La Pobreza en las Estadísticas

Las estadísticas que miden la pobreza son esenciales para orientar el diseño de las políticas públicas (y también las acciones de responsabilidad social empresarial) en materia de bienestar social. Es de especial importancia que el INE esté a la altura para producir indicadores confiables y robustos en este campo.

Hace algunas semanas, la CEPAL nos sorprendió cuando en su publicación “Panorama social de América Latina" ubicó a Guatemala como el segundo país más pobre del continente, con una incidencia de pobreza de 70.5%, solo por encima de Nicaragua (74.1%), empatado con Honduras (70.5%) y por debajo de todos los demás, incluyendo Haití. Esta estimación publicada por la CEPAL se basa en el índice de pobreza multidimensional que calcula el PNUD para sus informes de desarrollo humano.

Sin pretender entrar a disquisiciones metodológicas, lo que vale la pena destacar es que dicho indicador no coincide con el índice oficial de pobreza total que calcula el Instituto Nacional de Estadística -INE-, el cual se basa en las encuestas de condiciones de vida -ENCOVI-. El dato más reciente corresponde a 2014 (desgraciadamente no hay una ENCOVI más actualizada), e indica que el 59.3% de la población se encontraba en pobreza ese año; es decir, que más de la mitad de la población tenía un consumo por debajo de Q10,218 al año. La tendencia del indicador es ascendente, según las cuatro ENCOVIs existentes (de los años 2000, 2006, 2011 y 2014), pues aumentó 2.9 puntos porcentuales, pasando de 56.4% en 2000 a 59.3% en 2014.

La diferencia entre un resultado y el otro se explica sencillamente porque las metodologías utilizadas son diferentes y no son comparables entre sí. La cifra oficial del INE, basada en las encuestas de condiciones de vida, es básicamente una medida monetaria (unidimensional) que calcula el costo más un valor de consumo no alimenticio complementario: los que tienen ingresos menores a dicho costo están por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el dato de la CEPAL es, en cambio, un índice multidimensional que, además del nivel de ingresos, incluye estimaciones de necesidades no satisfechas, tales como privación de vivienda, protección social o rezago escolar.

Cada metodología (y existen muchas otras que se utilizan alrededor del mundo) tiene sus ventajas y desventajas, sin que hasta ahora sea posible discernir una que sea superior a las demás, por lo que debe tenerse claro que los diferentes cálculos pueden arrojar resultados disímiles para el mismo país en el mismo periodo de tiempo; por ello, es necesario que las entidades a cargo de estas estimaciones sean muy rigurosas en cuanto a las definiciones metodológicas y, al mismo tiempo, muy humildes respecto de la exactitud de sus resultados numéricos.

También, y asociado a lo anterior, debe existir mucha prudencia para no sobrestimar ni subestimar las cifras de pobreza, pues las políticas públicas de reducción de la pobreza -esenciales para fomentar el bienestar social y generar un clima de gobernabilidad favorable a la actividad económica- deben basarse en cifras confiables. Independientemente de la diferencia de resultados y de si somos el segundo país más pobre de América (según la CEPAL) o el cuarto (según el INE), lo cierto es que los indicadores señalan un incremento de la incidencia en la última década, lo cual señala la importancia de tener estadísticas confiables para guiar las acciones gubernamentales en la materia.

Para lograrlo, es esencial que los entes oficiales encargados de calcular los indicadores de pobreza (el INE, en el caso de Guatemala) sean instituciones altamente profesionales e independientes de cualquier presión política o de grupos de interés. La iniciativa de Ley 5329, que reforma la Ley Orgánica del INE y que ya goza de dictamen favorable en el Congreso de la República, es una buena oportunidad de avanzar cuanto antes en este sentido. Ojalá se apruebe pronto.

La Corrupción y el Sistema Político

Mientras no haya una reforma profunda del sistema político y de las instituciones clave del Estado (justicia, servicio civil, obras públicas, Contraloría, etcétera), la corrupción continuará siendo el pegamento que mantiene unido al establishment político

El operativo del Ministerio Público y la CICIG de la semana pasada, relacionado con el millonario caso de corrupción en el Transmetro, ha puesto de manifiesto una vez más la naturaleza sistémica de la corrupción y que esta es una parte integral del quehacer político del país. La corrupción parece ser el pegamento que mantuvo unido y operando al establishment político durante décadas.

