PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?

 

PRESERVAR UN PROCESO ELECTORAL CREÍBLE Y EFICIENTE ES CLAVE PARA LA SALUD DE LA DEMOCRACIA

 

Para medir la salud de la democracia en un país, la Unidad de Inteligencia de The Economist utiliza cinco parámetros: (1) el funcionamiento del proceso electoral y su nivel de pluralismo; (2) el desempeño y efectividad del gobierno; (3) el grado de participación política de la población y sus líderes; (4) la calidad y profundidad de la cultura política-democrática en la sociedad; y, (5) el grado de respeto a las libertades civiles de los ciudadanos. Con base en ellos calcula el Índice de Democracia en 165 países, de acuerdo con cuyo resultado los clasifica como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

 

La semana pasada se publicó la versión más reciente de este índice, donde Latinoamérica experimentó en 2022 su séptimo año consecutivo de declive, con un puntaje promedio que cae a 5.79 (sobre un máximo de diez), por debajo del 5.83 de 2021. La democracia en Guatemala, con 4.98 puntos, es calificada como un “régimen híbrido” y ocupa el puesto 19 (de 24) en Latinoamérica y el 79 (de 165) en el mundo; en Centroamérica, solo superamos a Honduras y Nicaragua. Eso sí, nuestro índice se recuperó un poco respecto de los 4.62 puntos obtenidos en 2021, cuando cayó por quinto año consecutivo y obtuvo la calificación más baja de la serie que empezó en 2006 (cuando nuestro país alcanzaba los 6.07 puntos).

 

El parámetro en el que peor califica Guatemala es el de cultura política, con 2.50 puntos (el promedio de la Región es 4.11), reflejo de la enorme desconfianza que la población tiene respecto de las instituciones estatales, según diversas encuestas. Le sigue, con 3.68 puntos el parámetro de participación política (5.97, el promedio regional), que refleja el desánimo generalizado respecto de la democracia y el sistema político. También es muy bajo el puntaje de funcionamiento del gobierno, con 3.93 puntos (5.07 el promedio latinoamericano), que apunta a la débil capacidad del Estado para prestar los servicios públicos esenciales y para combatir la corrupción y el crimen organizado. Un poco mejor es la calificación de Guatemala en libertades civiles, con 6.18 puntos (6.58, el promedio de la Región), que incluye el reconocimiento a la libertad de expresión del pensamiento. Y el parámetro en el que Guatemala está mejor calificada es el del proceso electoral y pluralismo que, con 6.92 puntos (7.19 para Latinoamérica), refleja que el sistema en el que se sustentan las elecciones cada cuatro años es relativamente sólido y eficiente.

 

Ahora que ya se convocó a elecciones, el gran desafío del Tribunal Supremo Electoral será el de preservar la relativa fortaleza del proceso electoral y evitar que se repitan las complicaciones sufridas en 2019 (de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). El marco regulatorio (incluyendo los nuevos reglamentos aprobados por el TSE) se pondrá a prueba en cuanto a la regulación de la campaña política, la fiscalización de los partidos, de su funcionamiento y financiación, así como en cuanto a la participación ciudadana y la representatividad de los funcionarios que resulten electos. Al finalizar el proceso habrá que hacer una evaluación profunda que conduzca a mejorar el marco regulatorio y la legitimidad de nuestro sistema electoral. De lo contrario, nuestro Índice de Democracia continuará deteriorándose.

AMNESIA ECONÓMICA

LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS Y FISCALMENTE IRRESPONSABLES DEJARON LECCIONES QUE CONVIENE RECORDAR

Hace pocos años se daba por sentado que el libre comercio entre países era un ingrediente básico de la receta para la prosperidad de los países. Hace poco existía una especie de consenso entre los encargados de la política económica y los propios políticos respecto a que la libre determinación de los precios en el mercado, a partir de la competencia, era la mejor vía para lograr la más eficiente utilización de los factores de producción. Hace apenas unos años se valoraba enormemente la existencia de un banco central que pudiera defender la estabilidad de precios sin injerencia de los intereses cortoplacistas de los políticos. Hace una nada, se entendía que los déficits fiscales elevados y el despilfarro en el gasto gubernamental causan un daño enorme a la sostenibilidad del crecimiento económico.

Hoy, en cambio, no solo en nuestro país sino que alrededor del mundo, parece estarse expandiendo un síndrome de amnesia económica que está haciendo olvidar a los líderes políticos, a los votantes y a los propios encargados de las políticas públicas, los costos que en el pasado ocasionaron las medidas económicas miopes, populistas e irresponsables. Esa amnesia está generando una peligrosa simpatía hacia políticas proteccionistas que obstaculizan el libre intercambio de bienes entre los países y empobrece a sus habitantes; está haciendo que se olvide que los precios tope solo generan escasez y reducen la productividad, afectando a los más pobres; está induciendo a que las injerencias politiqueras menoscaben la capacidad de los bancos centrales para regular las tasas de interés o el tipo de cambio; y, está alimentando una perniciosa tolerancia hacia el gasto público desmedido y los déficits fiscales crecientes.

