Reformar el Servicio Civil

 MODIFICAR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL ES UNA CONDICIÓN NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE

 Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un foro auspiciado por el G-13 (instancia de coordinación de los principales países y agencias donantes) acerca del fortalecimiento del sistema del servicio civil en nuestro país. De dicho foro, donde además del Ministro de Trabajo participaron algunos diputados y tanques de pensamiento, surgen dos buenas noticias. La primera es que resultó reconfortante escuchar de parte del Ministro de Trabajo un diagnóstico claro y completo de la situación del Empleo Público en Guatemala, así como una serie de propuestas pragmáticas, realistas y graduales para empezar a solucionar los múltiples problemas que aquejan al servicio civil, entendiendo que el mismo es un sistema cuya reforma requiere de acciones en múltiples frentes.

 La segunda buena noticia fue el interés manifestado por la comunidad internacional en apoyar la modernización del sistema nacional del servicio civil. Para ello, un paso clave es que los distintos liderazgos del país cobren conciencia de la importancia crucial de dicha reforma. Diversos estudios demuestran que el fortalecimiento del servicio civil impacta notablemente en las capacidades del Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, la prestación de los servicios públicos esenciales y la gestión de los recursos (financieros, físicos, técnicos e informáticos), además de mejorar la gobernabilidad y de reducir la corrupción.

 Uno de los temas destacados en el foro fue que la reforma a la Ley del Servicio Civil es solamente una pieza (clave, eso sí) de las múltiples acciones requeridas. La reforma legal es, podríamos decir, una condición necesaria pero no suficiente para reformar el sistema del empleo público, concebido como un conjunto de normas, estructuras, políticas y prácticas institucionales que propicien una administración pública profesional y eficaz. Si bien algunas de las reformas necesarias planteadas en el foro pueden empezar a aplicarse a nivel administrativo, muchas de ellas deben blindarse a nivel legislativo, lo que implica -entre otras- modernizar la actual Ley del Servicio Civil.

 La reforma debe enfocarse en ciertos objetivos esenciales: situar el mérito como norte del sistema; fortalecer y dotar de independencia a la actual Oficina Nacional del Servicio Civil; profesionalizar la carrera administrativa; crear un sistema especial para gestionar el recurso humano a nivel de directores y gerentes públicos; regular el marco de las negociaciones colectivas con los empleados públicos; privilegiar la eficiencia sobre la antigüedad; y, sistematizar procesos de evaluación del desempeño de los trabajadores. La iniciativa del Ministerio de Trabajo y el apoyo de la comunidad internacional son un buen comienzo. Falta, sin embargo, la pieza más importante: el compromiso del Congreso de emprender un proceso legislativo de reforma serio y profesional que este tema amerita.

UNA AGENDA AGRESIVA PARA EL TRIÁNGULO NORTE

 ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ QUE SE ENFOCARÁ EN ATENDER LAS CAUSAS-RAÍZ DE LA CRISIS

 La detección de más de medio millón de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en el último semestre (incluyendo miles de niños no acompañados) ha posicionado al Triángulo Norte como una de las prioridades de la política exterior de ese país. La vicepresidenta Harris ha declarado que se enfocará en atender las causas raíz que impulsan a los migrantes a huir de nuestros países. Pocas dudas caben de que esas causas se deben a la incapacidad histórica de los Estados del Triángulo Norte para construir naciones estables, prósperas y seguras que brinden oportunidades de progreso a sus ciudadanos.

 La agenda para resolver tal problema puede ser muy compleja y con resultados que solo se apreciarán a largo plazo. Por ello, se hace necesario priorizar algunas acciones de gran impacto que puedan empezar a revertir la crisis actual a corto plazo. A manera de ejemplo -y de reto- sugiero cuatro medidas atrevidas (sobre las que estuvimos conversando hace algunos días con un grupo de amigos analistas) que podrían servir a los gobiernos de la Región, y al estadounidense, para conformar una agenda agresiva de políticas públicas.

 Primero, establecer aduanas especiales, administradas por los Estados Unidos, en los países del Triángulo norte para controlar el comercio con aquel país; ese tipo de aduanas sería similar a las que ya existe en Canadá y podría funcionar aquí en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y servir de proyecto piloto para una eventual reforma del sistema aduanero centroamericano. Segundo, una actualización y ampliación del RD-CAFTA podría servir no solo de marco legal-institucional para viabilizar el esquema de aduanas especiales, sino que, principalmente, podría potenciar el crecimiento económico de la Región a través de una auténtica área de libre comercio con su principal socio comercial (y, de paso, la alejaría de la tentación de caer en el embrujo de la China continental).

