NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS

SIGUEN SIENDO UNA VÍA PROMETEDORA PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

Las instituciones de microfinanzas están llamadas a llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas por el sistema financiero tradicional. Con variado grado de éxito, a lo largo de los años, las microfinanzas han logrado elevar el nivel de vida y empoderar socialmente a colectivos tradicionalmente excluidos (mujeres, microempresas o campesinos). Aun así, se estima que en el mundo hay dos mil millones de personas excluidas de los mercados financieros. La semana pasada asistí a la Semana Europea de Microfinanzas, en Luxemburgo, donde se identificaron y discutieron las tendencias y desafíos que para las microfinanzas plantea un mundo post pandemia y que definirán las posibilidades de que en el futuro estas puedan cumplir su promesa de incluir financieramente y empoderar socialmente a quienes hoy están excluidos.

Los confinamientos provocados por la pandemia exigieron una rápida transformación digital (especialmente en el mundo de las finanzas), mientras que la inflación mundial actual está mermando el poder adquisitivo (especialmente de los más pobres). Estas realidades desafían la intención de las microfinancieras de llevar financiamiento a las micro empresas, empoderar a las mujeres y acercar los servicios financieros a las personas de menores ingresos. Este escenario plantea retos que, tanto las autoridades gubernamentales como las propias entidades de microfinanzas y los demás agentes de inclusión financiera, deberán enfrentar en los próximos años.

Por el lado de la oferta de micro créditos, la digitalización puede ser la vía clave para acelerar la innovación, pero es una vía que no está exenta de riesgos. Las entidades microfinancieras deben esforzarse en transformar sus métodos de operación, por ejemplo, digitalizando el envío y recepción de remesas familiares desde el exterior, o habilitando las operaciones con sus clientes las 24 horas del día mediante herramientas tecnológicas adecuadas. Por el lado de la demanda, los potenciales usuarios de micro créditos deben poseer cada vez mejor educación financiera para hacer el mejor uso posible de todos los productos que están ahora a su alcance.

Pero la incertidumbre y las amenazas mundiales están en aumento. La pandemia ya fue duro golpe que tuvo repercusiones sobre la capacidad productiva de los usuarios, la privacidad de los datos de los clientes, la fluidez de las cadenas de suministro, el endeudamiento de las familias, y la inflación de precios de los alimentos y combustibles. Las crecientes externalidades negativas afectan el crecimiento económico, las expectativas y la confianza de los mercados. En este entorno incierto las microfinanzas siguen siendo una vía prometedora para transformar la vida de las personas de bajos ingresos, empoderándolos para salir adelante mediante sus propios emprendimientos; pero ello requiere no solo del esfuerzo e innovación de las propias entidades de microfinanzas, sino también del apoyo de un marco regulatorio y de políticas públicas que facilite el acceso de los más pobres a un financiamiento responsable, sostenible y de calidad.

¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?

NADIE SABE A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAY EN GUATEMALA

Según el proyecto de presupuesto del Estado para 2023, más de Q33 mil millones se destinarán al pago de remuneraciones, lo que equivale a más del 28% del total del gasto gubernamental. El mayor componente del gasto público es la masa salarial, la cual ha mostrado una tendencia creciente y genera una gran presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se sabe que los sectores que han impulsado el gasto salarial del gobierno son los de educación y salud. Y se sabe que buena parte del aumento continuo de la masa salarial se debe a incrementos salariales que no tienen relación con mejoras en los resultados y que responde a la suscripción de diversos pactos colectivos Lo que nadie sabe, sorprendentemente, es el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente.

Como nadie en el aparato estatal sabe a ciencia cierta esos datos, la gestión del recurso humano en el gobierno es un caos -desde el punto de vista administrativo- y una bomba de tiempo -desde el punto de vista financiero-. Antes de la pandemia, en noviembre de 2019, el INE dio a conocer los resultados de un llamado Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018, en el que se estableció que, en un momento dado, había 292,753 servidores públicos. Según se publicó en algunos medios de comunicación, el entonces presidente Jimmy Morales desaprobó ese “censo”, ya que la cantidad de funcionarios sin censar y la tardanza en publicar el informe generaron serias dudas.