La amnesia económica proliferante abona un campo fértil para las propuestas populistas (de izquierdas y derechas) que prometen el paraíso a fuerza de acciones económica y fiscalmente irresponsables. Ahora que entramos a una campaña electoral, es necesario recuperar la memoria económica para no caer en las tentaciones electoreras que ofrecen regalar dinero, subsidios, becas, adoquines, polideportivos y láminas a cambio del voto. Ofertas que amenazan con sacar de cauce a las finanzas públicas. Ofertas que atentan contra las instituciones (como la autonomía del banco central, el no otorgamiento de crédito inorgánico al gobierno, el carácter eminentemente técnico de la oficina a cargo del presupuesto estatal o del instituto de estadísticas). Ofertas que, en fin, desafían los principios económicos fundamentales y atentan contra el sistema de balances y contrapesos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Guatemala posee una bien ganada reputación de estabilidad y confianza en los mercados internacionales, como lo atestiguan no solo las principales empresas calificadoras, sino también el Emerging Markets Bond Index -EMBI, o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes que calcula JP Morgan- que es el principal indicador de riesgo país. Preservar esa estabilidad y confianza pasa, necesariamente, porque los hacedores de la política económica no sufran de amnesia económica y eviten caer en las tentaciones populistas y electoreras que suelen abundar en las campañas electorales.

RIESGOS ECONÓMICOS EN EL AÑO ELECTORAL

LOS RIESGOS SE DAN POR LA INEVITABLE INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y LA TENTACIÓN DE APLICAR MEDIDAS POPULISTAS

Los años electorales reúnen ciertas características que suelen influir en el desempeño económico del país, a lo cual se agrega en 2023 un entorno internacional muy complejo, con unas presiones inflacionarias que apenas empiezan a amainar y, particularmente, con un elevado riesgo de recesión en los países industrializados que podría tener un impacto negativo sobre el sector exportador guatemalteco y, eventualmente, sobre el flujo de remesas familiares hacia nuestro país, que ha sido un importante combustible que mantiene encendido el motor del consumo doméstico.

Cada evento electoral genera, inevitablemente, incertidumbre y nerviosismo en los mercados que, entre otros efectos, se traduce en una ralentización de la inversión privada: los agentes económicos prefieren posponer sus decisiones de inversión, por lo menos hasta que se aclara el panorama político al final de la segunda vuelta electoral. Algo similar, aunque en menor magnitud, puede ocurrir con los consumidores respecto de la compra de bienes duraderos. Estos dos efectos depresivos sobre la producción nacional suelen verse contrarrestados por dos efectos positivos que las elecciones ejercen sobre la actividad económica: las obras de infraestructura pública (del gobierno central y de las municipalidades) suelen acelerarse en los meses previos a las elecciones (para atraer votos), al tiempo que el gasto de las campañas políticas conlleva un aumento en la demanda de servicios de transporte, comunicaciones, alojamiento y restauración. Ahora bien, estos efectos -tanto positivos como negativos- solían ser más pronunciados cuando el  proceso electoral se extendía hasta diciembre; con el nuevo calendario (cuya segunda vuelta electoral termina en agosto) esos efectos serán más leves este año.

Quizá los riesgos económicos más notables son los que se derivan de las decisiones de política pública que los líderes políticos están muy tentados a proponer y a aplicar durante los años electorales. El ansia de ganar votos es una mala consejera cuando se trata de tomar decisiones de política económica: la tentación de usar los recursos del erario para regalar dinero (en forma de transferencias, subsidios, alimentos, canchas e implementos deportivos, etcétera) puede derivar en un aumento desmedido del gasto público y en déficits presupuestarios que pueden desestabilizar la economía. También los políticos pueden caer en la tentación de querer presionar a las autoridades económicas para manipular electoralmente variables tan importantes como el tipo de cambio, las tasas de interés, los impuestos o las reglas del comercio exterior, todo con consecuencias insospechadas para la macroeconomía del país.

Por ello, el año electoral entraña particulares desafíos para los hacedores de política económica: deben resistir las presiones electoreras y enfocarse en la institucionalidad y en los objetivos de mayor plazo; y, también, deben conservar la calma y la ortodoxia para transmitir un mensaje de certeza a los agentes económicos inquietos por las turbulencias políticas e internacionales. Se trata de aguantar la respiración hasta agosto. Después, si quieren, ya podrán ponerse creativos.

RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL

UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE, VOLATILIDAD Y ELECCIONES REQUIERE DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Recientemente, el Centro de Estudios Internacionales UC publicó un análisis sobre los riesgos políticos de Latinoamérica, donde se vislumbra un cuadro regional crecientemente complejo, el cual puede servir de marco para contrastar cuáles de esos riesgos aplican para el caso guatemalteco en este año electoral y representan un desafío para las instituciones estatales, las empresas y la sociedad civil. Según la encuesta utilizada para dicho análisis, estos son los diez principales riesgos políticos en Latinoamérica:

(1 ) El crimen organizado, que debilita el Estado de Derecho y genera mayor inseguridad, corrupción e impunidad, es un riesgo evidente para Guatemala, donde indicadores como la creciente tasa de homicidios o el elevado índice de percepción de corrupción lo ponen como un desafío clave en 2023. (2) El deterioro de la democracia, junto con la amenaza del populismo y del autoritarismo se manifiesta en nuestro país en una baja satisfacción ciudadana con la democracia y un índice de democracia débil (según The Economist), que se agrava con una tendencia al debilitamiento institucional que, por ejemplo, se evidencia en el inexplicable impasse para elegir magistrados de las altas cortes.

(3) La incapacidad creciente de los gobiernos de cumplir con las expectativas y demandas ciudadanas, en medio de una fragmentación política que dificulta llegar a acuerdos y de un creciente endeudamiento público, es un riesgo también latente en Guatemala, donde las encuestas revelan poca confianza en las instituciones y en las elecciones mismas. (4) El riesgo de estallidos sociales por el alto costo de la vida, el bajo crecimiento económico, y el aumento del desempleo no es tan grave en Guatemala como en el resto de la región, pero el deteriorado entorno económico internacional no permite descartarlo del todo en este año electoral.

(5) La crisis migratoria también entraña un riesgo, no solo porque nuestro país exporta miles de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos anualmente, sino porque también se ha convertido en puente para otros miles de ilegales de otras nacionalidades. (6) La inseguridad alimentaria es una vergonzosa realidad en Guatemala, cuyo riesgo de agravamiento crece ante la escasez de insumos críticos exacerbada por los efectos de la guerra en Ucrania. (7) La hiperpolarización y la propagación de noticias falsas y campañas de contaminación informativa como herramienta política es generalizada en casi todo el mundo: difícilmente el próximo proceso electoral guatemalteco podrá escapar de este riesgo.

(8) La pérdida de competitividad en el desarrollo de los recursos naturales y de las energías limpias, en comparación con otras regiones, se agrava en Latinoamérica ante los escasos incentivos para la inversión extranjera y falta de certeza jurídica. Guatemala no es ajena a esa realidad, debido a la falta de claridad en los marcos regulatorios y a la discrecionalidad de la burocracia, lo que incide en nuestro bajo nivel en el ranking de competitividad regional. (9) El riesgo de ataques cibernéticos genera vulnerabilidad de los servicios del Estado y en la infraestructura crítica y los servicios financieros, y es una amenaza creciente para nuestro. Y (10) el debilitamiento de la integración regional, que ha pasado a ocupar una baja prioridad en las agendas gubernamentales y amenaza con aumentar irrelevancia de Centroamérica a nivel global.

Todos estos riesgos son reales. No es que inevitablemente se vayan a agravar en 2023, pero sí que es necesario que los gobiernos y las empresas estén en capacidad de mapearlos y gestionarlos, a fin de que el país esté mejor preparado para enfrentar los desafíos de un entorno de incertidumbre, volatilidad y riesgo político en 2023.

Civilización, Cultura y Generosidad

 

¿Una Generación Perdida?

 LA FALTA DE CLASES PRESENCIALES POR MÁS DE DOS AÑOS PUEDE DEJAR GRAVES SECUELAS

Desde 2020 hasta hoy se ha desatado una lluvia de shocks externos que afectan el desempeño económico de Guatemala: la pandemia de Covid-19, estrangulamientos en las cadenas de suministros, el impacto de la guerra en Ucrania, la débil recuperación del empleo, las enormes presiones inflacionarias, el encarecimiento del crédito y la desaceleración del crecimiento económico configuran un escenario preocupante. Encima de todo eso, nuestro país (y toda Latinoamérica) está enfrentando también una crisis silenciosa en materia de educación, que afectará el futuro de las nuevas generaciones, según advirtió hace algunas semanas la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) al presentar su análisis sobre el “apagón educativo” en la Región.

En efecto, la prolongada interrupción de las clases presenciales que se produjo a raíz de la pandemia puede estar dejando secuelas irreparables en la educación de los niños y adolescentes del país. El daño causado por la inasistencia a clases afectará negativamente las capacidades intelectuales y laborales de nuestros niños. Después de más de dos años de clases virtuales (cuya efectividad fue muy baja por las limitaciones en conectividad, equipamiento y habilidades digitales), las clases presenciales al cien por ciento no se reanudarán en Guatemala sino hasta mediados de febrero de 2023. Los más afectados han sido los niños y jóvenes de menores recursos económicos cuya única opción es la educación pública.