 Tercero, una iniciativa de infraestructura física (económica y socialmente estratégica, incluyendo una súper carretera regional), posiblemente vía joint ventures, con una gobernanza que también sirva de piloto para reformar el corrupto sistema público; esfuerzo que podría financiarse con dinero estadounidense inyectado a empresas pre-aprobadas mediante la referida gobernanza, para obras de alta calidad y libres de corrupción. Y, cuarto, una reforma focalizada -pero profunda- del marco institucional para que la Región tenga sistemas judiciales independientes y eficaces, un servicio civil profesional, un gasto público eficiente y bien fiscalizado, y democracias genuinamente representativas. Hablamos de una agenda agresiva que habilite -y obligue- a los gobiernos del Triángulo Norte a empezar a hacer todo lo que se descuidó en las últimas décadas.

PARA SALIR DE ESTA LARGA PANDEMIA

 LAS PERSPECTIVAS QUIZÁ NO SEAN TAN OPTIMISTAS COMO LAS PINTA EL FMI

 Este año, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de Guatemala podría crecer a un ritmo de 4.5 porciento, recuperándose de la caída de 1.5 porciento que ocasionó la pandemia el año pasado, que registró la peor recesión en casi 40 años y de cuyas secuelas el nivel de empleo y de ingreso per cápita no se podrán recuperar tan rápidamente como, aparentemente, sí hará la producción de bienes y servicios.

 Sin embargo, las previsiones del FMI lucen, a primera vista, extremadamente optimistas. La persistencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ensombrece gravemente las perspectivas de recuperación a corto plazo; al mismo tiempo, la pandemia amenaza con agravar varias fragilidades estructurales del país, planteando importantes desafíos a largo plazo: los sectores de clase media han sido muy afectados en sus ingresos; el cierre prolongado de las escuelas públicas dañará las perspectivas y calidad del empleo de miles de futuros adultos; y, el Estado no solo ha mostrado durante la crisis sus severas limitaciones en la provisión de servicios básicos, sino que ha incurrido en déficits fiscales que ponen en riesgo la tan preciada estabilidad macroeconómica. De manera que las perspectivas a corto plazo están comprometidas ante la incertidumbre creada por la pandemia y las sombrías esperanzas de vacunación, mientras que las de largo plazo están amenazadas por la dislocación económica y social generada por una pandemia ya muy prolongada.

 Ante este panorama, lo que realmente apremia es que se acelere el acceso a las vacunas. Sin una vacunación masiva, rápida y efectiva, será imposible impulsar las perspectivas de crecimiento y salud que con tanto optimismo prevé el FMI. Esto requiere que se ejecuten cuanto antes los recursos aprobados desde hace varios meses para la compra y aplicación de las vacunas, y que se implementen sistemas locales de salud más fuertes, al tiempo que se redoblan los esfuerzos de contención, profilaxis y tratamiento de la enfermedad. Eso, en el cortísimo plazo.

 Para el mediano y largo plazos se necesita un esfuerzo triple para desatar el inmenso potencial de nuestra economía: reformas institucionales audaces para generar un clima empresarial favorable e impulsar el crecimiento económico; ampliar el acceso a la infraestructura, la educación, y la salud de alta calidad; y, medidas fiscales para recuperar le sostenibilidad y revertir muchos años de mediocre crecimiento. Así pues, los encargados de las políticas públicas deben hacer frente no solo al desafío inmediato que plantea la crisis sanitaria (que, aparentemente durará aún mucho tiempo), sino también deben impulsar las políticas clave para fomentar la inversión y el acceso a los servicios públicos básicos que generen el crecimiento de largo plazo que el país necesita.

REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL

 LA INICIATIVA DEL TSE, AUNQUE PERFECTIBLE, TIENE VARIAS PROPUESTAS POSITIVAS

Tras el accidentado proceso electoral de 2019, resulta evidente que el sistema electoral necesita reformas aborden, al menos, tres temas fundamentales. Primero, la falta de representatividad (es decir, que el ciudadano no se siente representado por los candidatos electos). Segundo, el debilitamiento institucional (de los partidos y del propio Tribunal Supremo Electoral -TSE-). Y, tercero, la falta de certeza generada por varias normas aprobadas precipitadamente en la reforma de 2016.

