrados a vivir bien, no de la educación, sino de la falta de ella.

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Pobreza, equidad y educación

La falta de una adecuada educación podría ser el factor más importante que permite la persistencia de la desigualdad. El objetivo último de la política económica es alcanzar de manera eficiente el mayor bienestar posible para la sociedad. En un país como Guatemala el logro de dicho bienestar pasa, necesariamente, por el logro de mayores tasas de crecimiento económico. El aumento en la producción se convierte, entonces, en el objetivo central de la política económica, lo cual no significa que no deban perseguirse simultáneamente otros objetivos importantes, como el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica o una más equitativa distribución de la riqueza. Si el principal objetivo de la política económica es, pues, el crecimiento, entonces las políticas específicas (como la fiscal, la monetaria o la comercial) deben perseguir ese mismo objetivo. La cuestión relevante es de qué forma puede cada una de esas políticas contribuir a dicho objetivo. Por ejemplo, la mejor forma en que la política monetaria puede contribuir al crecimiento económico es mediante la preservación del poder de compra de la moneda. Por ende, es necesario mantener la inflación bajo control pues ésta distorsiona los precios relativos, crea incertidumbre y perjudica a los ahorrantes (a favor de los prestatarios), lo que desincentiva el ahorro, afectando la inversión y el crecimiento. La pobreza es un fenómeno complejo, originado por múltiples causas, cuya naturaleza y manifestaciones cambian permanentemente en el tiempo. Por lo tanto, su combate requiere que se implemente un esquema de políticas que, a su vez, sea multifacético y flexible, basado en la construcción de consensos nacionales en torno a prioridades sociales que impliquen la participación y el compromiso de todos los actores involucrados. Si bien no hay recetas predefinidas para una política de combate a la pobreza, algunas experiencias exitosas en el continente americano permiten afirmar que tal política debe incluir, al menos, medidas que estimulen un crecimiento rápido y sostenible, así como una mayor inversión social en educación (especialmente en la de los más pobres) y en salud (incluyendo en nutrición infantil). Algunos estudios sostienen que existe una relación de doble causalidad entre la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Esta relación explicaría en buena parte la paradoja que surge al ver que, pese a los esfuerzos de reforma estructural, la reducción de la pobreza y de la desigualdad tarda mucho en llegar. El problema parece radicar en que las políticas tradicionales de ajuste y de reforma estructural no han concedido a la distribución de los activos la importancia que merece como determinante de la pobreza. Lo anterior implica la necesidad de que, adicionalmente a las medidas tradicionales de reforma estructural, se apliquen otras medidas encaminadas a dotar a los pobres de mayor acceso a las posibilidades de desarrollo personal, incluyendo mejores derechos de propiedad, acceso al crédito y, sobre todo, acceso a una buena educación. La falta de una adecuada educación podría ser el factor más importante que permite la persistencia de la desigualdad y del aumento de la pobreza en las nuevas generaciones. Por eso llora sangre que dentro del propio gremio magisterial estén quienes, jugando a politiqueros tercermundistas, se oponen al progreso y a la reforma educativa. ESCRIBA UN COMENTARIO Luis Arriaza 09-02-2010 10:28:20 horas Felicitación Mario. Créame que sus columnas son de las pocas en toda la prensa nacional que vale la pena leer. Su conocimiento en materia económica y su visión general de país es clara y concisa. JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 09-02-2010 20:32:54 horas La pobreza no tiene origen conocido. Todos nacemos pobres. Lo que sí tiene explicación es la causa de la riqueza. Y también porque esa causa de la riqueza no es socializada. El padre pobre enseña a su hijo a ser pobre. El padre rico enseña a su hijo a ser rico. La esclavitud humana, que supuestamente fue derrumbada, creó seres sin educación y es lo que trasmiten a sus hijos: Siguen siendo esclavos. He ahí la importancia de la educación. OTTO MORÁN Don Mario: Gusto en saludarlo Equidad es lo que necesitan los pobres, pero en Guatemala la ley tributaria estrangula a los pequeños emprendedores. No se si se ha dado cuenta de la ingratitud e inequidad que sufren. Lo invito a leer lo que descubri. Atentamente Otto Moran

El Dilema de América Latina

Husmeando los anaqueles de Artemis-Edinter (donde, por cierto, tiene la absurda práctica de tener la mayoría de libros envueltos en plástico, lo que impide que el potencial comprador pueda ojearlos y, por ende, reduce las ventas de la librería) me encontré con el libro más reciente de Sebastián Edwards, sobre la historia y el futuro de las políticas públicas en Latinoamérica. Conociendo a Sebastián (con quien tuve en el pasado el privilegio de conversar y discutir sobre política económica de Guatemala en algunas de sus visitas al país) no me sorprende la calidad académica y lo convincente que resulta el libro. Lo que sí me sorprendió fue lo ameno y fluido de la redacción, lo que lo hace un texto muy accesible para cualquier persona no especializada que esté interesada en los temas de política pública latinoamericana. Verdaderamente recomiendo su lectura. He aquí mi reseña.

