LA CRISIS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

IMPLICA SUPERAR LAS DEBILIDADES DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y DE JUSTICIA

 El respeto y protección del derecho de propiedad de los individuos (sobre su fuerza de trabajo, sus conocimientos y sus bienes muebles e inmuebles) es fundamental no solo desde el punto de vista filosófico-moral, sino también desde el punto de vista pragmático-económico. Una sociedad donde abunden los propietarios y estos puedan disponer libremente de sus bienes puede garantizar que se tomen múltiples decisiones independientes respecto del intercambio de bienes y servicios, lo que aumenta la productividad y la eficiencia sistémica y, a fin de cuentas, favorece no solo al propietario sino a la sociedad en su conjunto porque viabiliza la economía de mercado.

 Por eso resulta preocupante que en el más reciente Índice Internacional de Derechos de Propiedad -IPRI-, la puntuación obtenida por Guatemala se haya deteriorado por sexto año consecutivo ocupando el puesto 103 de los 129 países evaluados, por lo que nos encontramos entre el 33 por ciento de países peor calificados. Tres sub índices componen el IPRI: derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad física y entorno político-legal; este último es el que más debilidades muestra en Guatemala (particularmente por la mala calificación en materia de Estado de Derecho y de control de la corrupción), aunque también se aprecian importantes debilidades en los registros de propiedad y en la protección de los derechos de autor.

 El IPRI fue presentado y analizado hace algunos días por el Observatorio de Derechos de Propiedad, entidad que también presentó un revelador y oportuno estudio sobre la crisis oculta de los derechos de propiedad en nuestro país. El estudio señala que dicha crisis se explica por tres aspectos clave. El primero es la falta de acceso a la Justicia, pues los ciudadanos le temen, consideran que las instituciones son ineficientes y perciben altos niveles de impunidad y falta de certeza. El segundo es la enorme debilidad institucional en materia de registros, tanto del Registro de la Propiedad (vulnerable, incluso, a estructuras criminales dedicadas al robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro), como en el Registro de Información Catastral -RIC- (que en sus 17 años de existencia apenas ha completado el proceso catastral en el 4 por ciento de los municipios del país). Y el tercer aspecto es el crimen organizado que, a través de invasiones de propiedades y del robo de fluidos, busca desestabilizar las regiones con el propósito ulterior de facilitar sus actividades delictivas.

 Para enfrentar esta crisis se requieren acciones urgentes, pero bien estructuradas, a fin de reformar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente, accesible e independiente para restaurar rápidamente los derechos de propiedad cuando sean vulnerados; de fortalecer, modernizar, coordinar y vincular al Registro de la Propiedad con el RIC; y, de crear una política criminal contra el despojo de bienes que mejore la coordinación de los garantes de propiedad (Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial). Estas acciones de política pública son esenciales si aspiramos alguna vez a tener un auténtico país de propietarios y una efectiva economía de mercado.