Intolerancia a la Deuda

Cuando se trata de medir el tamaño y grado de sostenibilidad de la deuda pública de Guatemala, solemos contentarnos con decir que, comparada con el tamaño de la economía (medida por el PIB), nuestra deuda gubernamental (o soberana) es una de las más pequeñas del Continente. Estudios reciente demuestran, sin embargo, que dadas las características de nuestro sistema fiscal, monetario y cambiario, la economía guatemalteca es mucho más intolerante a la deuda que otras, razón por la cual no deberíamos estar tan tranquilos viendo cómo la deuda pública crece día a día...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

INTOLERANCIA A LA DEUDA
Nuestro país tiene ahora menos margen que en el pasado para amortiguar los golpes externos  

A lo largo de la historia, los países en desarrollo han sufrido repetidas crisis económicas que han perjudicado su potencial de crecimiento a largo plazo. Estas crisis están vinculadas con el desempeño del sector externo y del sector fiscal, que pasan necesariamente por problemas de deuda pública. En las últimas dos décadas países como Guatemala se han integrado más en la economía mundial y a relacionarse con una gama más amplia de inversores privados, al tiempo que la volatilidad de los flujos de capital ha aumentado considerablemente.

Por ello, ante la inestabilidad de los mercados financieros mundiales que aún prevalece, resulta cada vez más importante tener una gestión de la deuda pública que se centre en preservar su sostenibilidad en el mediano plazo. Esta sostenibilidad dependerá, entre otros aspectos, de la evolución de la economía nacional y mundial, así como el nivel y la estructura de la deuda (es decir, de su composición en cuanto a si es externa o interna, si es de corto o largo plazo, si los acreedores son públicos o privados, etcétera).

En las frágiles circunstancias de los mercados financieros internacionales, que presumiblemente perdurarán muchos meses en el futuro, los prestamistas privados han tendido a percibir un mayor riesgo de moratorias de la deuda y están más predispuestos a reducir su exposición al riesgo en países que, como Guatemala, muestran dificultades fiscales estructurales. Como consecuencia de ello, nuestro país tiene ahora menos margen que en el pasado para amortiguar los golpes externos, por lo que el Estado debería ser muy prudente (más de lo acostumbrado) en el manejo de la deuda.

Tradicionalmente las autoridades económicas del país han encontrado confort en el hecho de que el comportamiento de la deuda como porcentaje del PIB es relativamente bajo en comparación con otros países. Sin embargo, la literatura económica reciente proporciona evidencia clara acerca de otros indicadores más relevantes de endeudamiento que sirven como predictores de potenciales crisis. En muchos de estos indicadores clave el desempeño de Guatemala es, cuando menos, preocupante.

La crisis mundial que se desató en 2008 llevó a un aumento en los índices de endeudamiento de nuestro país, ya que el gobierno decidió relajar la política fiscal para contrarrestar los efectos que sobre la actividad económica tendía el deterioro del entorno internacional. Esto implicó un importante aumento de la deuda pública que, aunque moderado en comparación con otros países, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda y el espacio fiscal disponible para hacer frente a futuras crisis. Una cuestión importante en este contexto es hasta qué punto puede nuestra economía seguir sosteniendo su nivel de deuda pública.

Un estudio reciente (publicado el mes pasado) realizado por dos economistas del Fondo Monetario Internacional (Geoffrey J. Bannister y Luis-Diego Barrot), presenta una interesante (y preocupante) respuesta a esa cuestión. Estos autores parten de la observación empírica de que algunos países pueden caer en crisis incluso cuando tienen (como Guatemala) niveles relativamente bajos de deuda: un síndrome que se llama intolerancia a la deuda. En estos países, las instituciones débiles y un sistema político frágil hacen que se abuse del endeudamiento público como una forma de evadir decisiones difíciles en materia de gastos e impuestos. La rigidez fiscal, la ineficiencia económica y la exposición a los shocks externos hacen que estas economías sean vulnerables a crisis fiscales incluso a niveles relativamente bajos de deuda.

El referido estudio muestra que si Guatemala quisiera elevar su calificación de riesgo soberano al grado de inversión, debería reducir su nivel de deuda pública (como porcentaje del PIB) del actual nivel de 25% a un 11.5%. Esto implica que si queremos acercarnos al grado de inversión, debemos hacer un esfuerzo significativo de reducción de la deuda, lo que indica que el mercado percibe que hay importantes problemas estructurales que afectan la tolerancia de nuestro país a la deuda pública, los cuales deben ser resueltos urgentemente. Lo anterior implica no solo perseguir políticas macroeconómicas prudentes, sino tomar dolorosas decisiones de ajuste en el gasto público y de aumento en los ingresos fiscales.