Opinión | POLÍTICAS PÚBLICAS

El dilema de América Latina

Sebastián Edwards predice que sólo los países que se atrevan a fortalecer sus instituciones lograrán alcanzar el desarrollo. a compra de un libro es un juego de azar que, por mucho que uno sepa del tema, siempre encierra la probabilidad de acertar y ganar, o de equivocarse y perder. Hace unos días aposté por comprar el libroPopulismo o Mercados: el Dilema de América Latina, del economista chileno Sebastián Edwards. Acierto pleno y apuesta ganada. Se trata de un pequeño pero rico tratado sobre las políticas públicas y las reformas que los países latinoamericanos han aplicado en el pasado, así como sobre las que deben aplicar en el futuro para aumentar su crecimiento económico y mejorar sus niveles de vida. Para escribir una obra como esta se requiere, entre otras cualidades, poseer credenciales académicas contrastadas, y Edwards las tiene, como puede comprobarse viendo su amplísimo currículum. La obra plantea que las reformas económicas de los años 90 en Latinoamérica fueron aplicadas de manera parcial, superficial o incorrecta (o las tres cosas a la vez); que la pobreza y la desigualdad son problemas ancestrales que no pueden ser atribuibles a los intentos de reforma de la década pasada, sino que se explican por los factores que están detrás del magro crecimiento económico y de la debilidad de las instituciones. Edwards predice que sólo los países que se atrevan a privilegiar la innovación y la productividad, a fortalecer sus instituciones y a proteger mediante redes de seguridad social a los segmentos menos favorecidos de la población, lograrán alcanzar el desarrollo y la prosperidad. Los que no lo hagan estarán condenados al estancamiento económico, al rezago social e incluso, si caen en la tentación del populismo, a crisis recurrentes de inestabilidad económica e ingobernabilidad. La principal gracia de Populismo o Mercados no radica en la erudición del autor, ni en la veracidad de sus hipótesis (que si bien comparto en general, están sujetas a debate), sino en la manera fluida y desenfadada con que Edwards traslada sus puntos de vista, por lo que su lectura resulta comprensible e ilustrativa para cualquier lector que esté interesado en la cosa pública. Si bien se notan algunos defectos de edición e imprenta en la publicación (de Grupo Editorial Norma, septiembre de 2009), la prosa es legible y adecuada al público objetivo. Lo más importante es, quizá, que logra explicitar con claridad que las reformas verdaderamente importantes (o, al menos, el debate sobre ellas) deben centrarse en la productividad y la infraestructura (como medios para acelerar el crecimiento), en el fortalecimiento de las instituciones (como medio de darle sustento al bienestar), y en la educación (como medio para reducir la inequidad). Aparte de la familiaridad del autor con los países latinoamericanos, sobre los cuales ha realizado diversas consultorías en el pasado (incluyendo varias para Guatemala, lo cual se nota en las menciones a nuestro país en el texto), destacan las referencias y anécdotas de la historia latinoamericana que salpican y enriquecen los distintos capítulos. Me resultó particularmente ilustrativa (jocosa y trágica a la vez) la cita de un consejo que el presidente Perón escribió a su colega chileno Carlos Ibáñez, sugiriéndole gastar el erario público sin preocuparse de las consecuencias macroeconómicas. Con razón don Juan Domingo condujo a su Argentina, con populista entusiasmo, del primero al tercer mundo sin escalas y en tiempo récord; lástima que no pudo leer antes este libro. ESCRIBA UN COMENTARIO Gil Zu 02-02-2010 10:17:09 horas Dijo Óscar Wilde: Los libros están bien o mal escritos. No hay libros malos. Pero me llama la atención que en Nicaragua hayan editado la nueva versión del Popol Wuj (o Popol Vuh), cuyo autor es el escritor cubano Nivio López Vigil, quien actualmente vive en Madrid. En Nicaragua funciona el Fondo Editorial: libros para niños, y al igual que el periodista Sam Colop, de Prensa Libre, yo me uno a las voces para que el Ministerio de Educación en Guatemala compre los derechos de autor. Juan 02-02-2010 18:06:29 horas Ojalá más personas leyeran el libro y ojalá muchas más comprendieran la diferencia entre políticas populistas que perpetuan el subdesarrollo y aquellas que pomueven el crecimiento. Guatemala se nos muere en manos de narcotraficantes y politicos corruptos. ¿Qué Guatemala estamos creando? ¿hacia donde se dirige la sociedad Guatemalteca? ¿Martires suicidas, universitarios fracturándole el craneo a un niño de 13 años? Si no ponemos atención a las instituciones, Guatemala se nos muere

