REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE

DEBEN ENCONTRARSE FORMAS MÁS ORDENADAS, TÉCNICAS Y SOSTENIBLES DE ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES

Regalar dinero del erario público ha sido un recurso al que los políticos, no solo en Guatemala sino alrededor del mundo, suelen acudir para congraciarse con los electores en el corto plazo, pero que a largo plazo tiene consecuencias macroeconómicas muy negativas. Por ejemplo, la actual crisis inflacionaria a nivel mundial se debe, aunque sea en parte, a los gigantescos paquetes de estímulo fiscal -que incluyeron generosas transferencias no condicionadas de dinero a los ciudadanos- que los gobiernos de los países industrializados aplicaron para paliar los efectos de la pandemia.

En Guatemala existe una longeva inclinación de la clase política a regalar los dineros públicos con fines electoreros. Ejemplos como el bono a los ancianos que diseñó el entonces diputado Baldizón, o el de los comedores solidarios del gobierno de la UNE, o el de recientes iniciativas de ley que buscan aumentar las pensiones a los jubilados del Estado, ponen de manifiesto cómo este tipo de políticas, posiblemente bien intencionadas, imponen unos costos fiscales crecientes que pueden poner en riesgo la tan apreciada estabilidad macroeconómica del país. Solo este año, mediante la concesión de subsidios a la energía y al combustible -que son otra forma de regalar dineros públicos- han contribuido a que el rubro de transferencias al sector privado, a agosto, se haya incrementado en más de Q3 millardos (o un ¡120 por ciento!) respecto del año previo.

La más reciente de estas medidas fue la aprobación del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral (o ley de veteranos), que implica la entrega de Q36 mil por beneficiario, a entregarse en cuotas de a mil mensuales durante tres años. Con base en los 266 mil veteranos que dijeron que había en febrero de este año, el costo anual sería de Q3.2 millardos, por lo que en los tres años habrá un gasto de ¡Q9.6 millardos! Se trata de una cifra gigantesca equivalente a más de lo que en un año gasta el Ministerio de Salud Pública. Lo más paradójico es que la creencia de que con esos dineros se aseguran miles de votos para quienes apoyaron la medida, es un antiguo mito urbano que no se sustenta en la práctica. Además, seguramente deben existir otros mecanismos más ordenados, institucionales y fiscalmente responsables para compensar a los ex trabajadores del Ejército.

En todo caso, puesto que este tipo de iniciativas va a seguir surgiendo en el futuro, quizá lo más conveniente sea encontrar una forma ordenada, civilizada y técnicamente adecuada para abordarlas. En otros países existe una instancia netamente técnica en el Congreso que analiza el impacto fiscal de cualquier iniciativa de ley que involucre recursos públicos y que asesora a todas las comisiones de trabajo del Legislativo sobre la viabilidad fiscal y macroeconómica de las iniciativas de ley. Si no se adopta acá algo parecido para poner orden al respecto, será inevitable que en el futuro no lejano todos terminemos pagando el pato, ya sea porque habrá que pagar más impuestos para financiar estas ocurrencias, o porque caeremos en una crisis fiscal como la que sufren países vecinos.

LAS CAUSAS RAÍZ DE LA MIGRACIÓN

 UN MIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE GENERAR DIEZ VECES MÁS INGRESOS QUE EN SU PAÍS DE ORIGEN

Una nueva crisis de migrantes ilegales en los Estados Unidos se produce desde hace semanas. Los gobernadores republicanos de los estados fronterizos con México están enviando buses repletos de migrantes hacia los estados norteños gobernados por demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris (encargada de encontrar soluciones a la crisis) acusa a aquellos gobernadores de estar jugando con vidas humanas, al tiempo que asegura haber conseguido más de US$3.2 millardos para ayudar a que los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica tengan en sus propios países las oportunidades que necesitan para no verse en la necesidad de emigrar ilegalmente.

