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 MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA REQUIERE DE UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD

La política fiscal y la política monetaria sirven para influir sobre la demanda agregada de la economía (el consumo de los hogares, el gasto público, la inversión), lograr que la producción nacional (el PIB) se acerque a su potencial y evitar la inflación y el desempleo. Pero el reto más importante para la economía es incrementar el PIB potencial, que es la fuente principal para mejorar los ingresos y el bienestar de la población. Si bien las variaciones en la demanda agregada pueden explicar las fluctuaciones del PIB a corto plazo, el crecimiento a largo plazo está determinado por el aumento sostenido en la oferta de bienes y servicios en la economía. La clave para aumentar el PIB potencial de un país radica en mejorar su productividad, es decir, aumentar la eficiencia con la que opera es sistema económico.

En general, el nivel de vida de un país depende de una amplia gama de elementos supra-económicos que incluyen la cultura, la calidad de la vida familiar, la ausencia de delincuencia, etcétera; pero desde el punto de vista económico lo que puede medirse es el bienestar material de la sociedad. Desde esa perspectiva estrecha, los avances en el nivel de vida de la población pueden medirse por la cantidad de bienes y servicios que la economía proporciona a cada uno de sus ciudadanos. La clave es lograr que los trabajadores puedan proporcionarse un flujo creciente de bienes y servicios; es decir, que cada trabajador pueda aumentar su producción y sus ingresos.

Por desgracia, la productividad laboral en Guatemala -es decir, la cantidad de producto que genera en promedio cada trabajador guatemalteco- no solo es de las más bajas del continente, sino que se ha mantenido estancada en los últimos cuarenta años. Eso explica por qué los indicadores sociales del país se comparan desfavorablemente con relación a otros países de similares dimensiones económicas. Por eso es que -a pesar de sus debilidades y de las crecientes críticas de las que es objeto- el PIB y su crecimiento son variables clave a seguir: cada quetzal producido genera un quetzal de ingreso; y, cuando el producto generado en promedio por cada trabajador aumenta, también aumenta el ingreso promedio de los trabajadores.

Un ritmo saludable de crecimiento económico no solo aumenta los ingresos promedio, sino que también alivia enormemente la suerte de los pobres y de aquellos que, de lo contrario, podrían verse gravemente afectados por las fluctuaciones económicas. Cualquier sociedad en estos tiempos está marcada por el cambio, y ese cambio genera, inevitablemente, que una minoría de empresas, trabajadores y comunidades sufran a medida que los gustos y preferencias cambian y las tecnologías se transforman, tal vez dejándolos rezagados. Pero cuando el crecimiento de la productividad y de los ingresos es suficientemente rápido, la mayoría de tales "perdedores", después de un breve período de ajuste, terminan recuperando sus niveles previos de bienestar. Procurar el aumento de la producción y de la productividad no debe quedarse como una mera abstracción académica, sino que debe ocupar un lugar central como meta de las políticas públicas del país.

EL DR. JEKYLL Y EL SR. HYDE

LA ECONOMÍA GUATEMALTECA PADECE UN TRASTORNO DISOCIATIVO DE IDENTIDAD

La semana pasada, la calificadora Fitch mejoró la nota de Guatemala, reconociendo la resiliencia y capacidad de recuperación de nuestra economía ante los shocks provocados por la pandemia. Es una buena noticia para el país ¡enhorabuena! Sin embargo, al leer cuidadosamente el reporte de Fitch se evidencia que la economía guatemalteca tiene dos caras, como si padeciera de una doble personalidad que recuerda el Extraño Caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. La célebre novela de R.L. Stevenson describe las infames consecuencias de padecer (por decisión propia) de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos identidades opuestas entre sí: Jekyll es un amable científico que, cuando bebe su pócima maligna, se convierte en Hyde, un salvaje capaz de las peores atrocidades.

El reporte de Fitch revela con claridad que la macroeconomía guatemalteca es una verdadera fortaleza… es, digamos, nuestro Dr. Jekyll. La mejora en la calificación de riesgo-país refleja la sólida recuperación de la producción del país y de sus cuentas fiscales. Esa resiliencia se ve apoyada por el creciente flujo de remesas familiares y por una política monetaria ortodoxa, dirigida por un banco central autónomo (esperemos que se mantenga así siempre) que no solo ha logrado mantener un nivel robusto de liquidez externa (reservas internacionales), sino que ha resistido relativamente bien las enormes presiones de la inflación mundial. Y, por si esto fuera poco, los déficits fiscales, aunque en aumento, aún son relativamente bajos y, por lo tanto, permiten que la deuda pública sea muy sostenible.

