¿GASTAR MÁS O GASTAR MEJOR?

 UNA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES ES DEMASIADO TRASCENDENTAL COMO PARA APROBARLA A LA CARRERA

 Los funcionarios suelen quejarse de los obstáculos que la Ley de Contrataciones del Estado les impone y que, según ellos, ocasionan retrasos e impiden una ejecución ágil del presupuesto. Por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Comunicaciones llevara al mes de agosto un porcentaje de ejecución inferior al 40 por ciento se le achaca a los trámites y requisitos que establece la referida ley. En contraste, las entidades públicas y de la sociedad civil involucradas en vigilar la transparencia y efectividad del gasto público ven ahí, en esos mismos trámites y requisitos, la primera línea de defensa contra el desperdicio y la corrupción. Este dilema entre la búsqueda de una mayor agilidad y la búsqueda de una mayor transparencia y efectividad en la ejecución del presupuesto plantea el desafío de tener un marco regulatorio que equilibre ambos objetivos.

 Precisamente ese es el dilema que se presenta con la iniciativa de Ley de Adquisiciones del Estado que el Congreso empezó a aprobar la semana pasada en un proceso -hay que decirlo- extraordinariamente acelerado. Dicha iniciativa contiene varias reformas que apuntan a mejorar la agilidad de las contrataciones públicas, entre las que se incluyen los refuerzos al Registro General de Adquisiciones del Estado; la inclusión de un proceso de enajenación de bienes; y, el ajuste de procesos, como el de la subasta electrónica inversa. Sin embargo, también contiene algunas amenazas a la transparencia y la calidad del gasto público, entre las que destacan el aumento injustificado de los montos de las modalidades de adquisición, la eliminación de los certificados de disponibilidad presupuestaria y, especialmente, la posibilidad de que las municipalidades hagan compras directas mediante una nueva excepción para “emergencias”.

 Este relajamiento para las compras municipales pereciera evidenciar una tendencia de los últimos meses: el año paso se aprobaron reformas a la Ley de Contrataciones que favorecían a las alcaldías (y que tuvo que ser vetada); este año se aprobaron ampliaciones presupuestaria dirigidas a muchas alcaldías; se aprobó que los Consejos de Desarrollo ejecuten en 2023 lo que no ejecutaron en 2022; en el proyecto de Presupuesto para 2023 hay un incremento significativo para las municipalidades… y, ahora, esta nueva ley. Este patrón resulta preocupante especialmente si tomamos en cuenta que el gasto asignado a las municipalidades y Consejos ocupa más del 11 por ciento del presupuesto del Estado (que ya excede los Q112 mil millones).

 Por ello es aconsejable que la aprobación en el Congreso de una nueva ley de adquisiciones tenga el respaldo técnico y la discusión necesarios para que se logre el debido equilibrio entre agilidad y transparencia en el gasto. La aprobación exprés del dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas no envía ninguna buena señal. Un buen proceso legislativo se nutre a través de la discusión y el debate de los diferentes actores en la sociedad. Por el contrario, la experiencia demuestra que la aprobación “a la carrera” solo resulta en leyes plagadas de errores que luego deben ser “archivadas” o vetadas.