Pero, en todo caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente. Si es inexplicable que el Ejecutivo no cuente con la información precisa del número y características de su plantilla de empleados, también lo es que la Contraloría de Cuentas y el Congreso de la República -entidades que por antonomasia deben ejercer una función de fiscalización- no hayan, desde hace años, puesto el grito en el cielo por esta situación ni estén velando porque se cuente con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. Para empezar, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENÓMINAS y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos, adoptando estándares internacionales para garantizar la calidad de la información sobre la nómina de empleados públicos. Por su parte, los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios. De lo contrario, la gestión de recursos humanos en el Estado seguirá siendo caótica.

EL AGUJERO NEGRO

EL SISTEMA DE JUBILACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ES UNA AMENAZA PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

La gestión de recursos humanos del gobierno central adolece de múltiples debilidades, empezando porque nadie sabe con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran ni en qué entidad laboran. Una de las consecuencias más graves de la falta de control sobre la planilla de servidores públicos es el gigantesco agujero negro financiero del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, cuya quiebra de facto implica un enorme riesgo para la finanzas del Estado pues, por un lado, dicho régimen ha sido insuficiente para generar reservas (al contrario, ha generado reservas negativas que deben cubrirse con fondos del presupuesto) y, por otro, tiene un índice de dependencia menor que uno (los recursos que ingresan son menores que los recursos a ser pagados).

Por ello es un acierto que en el proyecto de Presupuesto del Estado para 2023 (actualmente bajo discusión en el Congreso) se haya explicitado un capítulo de Riesgos Fiscales que da una clara voz de alerta sobre el creciente déficit del régimen de jubilados del Estado, mismo que se agrava debido al vacío de los controles y la falta de sistemas robustos de información, lo cual permite prácticas que van en detrimento del buen manejo financiero del régimen (como el pago a jubilados aunque ya hayan fallecido o matrimonios a conveniencia para perpetuar el pago de jubilaciones). Además, se le ha venido endosando al régimen de clases pasiva la responsabilidad de absorber otros sistemas de pensiones (como el de GUATEL o el IPM).

El referido capítulo de riesgos fiscales asociados al régimen de jubilaciones del Estado advierte de otra contingencia importante, relacionada con el personal contratado en el renglón 029: algunos de estos trabajadores, no obstante que fueron contratados por concepto de prestación de servicios profesionales, han interpuesto y ganado reclamos laborales por la vía judicial que les permiten obtener prestaciones como si fueran trabajadores en relación de dependencia, pese a de que nunca aportaron al régimen. La insostenible situación financiera del régimen de clases pasivas estatales exige tener certeza del número de empleados públicos por dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen y realizar una revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas.

Si, por una parte, resulta encomiable que en el proyecto de Presupuesto para 2023 se de la voz de alerta sobre esta situación tan peligrosa para las finanzas públicas, por la otra, resulta una injustificable contradicción que, en ese mismo proyecto de Presupuesto, se haya incluido (sin ninguna justificación ni estudio técnico de respaldo) un incremento de Q600 millones a las jubilaciones y pensiones del Estado, con lo cual no sólo no se gestiona el riesgo identificado, sino que más bien deliberadamente se perjudica la sostenibilidad fiscal del país. Lo recomendable sería que, previo a aumentar las jubilaciones, se realice un estudio actuarial de este gasto que, año con año, representa un porcentaje creciente del presupuesto y que, para más inri, es financiado con endeudamiento público.

UN QUETZAL QUE SUBE Y BAJA

LAS RAZONES DE LA VOLATILIDAD CAMBIARIA PUEDEN (Y DEBEN) SER CLARAMENTE EXPLICADAS

En las últimas semanas, el tipo de cambio del quetzal ha tenido altibajos inusuales, alcanzando a principios de este mes un pico de 7.94 quetzales por dólar, lo que significó una depreciación de 3.5 por ciento respecto de su punto más bajo cinco meses atrás, solo para volverse a apreciar un 1 por ciento en días recientes. Estos movimientos cambiarios son absolutamente normales en países como México, Chile, Perú o Colombia, que tienen sistemas cambiarios teóricamente similares al nuestro, pero acá estamos tan mal acostumbrados a la perenne estabilidad del quetzal, que esos movimientos provocan un innecesario nerviosismo, incluso en las autoridades económicas y políticas.

