INFLACIÓN PERSISTENTE

DOS INGREDIENTES SE NECESITAN PARA UNA POLÍTICA ANTI INFLACIONARIA EFECTIVA

El dato de inflación más reciente (a marzo) se ubicó en una tasa interanual de 8.71%, que es más baja que la de 9.92% observada el mes anterior, mientras que la inflación acumulada en los tres primeros meses del año fue de 1.40%, ligeramente inferior a la de 1.89% registrada en marzo de 2022. Ambas cifras pueden leerse con optimismo, pues estarían indicando que, por fin, la inflación está empezando a disminuir, lo cual sería un enorme alivio para los atribulados consumidores guatemaltecos que han visto disminuir su poder adquisitivo desde que empezó la crisis inflacionaria a nivel mundial el año pasado. Sin embargo, las cifras de inflación interanual y acumulada, así como la registrada solo en el mes de marzo (de 0.38%), muestran niveles aún muy por encima de los estándares históricos.

En efecto, la desaceleración de la inflación en marzo señala previsiblemente el inicio de una fase de retorno a valores inflacionarios más acordes con los históricos, lo que se reflejará en una trayectoria descendente de la inflación durante el resto del año; sin embargo, por ahora, se ubica por encima de la meta prevista por la Junta Monetaria y es muy posible que durante varios meses se mantenga aún en niveles anormalmente altos hasta finales de año. Esto implica que los consumidores continuarán sufriendo una sensación de carestía y los encargados de la política económica deberán ingeniárselas para combatir la inflación, todo ello en un ambiente electoral en el que los políticos estarán tentados a prometer medidas ingeniosas para bajar los precios.

La política anti inflacionaria ortodoxa que se ha estado aplicando en todo el mundo consiste en reducir la demanda agregada de la economía mediante el aumento de las tasas de interés (para encarecer el crédito) y una moderación del gasto público. Esta medicina macroeconómica, aunque dolorosa, ha probado ser efectiva a lo largo de la historia, pero no es muy popular entre los líderes políticos, quienes preferirían que las tasas de interés se mantuviesen bajas y quisieran que alguien inventara algún tipo de medida que reduzca la inflación, pero sin encarecer el crédito. Muchos políticos lo han intentado (Erdogan en Turquía, o los Kirchner en Argentina) pero, hasta ahora, nadie lo ha logrado. Para combatir una inflación persistente se requiere que el apretón monetario y fiscal sea también persistente.

Dos ingredientes se necesitan para poder aplicar una política ortodoxa y cauta de combate a la inflación. El primero es un banco central que actúen técnicamente y con independencia de intereses políticos o sectoriales. Afortunadamente en Guatemala tenemos un marco legal que, en la medida en que se respete, apoya el carácter técnico y autónomo del Banco de Guatemala para aplicar la política monetaria que las condiciones inflacionarias actuales demandan. El segundo ingrediente es una política fiscal austera, que apoye y complemente las medidas monetarias. El problema aquí es que en los primeros meses del año la tendencia del gasto público ha claramente expansiva, lo que parece inevitable en un año electoral. Este ingrediente -la austeridad fiscal- será quizá el más difícil de encontrar para combatir la inflación en 2023.

El Valor Económico de la Semana Santa

 Con motivo del décimo aniversario de publicación del estudio El Valor Económico de la Semana Santa en La Antigua, escribí esta columna en elPeriódico, el Lunes Santo de 2023

DESPUÉS DE DIEZ AÑOS, LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PUBLICADO SIGUEN SIENDO VÁLIDAS

La Semana Santa en Guatemala es la ocasión para una de las manifestaciones de fervor popular más impactantes del mundo. Aunque, en esencia, se trata de un evento religioso, en la práctica se traduce en un fenómeno cultural con un inmenso impacto económico y social, tanto sobre las comunidades donde se desarrolla como sobre los lugares aledaños. La relevancia económica de las celebraciones de Semana Santa radica en la enorme cantidad de espectadores que acuden a observarlas y a ser partícipes de las imponentes procesiones (especialmente en la capital del país y en la Antigua Guatemala), de las coloridas alfombras, de las arraigadas tradiciones y, particularmente en la Antigua, del impresionante escenario urbano.