Divergencias en Política Monetaria

Sorpresiva ha resultado la decisión de la Junta Monetaria de elevar en 0.5 puntos porcentuales la tasa líder de interés, como medida para combatir la inflación. Aunque el fin es loable, una decisión de esta magnitud (que puede tener importantes implicaciones en el comportamiento del crédito bancario, del tipo de cambio, y en otras importantes variables) ameritaba una explicación convincente y bien fundamentada en sólidos argumentos técnicos. La sensación que me queda luego de haber escuchado a las autoridades del banco central y haber intentado (en vano) buscar los análisis y argumentaciones esgrimidos en el Comité de Ejecución y en la propia Junta Monetaria, es de insatisfacción. Por el bien de su credibilidad institucional, el Banguat debe esforzarse más en su política de comunicación y transparencia.
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§ POLÍTICAS PÚBLICAS

DIVERGENCIAS EN POLÍTICA MONETARIA
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Desde hace un buen tiempo las actas que publica el Banguat se presentan crípticas e híper-resumidas

Alrededor del mundo la política monetaria está enfrentando el dilema de combatir una incipiente tendencia global a la inflación (lo que, normalmente, implica elevar las tasas de interés) y, a la vez, evitar un estancamiento de la producción (que, por el contrario, requeriría de menores tasas de interés). Las actuaciones de los bancos centrales han sido dispares: la Reserve Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón han lanzado programas novedosos con medidas no convencionales para estimular la economía; el Banco de Inglaterra ha mantenido invariable el statu quo; el Banco Central Europeo ha intervenido para combatir la especulación en los mercados de deuda.

Eso sí, ningún banco central de las economías desarrolladas está pensando en aumentar la tasa de interés: la inflación no es allí la amenaza principal (la inflación subyacente –neta del efecto del precio del petróleo- está bajo control), sino que les preocupa más la falta de dinamismo de los mercados financieros y de la producción. En cambio, en los países en vías de desarrollo, varios bancos centrales (Singapur, Brasil, México, Corea, China) han empezado a aumentar sus tasas de interés en prevención a las amenazas inflacionarias, abandonando sus temores de que dicho aumento provoque una pérdida de su competitividad externa.

El Banco de Guatemala decidió ubicarse en este último bando, sorprendiendo a muchos la semana pasada con un aumento de 50 puntos básicos en la tasa líder de política monetaria. Tal decisión se basó, en primer lugar, en que los precios internacionales de muchas materias primas y bienes primarios están elevados, lo cual amenaza con contagiarse a los precios domésticos y degenerar en una espiral inflacionaria (o “efectos de segunda vuelta”).

Según las autoridades monetarias, esta amenaza se ve exacerbada por indicios de un exceso de consumo (o demanda agregada) en la economía, manifestado en el comportamiento dinámico del crédito bancario, de las exportaciones y de la recaudación tributaria. Esto se refleja en que las expectativas de inflación (tanto las que calcula el Banco de Guatemala a través de sus modelos econométricos, como la que expresa un panel de expertos que el banco central consulta periódicamente) anticipan que será imposible alcanzar la (¿ambiciosa?) meta establecida por la Junta Monetaria.

Ahora bien, la decisión de elevar la tasa de interés no fue unánime: los representantes del sector privado en la Junta Monetaria no la apoyaron aduciendo que la misma va a ralentizar el ya mediocre ritmo de crecimiento económico. Y otros analistas (no necesariamente afiliados con el sector privado) también han manifestado su desacuerdo con el alza, ya sea porque la consideran innecesaria ante las perspectivas de una nueva recesión mundial, o porque la consideran inefectiva para combatir una inflación que es fundamentalmente importada.

Ante esta divergencia de opiniones uno quisiera contar con más elementos de juicio para evaluar si la decisión de la Junta Monetaria fue adecuada en la coyuntura actual. Lamentablemente desde hace un buen tiempo las actas que publica el Banguat respecto de lo actuado por el Comité de Ejecución (que antes solían ser una rica fuente de información técnica) se presentan crípticas e híper-resumidas y no dicen nada sobre las argumentaciones y análisis que respalden las actuaciones de política monetaria. Además, han faltado dos instrumentos cruciales para la toma de decisiones: por una parte, los cálculos del PIB trimestral que tan positivamente se habían recibido hace algunos meses están muy atrasados; y, por otra, las encuestas de empleo que periódicamente debería calcular el Instituto Nacional de Estadística brillan por su total ausencia.

