REFRENAR EL GASTO PÚBLICO

SE LE HA PERDIDO EL RESPETO AL DÉFICIT FISCAL. LAS CONSECUENCIAS PUEDEN SER CATASTRÓFICAS

El impacto fiscal de dos leyes recién aprobadas en el Congreso (la ley de apoyo a los consumidores de combustibles y la ley de infraestructura estratégica) es inmenso. El presupuesto de gastos aprobado en noviembre -que ye era históricamente elevado- se verá aumentado de Q101.4 millardos a Q105.4 millardos, con lo que el déficit fiscal previsto para 2022 aumentará de un preocupante nivel superior al 2.9% del PIB a un francamente alarmante 3.4% del PIB. Los analistas e instituciones financieras internacionales han advertido que cualquier porcentaje superior al 2% es, para Guatemala, una amenaza para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de nuestra economía.

A raíz de la pandemia, los políticos alrededor del mundo (y en Guatemala también) parecen haberle perdido el miedo a los desequilibrios fiscales, olvidando las lecciones de la historia. Es de simple sentido común y de elemental prudencia que se le pongan límites a esta aparentemente irrefrenable tendencia a gastar más de lo que los ingresos fiscales aconsejan. Una forma de evitar que la sostenida expansión del gasto fiscal provoque desequilibrios macroeconómicos -que ha probado ser exitosa en muchos países- es el uso de las llamadas reglas de responsabilidad fiscal (o reglas macrofiscales), que establece límites cuantitativos a ciertas variables para dar seguimiento y limitar los indicadores fiscales.

El más importante es el indicador del déficit fiscal. Un déficit superior al 2% del PIB sólo podría justificarse ante demandas ingentes de carácter estructural o social (como el caso de alguna necesidad impostergable de invertir -transparentemente- en infraestructura o atención social que, en todo caso, debería ser un incremento temporal, en tanto se ponen en marcha los esfuerzos para incrementar la recaudación fiscal. Otro límite clave es el del ahorro corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes). Entre las reglas fiscales que se utilizan en distintos países también destacan las reglas de gasto, que ponen límites razonables al gasto primario o al gasto corriente en términos absolutos, a sus tasas de crecimiento o a sus tasas como porcentaje del PIB; y, por otro lado, las reglas de ingreso que se vinculan a la determinación de techos o pisos a los ingresos fiscales

Dada la predisposición de la clase política a gastar a manos llenas, es conveniente empezar a aplicar este tipo de reglas, dándoles una naturaleza legislativa que limite, por ejemplo, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, de manera que su resultado (superávit de la cuenta corriente) no sea menor al equivalente al 3% del PIB (como se contempló en los principios del Pacto Fiscal de 2001). Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo  subraya que las reglas fiscales han contribuido a reducir la probabilidad de crisis fiscales y su prociclicalidad, siempre que su aplicación no perjudique la inversión pública. Sería una gran muestra de madurez política y visión de Estado que el Congreso empezara a considerar la adopción de este tipo de reglas de autocontrol, para compensar los potenciales perjuicios de la juerga de gastos que nos heredó la pandemia.