La medición de su impacto económico permite comprender mejor este fenómeno cultural y extraer conclusiones de utilidad para definir acciones que no solo preserven el patrimonio cultural, sino que también lo potencien como una fuente generadora de bienestar para los guatemaltecos. Precisamente hace diez años, en colaboración con Ana Luz Castillo, Luisa Fernanda González y Julio Solórzano -amplios conocedores del mundo de la cultura - publicamos el libro El Valor Económico de la Semana Santa en la Antigua, en el que calculamos el valor de la producción y el consumo generados por todos los sujetos que intervienen en ella y que tienen efectos sobre los distintos sectores productivos y, por ende, sobre el total de la economía nacional.

Para realizar ese estudio se analizó y encuestó tanto a los participantes que generan (los oferentes de) las expresiones religioso-culturales de la Semana Santa -entre quienes sobresalen, en su orden, las Hermandades, las autoridades locales y los ciudadanos antigüeños-, como a los visitantes que consumen (los demandantes de) dichas expresiones. Los resultados del estudio siguen siendo, diez años después, impresionantes. Y las conclusiones derivadas del mismo, siguen siendo válidas. Entonces, el costo inicial de producir el inmenso espectáculo de la Semana Santa antigüeña (desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección) fue de Q4 millones, mientras que los efectos económicos directos e indirectos, derivados de dicho costo inicial, que fueron generados por la interacción de los millares de visitantes con el resto de agentes económicos que les proveyeron bienes y servicios, ascendió a más de Q670 millones ese año.

El potencial económico y social de la Semana Santa es, evidentemente, inmenso. Y si lo es para la Antigua Guatemala, seguramente lo es -y posiblemente, mucho más- para la ciudad de Guatemala, como también debe serlo, proporcionalmente, para otras comunidades donde esta conmemoración religiosa se manifiesta en expresiones culturales valiosas. Mientras más conciencia se tenga de ese potencial, mejor podrán los involucrados (hermandades, autoridades y ciudadanos) tomar las medidas adecuadas para fortalecer y preservar esta herencia cultural que cimenta su orgullo y sentido de pertenencia comunitaria; ello, a su vez, redundará en una mejor puesta en escena de estas manifestaciones culturales y en asegurar una afluencia sostenible de turismo cultural.

JUECES INDEPENDIENTES

 UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE ES ESENCIAL PARA LA PAZ SOCIAL, LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EL DESARROLLO

 Los sistemas de justicia están bajo ataque en muchos países, especialmente en aquellos gobernados por líderes populistas autoritarios -de izquierdas o derechas-. En Israel, el primer ministro Netanyahu desencadenó una grave crisis de gobierno al proponer una ley que le daría al Parlamento (y por tanto a los políticos) un gran control sobre el poder judicial, desde cómo se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular decisiones judiciales.

 En Hungría, el primer ministro Orbán ha limitado la independencia del Organismo Judicial, al punto que la Unión Europea lo persona con sanciones para que dé marcha atrás con esas reformas. En México, López Obrador se está enfrentando con el poder judicial debido a su polémica propuesta para reducir la independencia de la autoridad electoral. En El Salvador, Bukele sacó a más de la tercera parte de todos los jueces y nombró una corte suprema afín a sus intereses. Puede ser que en todos estos casos existan justificaciones para reformar los sistemas judiciales ineficientes y obsoletos que suelen existir en nuestros países. Pero nada justifica atacar la independencia judicial: un sistema basado en jueces independientes y profesionales es esencial para la paz social, la eficiencia económica y el desarrollo integral de cualquier país.

 En efecto, un sistema de justicia eficiente e imparcial ayuda a reducir los conflictos y el malestar social al garantizar que las disputas se resuelvan de manera justa y equitativa. Un poder judicial independiente también ayuda a prevenir los abusos de poder por parte del gobierno, que pueden conducir a la ruptura de la estabilidad social y política. Además, un sistema de justicia que funcione bien es esencial para el crecimiento económico, pues ayuda a promover la inversión y la confianza empresarial, pues es más probable que los inversores inviertan en países con un sistema legal fuerte y confiable. Un sistema de justicia eficiente también ayuda a resolver disputas comerciales de manera rápida y efectiva, reduciendo los costos de transacción y facilitando la actividad económica. Un sistema con jueces profesionales e independientes es la piedra angular del estado de derecho, que garantice que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos rindan cuentas por sus acciones y que se protejan sus derechos y libertades. Esto, a su vez, crea un entorno de certeza jurídica en el que las personas pueden perseguir sus objetivos y aspiraciones, y donde la innovación y el espíritu empresarial pueden florecer.