Por el lado positivo, la reciente decisión del Banguat da muestras de autonomía respecto de los estamentos políticos y envía un mensaje de firmeza (que algunos pueden sentir excesiva) a los mercados financieros ante las incertidumbres del proceso electoral. Ojalá que, la próxima vez, esta autonomía sea ejercida por la autoridad monetaria simultáneamente con una mejor estrategia de comunicación respecto de sus análisis técnicos y con un respaldo estadístico adecuado (que incluya el PIB trimestral y la encuesta de empleo), tal como lo hacen los mejores bancos centrales a nivel mundial.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES
Mar, 10/04/2011 - 10:01 — ROBERTO LOPEZ PORRAS

Es congruente el aumento de la tasa de Interés lider decretado por la Junta Monetaria, con la realidad, inluyendo las tasas lider que están vigentes en Centro América con quien tenemos estrechas relaciones comerciales? Es que se quiere frenar la inflación en Guatemala, que se está moviendo hacia arriba? La tasa de interes es el precio del dinero interbancario, pero ello tambien afecta a las tasas de interes comerciales de los bancos hacia los usuarios. El dinero institucional es una parte del esquema, pero el dinero fuera del sistema bancario tambien es importante y si el dinero institucional no está disponible, el mercado no institucional y especulativo llenará el vacío y elevará en la calle la tasa de interes comercial y los costos de producción. Una conclusión primaria es que la elevación de la tasa lider en cincuenta puntos, es inflacionaria y no anti-inflacionaria. La inflación reduce el consumo principalmente consumo superfluo, aumenta el costo de vida, estimula la especulación y  aumenta la tasa de cambio, que a su vez hace más caras las importaciones de materias primas y productos finales y por consecuencia aumenta la inflación de precios. La Junta Monetaria debe haber tenido en su análisis técnico los elementos para tomar esa decisión, no convincente, que puede ser muy temporal, coincidente con el cambio de gobierno próximo, el presupuesto que se discute en el Congreso y otras variables económicas y no económicas. Medio punto porcentual, es equivalente a un 10 por ciento sobre la base anterior de 5.0 y ello se percibe como un exceso.

No Habrá Inversión Pública en 2012

Las finanzas públicas constituyen el principal "shock de realidad" que deberá enfrentar el nuevo gobierno que asuma en enero de 2012. Las promesas de campaña se estrellarán irremediablemente con la precariedad de los ingresos del Estado. El proyecto de presupuesto que está bajo análisis en el Congreso pone de manifiesto esta realidad: tal como se vislumbran las cosas, el nuevo gobierno no podrá realizar casi ninguna obra de infraestructura en 2012. Esto implica que, además de incumplir sus promesas en materia de inversión púbica, los políticos tampoco podrán cumplir sus ofrecimientos de agilizar el accionar del Congreso, pues éste se verá forzado a dedicar muchos meses para desenmarañar las enloquecedoras finanzas del Estado.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿NO HABRÁ INVERSIÓN PÚBLICA 2012?

El nuevo gobierno deberá posponer muchos de sus planes de inversión y resignarse a un rezago en materia de infraestructura

En general, el proyecto de presupuesto Estado para 2012 no refleja las prioridades de los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales que compiten en la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, en materia de seguridad, el proyecto de presupuesto solamente contempla un aumento (respecto del presupuesto vigente para 2011) de 6% en el monto asignado al Ministerio de Gobernación y de 3% en el de Defensa, lo cual ni siquiera alcanzará a cubrir el deterioro del poder adquisitivo que causará la inflación esperada el año próximo.

En materia de los programas sociales como Mi Familia Progresa y las Bolsas Solidarias, el presupuesto de gastos propuesto para 2012 no contempla ningún aumento respecto a 2011, lo que significa una reducción de dichos programas en términos reales. En ambos casos (seguridad y programas sociales) el proyecto de presupuesto no es compatible con los ofrecimientos de campaña de los dos partidos finalistas.

Cabe señalar, eso sí, que el proyecto de presupuesto 2012 ha sido planteado de tal manera que trata de respetar los criterios de buena disciplina fiscal, pues apunta a que el déficit fiscal del año próximo se limite a un monto equivalente a 2.5% del PIB (mientras que en 2011 superará posiblemente el 3%); eso es algo bueno y meritorio. Sin embargo, dada esta restricción presupuestaria, aunada al hecho de que el financiamiento interno y externo será previsiblemente más difícil de obtener en 2012 de lo que lo ha sido en los últimos años, el presupuesto se ve forzado a plantear un estancamiento en muchos rubros del gasto público y una severa reducción de la inversión.