El FMI Nos Toma el Pulso

Bien intencionado, pero incomprendido; riguroso, pero inflexible; anuente a reconocer sus errores, pero inclinado a repetirlos; estricto con sus afiliados pequeños, pero condescendiente con los grandes; el Fondo Monetario Internacional realiza periódicamente el sano ejercicio de supervisar y opinar sobre el desempeño económico de sus países miembros, así como sobre la calidad de sus políticas económicas. Recién le acaba de tocar el turno a Guatemala y, aunque salimos igual de mal evaluados que en las ocasiones más recientes, ello se puede interpretar como bueno dado el entorno de crisis internacional que ha afectado mucho más negativamente a nuestros vecinos. Sea porque lo anterior es producto de la buena fortuna de ser un país bendito por Dios, o sea porque las políticas macroeconómicas disciplinadas han rendido, después de todo, sus frutos, lo cierto es que el diagnóstico del Fondo puede servir de guía para identificar los puntos flacos sobre los cuales debemos trabajar como sociedad. He aquí mis comentarios...

Opinión | POLÍTICAS PÚBLICAS

El FMI nos toma el pulso

El FMI señala que, aunque nuestra economía se vio perturbada por la crisis, existen signos de que en 2010 empezará a recuperarse. Como un severo médico especialista en el sistema circulatorio de la economía mundial –es decir, en el flujo de comercio y de capitales-, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza un chequeo periódico a cada uno de sus 186 países miembros. En el caso de sus pacientes que no están graves, como Guatemala, dicha revisión la efectúa cada uno o dos años conforme lo establece el Artículo IV de sus estatutos. Para el efecto, una misión de expertos visita el país, analiza su situación económico-financiera y discute con técnicos y autoridades locales el desempeño y las políticas económicas aplicadas; al regresar a su sede en Washington, los expertos elevan un reporte al Directorio Ejecutivo del FMI, quien emite sus comentarios y recomendaciones. La semana pasada se publicó el resultado de la más reciente revisión de Artículo IV para Guatemala, en la que el Directorio del FMI señala que, aunque nuestra economía se vio perturbada por la crisis mundial, existen signos de que en 2010 empezará a recuperarse luego de que el año anterior las políticas monetaria y fiscal contribuyeran a mitigar el impacto de la crisis, a satisfacción del Fondo. Al tiempo que apoyó la reducción gradual de la tasa de interés líder de la política monetaria, el FMI señaló que la misma debía aplicarse con precaución dados los efectos que dicha medida tiene sobre el alza en el tipo de cambio por lo que, para enfrentar este dilema, aconsejó tomar medidas para profundizar el mercado de títulos-valores a fin de mejorar la efectividad con la que los cambios en la tasa líder se transmiten al mercado bancario. Por cierto, el Fondo estima que el sistema financiero nacional muestra buenos indicadores de solvencia y de liquidez que le han ayudado a sobrellevar el aumento registrado en el número de préstamos morosos que, derivado de la deceleración económica, ha afectado sus utilidades. De cualquier forma, la recomendación aquí es continuar fortaleciendo las reglas de supervisión bancaria y las que reducen reduzcan los riesgos asociados a las operaciones off-shore y al otorgamiento de préstamos a personas vinculadas a la propiedad de los bancos. El desafío más difícil, quizá, sobre el cual hizo hincapié el Directorio es el de la política fiscal, que debe encontrar la forma de enfocar el gasto gubernamental a apoyar la demanda interna y a proveer bienes públicos que apoyen el desarrollo (educación, infraestructura, seguridad pública), mientras que, simultáneamente, debe mantener bajo control el déficit fiscal a fin de no hacer insostenible el nivel de la deuda pública. Este es, de hecho, el reto clave y recurrente de nuestra política económica pues, para hacer sostenible el balance fiscal (y la estabilidad macroeconómica) y, a la vez, ofrecer a la ciudadanía de manera eficiente los servicios estatales básicos, es menester reducir el desperdicio y la corrupción en el gasto público, fortalecer a la SAT y ejecutar un amplio programa de mejora en la recaudación. Este agridulce diagnóstico del FMI resulta oportuno a la luz de la afortunada apertura de diversas mesas de diálogo sobre estos temas por parte de los organismos Ejecutivo y Legislativo. Esperemos que la toma de pulso que nos hace el organismo internacional sirva, cuando menos, de guía calificada en las discusiones de las mesas respectivas.

