Debilidad en Nuestras Políticas Públicas

Para que las políticas públicas de un país sean exitosas, deben cumplir con ciertas características mínimas. Deben ser, en primer lugar, deben ser estables: es decir, deben permanecer en el tiempo sin sufrir cambios bruscos o injustificados. Deben, al mismo tiempo, tener la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad económica y social, sin perder su orientación y esencia. Deben ser susceptibles de ser puestas en práctica por el aparato estatal de manera eficiente y oportuna. Dicha ejecución debe ser coherente con otras políticas públicas y hacerse de manera coordinada entre los entes estatales relacionados con la misma. Deben ser de beneficio general, es decir, estar diseñadas y aplicadas a impactar en la sociedad y en la economía en su conjunto, y no solamente en grupos privilegiados. Y, por último, deben ser eficientes, en el sentido de que los recursos necesarios para llevarlas a cabo se utilicen de manera racional, sin desperdicios (y, por supuesto, sin corrupción). Un estudio reciente del BID (que se puede ver en http://ssrn.com/abstract=1575310) pone de manifiesto que, comparado con otros países de Latinoamérica, la calidad de nuestras políticas públicas es terriblemente precaria.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas en Guatemala son las más débiles de Latinoamérica, con excepción de las de Paraguay, según un estudio reciente preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que le asigna calificaciones a las distintas características de dichas políticas para medir su efectividad y su calidad; de los dieciocho países latinoamericanos, Chile (para no variar), Uruguay y Brasil son los que mejores políticas públicas aplican (y que mejor desempeño muestran, consecuentemente, en términos de desarrollo económico y social), en tanto que Venezuela, Ecuador, Guatemala y Paraguay son los peor calificados.

Nuestras políticas públicas son erráticas: con demasiada frecuencia, al menor cambio en los vientos políticos, las medidas de política pública se interrumpen o se revierten, lo cual le imprime un alto grado de volatilidad al quehacer de las entidades gubernamentales. Recordemos, a manera de ejemplo, la supuestamente exitosa política de “Creciendo Bien” impulsada en el gobierno anterior, de la que hoy no queda más que el recuerdo. Los países más exitosos, como Chile, son capaces, al contrario, de mantener en el tiempo la mayoría de sus políticas públicas y cuando las modifican es para adaptarlas a las cambiantes condiciones económicas o para corregir alguna falla que se haya detectado.

Esa capacidad de adaptar las políticas a las necesidades de los tiempos también está ausente en nuestro país, bien sea porque el proceso de formulación y aplicación de las mismas se entorpece por la ineficiencia burocrática, o bien por las propias trabas legales que, a veces con la buena intención de evitar discrecionalidades de los funcionarios públicos, se convierten en camisas de fuerza que limitan la adaptabilidad de las políticas públicas.

Otra debilidad que destaca el estudio del BID es la poca coordinación que existe entre los distintos actores involucrados en el proceso de las políticas públicas, lo cual genera incoherencias en su aplicación que se traducen en ineficacia. Cuando la coordinación es crucial para el éxito de las políticas, como en el caso de la política fiscal y la política monetaria, Guatemala ha logrado establecer los mecanismos adecuados; sin embargo, en el caso de otras políticas que también requieren coordinación, como por ejemplo en la relación entre las políticas de salud y de educación o entre la política nutricional y la de transferencias condicionadas de efectivo, se ha evidenciado no sólo descoordinación sino también traslapes e, incluso, rivalidades, disputas y contradicciones en su implementación.

Algo peor ocurre en los pocos casos en que sí existen políticas bien diseñadas, que han logrado pasar apropiadamente el debate legislativo, pero que en la práctica son inefectivas. Pueden mencionarse entre ellas la política de seguridad alimentaria y nutricional, o la política de seguridad pública incorporada en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; en ambos casos se trata de políticas ampliamente discutidas, consensuadas e internacionalmente reconocidas, plasmadas en sendas leyes de la República que simplemente no han sido aplicadas debido, entre otras razones, a la falta de voluntad política, a la escasez de funcionarios capaces e independientes, y a la debilidad de los mecanismos judiciales que obliguen a cumplir con la ley.

Por si lo anterior fuera poco, el estudio del BID también encuentra que nuestras políticas públicas también merecen una baja calificación en términos de su eficiencia, tanto en lo que se refiere al desperdicio de recursos financieros (aspecto que, posiblemente, está asociado a la falta de transparencia en el gasto), como en lo que respecta al alcance y cobertura de las políticas para beneficiar a grandes grupos de la población y no solamente a unos pocos favorecidos.

Es menester que los políticos y los funcionarios públicos cobren conciencia del estado de situación que el estudio del BID pone de manifiesto para que, en materia de políticas públicas, no sigamos en el pelotón de los rezagados.

Comentarios de los lectores

Ramiro Asturias Zamora 20-07-2010 10:56:27 horas

Convendria preguntarnos: Que le ha permitido a Chile diferenciarse tanto de Venezuela? O, al Uruguay de Ecuador? O, al Brasil, del Paraguay? Dicho en terminos mas inmediatos, por que se ha venido pareciendo nuestra amada Guatemala mas a Paraguay, que al Brasil? Mas a Ecuador, que al Uruguay? Y mas a Venezuela, que a Chile?He alli la cuestion!