El problema de corrupción en Guatemala no es producto de la casualidad o de la mala suerte, sino que es un sistema resultante de una simple transacción: una persona ayuda a otra a alcanzar el poder político (en cualquiera de los tres poderes del Estado o a nivel municipal) a cambio de que esta, a su vez, le conceda acceso al erario público o a una parte del poder político, creando en el camino lealtades de conveniencia que –mientras duran- fortalecen el sistema.

Una cantidad creciente de funcionarios (electos o nombrados) vieron sus cargos como una oportunidad de hacerse ricos, ya sea mediante el tráfico de influencias o directamente mediante el robo descarado. De esa degeneración sistémica no parece haberse salvado ninguno de los partidos políticos que ejercieron el poder desde que empezó el actual periodo democrático y  parecía –hasta antes de que la CICIG empezara su cruzada anti-corrupción en abril de 2015- que el sistema aseguraba las lealtades necesarias para mantener operando la maquinaria de extracción de recursos públicos.

Esto empezó a cambiar con la revelación del caso La Línea en 2015. Desde entonces, la corrupción se ha convertido en la razón de ser de la comunidad de activistas del país y en el tópico alrededor del cual gira la discusión pública, las campañas electorales, las decisiones de ahorro e inversión y, seguramente, los cálculos de los políticos para sobrevivir. El establishment político ya no goza de la libertad absoluta que antes tuvo para portarse mal impunemente, como lo atestiguan las sobrepobladas instalaciones del Mariscal Zavala.

Pero aún estamos lejos de acabar con el poderoso sistema de corrupción. El establishment cuenta con recursos a su favor, como la ineficiencia del sistema judicial que permite prolongar indefinidamente los juicios, con la esperanza de que los casos eventualmente se desvanezcan por agotamiento. El establishment también le apuesta a que la ciudadanía políticamente activa y crítica de la corrupción es una minoría concentrada en las áreas urbanas y que, por ello, podrán seguir contando con los votos del resto de la población poco involucrada en las intimidades operativas de la vieja política y más preocupada en resolver sus problemas vitales básicos, tales como la seguridad, el empleo y los ingresos.

Por eso, pecan de ingenuos quienes creen que solamente mediante la persecución penal de casos como La Línea y el Transmetro será suficiente para desmantelar el sistema patrimonialista que durante décadas ha depredado el erario público y destruido las instituciones del Estado. Ese sistema perverso, que se ha convertido en el principal obstáculo al desarrollo económico y social del país, es resistente y poderoso.

Lo que se requiere para desmantelar ese sistema es la reforma profunda del régimen electoral y de partidos políticos, así como el fortalecimiento de las instituciones fundamentales del gobierno: el sector justicia, el servicio civil, la contraloría, los sistemas de contrataciones e infraestructura, etcétera. Debemos cobrar conciencia de que el problema básico del país no es tanto la corrupción o el crimen organizado, sino la ausencia patente de un Estado que provea los servicios públicos esenciales en función de las necesidades de los ciudadanos y no de los intereses de los políticos.

La Fiebre del Bitcoin

El Bitcoin -como cualquiera de las llamadas criptomonedas- es un activo financiero que aspira a ser una moneda. Los potenciales inversionistas en estos activos deben estar conscientes de sus características institucionales y del comportamiento de los mercados, o podría aguardarles una sorpresa

Hace un par de meses, un querido amigo mío me contó que quería invertir algunos de sus ahorros en la compra Bitcoins (una de las primeras monedas digitales o criptomonedas surgidas hace pocos años, y la más célebre de ellas) para dárselos como obsequio de Navidad a su hermano, y pidió mi opinión.  Esto se dio en medio de una euforia especulativa en torno al Bitcoin que se produjo en todo el mundo durante la segunda mitad de 2017 y que llevó el precio de cada unidad de esa criptomoneda de unos US$5 mil en junio de ese año, a niveles de más de US$19 mil en diciembre, lo que la convertía en una apuesta de inversión muy atractiva.

Le dije que, como en cualquier inversión financiera, era crucial comprender bien los mecanismos institucionales del activo en el que se quiere invertir (en este caso el Bitcoin), así como los elementos del mercado en el que ese activo se transa. Para lo primero, hay que conceptualizar al Bitcoin como una moneda. Y para lo segundo, hay que tener conciencia de cómo operan las burbujas especulativas en los mercados financieros.