Se podría decir que, buscando retornar niveles de déficit fiscal sostenibles y cumplir con el compromiso de aumentar el sueldo a los maestros, el presupuesto de 2012 se ha visto forzado a sacrificar dramáticamente la infraestructura pública. En efecto, el gasto presupuestado para inversión se reduce de Q14.2 millardos en 2011 a Q12.1 millardos en 2012, algo que no se veía desde hace muchos años. Lo que es más grave es que una buena parte (unos Q1 millardos) de este exiguo monto no se destinará a nuevas obras ni al mantenimiento de obras existentes, sino al pago de obras ya ejecutadas en años anteriores y que aún se adeudan (la infame “deuda flotante”). Esto implicará que el nuevo gobierno deberá posponer muchos de sus planes de inversión y resignarse a un rezago en materia de infraestructura física en el país.

Evidentemente, si se quiere evitar tan riguroso ajuste fiscal, será necesario fortalecer el lado de los ingresos tributarios. La manera más pragmática y técnicamente sólida de hacerlo es mediante el impulso de las medidas que el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (en el marco del Pacto Fiscal) le planteó al actual gobierno en 2008, sin que las mismas hayan podido aplicarse.

En segundo lugar, y simultáneamente a lo anterior, es menester endurecer las medidas y disposiciones que mejoren la eficiencia y transparencia del gasto público, especialmente aquellas que impidan (o al menos minimicen) los actos de corrupción y de clientelismo en el gasto que han contaminado gravemente la ejecución del presupuesto.

En tercer lugar, el nuevo gobierno deberá cuidarse de ofrecer mejoras salariales a los empleados públicos sin obtener a cambio una mejora en la eficiencia: vale la pena hacer notar que en el presupuesto para 2012 el único ministerio cuyo gasto asignado aumenta significativamente es el de Educación (con un extraordinario crecimiento del 19%), como producto del aumento salarial que el actual gobierno negoció con el sindicato de maestros (sin haber negociado a cambio, al menos, algún compromiso del gremio de sujetarse a programas de capacitación o a evaluaciones sistemáticas de desempeño de los maestros).

Los desafíos que encarará el nuevo gobierno en materia presupuestaria son descomunales. Desde la readecuación técnica del presupuesto (para adaptarlo a su plan de trabajo), hasta las ineludibles reformas tributarias que oxigenen sus posibilidades de gobernar, requieren una negociación compleja en el Congreso. El riesgo que existe es que las concesiones políticas que sin duda habrán de negociarse con la oposición puedan implicar un perjuicio a las consideraciones técnicas que, por el bien de la estabilidad macroeconómica, deberían prevalecer.

El Desafío del Crecimiento Económico

Como diría un matemático: el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente, para aumentar el nivel de bienestar en la población guatemalteca. El reto principal de la política económica es potenciar dicho crecimiento, sin poner en riesgo la estabilidad económica y social. Ello requiere de un gobierno que tenga prioridades claras y visión de Estado. Fácil es decirlo pero, lamentablemente, muy difícil realizarlo.
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§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESAFÍO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El principal desafío de la política económica radica en aumentar la velocidad a la que crece la economía 

El gobierno que resulte electo el próximo 6 de noviembre enfrentará desafíos descomunales. Además de los temas sociales, políticos y ambientales que hemos comentado en las semanas anteriores, los aspectos económicos se vislumbran especialmente complejos. Por un lado, las lúgubres perspectivas de la economía internacional amenazan con ralentizar la incipiente recuperación de la actividad productiva nacional. Por otro, el deterioro cuantitativo y cualitativo de la situación fiscal apunta hacia un precario inicio de la nueva gestión de gobierno en enero próximo.

En el corto plazo, el desafío más complejo para la política económica es la consolidación de la estructura fiscal, lo cual requiere mejorar sosteniblemente la recaudación tributaria y, simultáneamente, mejorar la calidad del gasto público para evitar el desperdicio, minimizar la corrupción y dar los servicios públicos básicos a la población más necesitada. La ineludible reforma fiscal debe permitir una mejora de la inversión pública en las áreas clave de infraestructura, educación y salud (que apoyan el crecimiento económico y la armonía social), sin que ello se traduzca en un deterioro del déficit fiscal y la deuda pública.

También debe mejorarse urgentemente la forma en que se diseña y ejecuta el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno, de manera que dicho presupuesto se convierta (como debe ser) en el mecanismo técnico del Estado para priorizar y cumplir sus fines, funciones y políticas.

