Bienes Públicos

En las sociedades civilizadas, la provisión de bienes públicos (seguridad pública, administración de justicia, saneamiento, carreteras, etcétera) suele estar a cargo del gobierno (nacional o local) o, si no lo es, al menos está estrictamente regulado por éste. Ofrecer estos bienes a la ciudadanía es la función central del Estado y, por lo tanto, el gasto público se prioriza en los presupuestos gubernamentales en función de la provisión de dichos bienes. Si esta elemental cuestión estuviera clara en la mente de los líderes nacionales, quizá muchos de los debates y desencuentros que fomentan la ingobernabilidad del país podrían ser resueltos en beneficio del país. El post de esta semana, que es mi columna publicada en Siglo XXI este martes, abordar este tema; como el tema es algo árido (¿o lúgubre?), cualquier comentario, duda o sugerencia de los amables lectores será especialmente bien recibida.

Opinión | POLÍTICAS PÚBLICAS

Bienes públicos

A nuestro país le urge atraer inversión extranjera directa que le permita reducir la dependencia de las remesas.

Mario A. García Lara mglara@sigloxxi.com El debate que normalmente se produce cuando se plantean cambios en la estructura tributaria o en el presupuesto del Estado podría ser más fluido y productivo, si existiera una mayor conciencia de todos los participantes respecto de qué son los bienes públicos y cuál es su importancia crucial para el desarrollo. Al bando de quienes se empeñan en aumentar a toda costa más los recursos disponibles para el Gobierno mediante más impuestos, el concepto de bienes públicos les ayudaría a comprender que es necesario tener prioridades en el gasto público y que el reparto de dinero a través de transferencias condicionadas (por muy útil que sea como mecanismo de cohesión social y de combate a la extrema pobreza) no puede ser la pieza central de una política de desarrollo sostenido. Para quienes, por el contrario, se oponen a cualquier impuesto bajo el argumento de que el Estado tiene poco qué hacer en la economía de un país, el concepto de bien público les puede ayudar a comprender el rol clave que el gasto público efectivo puede jugar para propiciar el desarrollo de largo plazo del país. Según la teoría económica, la cantidad que un individuo usa de un bien o servicio de los llamados “bienes públicos” no afecta ni menoscaba la cantidad de dicho bien o servicio que, una vez producido, puede ser usada por cualquier otro individuo. Por ejemplo, en el caso de un poema, cualquier persona puede leerlo sin que ese acto impida a alguien más hacer lo mismo. Igual ocurre, digamos, con las frecuencias de radio que cualquiera puede escuchar sin que eso impida a cualquier otro radioescucha hacer lo mismo. En los libros de texto se definen los bienes públicos como aquellos para los cuales el que una persona adicional los consuma no significa ningún costo extra, y el ejemplo clásico que se presenta de un bien público es la Defensa Nacional. Guatemala es uno de los 2 ó 3 países con los peores indicadores sociales del continente americano, pese a que su nivel de ingreso no es de los 2 ó 3 más bajos. Esta situación paradójica se explica, en gran medida, porque existe una enorme ausencia de bienes públicos esenciales, tales como educación, salud, infraestructura física, seguridad pública y cortes de justicia confiables. Esa escasez de dichos bienes se convierte en un obstáculo fundamental para que exista un adecuado clima de negocios que propicie el desarrollo económico. A nuestro país también le urge atraer inversión extranjera directa que le permita reducir la dependencia (y vulnerabilidad) que tiene respecto de las remesas familiares como fuente que permite cubrir el déficit comercial con el exterior. Sin embargo, la escasa oferta de bienes públicos es el factor clave que impide que dicha inversión se materialice. De tal manera que es imprescindible que del debate fiscal surja un consenso de la sociedad guatemalteca en cuanto a la necesidad de aumentar la base impositiva, no como un fin en sí mismo, sino como el medio para corregir las sempiternas deficiencias de capital físico y humano a través de la adecuada provisión de los bienes públicos esenciales. El gasto estatal en dichos bienes debe estar claramente identificado en el presupuesto de la Nación, y debe asignársele una prioridad claramente superior a la de cualquier gasto que sea superfluo o que tenga solamente propósitos electoreros.