Para que un bien cualquiera (sea tangible o no) pueda ser considerado como "moneda", debe cumplir al menos tres funciones: primero, debe servir de medio de intercambio (es decir, debe servir para compras cosas); segundo, debe servir como depósito de valor (puede ser utilizado para ahorrar); y, tercero, debe servir de patrón de pagos diferidos (o sea, ser utilizable para denominar deudas). Esas tres características solo se pueden dar si existe un factor fundamental: confianza en ese bien; es decir, debe existir un grupo de personas que confía plenamente en que ese bien va a ser aceptado como moneda por los otros miembros de su comunidad (ya sea ésta un país o una comunidad informática).

Las monedas oficiales obtienen esa confianza en la medida en que sus economías y sus gobiernos tengan credibilidad; de manera que cuando una economía o un gobierno es inestable o débil, su moneda tendrá poco valor pues no generará confianza. De manera similar, el Bitcoin (lo mismo que las demás criptomonedas) adquieren esa confianza por medio de la credibilidad de las normas que rigen su emisión y de los algoritmos computacionales en los que esta se basa. Como en el caso de cualquier moneda convencional, el riesgo de las criptomonedas es que las bases de su credibilidad resulten frágiles y, en consecuencia, colapsen. Por eso, antes de invertir en una moneda (digital, lo mismo que convencional) hay que entender (y confiar en) sus bases institucionales (es decir en las normas y costumbres de su funcionamiento).

Por otra parte, el extraordinario aumento en el precio del Bitcoin el año pasado, daba razones para pensar que podía tratarse de una burbuja financiera. Este tipo de fenómenos, recurrentes a lo largo de la historia, se producen cuando un aumento rápido del precio del activo induce a nuevos compradores (como mi amigo) a invertir con la esperanza de que en el futuro cercano podrán vender el activo a un precio mayor que el que compraron, lo cual ocasiona una espiral de alzas en el precio. Cuando tal precio llega a niveles irracionalmente altos puede generarse una sensación de temor que da lugar a ventas masivas del activo, lo cual puede ocasionar un pánico y el colapso de la burbuja.

El Bitcoin, en efecto, bajó su cotización de más US$19 mil en diciembre pasado, a US$6 mil hace pocos días. Las preocupaciones sobre la seguridad de las criptomonedas, la reciente sobreabundancia de las mismas (ya no son un bien limitado) y las dificultades para ser universalmente aceptadas como medio de cambio y depósito de valor confiable, han afectado la cotización del Bitcoin. Ojalá mi amigo le haya dado otro regalo de Navidad a su hermano.

Estamos Bien... Pero Vamos Mal

Hemos progresado como país, pero otros países que antes estaban detrás de Guatemala (como Tailandia, China o Indonesia) nos han dejado atrás. Sin ir tan lejos, Costa Rica y Panamá están ya mismo en otra liga muy superior a la nuestra. La diferencia entre ellos y nosotros: la debilidad y disfuncionalidad de nuestras instituciones estatales.

Durante la preparación de un informe sobre la situación económica de Guatemala y sus perspectivas para 2018 (que presentaré esta semana en la reunión mensual de Consultores Para el Desarrollo –COPADES-) me fue surgiendo la imagen de un país con una serie de indicadores (macroeconómicos, sociales e, incluso, políticos) que permiten compararlo razonablemente bien con otros países de la región o con otros de similar nivel de ingreso en otras partes del mundo pero que, al mismo tiempo, avanza con pasmosa lentitud en comparación con sus semejantes.

Por ejemplo, hemos mantenido un crecimiento del PIB sostenido, estable, moderado y muy resiliente ante los vaivenes de la economía mundial; además, a diferencia de la mayoría de países vecinos, Guatemala ha mostrado desde hace tiempo un déficit fiscal bastante bajo y, desde hace un par de años, un superávit en su cuenta corriente de la balanza de pagos con el exterior, aspectos que se traducen en un bajísimo nivel de endeudamiento y que son indicativos de una firme y remarcable estabilidad macroeconómica.

En las pasadas tres décadas también se han producido importantes avances en importantes indicadores sociales –como los de escolaridad, mortalidad infantil, o cobertura de servicios públicos de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones-, así como evidentes progresos en materia de libertades civiles –libertad de expresión y prensa, participación política- e instituciones democráticas –Ministerio Público independiente, procesos electorales ininterrumpidos, defensoría de los derechos humanos activa-.