Pero más allá de los temas fiscales, el principal desafío de la política económica radica en aumentar la velocidad a la que crece la economía, cuyo ritmo ha sido evidentemente mediocre. Las razones estructurales de esta mediocridad del crecimiento económico tienen que ver, esencialmente, con la productividad o, mejor dicho, la ausencia de ella. La reducción de la pobreza y el avance hacia la prosperidad requieren de un aumento de la productividad, que pasa por mejorar el nivel educativo de la población, estimular la innovación, tener mecanismos eficaces para la reducción de conflictos e instituciones fuertes  que protejan los derechos de propiedad y fortalezcan la democracia.

Además de los factores institucionales (que comentamos la semana anterior) otros factores que explican el endeble desempeño económico del país tiene que ver, por un lado, con cuán propicio es el ambiente para la eficiencia de la producción, el emprendimiento y la productividad y, por otro, con las bajas tasas de inversión en infraestructura que se han observado a lo largo de los años, lo que se ha reflejado en un parque limitado de activos de uso público que son básicos para la producción, tales como la generación de energía, la infraestructura vial, o el sistema de puertos y aeropuertos.

Por lo tanto, las prioridades de política económica del próximo gobierno deberían apuntar a aumentar la inversión en capital físico y la productividad en el uso de los factores productivos, lo cual requiere de intervenciones públicas orientadas a mejorar el capital humano, desarrollar la infraestructura básica y fortalecer la institucionalidad del Estado, al tiempo que se protegen o mejoran las intervenciones en otras áreas complementarias como, por ejemplo, la apertura al comercio exterior (que tiene un demostrado impacto positivo sobre el crecimiento), o  la promoción de las MiPyMEs (fundamental para proveer mejores oportunidades a los sectores sociales menos favorecidos).

Complementariamente, la política económica podría propiciar el impulso de actividades clave para el crecimiento, tanto en el corto plazo (como podría ser una política de turismo que reactive áreas geográficas específicas que impacten rápidamente sobre el empleo y el bienestar) como en el largo plazo (mediante el impulso a la innovación, la ciencia y la tecnología).

Pero primero, para viabilizar esas políticas productivas es indispensable preservar los equilibrios macroeconómicos, empezando por consolidar los aspectos fiscales.  Ello implica lograr un equilibrio en la carga tributaria que se le impone a la economía y al sector privado respecto de las necesidades de financiamiento y gasto del país. El difícil reto para la clase política es lograr un “buen equilibrio”, que signifique una mayor recaudación unida a una mayor eficiencia del gasto público.

Comentarios de los Lectores

Mar, 09/20/2011 - 08:40 — ROBERTO LOPEZ PORRAS

Como primera medida, se espera del nuevo gobierno un cambio de actitud, conducente a dar credibilidad y confianza. Los programas de Gobierno son solo enunciados que deben desarrollarse en base a proyectos específicos, cambio en las leyes y acción inmediata y ello llevará tiempo para ponerlos en marcha. En proyectos públicos, un proyecto lleva, desde la idea inicial hasta su inicio, no menos de un año promedio, pero si la magnitud del proyecto requiere préstamos internacionales, financiamientos privados  o emisión de Leyes, el período desde la idea hasta  el inicio del mismo puede ser mucho más largo, sin embargo en los Ministerios e instituciones se acumulan proyectos viables que pueden activarse, en los sectores de energia, modernización de puertos, mejoramaiento físico de hospitales y escuelas, carreteras, donde ya hay estudios de factibilidad y existe el andamiaje legal y económico para iniciarlos. En estos casos se requiere  ejecutores probados y un Plan general de evaluación de la marcha de los mismos. Si el Gobierno suaviza la carga política y la presión partidista para dar paso aun gobierno activo y eficiente, el proceso puede acelerarse y ello pagará dividendos políticos inmediatos. Lo importante es programar de acuerdo a las prioridades y un Plan Financiero, factible y viable.

Mar, 09/20/2011 - 12:09 — Sanson

Realmente el nuevo gobierno la tiene cuesta arriba, pues el que va de salida deja un desorden tremendo, asi como un gran defici, resultado de sus irresponsabilidades y actos de corrupcion.

Reforma Política e Institucional

La democracia, el desarrollo económico y el progreso social no serán posibles en Guatemala si no logramos construir instituciones fuertes y eficientes. La urgente reforma institucional pasa, claro está, por mejorar el caduco sistema político-electoral vigente, pero no se limita a eso. Es menester fortalecer las famélicas instituciones de seguridad y de justicia, la administración pública y las instituciones que permiten que los mercados y las relaciones sociales funcionen adecuadamente. Es una tarea compleja, que requiere de una enorme dosis de perseverancia, esfuerzo  y coherencia, características éstas que, por desgracia, no parecen ser las señas de identidad del liderazgo nacional.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

REFORMA POLÍTICA E INSTITUCIONAL

El reto de las nuevas autoridades no queda sólo en la reforma del sistema de partidos políticos

Durante los últimos días de la campaña electoral recién concluida fue común escuchar opiniones, tanto de analistas políticos como de algunos de los contendientes (particularmente los menos favorecidos en las encuestas), que afirmaban que el sistema vigente está agotado y que, por el bien de la democracia, debe someterse a cambios profundos.