Pero está también, por desgracia, nuestro Sr. Hyde. Fitch subraya dos características de la personalidad más obscura de nuestra economía: por un lado, el crecimiento potencial del PIB no supera el 3.5% anual, que no solo es absolutamente insuficiente para mejorar los pobres indicadores sociales del país, sino que sus perspectivas de mejora son bajas debido a la pobre calidad del capital humano y de la infraestructura; por el otro, las probabilidades de que la calificación del país mejore se frustran por la cada vez más débil gobernanza, afectada por el deterioro en el control de la corrupción y en el imperio de la ley. La debilidad institucional de Guatemala es una pócima que envenena su desarrollo a largo plazo.

En la novela de Stevenson las dos personalidades conviven hasta que, fatalmente, una llega a dominar a la otra. Otras economías con doble personalidad -pensemos, por ejemplo, en Chile, Colombia o Perú- han sucumbido ante los hechizos de los populistas cuando su Hyde finalmente avasalla a su Jekyll. La lección principal de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es que nunca es buena idea pretender negar partes de uno mismo. La novela sugiere que hay un lado oscuro en la personalidad de cada persona (como la hay de cada economía) que necesita ser aceptado y confrontado. Al tratar de negar y reprimir las partes más oscuras de sí mismo, el Dr. Jekyll desata una fuerza que no puede controlar. Esta es una lección -válida también a nivel de la economía - sobre la importancia de aceptar nuestras debilidades y luchar contra ellas desde nuestras fortalezas. El riesgo de no hacerlo es el de sucumbir ante los cantos de sirenas populistas.

Inflación, desaceleración y proteccionismo

 EL ENTORNO INTERNACIONAL PLANTEA SERIOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

El próximo evento electoral no es el único desafío que enfrenta la economía guatemalteca en 2023. Este año, además, nos encontramos ante una economía internacional repleta de incertidumbres. La actividad económica y el empleo están sufriendo una rápida desaceleración a nivel global y, aunque el crecimiento de la producción aún es positivo, para millones de consumidores en el mundo la desaceleración se sentirá como una recesión debido a los precios altos y los consiguientes menores ingresos reales generados por la inflación generalizada. Todo ello exacerbado por un ambiente geopolítico tenso -cuando no abiertamente confrontativo- que separa a los países en bloques rivales y perjudica el libre flujo de bienes, servicios y capitales.

En Guatemala, la prioridad uno de la política económica a corto plazo debe ser el combate a la inflación. Si bien es cierto que, en su mayor parte, la inflación que aqueja a la economía guatemalteca es de origen importado, también lo es que este fenómeno insidioso ya está contagiándose hacia la inflación doméstica, lo cual ha requerido (y seguirá requiriendo) una respuesta proporcionada de la política monetaria mediante el endurecimiento de las condiciones financieras. Una segunda prioridad debe ser aplicar una política fiscal responsable. Esto es particularmente complicado en un año electoral, que suele invitar a aumentar el gasto gubernamental (que es exactamente lo contrario de lo que se necesita en un ambiente inflacionario). En particular, la política fiscal debería resistirse a la tentación de otorgar subsidios generalizados y sin control (como los que, precisamente, el Congreso ha estado aprobando para quedar bien con los consumidores de gasolina y gas propano). La política fiscal debería apoyar a la política monetaria en su intención de combatir la inflación.

Una tercera prioridad, quizá menos evidente pero no por ello menos importante, radica en la necesidad de resistir las presiones proteccionistas que hoy se esparcen por doquier. El libre flujo de comercio, de migrantes, de capitales, de tecnología y de conocimientos -que han sido las fuerzas más influyentes en el progreso de la humanidad durante siglos- están hoy amenazadas por las tensiones geopolíticas y un renacido nacional-populismo que se ha puesto de moda entre los políticos en muchos países. Las autoridades económicas del país deben preservar y defender las políticas de apertura y de libre intercambio con el resto del mundo, tanto a nivel de las políticas comerciales del país, como a nivel de los foros regionales y multilaterales para exigirle a los países avanzados que no permitan que el proteccionismo siga avanzando.