Pero, a pesar de que la estrategia de Harris busca atacar las “causas raíz” de las migraciones ilegales, pareciera que ni el gobierno estadounidense actual, ni su predecesor, tienen claras dichas causas. Por un lado, los fondos que Harris dice haber juntado para invertir en el Triángulo Norte apenas representan el 2 por ciento del PIB de la Región, por lo que resulta ingenuo pensar que una inversión tan pequeña pueda revertir los flujos de migrantes ilegales. Por el otro lado, en una conferencia reciente impartida en Guatemala, el ex vicepresidente Mike Pence pareció achacar la culpa de las olas de migrantes centroamericanos principalmente a “los carteles criminales que trafican personas”, lo cual suena también demasiado simplista.

Resulta difícil creer que los más importantes líderes de los Estados Unidos no tengan claro que el principal incentivo que motiva a los centroamericanos a emprender la peligrosa travesía rumbo al Norte es el enorme diferencial que existe entre los ingresos que pueden obtener allá en comparación a los que obtienen acá. El mismo campesino guatemalteco que en su pueblo apenas generaba ingresos mínimos para mantener a su familia en precarias condiciones, es el mismo que -tres meses después de haber llegado mojado a California- es capaz de generar cinco y hasta diez veces más ingresos. La pregunta relevante para identificar la causa raíz de las migraciones es ¿por qué un trabajador centroamericano puede ser diez veces más productivo en los Estados Unidos que en su país de origen?

No toma mucho darse cuenta de que la diferencia radica en la calidad del entorno para trabajar y hacer negocios. Un entorno donde el Estado provee los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, asistencia en salud y educación) y en donde las instituciones generan la certeza jurídica y el orden económico necesarios, es un entorno donde el individuo puede ser más productivo y encontrar las oportunidades para progresar y realizarse. La principal causa raíz de las migraciones desde el Triángulo Norte yace en la incapacidad de esos estados de proveer a sus ciudadanos los servicios públicos mínimos y de funcionar con base en instituciones sólidas que conformen un marco eficaz para la interacción humana y el progreso de las personas. Convencer a algunas empresas estadounidenses para que inviertan en el Triángulo Norte es importante, como también lo es combatir las mafias del coyotaje; pero para atacar la causa raíz de las migraciones, lo que se necesita es mejores servicios públicos y mejores instituciones.

¿GASTAR MÁS O GASTAR MEJOR?

 UNA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES ES DEMASIADO TRASCENDENTAL COMO PARA APROBARLA A LA CARRERA

 Los funcionarios suelen quejarse de los obstáculos que la Ley de Contrataciones del Estado les impone y que, según ellos, ocasionan retrasos e impiden una ejecución ágil del presupuesto. Por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Comunicaciones llevara al mes de agosto un porcentaje de ejecución inferior al 40 por ciento se le achaca a los trámites y requisitos que establece la referida ley. En contraste, las entidades públicas y de la sociedad civil involucradas en vigilar la transparencia y efectividad del gasto público ven ahí, en esos mismos trámites y requisitos, la primera línea de defensa contra el desperdicio y la corrupción. Este dilema entre la búsqueda de una mayor agilidad y la búsqueda de una mayor transparencia y efectividad en la ejecución del presupuesto plantea el desafío de tener un marco regulatorio que equilibre ambos objetivos.

 Precisamente ese es el dilema que se presenta con la iniciativa de Ley de Adquisiciones del Estado que el Congreso empezó a aprobar la semana pasada en un proceso -hay que decirlo- extraordinariamente acelerado. Dicha iniciativa contiene varias reformas que apuntan a mejorar la agilidad de las contrataciones públicas, entre las que se incluyen los refuerzos al Registro General de Adquisiciones del Estado; la inclusión de un proceso de enajenación de bienes; y, el ajuste de procesos, como el de la subasta electrónica inversa. Sin embargo, también contiene algunas amenazas a la transparencia y la calidad del gasto público, entre las que destacan el aumento injustificado de los montos de las modalidades de adquisición, la eliminación de los certificados de disponibilidad presupuestaria y, especialmente, la posibilidad de que las municipalidades hagan compras directas mediante una nueva excepción para “emergencias”.

 Este relajamiento para las compras municipales pereciera evidenciar una tendencia de los últimos meses: el año paso se aprobaron reformas a la Ley de Contrataciones que favorecían a las alcaldías (y que tuvo que ser vetada); este año se aprobaron ampliaciones presupuestaria dirigidas a muchas alcaldías; se aprobó que los Consejos de Desarrollo ejecuten en 2023 lo que no ejecutaron en 2022; en el proyecto de Presupuesto para 2023 hay un incremento significativo para las municipalidades… y, ahora, esta nueva ley. Este patrón resulta preocupante especialmente si tomamos en cuenta que el gasto asignado a las municipalidades y Consejos ocupa más del 11 por ciento del presupuesto del Estado (que ya excede los Q112 mil millones).