A más 25 años del retorno a la democracia, el sistema sigue débilmente institucionalizado, con partidos políticos que son sólo vehículos electoreros efímeros, sin coherencia ideológica ni programática, y sin vínculos con la población a la que dicen representar. La debilidad de los partidos se refleja en la efectividad del Congreso e impide que existan políticas intertemporales de Estado que permanezcan independientemente del gobierno de turno, lo cual implica incertidumbre respecto de las reglas de juego que enfrenta la ciudadanía. Guatemala cuenta con uno de los sistemas político-partidistas más débiles de Latinoamérica, institucionalmente volátil y sin arraigo ciudadano.

Guatemala es quizá el país latinoamericano donde la democracia goza de menos apoyo entre la población, según los resultados de las encuestas de Latinobarómetro; somos también el país donde menos se cree en los partidos políticos. La debilidad de nuestra democracia y de sus instituciones es preocupante, entre otras razones, porque puede tener implicaciones negativas sobre el desempeño de los mercados y de las políticas públicas conducentes al desarrollo.

Aunque necesaria, la reforma del actual sistema político es compleja pues cualquier cambio a la ley Electoral y de partidos Políticos requiere, primero, que la Corte de Constitucionalidad certifique su viabilidad legal y, segundo, que el Congreso lo apruebe con mayoría calificada. En cualquier caso, las opciones de reforma  deben enfocarse a disminuir la fragmentación partidaria mediante el aumento del número requerido de afiliados o de organizaciones partidarias a nivel local; debe regularse el rol de las contribuciones privadas en las campañas electorales; debe aumentarse la democracia interna de los partidos a través de normas para la elección y selección de líderes y candidatos; y, debe fortalecerse la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para sancionar a quienes infrinjan las reglas.

Pero el reto de las nuevas autoridades del Legislativo y del Ejecutivo no queda sólo en la reforma del sistema de partidos políticos, sino que trasciende a otro tipo de instituciones. El mundo académico ha señalado desde hace tiempo que la debilidad de las instituciones es un factor clave que explica el mediocre desarrollo social y económico que han mostrado países como Guatemala: las regulaciones inadecuadas, el enraizamiento del clientelismo y la corrupción, la inseguridad pública y la ineficiencia burocrática son factores que desmotivan la inversión.

Las prioridades y retos en materia de reforma institucional tocan a las cuatro áreas en las que el Índice de Estado Fallido, calculado por el Fund for Peace and Foreign Policy, califica pobremente a Guatemala: el liderazgo político (incluyendo lo tocante a la corrupción); las fuerzas de seguridad (policía y ejército); el sistema judicial (como pilar del imperio de la ley); y, el servicio civil. En todo caso, el problema más urgente a resolver en el área institucional es el de la seguridad y la justicia y, en ese aspecto, el primer tema es el de la coordinación de los entes encargados de incidir en las políticas de seguridad pública, lo cual requiere comenzar con su fortalecimiento institucional utilizando como referencia las reformas prescritas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (que hasta ahora no ha sido plenamente aplicada), con énfasis en el desarrollo de capacidades técnicas y competencias profesionales.

Las reformas institucionales no son fáciles: las estructuras institucionales tienen características profundas que se desarrollaron durante siglos y tienden a persistir. A veces es posible acelerar estas reformas mediante cambios políticos que impacten positivamente sobre las dinámicas sociales. Pero ello requiere recobrar la confianza de la población en la democracia, lo cual requiere evitarse el clima de confrontación y polarización al que a veces se ven inclinados los políticos con tal de ganar unas elecciones.