Aunque la globalización ha estado bajo ataque desde hace años, la historia demuestra que el libre flujo de bienes, servicios, personas, capitales e ideas es inequívocamente bueno para el desarrollo de los países. Además, ese libre flujo ha sido también importante como un antídoto contra espirales inflacionarias en el pasado; por ejemplo, las generadas por las hambrunas a mediados del siglo XIX o la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, se moderaron cuando se esparcieron nuevas tecnologías que mejoraron los sistemas de suministro y se amplió la oferta de bienes globalmente. Conviene tener aprendidas estas lecciones a lo largo de este desafiante 2023.

PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?

 

PRESERVAR UN PROCESO ELECTORAL CREÍBLE Y EFICIENTE ES CLAVE PARA LA SALUD DE LA DEMOCRACIA

 

Para medir la salud de la democracia en un país, la Unidad de Inteligencia de The Economist utiliza cinco parámetros: (1) el funcionamiento del proceso electoral y su nivel de pluralismo; (2) el desempeño y efectividad del gobierno; (3) el grado de participación política de la población y sus líderes; (4) la calidad y profundidad de la cultura política-democrática en la sociedad; y, (5) el grado de respeto a las libertades civiles de los ciudadanos. Con base en ellos calcula el Índice de Democracia en 165 países, de acuerdo con cuyo resultado los clasifica como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

 

La semana pasada se publicó la versión más reciente de este índice, donde Latinoamérica experimentó en 2022 su séptimo año consecutivo de declive, con un puntaje promedio que cae a 5.79 (sobre un máximo de diez), por debajo del 5.83 de 2021. La democracia en Guatemala, con 4.98 puntos, es calificada como un “régimen híbrido” y ocupa el puesto 19 (de 24) en Latinoamérica y el 79 (de 165) en el mundo; en Centroamérica, solo superamos a Honduras y Nicaragua. Eso sí, nuestro índice se recuperó un poco respecto de los 4.62 puntos obtenidos en 2021, cuando cayó por quinto año consecutivo y obtuvo la calificación más baja de la serie que empezó en 2006 (cuando nuestro país alcanzaba los 6.07 puntos).

 

El parámetro en el que peor califica Guatemala es el de cultura política, con 2.50 puntos (el promedio de la Región es 4.11), reflejo de la enorme desconfianza que la población tiene respecto de las instituciones estatales, según diversas encuestas. Le sigue, con 3.68 puntos el parámetro de participación política (5.97, el promedio regional), que refleja el desánimo generalizado respecto de la democracia y el sistema político. También es muy bajo el puntaje de funcionamiento del gobierno, con 3.93 puntos (5.07 el promedio latinoamericano), que apunta a la débil capacidad del Estado para prestar los servicios públicos esenciales y para combatir la corrupción y el crimen organizado. Un poco mejor es la calificación de Guatemala en libertades civiles, con 6.18 puntos (6.58, el promedio de la Región), que incluye el reconocimiento a la libertad de expresión del pensamiento. Y el parámetro en el que Guatemala está mejor calificada es el del proceso electoral y pluralismo que, con 6.92 puntos (7.19 para Latinoamérica), refleja que el sistema en el que se sustentan las elecciones cada cuatro años es relativamente sólido y eficiente.

 

Ahora que ya se convocó a elecciones, el gran desafío del Tribunal Supremo Electoral será el de preservar la relativa fortaleza del proceso electoral y evitar que se repitan las complicaciones sufridas en 2019 (de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). El marco regulatorio (incluyendo los nuevos reglamentos aprobados por el TSE) se pondrá a prueba en cuanto a la regulación de la campaña política, la fiscalización de los partidos, de su funcionamiento y financiación, así como en cuanto a la participación ciudadana y la representatividad de los funcionarios que resulten electos. Al finalizar el proceso habrá que hacer una evaluación profunda que conduzca a mejorar el marco regulatorio y la legitimidad de nuestro sistema electoral. De lo contrario, nuestro Índice de Democracia continuará deteriorándose.

AMNESIA ECONÓMICA

LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS Y FISCALMENTE IRRESPONSABLES DEJARON LECCIONES QUE CONVIENE RECORDAR

Hace pocos años se daba por sentado que el libre comercio entre países era un ingrediente básico de la receta para la prosperidad de los países. Hace poco existía una especie de consenso entre los encargados de la política económica y los propios políticos respecto a que la libre determinación de los precios en el mercado, a partir de la competencia, era la mejor vía para lograr la más eficiente utilización de los factores de producción. Hace apenas unos años se valoraba enormemente la existencia de un banco central que pudiera defender la estabilidad de precios sin injerencia de los intereses cortoplacistas de los políticos. Hace una nada, se entendía que los déficits fiscales elevados y el despilfarro en el gasto gubernamental causan un daño enorme a la sostenibilidad del crecimiento económico.