Ciertamente ha habido avances y tenemos buenos indicadores de estabilidad económica. Podríamos decir que estamos bien. Pero al mismo tiempo podemos decir que vamos mal, muy mal, porque avanzamos a un paso exageradamente lento y estamos, con claridad, quedándonos rezagados respecto de nuestros pares. Hace 30 años Costa Rica y Panamá ya nos superaban en la mayoría de indicadores de productividad y bienestar social, pero esas diferencias se han multiplicado rápidamente. Mientras que esos dos países progresan rápidamente, Guatemala se ha quedado estancada y firmemente adherida al pelotón de la mediocridad junto con Honduras, El Salvador y Nicaragua, tal como irrefutablemente lo atestiguan los diversos índices disponibles de desarrollo humano, de competitividad, o de progreso social.

En el mismo periodo hemos visto como nuestro país, que en los años ochenta exhibía un nivel de ingreso per cápita similar al de Tailandia o Corea, y muy superior al de China o Indonesia, ha sido rápida y ampliamente rebasado por estos países asiáticos, que han logrado sacar de la pobreza a millones de sus habitantes a través de procesos de rápido crecimiento económico basado en la inversión y en la productividad. Nuestra economía, mientras tanto, languidece adocenada sin poder generar suficientes empleos y mejoras en las condiciones de vida para los guatemaltecos que se ven obligados a migrar al exterior, muchas veces a riesgo de su propia vida, en busca de las oportunidades que su patria les niega.

Una diferencia fundamental entre esos países y Guatemala es la ostensible debilidad de nuestras instituciones estatales que paraliza la productividad sistémica. Para revertir lo anterior, es preciso adoptar medidas de fortalecimiento institucional y de aumento de la productividad que, ordenadas y priorizadas, conformen una agenda coherente de desarrollo. Quizá, aunque a primera vista no lo parezca, el clima de confrontación política e incertidumbre económica que se vive en la actual etapa de transición política sea propicio para obligar a las élites dirigenciales a reflexionar y dialogar a fin de identificar, definir e impulsar tal agenda.

Tres Dimensiones de la Corrupción

En la lucha contra la corrupción, la persecución penal es importante; pero de poco o nada servirá si no se avanza simultáneamente en la reforma institucional del Estado y en la instauración de una cultura ciudadana de la integridad.

La corrupción acarrea nefastas consecuencias políticas, económicas y sociales que ponen en grave riesgo la viabilidad futura del país. Su grado de peligrosidad depende de la forma en que evolucionen la tres dimensiones que la determinan: la dimensión punitiva (es decir, la manera en que se persigue y se castiga la corrupción), la dimensión cultural (la manera en la que la sociedad percibe y tolera la corrupción) y la dimensión operacional (la manera en que las instituciones se ordenan para que opere –o no- la corrupción).

Durante muchos años, la dimensión punitiva estuvo tan desdeñada y menospreciada que Guatemala llegó a ser uno de los países más corruptos del Hemisferio. Afortunadamente en abril de 2015 la CICIG y el Ministerio Público salieron de su letargo y emprendieron una meritoria lucha contra el cáncer de la corrupción, que podría haber sido más efectiva si la Contraloría de Cuentas se hubiese sumado para detectar oportunamente las irregularidades, para aportar elementos y pruebas en los diversos casos e, idealmente, para contener muchos de esos casos en el campo administrativo y minimizar el desgastante proceso judicial. De cualquier modo, por meritorios que sean los avances en la dimensión punitiva, de nada van a servir si no se producen al mismo tiempo avances significativos en las otras dos dimensiones.

Transformar la dimensión cultural es mucho más complicado cuando, como en el caso de Guatemala, la sociedad involucionó progresivamente hasta llegar a tolerar la  corrupción como algo normal. El Premio Nobel de Economía de 2017, Richard Thaler, indica que la corrupción es “contagiosa”: un acto de corrupción que parece normal o que no es sancionado provoca un efecto de imitación o de repetición por parte de otros miembros de la sociedad, lo cual genera una cadena de comportamientos repetitivos. Para romper ese círculo vicioso se requiere que en el discurso público y en el imaginario colectivo deje de considerarse la corrupción como algo esperado, habitual y normal. Esta transformación cultural es lenta per se y porque requiere de acciones y programas de cultura ciudadana impulsados desde el gobierno (nacional o municipal), lo cual implica una previa renovación de la clase política.

