EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

SI NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO

La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.

Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.

Excluir a los gobiernos de temas de política pública (como la capacitación, la mitigación de clima o la prevención de la violencia) que son de su absoluta responsabilidad, es un grave error que -aunque entendible- pone en evidencia que el eslabón más débil de la cadena de factores que conduce a las migraciones masivas es la debilidad de las instituciones estatales. Sin un fortalecimiento de esas instituciones (que requiere de la participación de los tres poderes del Estado), cualquier gasto que se haga tendrá pocas probabilidades de tener resultados duraderos. El desafío clave del Plan Biden es el de equilibrar los apoyos económicos con el apoyo técnico y el músculo político que se necesitan para construir capacidades gubernamentales y reformar instituciones en los países del Triángulo Norte.

UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN

 EL CES PODRÍA JUGAR UN ROL FUNDAMENTAL PARA IMPULSARLA

 La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó un informe económico sobre Centroamérica en el que aborda cómo enfrentar, desde las políticas públicas, los problemas de desigualdad y descontento social generados por la pandemia. El informe del BID enfatiza, para el caso de Guatemala, la necesidad de implementar una estrategia de reactivación económica que mejore la dinámica socioeconómica en el mediano plazo. Resulta muy oportuno, entonces, que el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- haya publicado (también hace pocos días) una propuesta de Plan de Reactivación Económica y Social -PRES-.

 La propuesta del CES, además de oportuna, tiene la virtud de complementar una serie de políticas puntuales que ya han sido discutidas y recomendadas en otros foros (como una política nacional de competitividad, medidas para el desarrollo rural, acciones para mejorar la conectividad, o políticas de empleo digno y de descentralización) con un planteamiento de componentes estructurales (que incluyen un sistema nacional de información, la reforma del servicio civil, la mejora en la transparencia y calidad del gasto público, y la sostenibilidad de las finanzas públicas) sin los cuales cualquier intento de reactivar la economía tendría resultados efímeros.

 Si bien el planteamiento del CES es un buen punto de partida para estructurar la estrategia de reactivación que el país necesita, también lo es que dicho PRES está planteado aún en términos muy generales que requieren de un esfuerzo adicional de priorización y de definición de detalles al nivel medidas de política pública más concretas: es necesario explicitar y priorizar las reformas de fortalecimiento institucional que permitan revertir la enorme ineficiencia del Estado para ejecutar sus funciones de una manera medianamente eficiente. El propio informe del BID hace hincapié en el imperativo de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio, a fin de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que impiden la inversión, la competencia y la adecuada provisión de bienes públicos esenciales, lo que contribuiría a disminuir los niveles de pobreza y de insatisfacción social existentes.

 Para que los componentes del plan propuesto por el CES sean viables, deben incluir explícitamente propuestas de reforma institucional: un sistema nacional de información requiere reformar el INE; el sistema de servicio civil implica reformar la ONSEC; mejorar la calidad del gasto requiere reformar la Contraloría de Cuentas; las políticas económicas, de conectividad, de descentralización o de empleo necesitan de un marco de certeza jurídica que implica reformar los sistemas judicial y de partidos políticos. El desafío que tiene ante sí el CES es no solo el de concitar, en torno a su PRES, un diálogo que incluya la reforma funcional del Estado, sino que conducirlo en el entorno de confrontación y desconfianza que hoy enrarece el clima de gobernabilidad. Por su conformación y mandato, quizá sea el CES uno de los pocos entes que quedan en el país con posibilidades de liderar tal esfuerzo.

CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO

 LA DEBILIDAD FUNDAMENTAL DE LA CC (Y DE OTRAS ALTAS CORTES) ES EL DISEÑO DE SU GOBERNANZA

La vorágine de las últimas semanas en torno a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC-, en uno de los procesos más salpicados de dudas, disputas y denuncias de la historia, no solo socava la credibilidad de esa altísima corte (con los efectos perversos que ello ejerce sobre la certeza jurídica en el país), sino que revela un problema de fondo que -pese a lo evidente- suele escapar de los debates políticos sobre el tema: el inadecuado conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de las cortes de justicia en el país (es decir, su deficiente estructura de gobierno corporativo).