 Para un país como Guatemala, donde el sistema de nombramiento de jueces y magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad y del propio Tribunal Supremo Electoral) es muy frágil y proclive a caer bajo la influencia de los políticos que los nombran, es necesario cobrar conciencia de que un sistema de justicia basado en jueces independientes y profesionales es esencial para promover la estabilidad, reducir la corrupción y propiciar el crecimiento económico.

TAIWÁN, HONDURAS, GUATEMALA

EXISTEN MEJORES MANERAS PARA APROVECHAR NUESTRA RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

La importancia geoestratégica de Taiwán es inversamente proporcional al tamaño de su territorio. Está latente el riesgo de que la República Popular China (que reclama la isla como territorio propio) esté tentada -ante su desaceleración económica y un mayor desempleo- a lanzar una ofensiva militar para suscitar apoyo popular, ante lo cual los Estados Unidos se vería compelido a apoyar a los taiwaneses. La posibilidad de un conflicto grave está ahí. En ese contexto, hay un país socio de Taiwán que -por tamaño económico y de población- es el más grande de todos los que mantienen relaciones diplomáticas con la isla. Ese es Guatemala.

Hace seis años solamente 21 países, en todo el mundo, reconocían a Taiwán (los demás, reconocen a la República Popular); hoy ya solo 14 lo hacen (y pronto, cuando Honduras cambie de bando, quedaremos solamente 13). Guatemala es el que más destaca de estos. El PIB de Guatemala es más del doble (y la población, el triple) que el de Paraguay -que es el segundo país más grande del mundo con relaciones diplomáticas con Taipei-. De manera que somos un aliado estratégico clave de uno de los países geopolíticamente más importantes de la actualidad. Y parece que no somos capaces de aquilatar esa realidad.

Recientemente, el gobierno de Honduras (uno de los 14) anunció la decisión de cambiar su lealtad hacia China Popular (a pesar de que hacerlo ha rendido resultados muy por debajo de lo esperado en otros países vecinos que lo han hecho antes). Previo al anuncio, funcionarios hondureños le propusieron a Taiwán que, para revertir tal decisión, le diera US$2.5 millardos a Honduras para refinanciar su deuda externa (incluyendo US$600 millones que le deben a Taiwán). El gobierno taiwanés no accedió a la extorsiva petición.

Evidentemente, existen maneras más elegantes de sacar mejor provecho de nuestra sociedad estratégica con Taiwán, distintas de pedir que nos construyan un estadio de fútbol o una carretera que tarda siglos en construirse, o que nos paguen una firma de cabilderos en Washington. La defección de Honduras genera una nueva oportunidad para Guatemala, al liberar más de US$500 millones de asistencia taiwanesa al exterior. Nuestro país podría aprovechar al menos una parte de esos recursos para establecer un fondo soberano (destinado, digamos, a infraestructura) o una línea de crédito de inversión con una gobernanza transparente y eficaz; o podría pedir a la isla que, si lo prefiere, lo haga a nivel regional con el BCIE (si se logra reorganizar y despolitizar ese organismo financiero). O podría pensarse en profundizar el comercio bilateral mediante un tratado integral de libre intercambio. O, incluso, podríamos aprovechar la solidez institucional de Taiwán (su sistema de servicio civil, por ejemplo; o su sistema electoral, ambos reconocidos por su eficiencia y efectividad) para brindarnos asistencia técnica. Lo importante es cobrar conciencia de nuestra relación especial con Taiwán, revalorarla, reinventarla y sacarle provecho a largo plazo.