Por su parte, la transformación de la dimensión operacional quizá pueda ser más rápida si se enfoca en una indispensable reforma institucional que altere el nefasto andamiaje de entidades estatales que hoy se ordenan para favorecer la corrupción e impedir su oportuna detección y prevención. Tales reformas incluyen la del sistema de servicio civil, a fin de que las plazas en la administración gubernamental dejen de ser un botín político o una fuente de coimas y tráfico de influencias. El sistema estatal de infraestructura vial también debe reformarse, junto con el de compras de insumos, para hacerlos competitivos, transparentes y bien supervisados.

El sistema de contraloría y fiscalización del gasto público debe reformarse para hacerlo no solo más objetivo, eficaz y oportuno, sino para hacerlo parte de una perdurable cultura de probidad. Asimismo, el sistema judicial debe reformarse para asegurar que los jueces de todas las instancias sean independientes y capaces. Y, lo más importante, el sistema electoral y de partidos políticos debe reformarse profundamente para facilitar la participación ciudadana, mejorar la representación de los electores y fortalecer la autoridad electoral. Estas reformas institucionales son imprescindibles para darle sentido y sostenibilidad a la lucha contra la corrupción. Y requieren de perseverancia, adecuada propuesta técnica, participación ciudadana y voluntad política. La tarea no es fácil, nadie dijo que lo sería; pero es impostergable.

Tiempos Conflictivos

La sociedad guatemalteca está peligrosamente dividida. En el umbral del enfrentamiento, es necesario recapacitar y enfocarse en los temas de fondo, lo cual implica un acuerdo nacional sobre la reforma institucional: sistemas de partidos políticos, de justicia, de servicio civil, de compras gubernamentales y de infraestructura pública. Sin esa reforma, no habrá desarrollo.

La semana pasada fui invitado por la Asociación de Gerentes de Guatemala a impartir una conferencia sobre la situación del país, en el marco de su programa Líderes en Contacto. El ambiente prevaleciente entre el público participante -que, sin duda, es un reflejo del sentir de las élites dirigenciales del país- era de una patente incertidumbre respecto de la situación económica, así como de un cierto temor respecto del clima de conflicto que parece haberse instalado en quehacer político nacional.

En cuanto a la situación política, es evidente que la problemática que estamos viviendo, aunque compleja, puede entenderse -y atenderse- mejor si reconocemos que  Guatemala está viviendo (desde abril de 2015) un típico periodo de transición política desde un antiguo régimen (donde las leyes y normas no eran obligatorias, donde el patrimonialismo definía el juego político-partidista y donde la corrupción y la impunidad eran una cotidianeidad socialmente tolerada) hacia un nuevo régimen (donde se aspira a contar con instituciones fuertes que hagan prevalecer el Estado de Derecho).

Las transiciones, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, son procesos más o menos prolongados que generan una serie de tensiones sociales y de reacomodos políticos que en el largo plazo, si son bien conducidos, generan beneficios al país, pero que en el corto plazo ocasionan conflictos y enfrentamientos entre tres bandos: el que se resiste al cambio, el que anhela un cambio gradual y ordenado, y el que aspira a un cambio radical e inmediato.

En cuanto a la situación económica, a pesar de contar con un ambiente externo propicio (la economía mundial está en un periodo de auge) y de condiciones macroeconómicas estables (merced a nuestras políticas fiscal y monetaria ortodoxas), la muy baja -y malamente atendida- productividad del aparato económico, aunada a la conflictividad política, nos conduce a una permanente mediocridad del crecimiento económico y a muy escasos avances en materia de bienestar material.

Para superar la difícil coyuntura en los dos ámbitos (político y económico) se requiere de una agenda priorizada y de un liderazgo definido que den un aliento de esperanza ante la incertidumbre prevaleciente. Dicha agenda y dicho liderazgo deben enfocarse fundamentalmente en la reforma institucional: solo con instituciones más fuertes será posible darle sustento a la transición política (hasta ahora circunscrita al combate a la corrupción) y, simultáneamente, elevar la productividad del aparato económico (condición indispensable para lograr el desarrollo del país).

La buena noticia es que la agenda de reforma institucional está bastante bien identificada: sistema de justicia, sistema de servicio civil, sistemas de contratación e infraestructura pública, y sistema electoral y de partidos políticos. Si bien el contenido en detalle de las reformas puede y debe ser objeto de debate y discusión, la esencia y necesidad de las mismas debiese ser, más bien, motivo de unidad y consensos entre los distintos sectores organizados de la ciudadanía.