Muchas de las debilidades del proceso de elección de magistrados de la CC tienen que ver con su gobernanza institucional: el despropósito de cambiar a todos los magistrados simultáneamente; los periodos muy cortos de ejercicio en el cargo; la falta de claridad respecto la acreditación de méritos de los aspirantes; y, la falta de claridad sobre sus funciones. Al corregir estos defectos de diseño sería posible mejorar sustancialmente la independencia y la excelencia (las dos características fundamentales) de los magistrados, sin evadir el hecho inevitable de que su elección y nombramiento es un acto eminentemente político.

En efecto, en virtud de la naturaleza inevitablemente política de los nombramientos, los magistrados no deberían ser electos simultáneamente, sino que en forma escalonada para garantizar que los entes (políticos) que participen en el proceso tengan ascendente sobre solo uno de los electos, ya que una elección focalizada (escalonada) potenciaría los frenos y contrapesos internos en cada cuerpo elector e impediría las dinámicas de repartición de cuotas que suelen darse cuando se eligen todos los magistrados a la vez. Por otra parte, ampliar los plazos de cada magistratura (como es común en la mayoría de países civilizados) permitiría distanciar a los jueces respecto de quienes los nombraron, potenciando su independencia.

Simultáneamente debe establecerse un método de elección de magistrados en que se califique su capacidad, experiencia y mérito profesional, de forma que solo pueda nombrarse a los mejor calificados. Igual de importante es restringir el mandato de los magistrados al campo jurisdiccional y específicamente constitucional: deben administrar justicia y no recursos, de manera que los temas administrativos y de gestión institucional deberían estar a cargo de instancias técnico-gerenciales que impidan caer a los magistrados en distracciones -y tentaciones- indebidas. Este es el tipo de reformas que deben discutirse y consensuarse para evitar que en futuro se repitan los bochornos de las últimas semanas.

INDUSTRIAS CREATIVAS: UN MOTOR DE LA ECONOMÍA

 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES GENERAN MÁS DEL 7 POR CIENTO DEL PIB

Las industrias creativas representan una fuerza económica en la que confluyen talento, propiedad intelectual, conectividad y herencia cultural. Hace algunos años, un estudio del Ministerio de Cultura reveló que las industrias culturales en Guatemala eran un sector que generaba el equivalente al 7.3 por ciento del PIB y que, además, no solo crecía más rápidamente (a 7 por ciento anual) que el resto de sectores económicos, sino también generaba numerosas fuentes de empleo y gozaba de una elevada productividad.

La economía creativa no se circunscribe al mundo tradicional de las artes, sino que incluye toda actividad cuyo valor agregado se base en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanía, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, moda, música, publicidad, software, radio-televisión, juguetes, y -crecientemente- videojuegos. Es altamente probable que muchas de estas actividades creativas hayan aumentado su aporte a la economía en años recientes, tendencia que seguramente se aceleró durante la pandemia: el comercio de servicios creativos ha encontrado en las nuevas formas de intercambio y comunicación un ambiente propicio para prosperar.

Actividades creativas -como los videojuegos- prometen convertirse en un pujante motor de la economía cultural, aunque muchos tradicionalistas se resisten a aceptarlas como manifestaciones artísticas. Pese a esa resistencia, varios videojuegos ya han aparecido en prestigiosas colecciones de museos y han sido definidos como piezas creativas valiosas. Es cuestión de tiempo: no hay que olvidar que el cine también enfrentó una resistencia similar antes de llegar a convertirse en el (hoy aceptado) “séptimo arte”. Hoy, expresiones creativas como los videojuegos conjuntan la narrativa, la música y el arte visual, y las estructuran mediante la tecnología para lograr -utilizando luz, sonido, lenguaje- una creación que es capaz de expresar, transmitir y provocar emociones y experiencias de una manera única. Es decir, son un arte.

Los cambios sociales y culturales que ha traído consigo la pandemia presentan una oportunidad para poner en valor nuevamente el potencial económico y social de las industrias creativas y, en consecuencia, para diseñar e impulsar políticas culturales eficientes que permitan la conservación y el desarrollo de condiciones para la creación y promoción de la creatividad y la cultura. Estas políticas deben incluir el resguardo de los derechos de propiedad intelectual y el acceso masivo a la internet, elementos fundamentales de las nuevas actividades creativas. De lo contrario, el trabajo de muchos creadores y artistas que se están adaptando -contra toda adversidad- a las nuevas realidades sociales y tecnológicas surgidas con la pandemia, quedará sin incentivos para florecer y expandirse en el inmenso campo de las industrias creativas.