La subida del tipo de cambio no debería asustar, no solo porque el alza ya se detuvo sino, principalmente, porque existen razones fundamentales -internas y externas- que la explican plenamente. Internamente, al rápido aumento del déficit comercial del país con el resto del mundo (debido al alza de precios en los bienes que importamos) se le une la estacionalidad de las importaciones (en preparación a la Navidad) y el hecho de que las tasas de interés domésticas están cada vez más bajas que las externas (lo que incita una salida de capitales), todo lo cual hace que la oferta de dólares sea menos abundante. Externamente, lo que estamos viendo es una apreciación a nivel mundial del dólar estadounidense, que está a su nivel más alto en veinte años, habiéndose apreciado en el año un 13 por ciento respecto del euro y un 6 por ciento respecto al promedio de las monedas de los mercados emergentes.

A la autoridad monetaria (autónoma) le corresponde explicar estas razones fundamentales a los agentes económicos y, especialmente, a los políticos, para evitar nerviosismos innecesarios y reacciones precipitadas e inconvenientes. También debe coadyuvar en el uso de mecanismos de coberturas para que los mercados naveguen las turbulentas aguas de los vaivenes cambiarios. Y explicar lo que todo economista debe saber (o, si no, puede googlearlo): la existencia de la Trinidad Imposible; es decir, que no se puede conjugar, simultáneamente, la libre movilidad de capitales, un tipo de cambio fijo y una política monetaria autónoma (especialmente en este ambiente inflacionario).

Es tiempo, pues, de guardar la calma y aplicar la prudencia monetaria: permitir que el tipo de cambio se ajuste (para arriba o para abajo, como lo aconseja el vigente sistema de metas explícitas de inflación), utilizar las herramientas de la política monetaria para acercar la inflación a su meta, focalizar la política fiscal evitando déficits innecesarios, intervenir en el mercado cambiario solo cuando sea imprescindible (para minimizar riesgos de inestabilidad financiera o de persistencia inflacionaria), y preservar las reservas monetarias internacionales para cuando de verdad haga falta enfrentar las salidas de capitales que podrían darse en estos tiempos de turbulencia financiera internacional.

REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE

DEBEN ENCONTRARSE FORMAS MÁS ORDENADAS, TÉCNICAS Y SOSTENIBLES DE ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES

Regalar dinero del erario público ha sido un recurso al que los políticos, no solo en Guatemala sino alrededor del mundo, suelen acudir para congraciarse con los electores en el corto plazo, pero que a largo plazo tiene consecuencias macroeconómicas muy negativas. Por ejemplo, la actual crisis inflacionaria a nivel mundial se debe, aunque sea en parte, a los gigantescos paquetes de estímulo fiscal -que incluyeron generosas transferencias no condicionadas de dinero a los ciudadanos- que los gobiernos de los países industrializados aplicaron para paliar los efectos de la pandemia.

En Guatemala existe una longeva inclinación de la clase política a regalar los dineros públicos con fines electoreros. Ejemplos como el bono a los ancianos que diseñó el entonces diputado Baldizón, o el de los comedores solidarios del gobierno de la UNE, o el de recientes iniciativas de ley que buscan aumentar las pensiones a los jubilados del Estado, ponen de manifiesto cómo este tipo de políticas, posiblemente bien intencionadas, imponen unos costos fiscales crecientes que pueden poner en riesgo la tan apreciada estabilidad macroeconómica del país. Solo este año, mediante la concesión de subsidios a la energía y al combustible -que son otra forma de regalar dineros públicos- han contribuido a que el rubro de transferencias al sector privado, a agosto, se haya incrementado en más de Q3 millardos (o un ¡120 por ciento!) respecto del año previo.

La más reciente de estas medidas fue la aprobación del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral (o ley de veteranos), que implica la entrega de Q36 mil por beneficiario, a entregarse en cuotas de a mil mensuales durante tres años. Con base en los 266 mil veteranos que dijeron que había en febrero de este año, el costo anual sería de Q3.2 millardos, por lo que en los tres años habrá un gasto de ¡Q9.6 millardos! Se trata de una cifra gigantesca equivalente a más de lo que en un año gasta el Ministerio de Salud Pública. Lo más paradójico es que la creencia de que con esos dineros se aseguran miles de votos para quienes apoyaron la medida, es un antiguo mito urbano que no se sustenta en la práctica. Además, seguramente deben existir otros mecanismos más ordenados, institucionales y fiscalmente responsables para compensar a los ex trabajadores del Ejército.

