Recobrar la Disciplina Fiscal

 REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL ES UN DESAFÍO CRUCIAL PARA QUE GUATEMALA CONSERVE SU BUENA REPUTACIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

La deuda pública incluida en el proyecto de presupuesto del Estado para 2021–recién entregado al Congreso de la República para su discusión y eventual aprobación- asciende a la histórica cifra de Q32.6 millardos, monto que -como porcentaje del PIB-, cuando se compara con otros países, resulta relativamente bajo, al igual que son bajos los montos de gasto y de ingresos previstos (lo cual no sorprende porque el tamaño del gobierno guatemalteco es históricamente pequeño). Pero cuando se compara el endeudamiento como porcentaje de los ingresos tributarios, que es una medida de la capacidad de pago del Estado, la cifra se torna preocupante.

El endeudamiento público se ha disparado este año -y continuará aumentando en 2021- debido a que los gastos extraordinarios derivados de la crisis generada por el Covid-19 debieron ser financiados con deuda. Esos gastos generan un precipitado aumento del déficit fiscal —gastos que superan los ingresos— que pasó de representar un 2.2% del PIB en 2019, a alrededor de 6% en 2020. Según el proyecto de presupuesto, el déficit empezará a reducirse en 2021 -a un 4.9% del PIB-, pero aún se trata de un nivel anómalamente alto. Afortunadamente, las previsiones presupuestarias indican la intención de reducirlo gradualmente hasta volver a ubicarlo en niveles de 2%, considerados sostenibles por expertos internacionales.

Esa reducción del déficit es un desafío crucial para la economía guatemalteca. Nuestro país posee una muy buena reputación en los mercados financieros internacionales, ganada a pulso a lo largo de las últimas tres décadas merced a la aplicación de políticas monetarias y fiscales prudentes. Esa reputación ha sido clave para que el país logre acceder a los mercados financieros en condiciones favorables, lo que para otros países (como El Salvador o Costa Rica) resulta impensable, especialmente en estos tiempos de crisis. La buena reputación financiera del país es un invaluable activo que es menester preservar, lo cual implica retomar la disciplina fiscal.

Para el efecto, es importante que el fisco -tal como se esboza en el proyecto de presupuesto 2021- adquiera el compromiso de reducir gradualmente el déficit a niveles sostenibles, para lo cual será necesario plasmar en ley la ruta de retorno a la ortodoxia fiscal. De lo contrario, la deuda pública seguirá creciendo más allá de los límites tolerables, lo que significa que sería impagable, desencadenando una crisis fiscal y cortando el acceso al crédito externo, no sólo para el gobierno, sino también para el sector empresarial.

Es muy probable que el esfuerzo que requerirá el retorno a la ortodoxia implique (cuando concluya la emergencia) la necesidad de establecer diálogo nacional que conduzca a un pacto fiscal integral, es decir, uno que no se centre solamente en los ingresos tributarios (sabiendo que, eventualmente, la deuda pública debe pagarse con impuestos y no con más deuda), sino que aborde centralmente cómo mejorar la calidad del gasto público, que cada año se ha venido deteriorando más en términos de despilfarro, ineficiencia y opacidad. Dicho diálogo también deberá incluir la adopción de ciertas reglas cuantitativas -como existen en otros países- para evitar que una indisciplina fiscal -obligada por la crisis actual- se vuelva costumbre y dañe la estabilidad económica.

Un primer paso es que el Congreso apruebe la trayectoria de reducción del déficit incluida en el proyecto de Presupuesto para 2021. Sería nefasto que, por el contrario, el Congreso no aprobara un presupuesto para el próximo año, lo cual significaría decidir dejar vigente el enorme y desordenado presupuesto del año actual; es decir, una receta para el caos y el despilfarro.