La Mejor Política de Reactivación

UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN RÁPIDA Y GLOBAL ES EL ESTÍMULO MÁS FUERTE QUE PODEMOS PROPORCIONAR A LA ECONOMÍA

El impacto de la pandemia en el mercado laboral de Guatemala ocasionó el año pasado la pérdida de casi 61 mil puestos de trabajo formal (según la caída registrada de trabajadores afiliados al seguro social) y, presumiblemente, el aumento de unos 200 mil subempleados en el país. Eso entraña un golpe duro para el principal motor de nuestra economía -el consumo de los hogares- que, a pesar del impulso continuo que recibe de las remesas familiares y del apoyo (temporal e insostenible) que provino de las transferencias de emergencia que el gobierno concedió a muchas familias, dificultará la reactivación de la economía nacional.

De manera similar, otro motor clave de la actividad económica -la inversión en capital fijo- sufrió una fuerte caída en 2020. De hecho, de los cuatro motores de la demanda agregada -el consumo de los hogares, el gasto gubernamental, las exportaciones y la inversión- fue este el más afectado por la pandemia. La caída de la inversión, que ya venía manifestando niveles alarmantemente bajos en las últimas décadas, compromete gravemente las posibilidades de expansión de la actividad productiva en el mediano y largo plazos.

Tanto para dinamizar el consumo, como para multiplicar la inversión, resulta fundamental recuperar la confianza de los agentes económicos (recuperar, como diría Keynes, los espíritus animales). Sin embargo, recobrar la confianza resultará muy difícil si el país continúa hundiéndose en un clima de confrontación y de falta de certeza jurídica. Uno de los aspectos que más encapota con nubarrones de incertidumbre el horizonte económico del país es la vacilante evolución de la pandemia y, vinculada con ella, la falta de claridad respecto de la vacunación.

La vacunación, en efecto, debería ser la principal estrategia nacional para recuperar la confianza: es una acción unificadora (en medio de un entorno de confrontación), es inspiradora (en un entorno de pesimismo), es capaz de impulsar tanto el consumo como la inversión, y es una carta políticamente ganadora. Incluso si los líderes políticos y gubernamentales encargados de impulsar tal estrategia fuesen negacionistas o temerosos de la efectividad de las vacunas, no deberían despreciar las innumerables virtudes políticas de una bien diseñada (y mejor comunicada) política nacional de vacunación masiva.

La vacunación es tan crucial que la propia nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en una carta enviada la semana pasada a los líderes de los países más ricos, los instó a aumentar su apoyo para satisfacer las grandes necesidades insatisfechas de las iniciativas de vacunación para los países en vías de desarrollo, indicándoles que “un programa de vacunación rápida y verdaderamente global es el estímulo más fuerte que podemos proporcionar a la economía global”. En el mismo tono, podemos afirmar que un programa de vacunación, urgente y efectivo, a nivel nacional es la mejor política de reactivación económica de corto plazo que podremos encontrar.

Lo Bueno, lo Malo y lo Feo

 LUCES Y SOMBRAS DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE GUATEMALA

Es un hecho que la economía guatemalteca decreció en 2020 mucho menos de lo que lo hicieron los demás países del Continente; pero también es cierto que nuestro repunte económico en 2021 será menos dinámico que el de esos otros países. Es importante poner en claro las razones por las cuales nuestra economía ha sido demostradamente estable y resiliente ante esta (y la anterior) crisis mundial pero, a la vez, su velocidad de crecimiento ha sido estructuralmente lenta e insuficiente, acentuando nuestro rezago en términos de ingresos y bienestar de la población.

Lo bueno de nuestro país (es decir, lo que permitió que el impacto económico de la pandemia fuera menos severo) tiene que ver con que, al contar con unas condiciones monetarias y fiscales sólidas, fue posible adoptar oportunamente las medidas que soportaron la demanda interna -pública y privada-. Asimismo, el admirable esfuerzo de nuestros compatriotas migrantes -que en buena medida acudieron a sus ahorros para enviar remesas a sus familiares acá en casa-, así como la notable diversificación de nuestra base exportadora, sostuvieron el consumo de los hogares y la producción agroindustrial. Todo ello en un entorno en el que, afortunadamente, la velocidad de los contagios, aunque severa, nunca se tornó catastrófica.

Lo malo -el gran lastre- de nuestra economía es que, aunque tres de los cuatro motores de la producción nacional (el consumo de los hogares, el gasto público y las exportaciones) resistieron el embate de la pandemia, el cuarto motor (la inversión) se desplomó. Lo que es peor, la inversión era desde antes de la crisis el motor más pequeño e ineficiente del aparato productivo, razón por la cual el crecimiento económico de Guatemala ha sido el segundo más lento de toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años y nuestras perspectivas de largo plazo continúan siendo menos que mediocres.