 Por ello es aconsejable que la aprobación en el Congreso de una nueva ley de adquisiciones tenga el respaldo técnico y la discusión necesarios para que se logre el debido equilibrio entre agilidad y transparencia en el gasto. La aprobación exprés del dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas no envía ninguna buena señal. Un buen proceso legislativo se nutre a través de la discusión y el debate de los diferentes actores en la sociedad. Por el contrario, la experiencia demuestra que la aprobación “a la carrera” solo resulta en leyes plagadas de errores que luego deben ser “archivadas” o vetadas.

TRANSPARENCIA Y CLIMA DE NEGOCIOS

LA GOBERNANZA Y A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL SON CLAVES PARA LAS DECISIONES DE LOS INVERSIONISTAS

La semana anterior tuvo lugar una interesante conferencia impartida por Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington del Consejo de las Américas y de la Americas Society, donde promueve la importancia que Latinoamérica tiene para los intereses económicos, de seguridad y estratégicos de los Estados Unidos. La conferencia, organizada por GuateÍntegra, se enfocó en la importancia que la transparencia y la integridad en los negocios para favorecer un clima favorable al desarrollo de los países. Varios aspectos resaltan de la interesante (y, en gran medida, desafiante) plática de Farnsworth.

En el mundo actual, los aspectos relativos a la gobernanza y a la sostenibilidad social de los negocios son claves para determinar las decisiones de los inversionistas y, por ello, la transparencia y la integridad resultan esenciales, tanto a nivel macro como a nivel de las empresas. Para un país como el nuestro, que necesita integrarse a los mercados y flujos internacionales, tales aspectos resultan aún más relevantes ante el parteaguas que ha surgido en la post-pandemia: el nearshoring y el friendshoring. Estos no son otra cosa que la búsqueda de los negocios estadounidenses de nuevas ubicaciones, más cercanas y amigables que sus actuales emplazamientos en Asia, lo que plantea una oportunidad única para atraer inversiones y acelerar el crecimiento económico, situación que ya están aprovechando Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Esa oportunidad solo durará un par de años, por lo que a Guatemala le urge actuar.

Para atraer inversiones no basta con estar bien situados geográficamente, con tener un clima primaveral ni con la riqueza cultural del país. Las inversiones solo vendrán, en la cantidad y la calidad necesarias, en función de que exista un clima de negocios adecuado, es decir, que exista certeza jurídica, respeto a los contratos, un sistema de justicia eficaz, buena calidad del capital físico (infraestructura) y humano (educación y salud), y estabilidad macroeconómica. El sector empresarial puede -y debe- jugar un rol de liderazgo promoviendo -e impulsando ante los estamentos políticos- políticas e instituciones conducentes a fortalecer ese clima de negocios.

Al enfatizar el sentido de urgencia de las acciones a emprender para aprovechar este parteaguas, Farnsworth sugirió algunas ideas audaces cuya adopción valdría la pena considerar. Por ejemplo, solicitar la incorporación de Guatemala al USMCA (que es el acuerdo de libre comercio que sustituyó al NAFTA), a fin de adoptar una agenda de acciones y reformas que permitan el ingreso de nuestro país a dicho club; o apostar decididamente por la digitalización del Estado, tanto en educación, como en los procesos gubernamentales o del propio sistema de justicia; o realizar una contribución financiera temporal y extraordinaria para combatir la delincuencia (como lo hizo Colombia en su momento); o la adopción de un código de conducta nacional hacia la transparencia. Estos esfuerzos pueden ser costosos a corto plazo, pero serían abundantemente redituables a largo plazo. El desafío inicial es atreverse.