Pese a la mala prensa que ha tenido la iniciativa de reforma presentada recientemente por el TSE (debido al poco feliz tratamiento que en ella se da al tema del transfuguismo), es de justicia reconocer que contiene varias propuestas que van en la vía correcta y que deberían preservarse durante el proceso de aprobación legislativa. Estas incluyen mejoras en la regulación de la campaña electoral (que aclaran la diferencia entre campaña y proselitismo e introducen mejoras a la regulación de la propaganda electoral); también incorpora importantes precisiones para separar las distintas fases del proceso político-electoral y para definir los distintos tipos de aportes que pueden recibir los partidos políticos.

Una de las mejoras más importantes es la de incluir el voto preferente para la elección de diputados: con esta reforma el votante podrá elegir individualmente a su candidato preferido de entre el listado que presente el partido político de su elección. Este cambio -de mucho fondo- acercará al votante con su diputado y hará que este rinda cuentas ante sus electores. Ojalá que el Congreso no enrarezca ni debilite esta reforma.

Por supuesto que otras propuestas del TSE deben ser mejoradas y corregidas, como la mencionada norma sobre el transfuguismo, o la limitación que se pretende introducir al alcance de la fiscalización de los partidos políticos por parte de la Contraloría de Cuentas, o los peligrosos, subjetivos e innecesarios requisitos que se proponen para integrar las Juntas Electorales, así como otros aspectos que, lejos de mejorar, podrían menoscabar la efectividad de nuestro sistema electoral.

En todo caso, la iniciativa del TSE, aunque perfectible, en un buen paso en el camino correcto para reformar el sistema. Sabemos que este tipo de reformas forman parte de un proceso continuo y gradual (la propia ley electoral contempla la obligación de revisarse periódicamente), por lo que para futuras ocasiones deben incluirse cambios en, al menos, cuatro áreas esenciales: el fortalecimiento del TSE; la recuperación de la proporcionalidad en la asignación de escaños para los distritos electorales; la facilitación de la participación ciudadana en la vida política; y, la creación de circunscripciones territoriales que acerquen a los electores con sus representantes.

GUATEMALA FELIZ (2021)

El guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere

El mes pasado se publicó el noveno Reporte Mundial de Felicidad (World Happiness Report) que anualmente publica el Banco Mundial con base en encuestas que se realizan en 149 países. Este reporte estuvo marcado por las sensaciones de inseguridad económica, de ansiedad, y de daño a salud física y mental provocados por el Covid-10. Sin embargo, aunque en la mayoría de países se detectó un sube y baja de emociones, el nivel de satisfacción con la vida durante la pandemia solo empeoró en la etapa del confinamiento, para recuperarse rápidamente después.

El ranking de felicidad no varió mucho y Guatemala (aunque sin datos actualizados para el año pasado) sigue siendo un país particularmente feliz, ocupando el puesto 30 en el mundo. Esta buena calificación es, en cierto modo, una anomalía, ya que suele observarse una correlación positiva entre el nivel de ingreso y la sensación de felicidad en la mayoría de países, lo cual no es de extrañar porque el dinero, aunque (como bien lo han dicho desde Aristóteles hasta los Beatles) no compra la felicidad, seguramente ayuda a reducir la sensación de inseguridad y angustia que genera la pobreza material.

De hecho, de los componentes que integran el índice publicado, nuestro país ocupa un puesto muy malo tanto en el indicador de ingreso (puesto 96), como en los indicadores de apoyo social (89), de vida sana (86), de generosidad -tendencia a ser caritativos- (83), y de percepción de corrupción (74). Los dos indicadores que nos salvan (y que, de hecho, nos ubican entre los países felices) son los que miden la tendencia a tener emociones positivas -reír, disfrutar de la vida, estar contentos- (puesto 3) y el de libertad de tomar decisiones de vida (26). Podríamos decir que el guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere, dentro de sus posibilidades.