Lo feo es que, detrás de esa paupérrima tasa de inversión subyace una famélica red de instituciones públicas que, por un lado, genera un ambiente de perenne incertidumbre y, por otro, impide que el Estado preste los servicios públicos esenciales que está llamado a proveer (seguridad, justicia, educación y salud primarias, infraestructura vial), todo lo cual se traduce en una baja productividad sistémica y en un clima adverso para que los negocios y los empleos florezcan.

La tarea clave es la de corregir lo malo (y lo feo), pero sin destruir lo bueno. En el afán de reformar el Estado, no debemos caer en el error echar por la borda las pocas -pero cruciales- fortalezas de nuestra economía: la estabilidad macro, la apertura comercial, la diversificación de la base productiva y la inclinación natural del guatemalteco al libre emprendimiento. Pero igualmente, en el afán de preservar la estabilidad y resiliencia macroeconómica, no debemos caer en el inmovilismo que no admite (o ni siquiera ve) la necesidad vital de reformar las instituciones estatales. El desafío que enfrenta hoy Guatemala es el de preservar las virtudes de su economía y, a la vez, corregir sus profundas debilidades estructurales. Para ello se necesitan luces y determinación, pero también prudencia.

Falta Crear Oportunidades

 MÁS QUE “MARCA-PAÍS”, NECESITAMOS UN ESTADO DE DERECHO

Guatemala no solo es el país con la tasa de formación de capital fijo (inversión) más baja de Hispanoamérica, sino que es uno de los países que menos inversión extranjera atrae en la Región. La semana pasada se publicó el Índice Global de Oportunidades, del Milken Institute, que evalúa 145 países para medir su potencial atractivo para los inversionistas extranjeros. De los veinte países rankeados en Latinoamérica, Chile ocupa el puesto número 1 (36 a nivel mundial) con mayor potencial para atraer inversiones, seguido de Uruguay (48 en el mundo) y Costa Rica (55). Guatemala solo ocupa el puesto 11 en la Región (97 en el mundo).

Este índice se compone de cinco categorías y catorce subcategorías que miden los factores económicos, financieros, legales, regulatorios e institucionales que, en conjunto, determinan el panorama de inversiones de un país. Guatemala califica relativamente bien solamente en la categoría de Estándares Internacionales y Políticas, que mide cuán integrado está el país a la comunidad internacional y cuánto se ajusta a las normas internacionales; ahí ocupamos el puesto 9 en Latinoamérica (77 en el mundo). En las otras cuatro categorías no nos va tan bien.

En la categoría de Servicios Financieros, que mide la profundidad y el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros, aunque no estamos tan mal a nivel mundial (puesto 88), sí lo estamos a nivel latinoamericano (16). En la categoría de Marco institucional -que captura la medida en que las instituciones ayudan a la actividad empresarial mediante la transparencia, la innovación, la protección de los derechos de los inversionistas y la gobernanza pública- no calificamos bien a nivel regional (puesto 12) ni mundial (106).

En la categoría de Fundamentos Económicos -que captura las perspectivas de crecimiento de la producción, el talento de la fuerza laboral y el potencial para la innovación- también nos mostramos muy mediocres (puesto 15 en Latinoamérica y 101 mundial). Y el peor desempeño lo tiene Guatemala en la categoría de Percepción de Negocios -que mide las limitaciones que enfrentan las empresas, así como la viabilidad y certeza jurídica para que las empresas resuelvan conflictos de todo tipo-, donde ocupamos puestos muy bajos (14 regional y 123 mundial)

Lo que a fin de cuentas refleja este índice es que, para atraer inversiones hacia Guatemala, no basta con identificar algunos sectores potencialmente “ganadores” y vendérselos a los posibles inversionistas. Ni basta con mejorar la “marca-país” hablando de nuestras bellezas naturales y culturales. Y, aunque necesario, tampoco es suficiente mantener la disciplina macroeconómica. Ante todo, el índice revela que los principales desafíos para los inversionistas se asocian a la falta de un marco legal sólido, transparente y predecible, incluyendo un sistema judicial eficaz y confiable. Por ello es imperativo tomar medidas concretas para fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y generar confianza. Sin ello, ni la inversión ni el desarrollo serán posibles.