LA CRISIS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

IMPLICA SUPERAR LAS DEBILIDADES DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y DE JUSTICIA

 El respeto y protección del derecho de propiedad de los individuos (sobre su fuerza de trabajo, sus conocimientos y sus bienes muebles e inmuebles) es fundamental no solo desde el punto de vista filosófico-moral, sino también desde el punto de vista pragmático-económico. Una sociedad donde abunden los propietarios y estos puedan disponer libremente de sus bienes puede garantizar que se tomen múltiples decisiones independientes respecto del intercambio de bienes y servicios, lo que aumenta la productividad y la eficiencia sistémica y, a fin de cuentas, favorece no solo al propietario sino a la sociedad en su conjunto porque viabiliza la economía de mercado.

 Por eso resulta preocupante que en el más reciente Índice Internacional de Derechos de Propiedad -IPRI-, la puntuación obtenida por Guatemala se haya deteriorado por sexto año consecutivo ocupando el puesto 103 de los 129 países evaluados, por lo que nos encontramos entre el 33 por ciento de países peor calificados. Tres sub índices componen el IPRI: derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad física y entorno político-legal; este último es el que más debilidades muestra en Guatemala (particularmente por la mala calificación en materia de Estado de Derecho y de control de la corrupción), aunque también se aprecian importantes debilidades en los registros de propiedad y en la protección de los derechos de autor.

 El IPRI fue presentado y analizado hace algunos días por el Observatorio de Derechos de Propiedad, entidad que también presentó un revelador y oportuno estudio sobre la crisis oculta de los derechos de propiedad en nuestro país. El estudio señala que dicha crisis se explica por tres aspectos clave. El primero es la falta de acceso a la Justicia, pues los ciudadanos le temen, consideran que las instituciones son ineficientes y perciben altos niveles de impunidad y falta de certeza. El segundo es la enorme debilidad institucional en materia de registros, tanto del Registro de la Propiedad (vulnerable, incluso, a estructuras criminales dedicadas al robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro), como en el Registro de Información Catastral -RIC- (que en sus 17 años de existencia apenas ha completado el proceso catastral en el 4 por ciento de los municipios del país). Y el tercer aspecto es el crimen organizado que, a través de invasiones de propiedades y del robo de fluidos, busca desestabilizar las regiones con el propósito ulterior de facilitar sus actividades delictivas.

 Para enfrentar esta crisis se requieren acciones urgentes, pero bien estructuradas, a fin de reformar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente, accesible e independiente para restaurar rápidamente los derechos de propiedad cuando sean vulnerados; de fortalecer, modernizar, coordinar y vincular al Registro de la Propiedad con el RIC; y, de crear una política criminal contra el despojo de bienes que mejore la coordinación de los garantes de propiedad (Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial). Estas acciones de política pública son esenciales si aspiramos alguna vez a tener un auténtico país de propietarios y una efectiva economía de mercado.

LOS DÉFICITS FISCALES SÍ IMPORTAN

ES ENORME LA TENTACIÓN DE AUMENTAR EL DÉFICIT FISCAL EN UN AÑO ELECTORAL

Después del enorme aumento del déficit fiscal que sufrió Guatemala en 2020 a raíz del gasto gubernamental extraordinario para combatir los efectos del confinamiento disparado por la pandemia, parece ser que en los círculos políticos e, incluso, en algunos círculos académicos se debilitó el tradicional respeto y temor -que solía ser generalizado- respecto de lo pernicioso que son los déficits fiscales. En el marco de la discusión de un nuevo proyecto de presupuesto del Estado para 2023, cunde sigilosa en los corrillos parlamentarios la peligrosa idea de que “un poquito más de déficit fiscal, no importa”. Aparentemente, las lecciones de la historia tienden a olvidarse.

Si bien es cierto que el uso del déficit fiscal como una herramienta anticíclica (para moderar los efectos recesivos de crisis mayores y específicas como, por ejemplo, lo fue la generada por la pandemia en 2020) está justificado, también lo es que la historia demuestra que esas expansiones del gasto gubernamental no solo son insostenibles a mediano plazo (una vez superada la crisis, el déficit debería volver a reducirse), sino que pueden resultar muy peligrosas si se mantienen en el tiempo. La historia, en todo el mundo, demuestra que aplicar una política fiscal expansiva (que implica sostenidos y elevados déficits fiscales) cuando no existe una recesión severa, va a resultar siempre en un aumento del costo del crédito y en fuertes presiones inflacionarias.