Este reporte mundial de felicidad demuestra es que, en un ambiente de crisis extrema como el generado por la pandemia, la confianza y la capacidad de contar con los demás son los factores clave para sentir satisfacción con la vida: confiar en que su billetera extraviada será devuelta si la encuentra un policía, un vecino o un extraño, resulta ser más importante para la felicidad que los ingresos, el desempleo y las amenazas a la salud. Es más, aquellos países con mayor sensación de confianza social han tenido un mejor desempeño frente a los embates del Covid-19: las instituciones públicas confiables tienen más probabilidades de elegir la estrategia correcta y de que sus ciudadanos las apoyen.

Resulta interesante que tanto la confianza social, como la capacidad de generar mejores ingresos, dependen crucialmente de la calidad de las instituciones públicas. Si Guatemala tuviera mejores instituciones estatales, podríamos ser el país más feliz del planeta.

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

SI NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO

La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.

Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.

Excluir a los gobiernos de temas de política pública (como la capacitación, la mitigación de clima o la prevención de la violencia) que son de su absoluta responsabilidad, es un grave error que -aunque entendible- pone en evidencia que el eslabón más débil de la cadena de factores que conduce a las migraciones masivas es la debilidad de las instituciones estatales. Sin un fortalecimiento de esas instituciones (que requiere de la participación de los tres poderes del Estado), cualquier gasto que se haga tendrá pocas probabilidades de tener resultados duraderos. El desafío clave del Plan Biden es el de equilibrar los apoyos económicos con el apoyo técnico y el músculo político que se necesitan para construir capacidades gubernamentales y reformar instituciones en los países del Triángulo Norte.

UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN

 EL CES PODRÍA JUGAR UN ROL FUNDAMENTAL PARA IMPULSARLA

 La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó un informe económico sobre Centroamérica en el que aborda cómo enfrentar, desde las políticas públicas, los problemas de desigualdad y descontento social generados por la pandemia. El informe del BID enfatiza, para el caso de Guatemala, la necesidad de implementar una estrategia de reactivación económica que mejore la dinámica socioeconómica en el mediano plazo. Resulta muy oportuno, entonces, que el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- haya publicado (también hace pocos días) una propuesta de Plan de Reactivación Económica y Social -PRES-.

 La propuesta del CES, además de oportuna, tiene la virtud de complementar una serie de políticas puntuales que ya han sido discutidas y recomendadas en otros foros (como una política nacional de competitividad, medidas para el desarrollo rural, acciones para mejorar la conectividad, o políticas de empleo digno y de descentralización) con un planteamiento de componentes estructurales (que incluyen un sistema nacional de información, la reforma del servicio civil, la mejora en la transparencia y calidad del gasto público, y la sostenibilidad de las finanzas públicas) sin los cuales cualquier intento de reactivar la economía tendría resultados efímeros.

 Si bien el planteamiento del CES es un buen punto de partida para estructurar la estrategia de reactivación que el país necesita, también lo es que dicho PRES está planteado aún en términos muy generales que requieren de un esfuerzo adicional de priorización y de definición de detalles al nivel medidas de política pública más concretas: es necesario explicitar y priorizar las reformas de fortalecimiento institucional que permitan revertir la enorme ineficiencia del Estado para ejecutar sus funciones de una manera medianamente eficiente. El propio informe del BID hace hincapié en el imperativo de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio, a fin de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que impiden la inversión, la competencia y la adecuada provisión de bienes públicos esenciales, lo que contribuiría a disminuir los niveles de pobreza y de insatisfacción social existentes.

 Para que los componentes del plan propuesto por el CES sean viables, deben incluir explícitamente propuestas de reforma institucional: un sistema nacional de información requiere reformar el INE; el sistema de servicio civil implica reformar la ONSEC; mejorar la calidad del gasto requiere reformar la Contraloría de Cuentas; las políticas económicas, de conectividad, de descentralización o de empleo necesitan de un marco de certeza jurídica que implica reformar los sistemas judicial y de partidos políticos. El desafío que tiene ante sí el CES es no solo el de concitar, en torno a su PRES, un diálogo que incluya la reforma funcional del Estado, sino que conducirlo en el entorno de confrontación y desconfianza que hoy enrarece el clima de gobernabilidad. Por su conformación y mandato, quizá sea el CES uno de los pocos entes que quedan en el país con posibilidades de liderar tal esfuerzo.