Hoy, en cambio, no solo en nuestro país sino que alrededor del mundo, parece estarse expandiendo un síndrome de amnesia económica que está haciendo olvidar a los líderes políticos, a los votantes y a los propios encargados de las políticas públicas, los costos que en el pasado ocasionaron las medidas económicas miopes, populistas e irresponsables. Esa amnesia está generando una peligrosa simpatía hacia políticas proteccionistas que obstaculizan el libre intercambio de bienes entre los países y empobrece a sus habitantes; está haciendo que se olvide que los precios tope solo generan escasez y reducen la productividad, afectando a los más pobres; está induciendo a que las injerencias politiqueras menoscaben la capacidad de los bancos centrales para regular las tasas de interés o el tipo de cambio; y, está alimentando una perniciosa tolerancia hacia el gasto público desmedido y los déficits fiscales crecientes.

La amnesia económica proliferante abona un campo fértil para las propuestas populistas (de izquierdas y derechas) que prometen el paraíso a fuerza de acciones económica y fiscalmente irresponsables. Ahora que entramos a una campaña electoral, es necesario recuperar la memoria económica para no caer en las tentaciones electoreras que ofrecen regalar dinero, subsidios, becas, adoquines, polideportivos y láminas a cambio del voto. Ofertas que amenazan con sacar de cauce a las finanzas públicas. Ofertas que atentan contra las instituciones (como la autonomía del banco central, el no otorgamiento de crédito inorgánico al gobierno, el carácter eminentemente técnico de la oficina a cargo del presupuesto estatal o del instituto de estadísticas). Ofertas que, en fin, desafían los principios económicos fundamentales y atentan contra el sistema de balances y contrapesos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Guatemala posee una bien ganada reputación de estabilidad y confianza en los mercados internacionales, como lo atestiguan no solo las principales empresas calificadoras, sino también el Emerging Markets Bond Index -EMBI, o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes que calcula JP Morgan- que es el principal indicador de riesgo país. Preservar esa estabilidad y confianza pasa, necesariamente, porque los hacedores de la política económica no sufran de amnesia económica y eviten caer en las tentaciones populistas y electoreras que suelen abundar en las campañas electorales.

RIESGOS ECONÓMICOS EN EL AÑO ELECTORAL

LOS RIESGOS SE DAN POR LA INEVITABLE INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y LA TENTACIÓN DE APLICAR MEDIDAS POPULISTAS

Los años electorales reúnen ciertas características que suelen influir en el desempeño económico del país, a lo cual se agrega en 2023 un entorno internacional muy complejo, con unas presiones inflacionarias que apenas empiezan a amainar y, particularmente, con un elevado riesgo de recesión en los países industrializados que podría tener un impacto negativo sobre el sector exportador guatemalteco y, eventualmente, sobre el flujo de remesas familiares hacia nuestro país, que ha sido un importante combustible que mantiene encendido el motor del consumo doméstico.

Cada evento electoral genera, inevitablemente, incertidumbre y nerviosismo en los mercados que, entre otros efectos, se traduce en una ralentización de la inversión privada: los agentes económicos prefieren posponer sus decisiones de inversión, por lo menos hasta que se aclara el panorama político al final de la segunda vuelta electoral. Algo similar, aunque en menor magnitud, puede ocurrir con los consumidores respecto de la compra de bienes duraderos. Estos dos efectos depresivos sobre la producción nacional suelen verse contrarrestados por dos efectos positivos que las elecciones ejercen sobre la actividad económica: las obras de infraestructura pública (del gobierno central y de las municipalidades) suelen acelerarse en los meses previos a las elecciones (para atraer votos), al tiempo que el gasto de las campañas políticas conlleva un aumento en la demanda de servicios de transporte, comunicaciones, alojamiento y restauración. Ahora bien, estos efectos -tanto positivos como negativos- solían ser más pronunciados cuando el  proceso electoral se extendía hasta diciembre; con el nuevo calendario (cuya segunda vuelta electoral termina en agosto) esos efectos serán más leves este año.