Los Mensajes del FMI

LA MISIÓN DEL FMI DEJÓ IMPORTANTES MENSAJES PARA LAS AUTORIDADRES ECONÓMICAS (ACTUALES Y FUTURAS)

La misión del Fondo Monetario Internacional -FMI- que visitó al país hace algunos días emitió una declaración sobre la situación económica de Guatemala. El lenguaje de ese tipo de declaraciones refleja un esfuerzo por balancear lo técnico con lo diplomático, por lo que es menester hacer una interpretación (incluso una traducción) adecuada del mismo para extraer lecciones útiles en materia de política económica. Destaco cuatro mensajes clave que intento “traducir”.

Primero, el FMI reconoce la resiliencia del crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país ante un entorno internacional adverso, lo que se refleja en los sólidos indicadores que han sido ampliamente reconocidos por los mercados internacionales con una mejor calificación crediticia para el país. El FMI resalta que esa resiliencia y estabilidad son el producto de un historial largo de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) prudentes. La traducción de este mensaje es que la reconocida solidez macroeconómica de nuestro país no es resultado de una coyuntura ni de un gobierno en particular, sino que se debe a un conjunto de reglas e instituciones -construidas con esfuerzo durante años- que han permitido blindar la política económica de los avatares de la politiquería local y de los choques económicos externos (mensaje relevante especialmente en un año electoral).

Segundo, que la política monetaria, aunque ortodoxa y bien ejecutada, debe seguir afinando el sistema de metas inflacionarias y sus prácticas, particularmente en cuanto a trasladarle al sector privado la gestión de los riesgos de mercado en materia de tipo de cambio. La traducción aquí es que el Banguat debe ponerse menos nervioso ante las normales fluctuaciones cambiarias y bajarle el impulso a sus continuas compra-ventas de dólares, y fomentar el uso de instrumentos (como las coberturas cambiarias) que permitan que sean los agentes económicos privados quienes asuman los riesgos.

Tercero, que son loables los logros recientes de la administración tributaria, pero que queda mucho campo para mejorar las finanzas públicas, específicamente en cuanto a la calidad del gasto público -particularmente en materia de planificación y ejecución de la infraestructura pública-, para lo cual el FMI anuncia que pronto estará evaluando la agenda de inversiones del país para identificar “brechas en el marco de gobernanza”. La traducción de este mensaje es que es imprescindible reformar la gobernanza e institucionalidad del gasto en infraestructura.

Y cuarto, que es necesario retomar las reformas estructurales, fortalecer las instituciones y continuar mejorando el clima de inversión para poder acelerar sosteniblemente el crecimiento económico. El mensaje aquí -que no necesita traducción- es que deben aumentarse los esfuerzos para mejorar la gobernanza y la certeza jurídica, y para garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes, lo cual resulta esencial para mejorar el clima de inversiones. Quien tenga oídos para oír, que oiga.

MEDIDAS ECONÓMICAS ELECTORERAS

INFLACIÓN Y ELECCIONES: INOPORTUNA COMBINACIÓN

La economía, en Guatemala y en el resto del mundo, está inmersa en una crisis inflacionaria que, inevitablemente, impacta sobre el poder adquisitivo de la población -y, especialmente, de los más pobres-. Este ambiente de carestía no podía ser más inoportuno: coincide con un año electoral y un estamento político proclive a ofrecer propuestas “ingeniosas” o “heterodoxas” para combatir los efectos de la inflación y paliar el descontento que la inflación provoca en sus potenciales electores.

La inflación y las elecciones son una mala combinación, no tanto por las disparatadas ofertas electorales que surjan en la campaña electoral, sino por el riesgo de que muchas de esas ocurrencias se conviertan ya mismo en políticas públicas. De hecho, entre las pocas leyes que se han aprobado en el Congreso este año destacan la ampliación del aporte social de la tarifa eléctrica (subsidio que le costará al fisco Q197 millones) y el subsidio a los consumidores de gas propano (que costará otros Q150 millones); además, en días recientes un candidato presidencial presentó -a través de su bancada en el Congreso- una iniciativa para derogar los impuestos a los combustibles. Todas estas iniciativas se han propuesto bajo el argumento de que servirán para reducir el impacto que la inflación mundial está teniendo sobre los bolsillos de los guatemaltecos.