El reciente llamado al optimismo y al diálogo por parte del sector privado organizado en torno a una agenda mínima de país, o la apelación a la sensatez política por parte de las autoridades del banco central para minimizar la incertidumbre económica, o la exhortativa del a Conferencia Episcopal a procurar la cohesión y articulación de los sectores sociales empresariales, académicos y religiosos, son llamados que  ponen una luz de esperanza en la penumbra de conflictividad que se cierne sobre Guatemala. Sensatez política, madurez ciudadana y amor a la patria son los elementos esenciales para lograr acuerdos respecto de las reformas que el país reclama.

Falta Hacer los Deberes

Las condiciones económica y políticas internacionales exigen a Guatemala tomar acciones precisas y decididas que abonen a la certeza jurídica y a que prevalezca el Estado de Derecho. La próxima elección de Fiscal General y la imprescindible reforma del sistema electoral son, para empezar, los principales desafíos que al respecto se presentan en 2018

El ambiente internacional en 2018, en cuanto a lo económico, luce favorable: la economía de los Estados Unidos–nuestro principal socio comercial- apunta a una consolidación de sus niveles de crecimiento y de empleo, fuente principal de las remesas familiares que sustentan el consumo de los hogares guatemaltecos, principal motor de nuestra economía. En contraste, en el ámbito político las cosas no pintan tan positivas, en la medida en que, por un lado, el establishment político guatemalteco no se acople a las exigencias estadounidenses en materia de lucha contra la corrupción y, por otro, las políticas proteccionistas y anti-migración de Donald Trump afecten los flujos comerciales y financieros entre ambos países.

El desempeño económico y político de Guatemala está inextricablemente vinculado al de los Estados Unidos, por lo que conviene cobrar conciencia de lo que el país necesita hacer para aprovechar de mejor manera el periodo de bonanza económica del gran vecino del Norte, y para minimizar los efectos de un eventual empeoramiento de las relaciones políticas con esa nación.

Ciertamente, ningún país democrático aliado de los Estados Unidos merece que el presidente de ese país lo llame “país pocilga” –según pueden traducirse las desafortunadas expresiones de la semana pasada de Trump, que ofendieron directamente a El Salvador y Haití pero también, indirectamente, a países exportadores de migrantes como Guatemala y México-.  Pero, denunciada la ofensa, debemos reconocer que muchos de los riesgos y falencias de nuestra relación con el gran vecino del Norte son atribuibles a nuestra propia culpa.

Para empezar, no nos haría ningún daño dar señales más firmes de un compromiso del país con el combate a la corrupción y al tráfico de drogas, así como con la reducción de la migración ilegal, todas estas prioridades de la agenda exterior estadounidense. Por otro lado, deberíamos esforzarnos en preservar lo bueno que tenemos, por mucho que lo malo sea más abundante y conspicuo. Así, la estabilidad macroeconómica, los bajos déficits fiscal y de balanza de pagos, la continua reducción de los indicadores de homicidios o la resiliencia del sistema financiero nacional son factores que deben mantenerse y resguardarse.

Por encima de eso, el problema central de Guatemala –que hemos evadido por demasiado tiempo- es la creciente debilidad institucional del Estado, que se manifiesta en una muy precaria gobernanza y en una creciente falta de certeza jurídica. Estas carencias se manifiestan en unas entidades gubernamentales extremadamente débiles y disfuncionales que derivan en taras tan patéticamente tercermundistas como la falta de pasaportes, la inexistencia de un sistema nacional de correos, la ignorancia de cuántos empleados públicos existen, la inoperancia del sistema de compras del Estado, el deterioro de la red vial, o la falta de pupitres (y de maestros) en las escuelas.

Para que tal disfuncionalidad no siga perjudicando el desarrollo del país, es menester reformar las instituciones necesarias para que prevalezca el Estado de Derecho. Dos acciones de política pública se tornan indispensables este año que recién empieza. Primero, el proceso de nombramiento de Fiscal General debe asegurar que el elegido sea un profesional genuinamente independiente y comprometido con la lucha contra la impunidad; este es el primer paso para la necesaria reforma del sector justicia. Y, segundo, debe recuperarse la casi extinta legitimidad de las instituciones republicanas (incluyendo el Congreso de la República), lo cual conlleva una profunda renovación del sistema político. Entre todos los deberes que nos quedan por hacer, estos son los que debiésemos priorizar en 2018.