Los Temas Sociales, Son Esenciales

La extrema pobreza y la exclusión social son problemas sociales básicos que deben ser resueltos en Guatemala, no sólo por razones humanitarias y éticas, sino que también porque su persistencia representa un inmenso obstáculo a la productividad y una amenaza permanente a la gobernabilidad. Sin una reducción significativa de la pobreza y de la exclusión es imposible que el crecimiento económico sea sostenible y que la democracia republicana sea viable. Parece ahora existir un creciente consenso al respecto. Lamentablemente aún existe mucha confusión en cuanto a cómo priorizar las acciones que permitan la referida reducción...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 LOS TEMAS SOCIALES SON ESCENCIALES

Las malas condiciones sociales de Guatemala tienen que ver con la falta de acceso a activos productivos 

Todos los partidos políticos que participan en estas elecciones han incorporado en sus ofertas de campaña el mantenimiento y mejoramiento de los programas de asistencia social incluyendo, especialmente, el de las transferencias condicionadas de efectivo. Parece, pues, existir una conciencia generalizada sobre la necesidad y urgencia de atacar los graves problemas sociales que padece nuestro país. Sería mejor si, a partir de dicha conciencia, el futuro gobierno pudiera identificar y priorizar las políticas más eficaces para lograrlo.

Guatemala, a pesar de estar calificada como “de ingreso medio”, es uno de los países con mayor incidencia de pobreza: nuestro país es uno de los que muestras niveles más bajos de desarrollo humano en Latinoamérica, sólo superando a Nicaragua y a Haití, los países más pobres de la Región. Existe una evidente situación de desigualdad social que se manifiesta en la exclusión de grupos significativos de la población respecto de la vida económica, política y cultural del estado guatemalteco.

El tema de la desigualdad es de especial relevancia para Guatemala debido a sus implicaciones sobre la gobernabilidad y la paz social del país. Es muy preocupante que Guatemala esté entre los países con peores indicadores de nutrición, salud y educación de Latinoamérica. Otros países latinoamericanos, con niveles similares de pobreza y menor nivel de ingreso per cápita, han logrado mayores más rápidos avances en estas áreas.

La exclusión social, además de ser un problema ético, obstaculiza el crecimiento económico; existen estudios que estiman que el PIB guatemalteco podría crecer cerca de medio punto porcentual adicional cada año si se mejoraran los accesos de la población indígena (los segmentos más pobres de la población) a la educación. La evidencia internacional es clara en cuanto a que los países con más pobreza e inequidad tienden a invertir menos y, por ende, presentan menores tasas de crecimiento a largo plazo. 

Los factores clave que han incidido en las malas condiciones sociales de Guatemala tienen que ver con que amplios segmentos de la población no tienen acceso a activos productivos, con que el patrón del gasto público es inadecuado, y con que el sistema educativo imperante tiene una baja cobertura y un bajo nivel académico.

Para atender estos problemas, en primer lugar se debe re-enfocar el gasto público aunque ello implique medidas políticamente complejas como las de sustituir subsidios indiscriminados (digamos, el de la electricidad residencial) por medidas de asistencia social focalizadas, o re-dirigir parte de los recursos públicos que actualmente se regalan a las universidades (donde  rara vez alcanzan a los pobres) hacia la educación secundaria. También han probado ser efectivas las transferencias condicionadas de efectivo, pero más trascendentales aún son las políticas que promueven la equidad de oportunidades: acceso generalizado a mejor educación y servicios de salud; acceso al crédito; acceso de los trabajadores al mercado formal; y, acceso a los derechos de propiedad.

Puestos a priorizar, las políticas de Estado deberían enfocarse entonces en los temas de educación, salud y nutrición. La educación es fundamental ya que en varios estudios se ha llegado a comprobar que el factor que más contribuye a la persistencia de la desigualdad y al aumento de la pobreza ha sido la falta de una educación adecuada para las nuevas generaciones. El otro factor de fortalecimiento del capital humano es la salud; existen datos que demuestran que cada año se pierde el 7.8% del PIB a causa del ausentismo laboral por motivo de enfermedad; otros estudios indican que si la esperanza de vida lograra aumentarse en un año, el PIB sería 4% mayor.

En cuanto a la nutrición, es importante tener presente que ya existe una política y un marco legal idóneo para abordar el tema, y lo que hay que hacer es aplicarse y gestionar los instrumentos e instituciones que ya existen para tales efectos.

Finalmente, los programas de transferencias condicionadas de dinero puede servir en la estrategia de combate a la pobreza si, y sólo si, se aplican como parte de un enfoque estratégico integral, con la adecuada coordinación interinstitucional y bajo mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de su efectividad.COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Decir que seguirán las

Mar, 09/06/2011 - 09:28 — Guillermo Casta...

Decir que seguirán las transferencias condicionadas "en efectivo" es como decir que los robos en esos programas continuarán, pues el dinero en efectivo no deja rastro.
El mejor remedio para reducir la pobreza y la desnutrición, no es repartir, esto es un complemento. Guatemala debiera de ser el pais con mayores índices en el continente por ley, pues el el que tiene el mayor incremento poblacional. Debiera ser  y es el quinto a nivel mundial, allí estamos en incremento poblacional también.
No hay nada que podamos hacer para mejorar nuestra posición si no empezamos por los cimientos del problema, pues todo lo demás que hagamos son las columnas y las vigas que se derrumbarán con malos cimientos al mas pequeño de los temblores..