Por muy bien intencionadas que sean, esas medidas son puramente electoreras, no están respaldadas por ningún estudio técnico y, en la práctica, no solo no resuelven el problema de fondo (la inflación importada) sino que causarán más daño que bien a la economía de los hogares guatemaltecos. En primer lugar, porque generan una distorsión en el mecanismo de precios que impide que las fuerzas del mercado actúen para volver a equilibrar la oferta y la demanda de los bienes cuyos precios se elevaron, y ello causa ineficiencias que a la postre reducen el bienestar general. En segundo lugar, porque tienen un costo fiscal que pagamos todos los contribuyentes, incluyendo aquellos a quienes supuestamente se quiere beneficiar con esas medidas populistas. En tercer lugar, porque establece un peligroso precedente para que, cada vez que suba el precio de un producto sensible, el gobierno intervenga para compensar a quienes lo consumen. Y, por último, porque ese tipo de medidas es asimétrico: nadie va a aceptar que cuando el precio de un producto sensible baje, entonces se suban los impuestos sobre su consumo.

Los políticos deberían comprender que ya existen los mecanismos institucionales idóneos para combatir la inflación: la política monetaria a cargo del banco central y la política fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Y todos deberíamos aceptar que, como lo enseña la experiencia no solo en Guatemala sino en todo el mundo, el insidioso mal de la inflación (que afecta más a los más pobres) requiere de la dolorosa, pero efectiva, medicina que combina una restricción de las condiciones monetarias y una austeridad en el gasto público. Pero, por desgracia, se trata de una medicina que sabe demasiado amarga como para tragarla en pleno proceso electoral, cuando es más fácil recetar placebos populistas.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES

CONVIENE UN SEGURO CONTRA DESASTRES Y UNA REVISIÓN DE LA LEY DE ORDEN PÚBLICO

Es bien sabido que Guatemala es un país altamente expuesto y vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales y eventos de salud pública. Además, a medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, aumenta el riesgo permanente de nuevas tormentas tropicales e inundaciones o, por el contrario, de sequías y sus secuelas tanto en el ámbito social como en el crecimiento económico. En el mismo sentido, existe un riesgo, quizá más elevado, de la posibilidad de que la actividad volcánica o telúrica se salga de su normalidad ocasionando una catástrofe de gran magnitud.

Esos riesgos latentes -que, de materializarse, tendrían un enorme impacto sobre la economía y el bienestar material de los guatemaltecos- implican la necesidad de comprender la mejor forma de gestionarlos y reducirlos en un mundo cada vez más incierto: la mejor defensa contra tales impactos consiste en fortalecer y modernizar los sistemas de atención a los desastres y en aumentar la resiliencia de la economía reduciendo su vulnerabilidad, su grado de exposición y las disrupciones sociales generadas por los desastres.

Esto viene a cuenta porque hace un par de semanas trascendió la noticia de que Chile -un país particularmente propenso a movimientos telúricos- está finalizando un acuerdo con el Banco Mundial para contratar un seguro contra terremotos de alta intensidad que puedan afectar la política fiscal, la deuda pública y la estabilidad macroeconómica de ese país. Tal seguro permitiría a Chile recibir indemnizaciones preestablecidas, en caso de ciertos eventos sísmicos de alta intensidad que causen daños materiales al país y a sus finanzas públicas.

Para Guatemala, donde los desastres son uno de los principales obstáculos al desarrollo, un seguro como el que Chile está a punto de contratar podría permitir a nuestro país tener una mayor resiliencia financiera y fortalecer su capacidad de respuesta a través del acceso a un financiamiento contingente eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios para la atención de la población afectada por emergencias de desastres naturales.

Ese sería un uso eficiente de los recursos fiscales, mucho más razonable que el creciente monto de subsidios que el fisco está regalando para disfrazar y distorsionar el impacto del creciente costo de la energía y los combustibles a nivel mundial. Por otra parte, ese mejor uso de los recursos fiscales para la atención de desastres debería reforzarse con una modernización de la Ley de Orden Público, particularmente en lo que se refiere a la gestión de los estados de emergencia y a los mecanismos de urgencia para la adquisición de bienes y servicios y su necesaria fiscalización.