En todo caso, puesto que este tipo de iniciativas va a seguir surgiendo en el futuro, quizá lo más conveniente sea encontrar una forma ordenada, civilizada y técnicamente adecuada para abordarlas. En otros países existe una instancia netamente técnica en el Congreso que analiza el impacto fiscal de cualquier iniciativa de ley que involucre recursos públicos y que asesora a todas las comisiones de trabajo del Legislativo sobre la viabilidad fiscal y macroeconómica de las iniciativas de ley. Si no se adopta acá algo parecido para poner orden al respecto, será inevitable que en el futuro no lejano todos terminemos pagando el pato, ya sea porque habrá que pagar más impuestos para financiar estas ocurrencias, o porque caeremos en una crisis fiscal como la que sufren países vecinos.

LAS CAUSAS RAÍZ DE LA MIGRACIÓN

 UN MIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE GENERAR DIEZ VECES MÁS INGRESOS QUE EN SU PAÍS DE ORIGEN

Una nueva crisis de migrantes ilegales en los Estados Unidos se produce desde hace semanas. Los gobernadores republicanos de los estados fronterizos con México están enviando buses repletos de migrantes hacia los estados norteños gobernados por demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris (encargada de encontrar soluciones a la crisis) acusa a aquellos gobernadores de estar jugando con vidas humanas, al tiempo que asegura haber conseguido más de US$3.2 millardos para ayudar a que los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica tengan en sus propios países las oportunidades que necesitan para no verse en la necesidad de emigrar ilegalmente.

Pero, a pesar de que la estrategia de Harris busca atacar las “causas raíz” de las migraciones ilegales, pareciera que ni el gobierno estadounidense actual, ni su predecesor, tienen claras dichas causas. Por un lado, los fondos que Harris dice haber juntado para invertir en el Triángulo Norte apenas representan el 2 por ciento del PIB de la Región, por lo que resulta ingenuo pensar que una inversión tan pequeña pueda revertir los flujos de migrantes ilegales. Por el otro lado, en una conferencia reciente impartida en Guatemala, el ex vicepresidente Mike Pence pareció achacar la culpa de las olas de migrantes centroamericanos principalmente a “los carteles criminales que trafican personas”, lo cual suena también demasiado simplista.

Resulta difícil creer que los más importantes líderes de los Estados Unidos no tengan claro que el principal incentivo que motiva a los centroamericanos a emprender la peligrosa travesía rumbo al Norte es el enorme diferencial que existe entre los ingresos que pueden obtener allá en comparación a los que obtienen acá. El mismo campesino guatemalteco que en su pueblo apenas generaba ingresos mínimos para mantener a su familia en precarias condiciones, es el mismo que -tres meses después de haber llegado mojado a California- es capaz de generar cinco y hasta diez veces más ingresos. La pregunta relevante para identificar la causa raíz de las migraciones es ¿por qué un trabajador centroamericano puede ser diez veces más productivo en los Estados Unidos que en su país de origen?

No toma mucho darse cuenta de que la diferencia radica en la calidad del entorno para trabajar y hacer negocios. Un entorno donde el Estado provee los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, asistencia en salud y educación) y en donde las instituciones generan la certeza jurídica y el orden económico necesarios, es un entorno donde el individuo puede ser más productivo y encontrar las oportunidades para progresar y realizarse. La principal causa raíz de las migraciones desde el Triángulo Norte yace en la incapacidad de esos estados de proveer a sus ciudadanos los servicios públicos mínimos y de funcionar con base en instituciones sólidas que conformen un marco eficaz para la interacción humana y el progreso de las personas. Convencer a algunas empresas estadounidenses para que inviertan en el Triángulo Norte es importante, como también lo es combatir las mafias del coyotaje; pero para atacar la causa raíz de las migraciones, lo que se necesita es mejores servicios públicos y mejores instituciones.