Priorizar, Sin Perder el Equilibrio

Un enfoque sistémico e integral del Desarrollo aconseja que las políticas públicas se apliquen de tal manera que no se perjudiquen los equilibrios que deben existir entre el sistema económico-financiero, el socio-demográfico, el político-institucional y el ecológico-ambiental. A continuación, algunas ideas de cómo podría integrarse una política pública ambiental que tome en cuenta el referido enfoque.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PRIORIZAR, SIN PERDER EL EQUILIBRIO
Una priorización de políticas que busque el equilibrio sistémico y el desarrollo sostenible implica alejarse de posiciones fundamentalistas

Cualquiera que sea el equipo de gobierno que asuma las riendas del país en enero de 2012 –comentábamos la semana pasada-, además de apagar los incendios coyunturales que ya existen o que inevitablemente surgirán en los próximos meses, deberá concentrar sus acciones de política pública en unas pocas áreas bien focalizadas: capital humano, infraestructura básica e institucionalidad del Estado; de lo contrario, la dispersión de esfuerzos y la escasez de recursos gubernamentales continuarán impidiendo que se logren avances significativos en materia de desarrollo económico y social.

Sin embargo, aunque la agenda de políticas de Estado debe ser, necesariamente, escueta, ello no significa que su implementación sea sencilla. Al contrario, una agenda de gobierno diseñada con visión de largo plazo debería considerar no sólo la aplicación priorizada de un conjunto coherente de políticas, sino también la calidad y sostenibilidad del desarrollo que se derivaría de ellas. La sostenibilidad requiere de una interrelación equilibrada entre las distintas dimensiones del desarrollo: la dimensión económico-financiera, la socio-demográfica, la político-institucional y la ambiental-territorial.

El desarrollo sostenible es, pues, un tema de naturaleza sistémica, no de índole sectorial por lo que, bajo esa perspectiva, resulta pertinente el concepto de “desarrollo sostenible” definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este concepto, aparentemente sencillo, es en realidad bastante complejo pues combina el término “desarrollo” –que implica un cambio direccional y progresivo- con el término “sostenible”, que conlleva una la permanencia en el tiempo. Esto ayuda a dimensionar el justo rol que debe asignársele al tema ambiental en una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, una sociedad que buscara preservar sus recursos naturales a costa de aumentar el nivel de pobreza de su población podría ser calificada como sostenible ambientalmente, pero de ninguna manera se podría hablar de desarrollo sostenible en este caso, pues podría llegar a hacerse socialmente insostenible.

Al mismo tiempo, es necesario saber que la pobreza y la degradación ambiental son fenómenos que se refuerzan mutuamente. En Guatemala, mucho de la degradación ambiental se debe al uso económicamente inadecuado del territorio. Dicho deterioro genera procesos de deforestación y otras amenazas a la diversidad biológica que se traducen en que un gran potencial de generación de riqueza en el país es miopemente desaprovechado. Además, la sostenibilidad del desarrollo se ve amenazada por la escasa cobertura y calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento, por el agotamiento y abandono de la zona marino-costera y por la contaminación creciente de importantes cuencas hidrográficas.

De manera que, desde una perspectiva sistémica del desarrollo sostenible, es necesario contar con una agenda ambiental realista y pragmática que implique una mejora en el gasto gubernamental dedicado a la protección ambiental, una restructuración de la institucionalidad del sector, una política de recuperación de bosques y fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, un programa de conservación y restauración de suelos, así como una revitalización de los ecosistemas que reduzca la vulnerabilidad del país ante desastres naturales.

Al momento de priorizar las políticas ambientales que apoyen el desarrollo económico sostenible, la política de gestión del agua, saneamiento y manejo de recursos hídricos podría ser la que ocupe el lugar central como eje articulador del sistema ambiental-territorial, no sólo porque alrededor de una buena política de recursos hídricos puede generarse un reordenamiento institucional y regulatorio de los temas ambientales, sino también porque es el tipo de política que puede concitar acuerdos entre sectores responsables, tanto del lado ambientalista como del lado empresarial. Una priorización de políticas que busque el equilibrio sistémico y el desarrollo sostenible implica alejarse, claro está, de posiciones fundamentalistas (como los “anti”: anti-hidroeléctricas, anti-minería, anti-plantaciones) que tan de moda parecen estar en el país.