A raíz de los gigantescos estímulos fiscales que se dieron alrededor del mundo durante el primer año de la pandemia, se han realizado diversos análisis sobre el impacto de dichos gastos sobre la inflación. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional -FMI- confirma que la expansión fiscal contribuyó decisivamente a las tensiones de precios al alza que hoy afectan a todo el mundo. Incluso si nos centramos en la inflación hasta febrero de 2022, que no incluye las perturbaciones asociadas con la guerra en Ucrania, resulta que los países con un gran estímulo fiscal experimentaron estallidos de inflación más fuertes. Los déficits fiscales elevados siempre han sido, y siguen siendo, muy peligrosos.

Por esa razón es que, en el caso de Guatemala, resulta loable y meritorio que el enorme déficit fiscal en que se incurrió en 2020 -justificado por la pandemia- haya sido corregido rápida y efectivamente en 2021, lo cual fue motivo de elogios por parte de las calificadoras de riesgo-país y del propio FMI. Pero, por esa misma razón, es de crucial importancia que la meritoria corrección del déficit lograda el año anterior no se revierta en 2022 ni, especialmente, en 2023 que, además, es un año electoral. El proyecto de presupuesto para el próximo año (recientemente presentado por el Ejecutivo al Congreso para su discusión y aprobación) muestra, en general, cifras macroeconómicas razonables, con un déficit fiscal que apunta a mantenerse en límites tolerables. Ojalá que en el organismo legislativo no caigan en la tentación de trastocar esas cifras bajo la falsa premisa de que “un poquito más de déficit, no importa”.

LIBERTAD, SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO NO SOLO ES VIABLE; TAMBIÉN ES RECOMENDABLE

La semana pasada fui invitado por la Fundación Konrad Adenauer para disertar sobre la viabilidad de la Economía Social de Mercado -ESM- en Guatemala. La ESM es un sistema que, respetando al mercado y las libertades y controles que deben garantizarse para que este funciona adecuadamente, los combina eficazmente con un orden social que procura la equidad dentro de un orden político democrático. Se trata de que la sociedad se beneficie de la eficiencia del mercado para generar paz social.

De alguna manera, más o menos explícita, la Constitución Política de la República de Guatemala no solo es compatible, sino que orienta los quehaceres del Estado hacia el principio esencial de la ESM, que es la primacía y dignidad de la persona humana, así como hacia sus principios operativos básicos: la libertad individual y empresarial con responsabilidad y con acceso a un mercado competitivo; la certeza sobre la propiedad privada; la solidaridad (incluyendo redes de protección como el seguro social); y, la subsidiariedad (todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, por sí solo o en su círculo, no forma parte de las funciones del gobierno: las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o auxilian a las de cada individuo). 

En la práctica, la ESM no ha logrado establecerse en el país porque, entro otras razones, los políticos y funcionarios no han tenido claro cuándo y cómo aplicar adecuadamente las políticas económico-sociales. Atendiendo al principio de subsidiariedad, un Estado eficiente solo debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice las libertades básicas, para corregir las fallas del mercado (como las externalidades o la información asimétrica) y para procurar la paz social mediante instituciones que legitimen el sistema de mercado. Según la ESM las políticas económicas se pueden dividir en dos categorías: las políticas de procesos (como la política fiscal o la monetaria) que buscan influir sobre los procesos económicos y sus resultados; y, las políticas de ordenamiento que, a través de reglas e incentivos (es decir, de instituciones) buscan establecer el orden económico deseado.

En cuanto a la primera categoría de políticas (la de procesos), al parecer no lo hemos hecho tan mal como país, pues así lo demuestran los sólidos indicadores de estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, reconocidos internacionalmente. En contraste, donde evidentemente hemos fallado es en las políticas de ordenamiento, como lo demuestran los precarios indicadores de calidad institucional y gobernanza de Guatemala. Esa precariedad institucional impide el establecimiento de un orden económico que, como lo persigue la ESM, constituya un marco de certeza jurídica, eficiencia económica y mayor productividad. Para revertir tales indicadores, es indispensable que los liderazgos del país -empezando por el estamento político- cobren conciencia de la necesidad de establecer ese orden económico basado en instituciones y, a partir de allí, emprender las reformas necesaria con voluntad política.