Las Tres Opciones del Congreso

 ES NECESARIO APROBAR EL PRESUPUESTO PARA 2021, PERO ANTES HAY QUE CORREGIRLO

 A principios de septiembre, el Ejecutivo presentó al Congreso su propuesta de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2021, que apunta a continuar con una política fiscal notoriamente expansiva: se prevé un déficit fiscal de 4.9% del PIB que refleja un techo de gasto de Q99.7 mil millones que, aunque menor a los Q107.7 millardos del presupuesto ampliado de 2020, resulta significativamente más alto que los Q87 millardos originalmente previstos en el presupuesto prepandémico de 2020. Con ello, el endeudamiento público aumentará aún más hasta alcanzar un alarmante nivel que equivaldría a más del 360% de los ingresos tributarios.

 Antes de la fecha límite del 30 de noviembre, el Congreso deberá decidir qué hacer con esa propuesta, para lo cual tiene tres opciones. La primera -y peor- opción es la de no aprobar el presupuesto, tal como ha ocurrido varias veces en años recientes. Esta opción (reflejo de la incapacidad política de llegar a acuerdos parlamentarios por el bien del país) es, casi siempre, la menos deseable porque obliga a mantener vigente el presupuesto del año previo, con los consabidos problemas que esto acarrea, no solo en cuanto la dificultad operatoria del ya ineficiente aparato estatal, sino porque implica realizar múltiples (opacas y truculentas) transferencias a lo largo del año. Y ahora la situación seria aún más grave porque, de repetirse el inflado presupueste de 2020, las variables macro-fiscales se deteriorarían aún más, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

 Otra opción -no tan grave, pero igualmente desaconsejable- sería aprobar el presupuesto tal como lo presentó el Ejecutivo, o con muy pequeños ajustes negociados con fines políticos. Esta opción, aunque cómoda para los diputados, implicaría que el Congreso no haga su trabajo de revisar, discutir y corregir las principales debilidades que, como cada año, sufre el proyecto de presupuesto. Esta vez, la corrección de tales debilidades puede significar la diferencia entre iniciar una dinámica de deterioro permanente de las cuentas fiscales o emprender una ruta gradual de consolidación fiscal que permita mantener la buena reputación financiera del país en los mercados nacionales e internacionales.

 La mejor opción que tiene el Congreso es la de introducir las enmiendas necesarias para mejorar la eficacia del gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Entre ellas destaca la necesidad de reducir el techo de gastos a niveles más prudentes: los gastos de funcionamiento se han disparado en 2020 (como resultado de las ampliaciones que se aprobaron para combatir los efectos de la crisis); esos gastos deberían de reducirse en 2021 mucho más de lo que se plantea en el proyecto de presupuesto. Ello permitiría que el déficit fiscal y la deuda pública se moderen gradualmente hasta recuperar niveles más sostenibles.

 También debe corregirse el injustificable y absurdo uso del endeudamiento para financiar gasto recurrente (la deuda pública solo debería destinarse a inversión). Asimismo, deben establecerse mecanismos para blindar los más de Q4 millardos que se prevén para infraestructura que, de no protegerse, se perderán dentro de la caja negra de la obra pública. Es necesario obligar al gobierno a que -¡por fin!- genere información sistemática del número y costo de la plantilla de trabajadores del sector público, así como obligar a los gobiernos locales a adoptar prácticas esenciales de rendición de cuentas. Y es clave ajustar varias normas presupuestarias que son básicas para asegurar una mayor transparencia en el gasto gubernamental. Ojalá exista la madurez, capacidad y voluntad del Congreso para hacer tales ajustes y aprobar un presupuesto gubernamental responsable para el próximo año.