No Habrá Inversión Pública en 2012

Las finanzas públicas constituyen el principal "shock de realidad" que deberá enfrentar el nuevo gobierno que asuma en enero de 2012. Las promesas de campaña se estrellarán irremediablemente con la precariedad de los ingresos del Estado. El proyecto de presupuesto que está bajo análisis en el Congreso pone de manifiesto esta realidad: tal como se vislumbran las cosas, el nuevo gobierno no podrá realizar casi ninguna obra de infraestructura en 2012. Esto implica que, además de incumplir sus promesas en materia de inversión púbica, los políticos tampoco podrán cumplir sus ofrecimientos de agilizar el accionar del Congreso, pues éste se verá forzado a dedicar muchos meses para desenmarañar las enloquecedoras finanzas del Estado.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿NO HABRÁ INVERSIÓN PÚBLICA 2012?

El nuevo gobierno deberá posponer muchos de sus planes de inversión y resignarse a un rezago en materia de infraestructura

En general, el proyecto de presupuesto Estado para 2012 no refleja las prioridades de los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales que compiten en la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, en materia de seguridad, el proyecto de presupuesto solamente contempla un aumento (respecto del presupuesto vigente para 2011) de 6% en el monto asignado al Ministerio de Gobernación y de 3% en el de Defensa, lo cual ni siquiera alcanzará a cubrir el deterioro del poder adquisitivo que causará la inflación esperada el año próximo.

En materia de los programas sociales como Mi Familia Progresa y las Bolsas Solidarias, el presupuesto de gastos propuesto para 2012 no contempla ningún aumento respecto a 2011, lo que significa una reducción de dichos programas en términos reales. En ambos casos (seguridad y programas sociales) el proyecto de presupuesto no es compatible con los ofrecimientos de campaña de los dos partidos finalistas.

Cabe señalar, eso sí, que el proyecto de presupuesto 2012 ha sido planteado de tal manera que trata de respetar los criterios de buena disciplina fiscal, pues apunta a que el déficit fiscal del año próximo se limite a un monto equivalente a 2.5% del PIB (mientras que en 2011 superará posiblemente el 3%); eso es algo bueno y meritorio. Sin embargo, dada esta restricción presupuestaria, aunada al hecho de que el financiamiento interno y externo será previsiblemente más difícil de obtener en 2012 de lo que lo ha sido en los últimos años, el presupuesto se ve forzado a plantear un estancamiento en muchos rubros del gasto público y una severa reducción de la inversión.

Se podría decir que, buscando retornar niveles de déficit fiscal sostenibles y cumplir con el compromiso de aumentar el sueldo a los maestros, el presupuesto de 2012 se ha visto forzado a sacrificar dramáticamente la infraestructura pública. En efecto, el gasto presupuestado para inversión se reduce de Q14.2 millardos en 2011 a Q12.1 millardos en 2012, algo que no se veía desde hace muchos años. Lo que es más grave es que una buena parte (unos Q1 millardos) de este exiguo monto no se destinará a nuevas obras ni al mantenimiento de obras existentes, sino al pago de obras ya ejecutadas en años anteriores y que aún se adeudan (la infame “deuda flotante”). Esto implicará que el nuevo gobierno deberá posponer muchos de sus planes de inversión y resignarse a un rezago en materia de infraestructura física en el país.

Evidentemente, si se quiere evitar tan riguroso ajuste fiscal, será necesario fortalecer el lado de los ingresos tributarios. La manera más pragmática y técnicamente sólida de hacerlo es mediante el impulso de las medidas que el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (en el marco del Pacto Fiscal) le planteó al actual gobierno en 2008, sin que las mismas hayan podido aplicarse.

En segundo lugar, y simultáneamente a lo anterior, es menester endurecer las medidas y disposiciones que mejoren la eficiencia y transparencia del gasto público, especialmente aquellas que impidan (o al menos minimicen) los actos de corrupción y de clientelismo en el gasto que han contaminado gravemente la ejecución del presupuesto.

En tercer lugar, el nuevo gobierno deberá cuidarse de ofrecer mejoras salariales a los empleados públicos sin obtener a cambio una mejora en la eficiencia: vale la pena hacer notar que en el presupuesto para 2012 el único ministerio cuyo gasto asignado aumenta significativamente es el de Educación (con un extraordinario crecimiento del 19%), como producto del aumento salarial que el actual gobierno negoció con el sindicato de maestros (sin haber negociado a cambio, al menos, algún compromiso del gremio de sujetarse a programas de capacitación o a evaluaciones sistemáticas de desempeño de los maestros).

Los desafíos que encarará el nuevo gobierno en materia presupuestaria son descomunales. Desde la readecuación técnica del presupuesto (para adaptarlo a su plan de trabajo), hasta las ineludibles reformas tributarias que oxigenen sus posibilidades de gobernar, requieren una negociación compleja en el Congreso. El riesgo que existe es que las concesiones políticas que sin duda habrán de negociarse con la oposición puedan implicar un perjuicio a las consideraciones técnicas que, por el bien de la estabilidad macroeconómica, deberían prevalecer.