Reforma Política e Institucional

La democracia, el desarrollo económico y el progreso social no serán posibles en Guatemala si no logramos construir instituciones fuertes y eficientes. La urgente reforma institucional pasa, claro está, por mejorar el caduco sistema político-electoral vigente, pero no se limita a eso. Es menester fortalecer las famélicas instituciones de seguridad y de justicia, la administración pública y las instituciones que permiten que los mercados y las relaciones sociales funcionen adecuadamente. Es una tarea compleja, que requiere de una enorme dosis de perseverancia, esfuerzo  y coherencia, características éstas que, por desgracia, no parecen ser las señas de identidad del liderazgo nacional.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

REFORMA POLÍTICA E INSTITUCIONAL

El reto de las nuevas autoridades no queda sólo en la reforma del sistema de partidos políticos

Durante los últimos días de la campaña electoral recién concluida fue común escuchar opiniones, tanto de analistas políticos como de algunos de los contendientes (particularmente los menos favorecidos en las encuestas), que afirmaban que el sistema vigente está agotado y que, por el bien de la democracia, debe someterse a cambios profundos.

A más 25 años del retorno a la democracia, el sistema sigue débilmente institucionalizado, con partidos políticos que son sólo vehículos electoreros efímeros, sin coherencia ideológica ni programática, y sin vínculos con la población a la que dicen representar. La debilidad de los partidos se refleja en la efectividad del Congreso e impide que existan políticas intertemporales de Estado que permanezcan independientemente del gobierno de turno, lo cual implica incertidumbre respecto de las reglas de juego que enfrenta la ciudadanía. Guatemala cuenta con uno de los sistemas político-partidistas más débiles de Latinoamérica, institucionalmente volátil y sin arraigo ciudadano.

Guatemala es quizá el país latinoamericano donde la democracia goza de menos apoyo entre la población, según los resultados de las encuestas de Latinobarómetro; somos también el país donde menos se cree en los partidos políticos. La debilidad de nuestra democracia y de sus instituciones es preocupante, entre otras razones, porque puede tener implicaciones negativas sobre el desempeño de los mercados y de las políticas públicas conducentes al desarrollo.

Aunque necesaria, la reforma del actual sistema político es compleja pues cualquier cambio a la ley Electoral y de partidos Políticos requiere, primero, que la Corte de Constitucionalidad certifique su viabilidad legal y, segundo, que el Congreso lo apruebe con mayoría calificada. En cualquier caso, las opciones de reforma  deben enfocarse a disminuir la fragmentación partidaria mediante el aumento del número requerido de afiliados o de organizaciones partidarias a nivel local; debe regularse el rol de las contribuciones privadas en las campañas electorales; debe aumentarse la democracia interna de los partidos a través de normas para la elección y selección de líderes y candidatos; y, debe fortalecerse la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para sancionar a quienes infrinjan las reglas.

Pero el reto de las nuevas autoridades del Legislativo y del Ejecutivo no queda sólo en la reforma del sistema de partidos políticos, sino que trasciende a otro tipo de instituciones. El mundo académico ha señalado desde hace tiempo que la debilidad de las instituciones es un factor clave que explica el mediocre desarrollo social y económico que han mostrado países como Guatemala: las regulaciones inadecuadas, el enraizamiento del clientelismo y la corrupción, la inseguridad pública y la ineficiencia burocrática son factores que desmotivan la inversión.

Las prioridades y retos en materia de reforma institucional tocan a las cuatro áreas en las que el Índice de Estado Fallido, calculado por el Fund for Peace and Foreign Policy, califica pobremente a Guatemala: el liderazgo político (incluyendo lo tocante a la corrupción); las fuerzas de seguridad (policía y ejército); el sistema judicial (como pilar del imperio de la ley); y, el servicio civil. En todo caso, el problema más urgente a resolver en el área institucional es el de la seguridad y la justicia y, en ese aspecto, el primer tema es el de la coordinación de los entes encargados de incidir en las políticas de seguridad pública, lo cual requiere comenzar con su fortalecimiento institucional utilizando como referencia las reformas prescritas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (que hasta ahora no ha sido plenamente aplicada), con énfasis en el desarrollo de capacidades técnicas y competencias profesionales.

Las reformas institucionales no son fáciles: las estructuras institucionales tienen características profundas que se desarrollaron durante siglos y tienden a persistir. A veces es posible acelerar estas reformas mediante cambios políticos que impacten positivamente sobre las dinámicas sociales. Pero ello requiere recobrar la confianza de la población en la democracia, lo cual requiere evitarse el clima de confrontación y polarización al que a veces se ven inclinados los políticos con tal de ganar unas elecciones.