Lo peor es que ya antes de la pandemia Guatemala presentaba altos déficits educativos: una tasa de analfabetismo secularmente más elevada que las de los países vecinos, altísimas tasas de deserción estudiantil (especialmente en secundaria), o pobres niveles de desempeño en matemática (especialmente en primaria), todos ellos síntomas de un deficiente sistema educativo que inexorablemente decayó más a partir de la pandemia. Y -similar al caso de la infraestructura pública que comentamos la semana pasada- el presupuesto estatal destinado a educación parece un barril sin fondo en el que el incremento del gasto se destina casi exclusivamente a pagar salarios sin que, a cambio, se produzca una mejora en la calidad educativa.

Para minimizar los daños del “apagón educativo” y empezar a revertir los precarios indicadores del país en ese rubro, es esencial emprender una transformación del sistema educativo que implique una mayor inversión en escuelas, un rediseño de los mecanismos de aprendizaje, un enfoque hacia la promoción de las competencias, mejores sistemas para formar, calificar y promover docentes, y una apuesta decidida por la transformación digital de la educación. Todo ello sin descuidar la coordinación de las políticas de educación con las de nutrición, salud, empleo y previsión social. Si no se profundizan esas acciones, las consecuencias del “apagón educativo” podrían significar la pérdida intelectual y productiva de toda una generación de niños y jóvenes guatemaltecos.

EL MITO DE LA FALTA DE RECURSOS

LA POCA INFRAESTRUCTURA SE DEBE MÁS A INEFICIENCIA INSTITUCIONAL QUE A LA FALTA DE FINANCIAMIENTO

Es bien sabido que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestro país es el precario estado de su infraestructura física. Las calificadoras de riesgo-país nos recuerdan cada año que, a pesar de las fortalezas macroeconómicas, una de las debilidades que impiden que la calificación de Guatemala alcance el grado de inversión es su bajísima oferta de infraestructura, además de el bajo nivel ingresos per cápita y la debilidad de las instituciones (aspectos estos que, a su vez, se relacionan estrechamente con la falta de infraestructura). Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional indica que, debido a la mala infraestructura, en Guatemala la velocidad de circulación estimada en las carreteras es de las más bajas del mundo, lo que impone un enorme lastre a la competitividad del país.

Hasta hace pocos años era generalizada la creencia de que la falta de infraestructura se explicaba porque los recursos presupuestarios no alcanzaban para financiar la inversión pública. Ese mito, sin embargo, parece no sostenerse luego del precipitado aumento que el presupuesto estatal ha experimentado desde 2020. En ese año hubo una ampliación presupuestaria de Q20 mil millones, de los cuales solo se ejecutó poco más de la mitad: el resto pudo haberse destinado a infraestructura… pero no se hizo. En 2021 hubo nuevamente ampliaciones presupuestarias por Q13.4 mil millones. Y en 2022, otra vez, hubo ampliaciones presupuestarias por Q6.6 mil millones, de las cuales la mitad (teóricamente) se dirigieron a infraestructura.

En la práctica, la inversión física en infraestructura parece haber sido nula. El problema, evidentemente, no es de falta de recursos, sino de falta de capacidad de ejecución. Y esa incapacidad se debe a la extrema debilidad de las instituciones a cargo de las tres etapas del ciclo de inversión pública: la de planificación de inversiones públicas sostenibles; la de asignación de inversiones a los sectores y proyectos correctos; y, la de implementación de proyectos para generar activos públicos productivos y duraderos. Es cierto que reformar esas instituciones conlleva tiempo (que apremia) y -especialmente- voluntad política (que escasea). ¿Existe alguna solución a corto plazo? Sí, aunque tampoco es sencilla (pero sí factible).

Es muy posible que, debido a la lenta ejecución presupuestaria y a un flujo de ingresos tributarios mayor a lo previsto, el gobierno termine este año con varios millardos de quetzales “ahorrados” en su caja fiscal. En lugar de mal repartirlos a las municipalidades y consejos departamentales de desarrollo, bien podría pensarse en conformar un fondo destinado a infraestructura. Dicho fondo podría estructurarse en un fideicomiso específico y focalizado para ciertas obras de infraestructura, con una gobernanza y reglas de manejo que garanticen su uso transparente y efectivo. Con ello, podrían empezarse a construir obras estratégicas y, al mismo tiempo, servir de puente-piloto para transitar del actual sistema (disfuncional, opaco e ineficiente) a un nuevo sistema (funcional, transparente y eficiente) para la construcción de infraestructura pública en el país. Para luego, es tarde.