Bienvenido Argueta estuvo en el epicentro de una serie de turbulencias que remecieron las últimas semanas de su gestión al frente de Ministerio de Educación y que culminaron con su remoción del cargo por resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este episodio invita a reflexionar con profundidad algunos temas. En primer lugar, es de lamentar que una buena política pública, como las transferencias condicionadas de efectivo (TCE) (que han sido exitosas en otras latitudes), se desprestigie y pierda el respaldo de buena parte de la opinión pública debido a errores estratégicos y de relaciones públicas. Estratégicamente es válido y encomiable que Mi Familia Progresa (Mifapro) se constituya en un programa clave del Gobierno, pero es un error que ello se haga a costa de sacrificar la eficiencia en áreas sustantivas de la gestión pública, tal el caso del Ministerio de Educación que, si apenas podía con sus responsabilidades específicas en materia educativa, se ha visto desbordado por sus nuevas cargas administrativas en el reparto de las TCE, área en la que este ministerio no tiene experticia alguna.
Otro aspecto que llama a la reflexión es que toda la discusión pública se haya centrado en el acceso a la información relativa a las cédulas de vecindad de los recipiendarios de las TCE. Por una parte, los fiscalizadores de Mifapro deben percatarse de que dicha información no puede contribuir de manera relevante a evaluar la eficiencia del referido programa y que únicamente revelará datos que podrán interpretarse de mil formas distintas, lo que quizá solamente sirva para azuzar conflictos políticos. La verdadera fiscalización de Mifapro debe basarse en indicadores que midan objetivamente el impacto que el programa tenga en las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas, en relación con los recursos allí gastados.
La existencia de estos indicadores, su análisis y su difusión pública han sido fundamentales en otros países para darle sostenibilidad política a este tipo de programas. Por el lado de los fiscalizados resulta injustificable su resistencia a trasladar los datos solicitados por la diputada Nineth Montenegro, pues con ello solamente levantan suspicacias y minan la fe de la ciudadanía en el programa. Convendría recordarles que en la administración de bienes públicos no basta con ser honesto; también hay que parecerlo.
El relajo de las últimas semanas tuvo el aderezo de una inexplicable y confusa huelga magisterial. Las medidas de hecho perseguían reivindicar la postura de “negociación” de su dirigencia para que se hiciera efectivo el aumento salarial acordado en su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Parece ser que los maestros ignoran que dicho pacto es Ley de la República, que no hay nada que negociar al respecto, y que el incumplimiento de las leyes se reclama en los tribunales, no en las calles perjudicando la actividad productiva del país.
La confusión se agudiza cuando un Viceministro de Finanzas declara que el pago a los maestros no podrá resolverse hasta que se perfeccione un préstamo del exterior, cuando sabe bien que la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los préstamos no pueden destinarse al gasto corriente (sueldos) sino solamente a inversión. Y se complica más cuando otra buena idea (la bancarización de los recipiendarios de las TCE) se adopta precipitada e inoportunamente, con el respaldo del Superintendente de Bancos, lo que despierta nuevas suspicacias y mina la credibilidad, no sólo deMifapro, sino también del ente fiscalizador bancario (autónomo según la ley) que nada tendría que estar haciendo en un asunto político-administrativo del Gobierno.
Lo preocupante de todo esto es que existen personas que viven del conflicto, que medran del desorden público, que usufructúan de la confrontación social y que se solazan en una mala imagen del país en el exterior. Solamente ellos y el crimen organizado pueden darle la bienvenida al relajo institucional.
OPINIÓN DE LECTORES
Pepe Recinos 02-03-2010 07:48:39 horas Los gastos se fiscalizan modernamente, en detalle, tanto por su calidad y cantidad, como en forma global por sus resultados. Lo que quiere decir que no se puede renunciar a establecer si efectivamente Juana Pérez y su familia recibieron las TCE u otro aprovechado; y si Juana López y otras más están recibiendo varias entregas con el fin de hacer proselitismo político por el partido oficial y por la ya candidata oficial. Si de allí resulta relajo, eso es mejor que encubrir malversaciones. Roberto Escobar 02-03-2010 10:20:10 horas Todos los programas como estos son para establecer familias y ayudarles a tener autoestima familiar, pero dándoles dinero sin sentido es sólo una manera de fomentar el óseo, sin resultados. Los diferentes programas no funcionan porque no se les da un seguimiento con honradez y deseos ver los cambios. Francisco Franco 02-03-2010 12:20:08 horas Hay un dicho que dice que es mejor enseñar a pescar que dar directamente el pescado, ya que lo que se ocasiona con esto es detener la actitud del trabajo y vuelve al ser humano un ser dependiente. Lamentablemente los programas creados por el Gobierno tienden crear falsas expectativas ya que no atacan el problema que padece la población directamente, sino que toman decisiones al azar sin consultar y sin medir las consecuencias. Simplemente están improvisando.
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