Quizá los riesgos económicos más notables son los que se derivan de las decisiones de política pública que los líderes políticos están muy tentados a proponer y a aplicar durante los años electorales. El ansia de ganar votos es una mala consejera cuando se trata de tomar decisiones de política económica: la tentación de usar los recursos del erario para regalar dinero (en forma de transferencias, subsidios, alimentos, canchas e implementos deportivos, etcétera) puede derivar en un aumento desmedido del gasto público y en déficits presupuestarios que pueden desestabilizar la economía. También los políticos pueden caer en la tentación de querer presionar a las autoridades económicas para manipular electoralmente variables tan importantes como el tipo de cambio, las tasas de interés, los impuestos o las reglas del comercio exterior, todo con consecuencias insospechadas para la macroeconomía del país.

Por ello, el año electoral entraña particulares desafíos para los hacedores de política económica: deben resistir las presiones electoreras y enfocarse en la institucionalidad y en los objetivos de mayor plazo; y, también, deben conservar la calma y la ortodoxia para transmitir un mensaje de certeza a los agentes económicos inquietos por las turbulencias políticas e internacionales. Se trata de aguantar la respiración hasta agosto. Después, si quieren, ya podrán ponerse creativos.

RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL

UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE, VOLATILIDAD Y ELECCIONES REQUIERE DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Recientemente, el Centro de Estudios Internacionales UC publicó un análisis sobre los riesgos políticos de Latinoamérica, donde se vislumbra un cuadro regional crecientemente complejo, el cual puede servir de marco para contrastar cuáles de esos riesgos aplican para el caso guatemalteco en este año electoral y representan un desafío para las instituciones estatales, las empresas y la sociedad civil. Según la encuesta utilizada para dicho análisis, estos son los diez principales riesgos políticos en Latinoamérica:

(1 ) El crimen organizado, que debilita el Estado de Derecho y genera mayor inseguridad, corrupción e impunidad, es un riesgo evidente para Guatemala, donde indicadores como la creciente tasa de homicidios o el elevado índice de percepción de corrupción lo ponen como un desafío clave en 2023. (2) El deterioro de la democracia, junto con la amenaza del populismo y del autoritarismo se manifiesta en nuestro país en una baja satisfacción ciudadana con la democracia y un índice de democracia débil (según The Economist), que se agrava con una tendencia al debilitamiento institucional que, por ejemplo, se evidencia en el inexplicable impasse para elegir magistrados de las altas cortes.

(3) La incapacidad creciente de los gobiernos de cumplir con las expectativas y demandas ciudadanas, en medio de una fragmentación política que dificulta llegar a acuerdos y de un creciente endeudamiento público, es un riesgo también latente en Guatemala, donde las encuestas revelan poca confianza en las instituciones y en las elecciones mismas. (4) El riesgo de estallidos sociales por el alto costo de la vida, el bajo crecimiento económico, y el aumento del desempleo no es tan grave en Guatemala como en el resto de la región, pero el deteriorado entorno económico internacional no permite descartarlo del todo en este año electoral.

(5) La crisis migratoria también entraña un riesgo, no solo porque nuestro país exporta miles de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos anualmente, sino porque también se ha convertido en puente para otros miles de ilegales de otras nacionalidades. (6) La inseguridad alimentaria es una vergonzosa realidad en Guatemala, cuyo riesgo de agravamiento crece ante la escasez de insumos críticos exacerbada por los efectos de la guerra en Ucrania. (7) La hiperpolarización y la propagación de noticias falsas y campañas de contaminación informativa como herramienta política es generalizada en casi todo el mundo: difícilmente el próximo proceso electoral guatemalteco podrá escapar de este riesgo.

(8) La pérdida de competitividad en el desarrollo de los recursos naturales y de las energías limpias, en comparación con otras regiones, se agrava en Latinoamérica ante los escasos incentivos para la inversión extranjera y falta de certeza jurídica. Guatemala no es ajena a esa realidad, debido a la falta de claridad en los marcos regulatorios y a la discrecionalidad de la burocracia, lo que incide en nuestro bajo nivel en el ranking de competitividad regional. (9) El riesgo de ataques cibernéticos genera vulnerabilidad de los servicios del Estado y en la infraestructura crítica y los servicios financieros, y es una amenaza creciente para nuestro. Y (10) el debilitamiento de la integración regional, que ha pasado a ocupar una baja prioridad en las agendas gubernamentales y amenaza con aumentar irrelevancia de Centroamérica a nivel global.

Todos estos riesgos son reales. No es que inevitablemente se vayan a agravar en 2023, pero sí que es necesario que los gobiernos y las empresas estén en capacidad de mapearlos y gestionarlos, a fin de que el país esté mejor preparado para enfrentar los desafíos de un entorno de incertidumbre, volatilidad y riesgo político en 2023.