Bienes Públicos

En las sociedades civilizadas, la provisión de bienes públicos (seguridad pública, administración de justicia, saneamiento, carreteras, etcétera) suele estar a cargo del gobierno (nacional o local) o, si no lo es, al menos está estrictamente regulado por éste. Ofrecer estos bienes a la ciudadanía es la función central del Estado y, por lo tanto, el gasto público se prioriza en los presupuestos gubernamentales en función de la provisión de dichos bienes. Si esta elemental cuestión estuviera clara en la mente de los líderes nacionales, quizá muchos de los debates y desencuentros que fomentan la ingobernabilidad del país podrían ser resueltos en beneficio del país. El post de esta semana, que es mi columna publicada en Siglo XXI este martes, abordar este tema; como el tema es algo árido (¿o lúgubre?), cualquier comentario, duda o sugerencia de los amables lectores será especialmente bien recibida.

Opinión | POLÍTICAS PÚBLICAS

Bienes públicos

A nuestro país le urge atraer inversión extranjera directa que le permita reducir la dependencia de las remesas.

Mario A. García Lara mglara@sigloxxi.com El debate que normalmente se produce cuando se plantean cambios en la estructura tributaria o en el presupuesto del Estado podría ser más fluido y productivo, si existiera una mayor conciencia de todos los participantes respecto de qué son los bienes públicos y cuál es su importancia crucial para el desarrollo. Al bando de quienes se empeñan en aumentar a toda costa más los recursos disponibles para el Gobierno mediante más impuestos, el concepto de bienes públicos les ayudaría a comprender que es necesario tener prioridades en el gasto público y que el reparto de dinero a través de transferencias condicionadas (por muy útil que sea como mecanismo de cohesión social y de combate a la extrema pobreza) no puede ser la pieza central de una política de desarrollo sostenido. Para quienes, por el contrario, se oponen a cualquier impuesto bajo el argumento de que el Estado tiene poco qué hacer en la economía de un país, el concepto de bien público les puede ayudar a comprender el rol clave que el gasto público efectivo puede jugar para propiciar el desarrollo de largo plazo del país. Según la teoría económica, la cantidad que un individuo usa de un bien o servicio de los llamados “bienes públicos” no afecta ni menoscaba la cantidad de dicho bien o servicio que, una vez producido, puede ser usada por cualquier otro individuo. Por ejemplo, en el caso de un poema, cualquier persona puede leerlo sin que ese acto impida a alguien más hacer lo mismo. Igual ocurre, digamos, con las frecuencias de radio que cualquiera puede escuchar sin que eso impida a cualquier otro radioescucha hacer lo mismo. En los libros de texto se definen los bienes públicos como aquellos para los cuales el que una persona adicional los consuma no significa ningún costo extra, y el ejemplo clásico que se presenta de un bien público es la Defensa Nacional. Guatemala es uno de los 2 ó 3 países con los peores indicadores sociales del continente americano, pese a que su nivel de ingreso no es de los 2 ó 3 más bajos. Esta situación paradójica se explica, en gran medida, porque existe una enorme ausencia de bienes públicos esenciales, tales como educación, salud, infraestructura física, seguridad pública y cortes de justicia confiables. Esa escasez de dichos bienes se convierte en un obstáculo fundamental para que exista un adecuado clima de negocios que propicie el desarrollo económico. A nuestro país también le urge atraer inversión extranjera directa que le permita reducir la dependencia (y vulnerabilidad) que tiene respecto de las remesas familiares como fuente que permite cubrir el déficit comercial con el exterior. Sin embargo, la escasa oferta de bienes públicos es el factor clave que impide que dicha inversión se materialice. De tal manera que es imprescindible que del debate fiscal surja un consenso de la sociedad guatemalteca en cuanto a la necesidad de aumentar la base impositiva, no como un fin en sí mismo, sino como el medio para corregir las sempiternas deficiencias de capital físico y humano a través de la adecuada provisión de los bienes públicos esenciales. El gasto estatal en dichos bienes debe estar claramente identificado en el presupuesto de la Nación, y debe asignársele una prioridad claramente superior a la de cualquier gasto que sea superfluo o que tenga solamente propósitos electoreros.